La Red de Líderes Interculturales de Apurímac es una asociación de hombres y mujeres líderes de diversas comunidades de la región Apurímac, que fomentará el desarrollo regional, luego de haber sido capacitados por el Programa de Formación de Liderazgo Local; ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas y el Banco Mundial.

La directiva conformada por su Presidente Miguel Angel Huachaca Mamani (Regidor Provincial de Cotabambas), Secretario Lázaro Diaz Huamaní (Huancabamba-Andahuaylas), Tesorero Guzmán Vargas Lancho, Delegado Provincial Ernesto Huaraca Pocco; juramentó en la sede del Gobierno Regional de Apurímac a las 11 am.
Visite su página web: www.lideresinterculturales.org.pe

Por Gabriel Daly- Diario El Comercio
El lunes 9 de febrero, el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki inició un paro indefinido por supuestos daños ambientales contra las actividades exploratorias en el lote 108, propiedad de la empresa argentina Pluspetrol. Este paro desencadenó una espiral de violencia que llevó a los manifestantes a entrar a la base militar de la localidad donde la empresa almacenaba el material para realizar sus actividades. 
Luego, la turba se desplegó hacia la comisaría, donde se inició un enfrentamiento que causó la muerte de Ever Pérez Huamán, estudiante de 25 años. Hubo más de 170 heridos, 32 de ellos por armas de fuego. Esta situación terminó por generar una crisis política en el Ejecutivo que forzó al presidente Ollanta Humala a hacer cambios en el Gabinete.
¿Qué hizo estallar el problema? Para entender las razones de fondo, es importante retroceder en el tiempo y analizar las características geográficas de la zona, la situación económica en la selva central, las actividades ilícitas y el rol de la empresa y el Estado. 
CAFÉ DE CHANCHAMAYO
Las provincias de Chanchamayo y Satipo se consideran la primera zona productora de café. Después de la lucha contra el terrorismo, Pichanaki recibió una gran cantidad de personas de Apurímac que se dedicaron a la actividad cafetalera, lo que permitió el desarrollo de la zona. 
Sin embargo, en los últimos años, la economía de Pichanaki ha sido severamente afectada  por la presencia de la plaga de la roya amarilla que ha destruido los cultivos de café. De las más de 75 mil hectáreas que fueron afectadas en el 2012-2013, más de 31 mil estaban en Chanchamayo.
Como resultado de esta crisis, en agosto del 2013, los productores de café de la zona bloquearon la carretera y exigieron al Estado ayuda económica, pero esta problemática no fue debidamente atendida por el Estado.
En entrevista con El Comercio, Rubén Vargas, experto en temas de seguridad y narcotráfico dijo: “Con la roya amarilla hubo mucha desesperación que el gobierno no entendió y no salió al auxilio [de los cafetaleros]”.
El actual presidente de la Junta Nacional del Café, Lorenzo Castillo, considera que “el Estado tiene una posición de no diálogo, no conversación. Se convierte solo en bombero para apaciguar el incendio, pero deja el problema pendiente”.
ACTIVIDADES ILEGALES
Algunos líderes de opinión han afirmado que las raíces del problema en Pichanaki se encontrarían en el tráfico ilícito de drogas: los narcotraficantes estarían financiando a un grupo de radicales para evitar la presencia del Estado que perjudicaría sus actividades.
Sin embargo, Pichanaki no es una zona de cultivo de coca ni donde haya una fuerte presencia del narcotráfico. Si bien es cierto que este distrito es una zona de entrada al Vraem y una ruta por donde circula la coca, el verdadero problema se encuentra en San Martín de Pangoa y Mazamari, distritos ubicados aproximadamente a dos horas de Pichanaki.
Lo que sí existe en Pichanaki es una tala indiscriminada. En entrevista con El Comercio Jaime Antezana, experto en temas de narcotráfico, sostuvo que “no hay financiamiento narco”. Él considera que “el interés es la madera y el hecho de que entre la empresa significaría que no se podría seguir con esta actividad”. Lo cual tiene cierta lógica, pues la presencia del Estado y de la empresa representaría un obstáculo para el contrabando de madera.
PUNTO DE QUIEBRE
La destrucción de los cultivos de café, la ruta del narcotráfico y la tala ilegal no nos explican por sí solas el inicio del paro de este mes. Para Julio Rojas, jefe de la Oficina Nacional de Diálogo de la PCM, “hay elementos de tala ilegal y narcotráfico, pero evidentemente las fuerzas que han propiciado este paro son fuerzas antidesarrollo con una estrategia de manipulación”. 
En el 2013 el Estado aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Pluspetrol para hacer una exploración sísmica (inversión de aproximadamente US$75 millones). Es a raíz de la presencia de Pluspetrol en la zona que el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, liderado por Roberto Carlos Chavarría Vilcatoma, inició un paro el 22 de setiembre del 2014. 
