La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán sí se reunió con el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. La cita se realizó el 9 de enero del 2013, con motivo de la firma del contrato de concesión de Rutas de Lima.
El noticiero dominical “Panorama” reveló una serie de fotografías de la reunión en la que aparecen la ex burgomaestre y el ejecutivo brasileño, además de otros funcionarios ediles y de Odebrecht.
Entre estos están el ex gerente municipal José Miguel Castro, quien está acusado junto a Susana Villarán de haber solicitado US$3 millones a Odebrecht para financiar la campaña del No a la revocación en el 2013.Precisamente, las fotografías se realizaron dos meses antes de la votación de la revocación. Según “Panorama”, ni Jorge Barata ni ninguno de los ejecutivos brasileños que lo acompañaron fueron apuntados en el registro de visitas de la Municipalidad de Lima en ese día.
Cabe anotar que, en una carta publicada en este Diario el 19 de setiembre del 2017, Susana Villarán negó conocer a Jorge Barata y cualquier acto de corrupción en torno al proyecto Rutas de Lima.
“Rutas de Lima: Sé que no hubo ninguna coima en la entrega de esta concesión. No tengo ninguna relación, ni vínculo con las anotaciones aparecidas en el área de operaciones estructuradas de Odebrecht. Tampoco conozco al señor Marcelo Odebrecht. Nunca he recibido en mi oficina, ni he viajado, ni siquiera conversado con el señor Barata”, escribió en esa ocasión.
Fuente: Diarios El Comercio, Correo y www.lucidez.pe
El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro ex representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, que fueron socias de la brasileña Odebrecht en la ejecución de la carretera Interoceánica sur.
Ellos son José Alejandro Graña Miró Quesada (ex presidente del directorio de Graña y Montero), Hernando Alejandro Graña Acuña (ex director de Graña y Montero), Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.) y José Fernando Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA). En el caso de Gonzalo Ferraro Rey (ex presidente ejecutivo de Graña y Montero), se dictó arresto domiciliario en una clínica local debido a su estado de salud.
Según la fiscalía, dichos empresarios habrían defraudado al Estado al concertarse con el ex presidente Alejandro Toledo, acusado de recibir US$20 millones de Odebrecht para favorecerlos con la licitación de la carretera.
A continuación, recordamos paso a paso cómo es que estos empresarios se han puesto en la mira de la justicia peruana.
-La declaración de Barata-
A fines de febrero de 2017 se hizo pública parte de la declaración que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, brindó en enero de ese mismo año a la fiscalía peruana.
El ex directivo brasileño aseguró que las empresas peruanas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales y ICCGSA estaban al tanto del acuerdo para el presunto soborno de US$20 millones a Alejandro Toledo para que el consorcio que conformaban con Odebrecht se adjudicara los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
“El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo”, dijo Barata en esa ocasión.
-Niegan acusación-
Desde que se conoció la acusación, las empresas mencionadas han rechazado en reiteradas ocasiones el testimonio de Jorge Barata.
El empresario José Graña Miró Quesada, ex presidente del Grupo Graña y Montero, visitó dos veces la comisión del Congreso que investiga el Caso Lava Jato, en la que negó lo declarado por el ex director de Odebrecht.
“Lo que el señor Barata dijo no se ajusta a la verdad. Es difícil probar que uno no sabía nada: si uno no sabe nada, no tiene cómo justificarlo”, dijo la última vez que asistió, a inicios de octubre.
>Por su parte, la empresa JJC manifestó en julio de este año: “JJC rechaza y condena toda práctica conducente a obtener ventajas irregulares o ilícitas. Ni la empresa ni sus ejecutivos han participado o tenido conocimiento de una asociación de empresas que supuestamente concertaban la adjudicación de proyectos públicos”.
En tanto, ICCGSA, ha señalado recientemente que “los actos denunciados no fueron conocidos” ni por esa empresa ni por sus accionistas ni por sus funcionarios.
-Las denuncias contra Sánchez-
Hace tres semanas, el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, había presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, bajo el argumento que no se investigaba a las empresas que se consorciaron con Odebrecht en el caso de la Interoceánica.
A esta denuncia se sumó otra de la congresista Yeni Vilcatoma, quien señaló por los mismos hechos, no solo a Pablo Sánchez, sino al fiscal encargado del Caso Lava Jato, Hamilton Castro.
Ambas denuncias se acumularon y fueron admitidas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la fujimorista Karina Beteta, quien deberá elaborar un informe de calificación.
-Se mantiene la denuncia-
El equipo especial del Ministerio Público que investiga el Caso Lava Jato formalizó la semana pasada la investigación preparatoria contra los ex representantes de las mencionadas empresas peruanas que se consorciaron con Odebrecht.
En tanto, Daniel Salaverry ha señalado que la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez seguirá en pie. Remarcó que los nuevos hechos fortalecen aún más su denuncia.
“La omisión funcional ya está cometida. El proceso sigue su curso. Más bien, hoy nos están dando la razón. Recién incluyen a las consorciadas en las investigaciones, luego de 11 meses de conocer las declaraciones de [Jorge] Barata”, dijo a este Diario.
-La prisión preventiva-
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro ex representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, que fueron socias de la brasileña Odebrecht en la ejecución de la carretera Interoceánica sur.​ En el caso de Gonzalo Ferraro Rey, se dictó arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud.
>En una audiencia que se prolongó hasta la madrugada, el juez Richard Concepción Carhuancho estableció que los investigados sí cumplían con los requisitos para dictar la prisión preventiva.
Por el mismo caso, el Poder Judicial también ha ordenado prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo, quien se halla prófugo en los Estados Unidos.
Fuente: Diario El Comercio.