Al cumplirse cuatro días de huelga y, ante las quejas de decenas de camioneros que no podían llevar sus productos perecibles a Lima, luego de una reunión con los congresistas Federico Pariona y Jhony Cárdenas, se acordó tener una mesa de diálogo. Esta nunca se dio. 
¿QUÉ PASÓ EN FEBRERO?
Si sumamos a la ecuación el aprovechamiento de un líder con una gran capacidad discursiva (ambientalista y en contra de la inversión privada) y una excelente habilidad organizativa, tenemos la fórmula perfecta para un conflicto social. 
En ese sentido, tanto Chavarría como el cura Ricardo García han acusado a la empresa Pluspetrol de contaminar el medio ambiente. Para ello, han mostrado videos y fotos de los pasivos ambientales del lote 1AB en Loreto, también propiedad de la empresa. Sin embargo, este lote lo empezó a explotar en 1971 la Occidental Petroleum Corporation y luego Petro-Perú se lo entregó a Pluspetrol, que heredó una serie de pasivos ambientales y se comprometió a remediar los que se había identificado.
Luego de recibir la aprobación del EIA del lote 108, la empresa empezó su actividad exploratoria. Según expertos consultados por este Diario, las probabilidades de afectar el medio ambiente son mínimas. Por ello, el Ministerio de Energía y Minas ha evaluado la posibilidad de eliminar la necesidad de obtener un EIA para la siguiente fase.
Pluspetrol ha cumplido con los requisitos de ley. Ha hecho 134 talleres, 15 de ellos en Pichanaki, además de organizar 3 audiencias públicas y firmar 2.000 convenios con personas de la localidad. 
Sin embargo, varios analistas y representantes del Estado consideran que este trabajo ha sido deficiente. En entrevista a RPP esta semana, el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, sostuvo que “la empresa pudo haber hecho más para comunicar [el proyecto]”. De acuerdo con Ángel Ayala, experto en organizaciones de base, “cuando haces un taller, no significa que tienes la aprobación de la gente.  Uno puede hacer mil talleres, pero eso no significa que has sido aceptado”. Para Jaime Antezana, “la empresa no ha hecho bien su trabajo con la población […], han hecho los talleres, pero han llevado solo a las personas que les conviene”.
EL ESTADO AUSENTE
El último elemento de esta compleja situación es el rol del Estado. Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú, señala que “el Estado se gasta plata en ‘roadshows’ para traer al privado y cuando este llega lo deja solo”. En la misma línea, el ex ministro del Interior Fernando Rospligliosi sustenta que “cuando un grupo de dirigentes le mete miedo a la población no hay nadie que responda […], no tienen a nadie al frente”.
En una entrevista a RPP, el experto en conflictos sociales Luis Felipe Polo señaló: “El gobierno no sabe negociar. Negocia con el primero que se le pone al frente […]. En este gobierno, como todos, no hay políticas de prevención”. El representante de la PCM Julio Rojas precisa: “Tengo que admitir que el trabajo hecho por mi oficina es importante, pero insuficiente. Hemos permitido que un grupo minoritario genere esta situación […] necesitamos una presencia más activa del Estado”. Efectivamente, en Pichanaki solo hay una posta médica y los servicios de agua y desagüe son deplorables.
COLOFÓN
Ante esta situación, el Ejecutivo tomó la decisión de enviar a dialogar a los entonces titulares de Justicia, Daniel Figallo, y de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga –dos personajes cuestionados por sus presuntas vinculaciones en el caso de Martín Belaunde Lossio y de una empresa petrolera, respectivamente–. El diálogo no llegó a buen puerto y el ministro Mayorga afirmó que la empresa se retiraría en tres días. No obstante, a la fecha la empresa sostiene que no han recibido ningún tipo de comunicación del Estado. 
Julio Rojas partió esta semana hacia Pichanaki con una estrategia. Para él, “de lo que se trata es de impulsar un diálogo que incluya proyectos de salud, educación y agricultura. Se va a articular un plan de desarrollo integral”.
No obstante este plan, cuando la delegación llegó a Pichanaki, el Ejecutivo permaneció en el local del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), mientras un exaltado Chavarría se rehusaba a ir al local e instaba a tener un diálogo en la Plaza de Armas. Chavarría vociferaba frente a más de 1.000 personas: “Vamos a liberar al país de los que se creen los patrones. Los ministros […] no quieren venir a la plaza a hablar con nosotros y nos acusan de que nosotros no queremos dialogar”. El Ejecutivo no accedió a las demandas. Nuevamente el diálogo se frustró.
DISCURSO RADICAL
Roberto Carlos Chavarría Vilcatoma nació en  el distrito de Pichanaki el 27 de agosto de 1976 e hizo el servicio militar obligatorio en esta zona de 1990 a 1996, lo que le permitió conocer las necesidades de la población y la geografía.
Chavarría  participó en el ‘andahuaylazo’ en enero del 2005, que cobró la vida de 4 personas. De hecho, él habría llevado a habitantes de Pichanaki para que participaran en el levantamiento. A pesar de que niega haber tenido un liderazgo en ese conflicto, fue condenado a nueve años de cárcel y estuvo recluido siete años en el penal de San Jorge.
Chavarría ha sido capaz de desarrollar un discurso etnocacerista sumamente articulado y convincente en contra de lo que él llama el modelo neoliberal y a favor de la protección del medio ambiente. En diálogo con RPP, los primeros días de febrero, declaró: “Nuestra protesta es para defender el medio ambiente, la selva central, la agricultura, y garantizar una vida digna de la población. Por ello, estamos exigiendo el retiro de la empresa petrolera Pluspetrol de la zona, debido a que tiene antecedentes de haber derramado petróleo en otras regiones”.
Ricardo García es el segundo personaje de esta compleja historia. El cura español tiene siete años en la zona y en los últimos meses ha mostrado daños ambientales en el lote 1AB, propiedad de la empresa Pluspetrol en Loreto muy cerca de la frontera con el Ecuador. Estos videos han sido ampliamente divulgados en la zona y hasta ha coordinado con profesores para mostrarlos en los colegios. En una entrevista con este Diario señaló: “Esta empresa contamina, no paga multas y compra dirigentes”.
Cuando se le preguntó acerca de las fuentes de financiamiento del Frente de Defensa Ambiental, García respondió: “El frente de defensa no recibe financiamiento, solo ‘ayudas’. No tiene dinero ni de las ONG, ni de partidos políticos”.

Una denuncia penal por delitos de corrupción contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, su hermano Álvaro y varios de sus colaboradores, presentó a la Fiscalía la Empresa Municipal de Mercados (Emmsa).
La acusación es por supuestos negociados y pago de coimas para adjudicar puestos de venta a comerciantes de tomates en el Mercado Mayorista de Santa Anita.
La denuncia incluye al exgerente de Emmsa Rafael Gómez Chocano; al exasesor José Antonio Valdivia Chumpitaz, quien se supone recibió S/15 mil de coima; y a Manuel Roberto López Mejía.
Villarán habría incurrido en los delitos de encubrimiento personal y omisión, pues en forma “deliberada” no interpuso denuncia contra los implicados. “No habría querido perjudicar a su hermano”, según la demanda.
Álvaro Villarán habría presionado a Gómez para ubicar a los referidos vendedores en los puestos.
Fuente: Diario Correo.
Defensor de la corrupción
Luego de que se diera a conocer que la empresa Emmsa denunció penalmente a la ex alcaldesa Susana Villarán y a su hermano Álvaro por asociación ilícita para delinquir, encubrimiento y corrupción, el regidor Hernán Núñez (Diálogo Vecinal) consideró que las demandas no tienen sustento y que la actual gestión estaría detrás de ello para perjudicar a la ex burgomaestre.
[Villarán y su hermano fueron denunciados por presuntas coimas en Emmsa]
“Es evidente que la actual gestión edil está utilizando los canales de Emmsa para crear ruido político en contra de Villarán”, afirmó a Perú21. Agregó que no se deben politizar las gestiones públicas.
El caso está referido al escándalo sobre la coima de S/.15 mil que vendedores de tomate pagaron a un ex asesor de Emmsa José Antonio Valdivia Chumpitaz, quien se reunía con los mayoristas y les ofrecía puestos dentro del Mercado Mayorista de Santa Anita.
[Susana Villarán recibe resguardo policial tras ser asaltada en Jesús María]
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Penal Corporativa Anticorrupción, la cual evaluará el caso en los próximos días.
Fuente: Diario Perú21.

La lista ‘Integración’ (N°2) se encuentra presidida por Roberto Rodríguez Rabanal, quien pretende el decanato. Según su ficha de vida, cuenta con amplia experiencia en gestión pública, participación y educación ciudadana. En tanto, los catedráticos Eduardo Arroyo y Sinecio López encabezan la nómina para el Colegio Regional de Lima-Callao y la Asamblea Nacional de Delegados, respectivamente.
Dentro de sus propuestas está la elaboración del Plan de Acreditación Profesional, el fortalecimiento de la integración con los Colegios Profesionales y más.
De otro lado, la lista ‘Alternancia Democrática’ (N°1) es liderada por Clemente Otta Rivera. Para la Junta Directiva Regional Lima-Callao postula Hercilia López Obregón, y para la Asamblea Nacional de Delegados figura Aníbal Campos.
Fuente: Diario La República.