“La señora Susana Villarán tiene muchas cosas que explicar a las autoridades”. (Foto: Archivo El Comercio).

El ‘caso Odebrecht’ salpica a la exalcaldesa de Lima

Por JACQUELINE FOWKS-Diario El País.
El caso Odebrecht continúa estremeciendo la política peruana. El pasado lunes, un juez prohibió a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, quien gobernó la ciudad entre 2011 y 2014 como representante de una coalición de izquierdas, que saliera del país durante ocho meses por la investigación de la trama corrupta. La fiscalía había abierto el pasado viernes un proceso preliminar contra la política por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo. Acusan a Villarán del supuesto cobro de tres millones de dólares en sobornos de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht para financiar su campaña para evitar su revocación del cargo en 2013.
Jorge Barata, exdirector ejecutivo de la constructora Odebrecht en Perú, ha asegurado ante la justicia que la exalcaldesa le pidió el dinero para la campaña. El juez Richard Concepción eliminó el martes un obstáculo a las investigaciones del caso Odebrecht en el país andino al excluir a Barata de la investigación preliminar que le seguían por haberse confabulado para adjudicar los contratos de la carretera Interoceánica Sur, caso en el que también está involucrado el expresidente Alejandro Toledo, acusado de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. El Gobierno de Toledo aprobó en 2005 la concesión de tres tramos la carretera y facilitó, mediante adendas, que la compañía cobrara millones de dólares adicionales a lo pactado en el primer contrato.
El juez suspendió además el embargo de dos autos y un departamento de Barata, así como el congelamiento de una cuenta bancaria que la Procuraduría había solicitado para asegurar el pago de la reparación civil al Estado. El exdirector ejecutivo se negaba a declarar ante la fiscalía y a proporcionar las pruebas de los aportes a casi todos los ex jefes de Estado y principales excandidatos presidenciales peruanos de este siglo mientras se mantuvieran las medidas en su contra.
La época en la que Barata asegura haber entregado el dinero a Villarán, según la declaración difundida por IDL-Reporteros, coincide con el periodo en que la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó un proyecto de infraestructura vial propuesto por Odebrecht. Barata respondió a preguntas de fiscales brasileños en el marco de una colaboración con la justicia de ese país, a mediados de diciembre, y afirmó que el gerente municipal lo había llamado primero para pedir el dinero. “Acto seguido recibimos la llamada de la misma alcaldesa pidiendo esa contribución”, sostiene el exdirector ejecutivo. “Ella afirmó la necesidad y la importancia de la continuidad. Entonces esa señora tenía una proyección política muy grande. Había una expectativa importante de que ella continuase en la política peruana y con un nivel de destaque bastante alto”, atestiguó.
“Teníamos ya un contrato asignado con la municipalidad de Lima”, continua la declaración, “de una concesión urbana de 177 kilómetros que eran justamente la entrada y salida de la ciudad de Lima y teníamos una preocupación que con la salida [de Villarán] se pudiera generar alguna dificultad con nuestro contrato”.