Los sociólogos Roberto Rodríguez Rabanal y Eduardo Arroyo Laguna coincidieron en señalar que es muy urgente realizar cambios en el Colegio de Sociólogos en todo el país, para mejorarlo institucionalmente y ayudar en la profesionalización de sus integrantes, con el fin de que tenga presencia activa en la agenda nacional.
Rodríguez Rabanal dijo que, de ser elegido este domingo, trabajará de manera constante a fin de apoyar a sus colegas en todo lo que esté a su alcance gracias a su experiencia en el Estado y la empresa privada.
Añadió que su proyecto principal es realizar un “CADE Social” a fin de abordar temas de interés nacional con la participación activa no solo del Colegio de Sociólogos sino de entidad afines.
“Queremos que el Colegio esté activo y participe en la agenda nacional con propuestas de solución. Queremos que nuestros colegas estén unidos y trabajen por su profesionalización constante. Somos miles de profesionales, pero apenas tenemos tres mil colegiados y eso tiene que cambiar”, argumentó.
Planteó también el objetivo de “institucionalizar nuestra organización y luchar para que en los gobiernos regionales y otras organizaciones, por ejemplo, estemos dirigiendo las oficinas de desarrollo social. Estamos comprometidos también a conseguir un nuevo local institucional acorde a nuestra profesión”, manifestó.
RENOVACIÓN
Por su parte, Arroyo dijo que pondrá toda su experiencia profesional para que el Colegio de Sociólogos sea una organización que aporte soluciones a los problemas fundamentales del Perú.
Manifestó que es necesaria una renovación dirigencial en el gremio y que su equipo (Integración) está decido a realizar cambios radicales de manera coordinada y democrática.
Indicó que Sinesio López encabeza la lista para la Asamblea Nacional de Delegados, acompañado de César Germaná y otros 20 colegas de distintas generaciones; y en los 10 primeros lugares hay 5 mujeres.
“Agradecemos el apoyo de la gran cantidad de adherentes, encabezados por nuestro colega y congresista Manuel Dammert”, manifestó.
La elección de este domingo, de 9 a.m. a 4 p.m., en el local del Colegio de Sociólogos del Perú (Parque Hernán Velarde N° 72, Santa Beatriz, alt. 1 y 2 Av. Petit Thouars). Roberto Rodríguez Rabanal postula para Decano Nacional y Eduardo Arroyo Laguna, para Decano Regional de Lima y Callao. Postulan por la lista 2.
Fuente: Diario Uno.

Amapola
Por Ana Briceño- Diario El Comercio
Detrás de las 37 pollerías Corralito que funcionan en Lima y Callao, y de la empresa de transporte interprovincial Horna, se escondería una organización familiar dedicada al lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, liderada por Gilmer Horna Corrales, electo presidente regional de Amazonas.
Así lo sostiene la División de Lavado de Activos (Divila) tras cuatro meses de indagaciones sobre Horna, y el fundamento del Ministerio Público para investigarlo por presunto lavado de activos en agravio del Estado. 
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela que el dueño de las pollerías realizó transferencias bancarias de S/6’844.125 y US$2’459,548 entre el 2008 y febrero del 2014 “sin tener mayor justificación, situación que resulta sospechosa y debe ser materia de investigación”, detalla el documento fiscal al que tuvo acceso El Comercio. 
REQUISITORIAS E INVESTIGACIÓN
Según los informes de la Divila, en el 2005 Horna fue investigado por tráfico ilícito de drogas por tener 738 sembríos de amapola en el sector conocido como La Orilla del caserío Mililán, en la provincia Rodríguez Mendoza, en Amazonas. Él negó el cargo.
Además, según la policía, contaba con 12 requisitorias suspendidas en los departamentos de Lambayeque, Amazonas y La Libertad por tráfico de drogas. 
La investigación, que está a cargo del fiscal Marco Cárdenas, incluye a la esposa de Horna, Abilia Ramírez Canchari (46), porque constituyó en 1999 la empresa Corralito sin tener financiamiento para iniciar y desarrollar sus actividades en ese rubro. También compró inmuebles en distintas ciudades, entre ellas Lima, Ica, Chincha, y en la región Amazonas que superan, en conjunto, los US$500 mil. 
Según el documento fiscal, sus hijas Soraida y Karina Horna Ramírez, de 27 y 25 años, son accionistas de Inversiones Corralito S.A.C. y aportaron S/2 mil cada una para constituirla. 
De acuerdo con Registros Públicos, el capital social de la cadena de pollerías fue de S/20 mil, dinero que también fue aportado por Ramírez Canchari (S/2 mil) y Horna (S/16 mil). “Una cadena de 37 pollerías en Lima y Callao y en el interior no puede formarse con esa cantidad de dinero”, indicó una fuente de la fiscalía.