Banca Privada de Andorra

Susana Villarán, quien también es activista de derechos humanos, se ha presentado a la fiscalía dos veces en los últimos días y en Facebook ha asegurado que no hizo tales llamadas telefónicas a Barata. Pero el Equipo Especial Anticorrupción que dirige el fiscal Hamilton Castro ha comprobado, con un reporte de llamadas, que, en el primer trimestre de 2013, hubo comunicación de Villarán y Castro con Barata.
Otro exfuncionario municipal de la gestión de Villarán, el exgerente de seguridad ciudadana Gabriel Prado, también es investigado por una cuenta a su nombre abierta en 2013 en la Banca Privada de Andorra en la que Odebrecht depositó 3,000 euros. Prado asegura que no tuvo relación con la cuenta, desactivada en 2016.

Golpe letal

Por Karina Valencia-Diario Correo.
La situación de Susana Villarán ha estallado esta semana al punto de crear un panorama de incertidumbre entre los grupos de izquierda que apoyaron la gestión de la exalcaldesa de Lima antes, durante y después del proceso de revocatoria de 2013. Al respecto, analistas políticos cuestionan la imagen que Villarán de la Puente demostró al frente de la Municipalidad de Lima y el hecho de que haya sido incluida en las investigaciones del caso “Lava Jato”.

EMBARRADOS

Para el politólogo Diethell Columbus, Susana Villarán practicó una postura de “superioridad moral en materia política” al impulsar la imagen de una izquierda moderada desde su cargo como máxima autoridad edil de Lima. Si bien asegura que la corrupción “debe ser condenada sea de izquierda o derecha, de arriba o abajo”, los grupos simpatizantes de la exministra de Promoción de la Mujer siempre tuvieron “esa fascinación por levantar el dedo acusador y siempre en mirar lo peor, lo feo y lo cochino de la política peruana a los apristas, fujimoristas y al castañedismo”. “A diferencia de ellos, que presumen la culpabilidad de sus adversarios, nosotros debemos presumir la inocencia de si sabían o no el origen del dinero (para la campaña). Lo que sí no puedo presumir es que sean gestores políticos eficientes, porque sus propias declaraciones han demostrado que son incapaces”, afirma sobre las relaciones entre la política practicada por Villarán frente a los grupos de derecha.

ACLARACIONES

Asimismo, afirma que, dada la complejidad de la situación de la exalcaldesa, se debe observar una responsabilidad compartida entre quienes apoyaron la campaña del No en la revocatoria. “Si tienes una campaña millonaria, lo mínimo que puedes hacer, y si sabes de gestión pública, es preguntar de dónde vienen los fondos. No pueden ahora los rostros visibles del No decir que desconocían ello”, sostiene en referencia a las dubitativas respuestas que exregidores, como Marisa Glave y Augusto Rey, expresaron en los últimos días sobre el tema. “Si a (Keiko) Fujimori debemos aplicarle la presunción de culpabilidad, como lo hace (Marisa) Glave de izquierda, ¿por qué le tendríamos que aplicar la presunción de inocencia a Villarán?”, manifiesta. “Los aportes (de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht) casi coinciden con las fechas de los contratos y las adendas que se han suscrito. Ahora, quienes se lavan las manos se olvidan de que fueron funcionarios o asesores en el tema de contrataciones con estas empresas. (…) Se lavan tanto las manos que ya no creo que tengan huellas digitales. Hay que esperar que las investigaciones sigan su curso”, asevera.

DIFERENCIAS

Por su parte, el especialista Fernando Tuesta asegura que lo acontecido con Villarán “ha sido un duro golpe para la izquierda”, pese a que su caso específico “ya se veía venir” con las indagaciones en torno a los megaproyectos licitados con firmas brasileñas.En esa línea, recalca que la principal fortaleza y debilidad de la izquierda ha sido su aspiración a mantenerse unida. Ello ha generado, en diversos casos, que lo que dañe la imagen de una de sus principales figuras comprometa el valor del resto. “La izquierda aspira a ser unida. Lo que le ocurre a uno, le afecta a todos. Esa es su fortaleza y su tremenda debilidad. No es lo mismo que sucede en el otro lado. Lo que ocurre en la derecha, no es que comprometa a todos. Eso es propio de lo que ocurre en Perú”, detalla. Asimismo, puntualiza que Villarán de la Puente “dejó de ser la imagen de izquierda cuando pierde la reelección y postula en la lista de (Daniel) Urresti en el 2016”, porque ahora “lo que está en juego es su gestión y los grupos que la apoyaron”. “Si hubiera sido actualmente la lideresa visible, todo hubiera sido mucho más impactante”, afirma.

Anel Townsend se “limpia” y ahora dice que Susana Villarán se equivocó

En comisión “Lava Jato” del Congreso. Asegura que exalcaldesa de Lima cometió un error al señalarla como tesorera de la campaña del No.
Por Aaron Salomón-Diario Correo.
Como ha sucedido en sus recientes apariciones públicas, Anel Townsend descartó ayer, ante la comisión “Lava Jato”, tener conocimiento acerca de los supuestos aportes de $4 millones de Odebrecht y OAS, según la Fiscalía, a la campaña del No a la revocatoria de la excaldesa Susana Villarán.
Es más, Townsend señaló que la exburgomaestre se equivocó al señalar que ella era la tesorera de la cruzada que la mantuvo en el sillón municipal. “Yo no era la tesorera, era la regidora María Julia Méndez. Susana Villarán cometió un error (al sindicarme como tal)”, enfatizó.
En este sentido, remarcó que la recolección de dinero era tarea de la Asociación Amigos de Lima y de Méndez.

CRISPADA SESIÓN

Durante la sesión del equipo de trabajo liderado por la fujimorista Rosa Bartra se produjeron momentos de alta tensión. Por ejemplo, la excolaboradora de Villarán acusó que Karina Beteta (FP) la tildó de “miembro de una banda criminal” y que el aprista Mauricio Mulder, por su parte, la calificó de “operadora” de Luis Favre.
Ante ello, Bartra interrumpió su alocución, la reprendió y le consultó si tenía algún problema en responder ante la comisión, lo que -por supuesto- Townsend negó.

ENCUENTRO CASUAL

Momentos después, la también excongresista aseguró que no tenía idea del pago de los costosos “spots publicitarios”, tarea que, según se sabe, estaba a cargo del publicista brasileño Luis Favre. “No contraté spots publicitarios. Estaba concentrada en la tarea política. (…) No conocía el aporte de 4 millones de dólares”, remató.
Para sustentar su versión subrayó que los encuentros con el experto en marketing político eran “esporádicos” y -añadió- que solo vio en una oportunidad a Valdemir Garreta, el hombre que dio a conocer al Ministerio Público los oscuros aportes de las constructoras cariocas a Villarán. “Vi una vez al señor Garreta, cuando Favre estaba mostrando los diseños de la campaña”, manifestó.
Asimismo, Townsend contó que aceptó apoyar a Villarán, pues -según dijo- “Lima no podía parar”. “Se había iniciado una reforma del transporte”, agregó.
Por último, rechazó haber recomendado a César Acuña que contrate a Favre para la campaña electoral del 2016.

NO HUBO RESPUESTA

Horas antes, Marco Zevallos, responsable del equipo legal de la campaña del No y quien presentó los documentos con los gastos realizados durante la revocatoria contra Susana Villarán, reveló que se reunió con Anel Townsend y María Julia Méndez, y fue ahí donde le entregaron tal información.
Sin embargo, no se atrevió a sindicar quién de las mencionadas fue la que le alcanzó la documentación. “No tuve ninguna injerencia económica en la campaña del No”, afirmó.