Electo Presidente Regional de Ucayali
Según un informe realizado por la agencia internacional AP, la infiltración del dinero del narcotráfico en la política de Perú es tan descarada y generalizada que podría compararse con México y Colombia.
El alcalde que ha fungido como tal por dos periodos en el distrito de Irazola, ubicado en una región productora de cocaína donde los Andes se juntan con la Amazonia, es uno de los cientos de candidatos para los comicios locales y regionales que está bajo sospecha de tener posibles vínculos con el narcotráfico.
Manuel Gambini, de 43 años, ex cocalero, figura entre al menos siete candidatos a presidente regional de una cuarta parte de las 24 regiones de Perú, a quienes se investiga por delitos relacionados con el tráfico de narcóticos y/o lavado de activos.
El dinero del narcotráfico amenaza con secuestrar la democracia en esta nación que en 2012 se convirtió en el mayor productor de cocaína en el mundo, según los Estados Unidos y Naciones Unidas.
La infiltración del dinero del narco en la política de Perú es tan descarada y generalizada que podría compararse con las condiciones que antecedieron a un fuerte incremento de la violencia política en México y Colombia.
“Nosotros somos ahorita un vil espejo de lo que fue Colombia, como lo dije, y de lo que es México hoy en día”, dijo Sonia Medina, la fiscal antidrogas de Perú.
Perú registra mucha menos violencia que esos países, pero han aumentado los asesinatos relacionados con el tráfico de narcóticos en los últimos años.
Uno de cada tres electores peruanos vive en una región con candidatos investigados, enjuiciados o condenados por algún delito relacionado con las drogas. Medina dijo que su despacho ha identificado a 700 candidatos que se encuentran en tal situación.
En campaña por la presidencia regional de Ucayali, el alcalde Gambini ha aprovechado los elogios recibidos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) porque promovió el cultivo del cacao en lugar de la siembra de la hoja de coca.
Sin embargo, Gambini presuntamente se habría enriquecido junto con algunos de sus parientes y socios “cercanos vinculados al tráfico ilícito de drogas”, según el auto de apertura de una investigación preliminar de ocho páginas emitida el 29 de agosto y obtenido por The Associated Press.
Según la investigación, después de que Gambini se convirtiera en alcalde en 2007 “simples agricultores por más de 10 y 20 años han pasado a ser potentados económicamente”, dice la jueza.
Un allegado de Gambini, que recibió una condena por tráfico de cocaína, se lanzó a la alcaldía en lugar de Gambini. El hombre fue nombrado tesorero del distrito en 2009.
Según documentos adicionales, Gambini adquirió personalmente 10,000 hectáreas (38 millas cuadradas) de tierra, parte de la cual tendría cultivos de coca, y dos casas avaluadas en US$ 180,000. Como alcalde, tiene un sueldo menor a US$2,000.
Durante un acto político celebrado la semana pasada y en el que se regaló cerveza fría, Manuel Gambini refutó las acusaciones en su contra y las describió como mentiras inventadas por sus enemigos políticos.
Dijo que es propietario de 130 hectáreas (media milla cuadrada) y que antes de ser alcalde tenía un aserradero. Afirmó que dejó de cultivar coca en 2003 con el apoyo de USAID.
Los detractores afirman que los legisladores peruanos han convertido intencionalmente el sistema político en campo fértil para el dinero sucio mediante la inacción o la creación intencional de lagunas jurídicas.Gambini, por ejemplo, no menciona sus ingresos ni propiedades en la biografía oficial que entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es difundida en internet. No es obligatorio.
De los aproximadamente 126,000 candidatos, apenas el 11% hizo públicos esos detalles, según la organización Transparencia que en colaboración con el portal de noticias Utero.pe compararon las biografías oficiales con diversas bases públicas de datos.
Entre el portal y la organización descubrieron que entre los candidatos había 1,395 delincuentes que recibieron condenas, incluidos 13 narcotraficantes.
En Perú, quienes reciben alguna sentencia condenatoria no quedan inhabilitados de aspirar a algún cargo de elección si algún tribunal ordena su rehabilitación política.
Otra laguna corresponde a la ley de financiamiento de las campañas políticas. La pena por no informar de un donativo de campaña es la pérdida del financiamiento público, pero éste no existe porque el Ministerio de Economía y Finanzas no ha liberado el dinero.
Una década después de que USAID propusiera a Gambini y a campesinos locales cultivar cacao y palma aceitera en lugar de hoja de coca, el distrito de Irazola se convirtió en uno de los principales productores de cacao. El alcalde recibió buena parte del crédito por ello.
En 2008, USAID pagó los gastos de Gambini para que participara en una conferencia de alcaldes de las Américas en Miami.
En marzo de 2011, Gambini asistió a una reunión con la entonces embajadora estadounidense Rose Likins y el presidente regional de Ucayali en tanto que la USAID renovó su compromiso hacia una región en la que había invertido más de 50 millones de dólares en 15 años.