OAS ASEGURÓ INVERSIÓN EN CAMPAÑA DEL “NO” CON ADENDA N°1 DE LÍNEA AMARILLA

Un mes antes de la revocatoria, consorcio firmó documento que ampliaba de 30 a 40 años plazo de concesión y eliminaba obligación de construir Metropolitano en Vía de Evitamiento

El 13 de febrero del 2013- cuatro semanas antes de la consulta revocatoria a la entonces alcaldesa Susana Villarán- el consorcio Línea Amarilla- encabezado por la brasileña OAS- firmó con la Municipalidad de Lima la adenda N°1 que amplió el plazo de concesión de 30 a 40 años y eliminó la obligación de construir un Corredor Segregado de Alta Capacidad (Cosac) en la Vía de Evitamiento.
El documento de 29 folios fue suscrito al final de una intensa campaña por el NO en la que OAS y Odebrecht aportaron de manera encubierta US$3 millones, de acuerdo a la delación premiada de Jorge Simoes Barata en la Procuraduría Federal de Brasil y del publicista Valdemir Garreta ante los fiscales anticorrupción peruanos.
La Adenda N°1 fue firmada por el arquitecto Domingo Arzubialde Elorrieta por la Municipalidad de Lima y André Giavina Bianchi por Línea Amarilla S.A.C., unos días antes de que se conociera la suerte que correría la entonces alcaldesa Villarán de la Puente en las urnas, el 17 de marzo del 2013.
Villarán aprobó cuestionados beneficios para OAS, todo a cambio de “apoyo”
Este documento se sustentó en un Acta de Acuerdo que había sido suscrita el 20 de mayo del 2011 por el entonces gerente de Promoción de la Inversión Privada, Diego Martín Ferré Murguía y el gerente municipal Miguel Enrique Prialé Ugaz, en la que se planteaban precisamente ampliar el plazo de concesión de 30 a 40 años y eliminar el Metropolitano en la Vía de Evitamiento.
Estos dos exfuncionarios villaranistas firmaron el Acta de Acuerdo con Valfredo de Assis Ribeiro Filho por OAS, como consta en el documento al que MANIFIESTO tuvo acceso.
Valdemir Garreta- dueño de FX Comunicaciones- afirmó ante el fiscal peruano Sergio Jiménez Niño que recibió US$3 millones de las constructoras Odebrecht y OAS como pago por su asesoría en la campaña por el NO, en la que también participó Belisario Wermus o Luis Favre.
Fuente: www.manifiestoperu.com

“Susanos decepcionados”

Por Martha Meier Miro Quesada-Diario Expreso.
En días recientes asqueó conocer sobre las latas de caballa con gusanos, envasadas en China y vendidas en el país con marcas nacionales, aunque más asquiento fue presenciar el surgimiento de los “susanos decepcionados”, otrora fieles seguidores de la exalcaldesa Susana Villarán y receptores de dinero municipal cuando ella capitaneaba Lima. Los “decepcionados” fueron catequistas de su democracia cool, new left y muy activos militantes de su vagancia empedernida, de la ineficiencia y de la mediocridad de su gestión en nombre de la “construcción de ciudadanía”.
Ideele-Reporteros publicó el jueves un secreto a voces -filtrado meses atrás- que la campaña del NO contra la revocatoria de Villarán recibió tres millones de dólares de Odebrecht y OAS. Fue entonces que al unísono sus otrora fanáticos gimotearon y dijeron estar “decepcionados” (no indignados ni repugnados ante este supuesto hecho de corrupción), sino decepcionados, como cuando Papa Noel no te traía la bicicleta que esperabas desde la Navidad pasada. ¿Qué creían estos actores con ínfulas de líderes de opinión, esos coleguitas autoproclamados la reserva moral del Perú, que la campaña se pagó solita?
Los ahora “susanos decepcionados” aplaudieron los devaneos políticos e incoherencias de Villarán y hasta su postulación en 2015 en la plancha presidencial del humalismo, después de que en las presidenciales del 2006 dijera que Ollanta Humala era el capitán Carlos, o sea el destripador de Madre Mía. La cabeza de la plancha humalista fue Daniel Urresti, acusado de asesinar al periodista Hugo Bustíos, pero eso no le pareció mal a los hoy “susanos decepcionados”. Margarita Patiño viuda de Bustíos -extrañamente fallecida- declaró entonces a Correo: “Es la primera vez en la historia que una defensora de derechos humanos se alía con un procesado por lesa humanidad”. Nada importó a sus “fieles”, la querían con poder porque sin él no les sirve.
Para evitar la revocatoria de Villarán aplaudieron su alianza con Lourdes Flores (su competidora  por la alcaldía), un acuerdo tácito con el PPC; es decir, la encarnación de la derecha mercantilista y apolillada. ¿Alguien cree en la decepción de los “sanos”? Yo, no.
A estas alturas de la putrefacción el derecho a la indignación, a la decepción o lo que sea, solo nos corresponde a los de a pie con las manos limpias de toda cutra; y esto incluye a fujimoristas y apristas hasta que se pruebe lo contrario.

Hubo llamadas telefónicas entre Villarán y Barata, confirma fiscalía

Ministerio Público abrió una investigación preliminar a la ex alcaldesa de Lima y a José Miguel Castro, ex gerente general de la Municipalidad de Lima

El Ministerio Público informó que se ha confirmado que durante el primer trimestre del 2013 hubo llamadas telefónicas entre la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú.
De acuerdo a la fiscalía, también hubo comunicaciones telefónicas en ese período entre Barata y José Miguel Castro, quien fue gerente general de la Municipalidad de Lima en la gestión de Villarán.
Según el portal IDL-Reporteros, Jorge Barata aseguró ante fiscales brasileños que la entonces alcaldesa Susana Villarán lo contactó telefónicamente para pedirle que realice una contribución para pagar los servicios de la empresa de Valdemir Garreta, FX Comunicaciones.
Detalló que primero fue contactado por Castro para reunirse en su despacho. En dicha cita, detalla que le pidió un aporte de US$3 millones para la campaña contra la revocatoria de Villarán.
Y según reveló El Comercio, el publicista brasileño Valdemir Garreta afirma que las constructoras Odebrecht (US$2 millones) y OAS (US$1 millón) le entregaron ese monto para trabajar en esa campaña.
Por otro lado, Barata afirmó que, en su caso, el dinero utilizado se obtuvo de la llamada división de operaciones estructuradas; es decir, la caja paralela que la firma utilizaba para sus sobornos.
–En investigación–
Por otro lado, el equipo especial anticorrupción del Caso Lava Jato, que lidera el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, oficializó hoy el pedido de impedimento de salida del país para Susana Villarán.
La medida también incluye a José Miguel Castro y Gabriel Prado. Además, solicitó al Poder Judicial que se levante el secreto bancario y de las comunicaciones de la ex alcaldesa de Lima.
Fuente: Diario El Comercio.

CASO ODEBRECHT: LAS PISTAS SOBRE EL EX GERENTE MUNICIPAL DE VILLARÁN EN RUTAS DE LIMA

Ex alto funcionario edil José Miguel Castro, presunto intermediario de la Municipalidad de Lima con la constructora brasileña, tuvo un rol protagónico en la concesión y estuvo en Brasil unos meses antes de supuestos pagos indebidos.