Un año más tarde, un informe de USAID ensalzó a Gambini como un “socio nuevo y dinámico”.
En respuesta escrita a las preguntas de la AP, la embajada de Estados Unidos en Perú dijo que ningún financiamiento estadounidense fue directamente a las manos de Gambini.
Activistas locales lo denunciaron judicialmente por conceder a allegados suyos contratos de proyectos que nunca fueron concluidos o que fueron ejecutados de manera deficiente.
En un caso, Gambini gastó más de cuatro millones de dólares de recursos públicos para llevar electricidad, agua potable y drenaje al caserío de Neshuya, que integran 400 familias. Después ayudó a preparar la venta de la tierra con un allegado, que intentó venderle a la gente las parcelas que tenían bajo de sus casas a precios inflados, dijo el ex dirigente comunitario Eugenio Longa.<
Gambini rechaza que tenga alguna responsabilidad en estos hechos.
Longa afirmó que el tráfico de narcóticos no se ha reducido durante el tiempo que Gambini ha sido alcalde.
En marzo, la policía se incautó 28 kilogramos de cocaína sin refinar en una moto-taxi, pero el fiscal local no hizo nada, dijo Longa.
Un grupo de lugareños presentó de inmediato una queja ante el fiscal de control de Pucallpa, la capital regional, quien dijo a la AP que el asunto continúa en investigación.
Cuando se le preguntó sobre el decomiso de la droga, Gambini dijo que no estaba enterado de nada. “Yo ya no podría responder nada de eso, porque ese ya no es competencia del alcalde”, apuntó.
¿No debería estar enterado un alcalde de un decomiso de cocaína en su distrito?
“No, no, cuando hay ese tipo de investigación, de incautación, la policía lo hace en forma discreta y de eso ya no sabe el alcalde”, afirmó.
Fuente: Diario Gestión.

Editorial Diario El Comercio
La semana pasada se destapó otro escándalo que vuelve a empañar la ética de la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). El diario “Correo” encontró que de marzo a junio de este año la MML contrató a una empresa para que realizara ‘focus groups’ sobre la calidad de los servicios municipales. Estos estudios, sin embargo, también habrían sido aprovechados para realizar consultas acerca de la conveniencia de la postulación a la reelección de Susana Villarán y de quién sería el mejor candidato a teniente alcalde. Así, funcionarios municipales habrían aprovechado los tributos pagados por los contribuyentes de Lima para un fin proselitista, aparentemente incurriendo en el delito de malversación de fondos.
Cuando se pidió explicaciones a la señora Villarán acerca de este actuar irregular de sus funcionarios en favor de su campaña, ella, en un primer momento, prefirió quitar el cuerpo. Respondió que fueran a la MML a preguntar porque ella estaba de licencia. Luego, por Twitter, declaró: “Levanten todas las alfombras que no tenemos miedo”, como si se tratase de una imputación falsa. Finalmente, al día siguiente, cuando los videos de los hechos en cuestión impedían seguir escapando a las acusaciones, la alcaldesa-candidata emitió un comunicado en que señaló que no avala esa práctica y que ha pedido personalmente que se abra una investigación administrativa.
Es difícil imaginar que la señora Villarán no estuvo enterada de la realización de los ‘focus groups’ en favor de su campaña. Para empezar, porque ella es la primera beneficiada con los mismos y la principal persona que podía dar uso a sus resultados. Ahora, siempre existe la posibilidad de que las preguntas no hubiesen sido dictadas por la señora Villarán y que hubiesen sido encargadas por un voluntarioso funcionario edilicio que solo quería dar una mano a su alcaldesa. Sin embargo, en ese supuesto, es complicado creer que posteriormente ella no tuvo acceso a esos estudios, pues, además de contener información importante para que ella tomase decisiones para su campaña, incluían los resultados de la evaluación de diversos servicios municipales. Y, en ese supuesto, lo que habría correspondido a la señora Villarán es advertir que se estaban utilizando fondos públicos para fines impropios y sancionar a los funcionarios responsables de estos hechos.
La versión de la alcaldesa, sin embargo, es que ella no tuvo nada que ver. Que ella no encarga los estudios para su campaña y que no lee los resultados de los estudios que se realizan sobre la misma ni sobre la calidad de los servicios municipales. Por supuesto, es probable que la señora Villarán esté así de desconectada de su actividad proselitista y de su labor de cabeza del municipio y que su versión sea real. Si fuese así la cosa, sin embargo, resulta decepcionante que su primera reacción sea tratar de evadir responsabilidad y solo cuando se encuentra acorralada por los hechos salga a ordenar investigaciones.