Por Óscar Libón*-Convoca.pe
El nombre de José Miguel Castro Gutiérrez, gerente municipal metropolitano durante la alcaldía de Susana Villarán, ha surgido en los últimos días como aparente nexo de la comuna limeña con Odebrecht en los casos de la cuenta bancaria en Andorra del ex funcionario edil Gabriel Prado y del financiamiento a la campaña a favor de la ex burgomaestre en el proceso de revocatoria de 2013.
Ante estos indicios, que investiga la Fiscalía, cabe preguntarse sobre el papel de Castro Gutiérrez en el caso Rutas de Lima –revelado por Convoca.pe-, concesión municipal por 30 años que aparece en las planillas de ‘oficina de sobornos’ de la constructora brasileña al lado de dos montos de dinero por 711 mil dólares en total, en 2014.
Como se sabe, Gabriel Prado declaró el domingo último en el programa televisivo Cuarto Poder que José Miguel Castro, ex brazo derecho de Villarán cuando fue alcaldesa, fue quien lo contactó con ejecutivos de Odebrecht para supuestamente acceder a una oferta laboral, tras su salida de la comuna limeña en febrero de 2013.
Gabriel Prado fue funcionario municipal hasta febrero de 2013. Niega haber gestionado la apertura de una cuenta a su nombre en Andorra. Foto: Andina
Prado está bajo investigación por el equipo fiscal dedicado al caso Lava Jato en Perú, luego de que en Andorra se detectara una cuenta a su nombre relacionada a las offshore panameñas Relton Holding y Aeon Group, esta última empleada por la empresa brasileña para ocultar transferencias de sobornos en diferentes países.
Y según el testimonio del publicista brasileño Valdemir Garreta, difundido hoy por El Comercio, José Miguel Castro fue la persona designada por Susana Villarán para coordinar los detalles de la contratación del franco-brasileño Felipe Belisario Wermus (Luis Favre) para la campaña del No, en la revocatoria. Garreta dijo que Castro le indicó que los fondos provendrían de las firmas Odebrecht (2 millones de dólares) y OAS (1 millón de dólares).
El origen legal
En el caso de la concesión Rutas de Lima (antes Vías Nuevas de Lima), José Miguel Castro tuvo un rol protagónico, según se desprende de su intervención en la sesión del concejo limeño del jueves 3 de mayo de 2012, en la cual se declaró de “interés” la iniciativa privada presentada por Odebrecht a la Municipalidad de Lima en abril de 2010.
Ese día se aprobó por unanimidad el Acuerdo de Concejo 825, con el cual empezó el proceso de adjudicación que finalmente fue otorgada a Odebrecht de forma directa, el 18 de setiembre del mismo año, al no presentarse otras compañías interesadas.
De acuerdo con el Acta N° 22, al que Convoca.pe accedió, el entonces gerente municipal metropolitano expuso: “Hoy traemos una iniciativa privada, que es Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima), cuyo proponente es la empresa Odebrecht, que tiene una gran experiencia en términos de inversión de infraestructura en el país. (…) Se busca invertir en construcción e infraestructura 500 millones de dólares en los próximos cuatro años”.
Acta Nº 22, que consigna el desarrollo de la sesión del Concejo de Lima en la que se dio inicio a la adjudicación de Rutas de Lima.
Agregó: “Lo que nosotros estamos otorgando en concesión contra esta inversión es el 30% de los peajes totales de la ciudad. Recordemos que la recaudación de peajes asciende aproximadamente a 240 o 250 millones de soles anuales. El 70% de esto ya fue concesionado en 2009 en Línea Amarilla (adjudicada a la firma brasileña OAS), ahora estamos concesionando el 30% restante”.
Para finalizar, Castro señaló: “Lo que ahora estamos recomendando desde la gerencia municipal y desde todas las áreas es declarar interés público esta obra, lo que abre una ventana de oportunidad de 90 días para que otros actores privados puedan presentar sus propuestas sobre esta misma obra, mejorando algunas de las condiciones. […] Lo importante ahora, creemos nosotros, es dar la señal a los señores que quieran participar y […] evidentemente, dar la señal al proponente (Odebrecht) de que aquí, y a la ciudadanía hay un proceso de inversión en curso, de construcción […], y que esto es una necesidad que queremos nosotros para Lima”.
En las planillas del ‘departamento de sobornos’ de Odebrecht figuran dos pagos por la concesión Rutas de Lima, en 2014.
Esta sesión fue dirigida por la alcaldesa Susana Villarán, quien había designado a José Miguel Castro como gerente municipal metropolitano cuatro meses antes, el 6 de enero de 2012, cuando se iniciaba el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de la burgomaestre limeña.
Viajes y rastros
Luego de la firma del contrato de concesión de Rutas de Lima entre la comuna limeña y Odebrecht, el 9 de enero de 2013, José Miguel Castro empezó una serie de viajes a zonas fuera del país y en fechas que podrían estar relacionados con hechos y periodos que están bajo indagación en el Ministerio Público.
Según sus movimientos migratorios, obtenidos por Convoca.pe, Castro enrumbó a Europa del domingo 11 al sábado 17 de agosto de 2013, específicamente a Holanda, conocido paraíso fiscal que también sirve como escala para ingresar a otras naciones de la comunidad europea. Dos días antes de su llegada, el 9 de agosto, una offshore de la constructora brasileña gestionó la apertura de la cuenta de Gabriel Prado en un banco de Andorra, ubicado también en Europa, a menos de dos horas de vuelo desde suelo holandés.
En noviembre del mismo año, del viernes 15 al sábado 23, el ex gerente municipal volvió a viajar a Europa, esta vez a España, que limita con Andorra.
Entre el domingo 8 y el miércoles 11 de diciembre, el ex funcionario edil realizó un periplo a Brasil, donde tienen sus sedes las constructoras investigadas por el megacaso de corrupción Lava Jato.
Poco más de dos meses después de esta travesía a territorio brasileño, el miércoles 26 de febrero de 2014, se hizo un pago de 420 mil dólares por Rutas de Lima, según las planillas de Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
Algo similar pasó con la segunda transferencia -realizada el jueves 2 de octubre de 2014- desde la misma “oficina de sobornos” para la concesión municipal, por 291 mil 700 dólares. José Miguel Castro había estado unos tres meses antes en Brasil, del domingo 8 al miércoles 18 de junio. En aquel momento, Castro fue criticado por dejar su labor edil para viajar a suelo brasileño, pues se desarrollaba la Copa Mundial de Fútbol en ese país. La versión oficial que se dio fue que el entonces gerente municipal estaba de vacaciones.
A pesar de diferentes denuncias por su gestión, José Miguel Castro permaneció ocupando altos cargos en la Municipalidad de Lima hasta diciembre de 2014, cuando finalizó el periodo de Villarán como alcaldesa de la capital peruana, quien en varias ocasiones lo defendió y respaldó públicamente.
Este medio digital intentó recoger las versiones de los ex funcionarios ediles Castro y Prado, pero no respondieron a las llamadas ni mensajes.
Por su parte, Susana Villarán reiteró hoy que no negoció pago alguno con las constructoras brasileñas. “Nunca he recibido coimas, no las he promovido en mi gestión. Nunca he favorecido a empresas extranjeras y nacionales en procesos de inversión pública o privada desde la Alcaldía de Lima”, escribió en su cuenta de Facebook.
* Con la colaboración de Aramís Castro.