En todo caso, es una pena que la gestión de la señora Villarán, que se presentó a sí misma como el paradigma de la decencia y la transparencia en la política, esté marcada con hechos de este tipo. Hechos a los que se suman el escándalo de conflictos de intereses y contratos cruzados en la Caja Metropolitana, donde la alcaldesa también prefirió evadir responsabilidad alegando que “la caja es un ente autónomo”, a pesar de que quienes la manejaban eran funcionarios de su total confianza designados por ella misma. No olvidemos tampoco, por supuesto, la negativa de la señora Villarán a ser transparente con el origen de los fondos de su campaña (cosa que se repitió en el proceso de revocación). Y tampoco pasemos por alto que poco le importó a la alcaldesa subir a su coche a aliados éticamente cuestionables solo para reforzar su partido, como Perú Posible, cuya reputación se encuentra manchada por el Caso Ecoteva.
La gestión de la señora Villarán no ha sido, a diferencia de lo que ella dice, una que se distinga por un alto estándar ético. Ojalá, por lo menos, que si le toca retirarse de la alcaldía lo haga dejándonos al responsable de estos últimos vergonzosos eventos.
Orión

La alcaldesa de Lima y candidata de Diálogo Vecinal, Susana Villarán, respondió la pregunta de Fernán Altuve (Vamos Perú) respecto a la Caja Metropolitana indicando que el funcionario en cuestión es sujeto de su confianza y que su administración tiene una política de “cero corrupción”.
“Si alguna persona en la administración actual tuviese de mi parte un atisbo de corrupción, esa persona no estaría donde está, no sería presidente de la caja, no sería gerente municipal. Porque yo no soy condescendiente con la corrupción”, respondió Villarán al candidato de Vamos Perú en el debate municipal organizado por el JNE. 
“Creo que la transparencia, la cero tolerancia a la corrupción es fundamental, nosotros tenemos una política de datos abiertos”, señaló la burgomaestre.
En su turno de preguntar, Villarán cuestionó que Altuve pertenezca al mismo partido de Juan Sotomayor, quien según la candidata tendría una estrecha vinculación con la empresa Orión.
“Yo soy una persona independiente y siempre lo he sido, quien ha firmado un convenio reconociendo las vías del Callao, no he sido yo, sino usted su gestión y sus funcionarios. Y esos convenios tienen que ser respetados”, respondió el popular ‘Huevo duro’ indicando que si ganase la elección no firmaría este tipo de documentos con empresas de esas características.
Fuente: Diario El Comercio.

Los conflictos sociales y la caída de los precios de los metales en los mercados han generado cautela en los inversores del gigante asiático.
Por Omar Mariluz- Diario Gestión
La inversión privada se ha estancado en la primera parte del año, principalmente en el clave sector minero, ante la paralización de una serie de proyectos, de los cuales, un gran porcentaje serían de empresas chinas.
La embajadora de China en Perú, Huang Minhui, comentó que hay una serie de proyectos mineros de empresas chinas pendientes en el centro y norte del país, debido a problemas sociales y ante la cautela que genera en los inversionistas, la volatilidad de los precios de los metales.
“Tengo que reconocer que existen algunos proyectos que se encuentran en esta situación y esperamos que pronto se resuelvan los problemas existentes y podamos hacer avanzar estas cooperaciones”, dijo Minhui.
La cartera estimada de proyectos mineros de empresas chinas en Perú alcanza los US$ 13,839 millones, la más grande con el 22.58% del total, sin contar los casi US$ 6,000 millones que significarán Las Bambas, ahora en manos de la firma china Minmetals.
La embajadora refirió que son “varios de cientos de millones” que han estado paralizados por años, bajo una situación poco favorable para los inversionistas y que justo coincidió con una importante caída de los precios de los metales en los mercados.
“(La empresa) Rio Blanco está incluida. Queremos que algún día todo este tipo de proyectos pueda tener su avance y necesitamos más trabajo con la comunidad, con diversos sectores porque los recursos naturales de los que dispone Perú deben ser utilizados para el desarrollo económico”, anotó.
Minhui precisó que la embajada china solo juega un rol de facilitador de la comunicación y entendimiento entre las empresas y el Gobierno peruano, pero afirmó que son las propias empresas las que intentan sacar adelante estos proyectos en el corto plazo.
Perú concentra inversión de China
José Tam, presidente de la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi) destacó que en los últimos 12 meses las inversiones totales de China en Perú alcanzan casi los US$ 10,000 millones, más de la mitad del total destinado a América Latina, aunque se concentra principalmente en el sector minero.
“Estas inversiones, principalmente en agricultura, manufactura y servicios, las han hecho las más de 120 empresas de capitales chinos instaladas en el Perú. El interés que se tiene en China sobre nuestro mercado es muy alto, por lo que se prevé el arribo de más empresas chinas a nuestro país”, comentó.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto cuprífero Tía María, a cargo de Southern Perú Copper Corporation (SPCC), luego de subsanarse las observaciones a dicho plan ambiental.
Este proyecto minero está ubicado en la región Arequipa y demandará una inversión de US$ 1,300 millones.
“De esta manera se comprueba que nuestro país continúa siendo atractivo para los capitales extranjeros, especialmente los destinados al sector minero”, indicó el MEM en un comunicado.
Tía María, en sus 18 años de operaciones, estima emplear en su etapa de construcción hasta 3,500 trabajadores y para la etapa de operación a otras 764 personas, además de los miles de empleos indirectos que genera la actividad minera en beneficio del desarrollo de la región arequipeña.
El 5 de noviembre de 2013 Southern Perú presentó al MEM el EIA del proyecto Tía María, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa.
Este cumplió con los procedimientos de participación ciudadana, tal es así que se realizó la Audiencia Pública el 20 de diciembre de 2013 en un local de ese distrito arequipeño.
Durante el procedimiento de evaluación del EIA se recibieron observaciones de la población civil en general, las cuales fueron absueltas por SPCC y analizadas por el equipo multidisciplinario del MEM.
El proyecto Tía María cuenta con opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y Riego; de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud; y de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú de la Marina de Guerra de Perú.
Como se recuerda, a inicios del 2011 se interrumpió este proceso por conflictos sociales en la zona de influencia del referido proyecto.
Sin embargo, en la actualidad una oportuna y coordinada intervención del MEM ha permitido establecer un mejoramiento de las relaciones con las comunidades del entorno del proyecto.
“Este hecho ha facilitado cumplir con lo determinado en la ley para este fin, estableciendo este nuevo relacionamiento en las condiciones sociales propicias para la continuidad del proyecto Tía María”, expresó el MEM.
Este proyecto cuprífero comprende la explotación de dos yacimientos a tajo abierto: La Tapada y Tía María, en donde se tratarán unas 100,000 toneladas métricas diarias para producir inicialmente 120,000 toneladas métricas de cátodos de cobre anual.
El agua para operar la mina será obtenida del mar y desalinizada mediante una planta de Tratamiento por Osmosis Inversa.
Fuente: Radio Programas del Perú.

El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, manifestó que las inversiones realizadas en La Bambas va a permitir una producción de 400,000 toneladas métricas finas de cobre adicionales por año y esto, junto con otros proyectos mineros, van a hacer que el Perú sea nuevamente el segundo productor de cobre en el mundo para el 2016.
Esta posición le fue quitada a Perú por China en el 2012.
“La ventaja de Las Bambas es que era un proyecto que venía en plena construcción, esto ya tiene programado entrar en operación en el segundo semestre del 2015”.
[CEO de MMG se reúne con equipo de Las Bambas en Perú]
Explicó que la idea es llegar al 2016 como segundo productor de cobre en el mundo y junto con Chile tener por lo menos el 50% de la producción mundial de cobre.

Nueva Fuerabamba
La comunidad de Fuerabamba, en Apurímac, donde se desarrollará el proyecto cuprífero de Las Bambas, será trasladada hacia su nueva ubicación a finales de agosto, anunció el viceministro de Minas, Guillermo Shinno.
Indicó que la anterior empresa dueña del proyecto, Glencore, ya había culminado la construcción de la nueva ciudad, hacia donde se trasladarán los habitantes, previo acuerdo logrado con sus autoridades.
“Este mes de agosto debería estar empezando el traslado, a mediados o a finales de agosto. La nueva ciudad cuenta con todas las facilidades que una población necesita, como carreteras, sistemas de agua potable, desagüe, luz, colegios e incluso una Plaza de Armas”, afirmó a la Agencia Andina.
Shinno explicó que la cristalización de Las Bambas será muy importante, porque no solo representa miles de millones de inversión, sino cantidades enormes de puestos de trabajo, por encima de los 10,000, tanto directos como indirectos.
Dijo que además también se extraerán 400,000 toneladas métricas finas de cobre al año, adicionales a las que empezará aportar Las Bambas cuando entre en ejecución, a partir del segundo semestre del año que viene.
“Este (Las Bambas) es uno de los proyectos junto con la ampliación de Cerro Verde, Constancia y Toromocho que nos van a permitir que el Perú sea el 2016 el segundo productor de cobre en el mundo”, adelantó.
El viceministro recordó que Constancia iniciará operaciones en noviembre, mientras que Cerro Verde, en una primera etapa en el segundo semestre del 2015.
En cuanto a las inversiones totales en minería para el este año, comentó que el año pasado llegaron a cerca de los 10,000 millones de dólares y se espera que en este periodo se mantenga en el mismo nivel.
Fuente: Diarios El Comercio, Perú21 y Agencia Andina de Noticias.

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