Susana Villarán: los aportes fantasmas del No a la revocatoria

Personas consignadas en la lista de aportantes a la campaña en contra de revocar a Villarán niegan que hayan entregado dinero para esta. Una incluso afirma que usaron su nombre con su aval

Por Graciela Villasís Rojas-Diario El Comercio.
El pasado 4 de setiembre, Susana Villarán respondió ante la Comisión Lava Jato del Congreso sobre los aportantes a la campaña contra la revocación y exhibió documentos en los que figuraba el informe de ingresos y egresos de la campaña.
La ex alcaldesa de Lima dijo que esa misma documentación ya la había entregado al Pacto Ético Electoral un mes después de finalizado el proceso realizado en marzo del 2013. Asimismo, en el Congreso afirmó: “Hay un cuadro de síntesis en el cual se ven los ingresos y egresos y hay una relación de dos páginas de los diferentes colectivos, personas, partidos, regidores que fue entregada al Jurado Nacional de Elecciones y que suman la cifra que ya les he dado de S/1’614,321.50 y los egresos también están ahí”.
Los papeles en mención consignan nombres de personas naturales, algunos incompletos, y de personas jurídicas que, según Villarán, aportaron.
La Unidad de Investigación de El Comercio ha contrastado los documentos entregados por el equipo de Villarán sobre los aportantes a la campaña y, luego de hablar con más de 10 de ellos, ha encontrado que varios niegan que hayan entregado dinero. Uno incluso reconoció que autorizó que usaran su nombre.
Julia Rossana Núñez Cosar, propietaria y representante legal del Consorcio Gráfico Master Printing S.R.L., aparece en la relación que entregó Villarán al Congreso, con un aporte de S/7,500. Al ser consultada sobre esta donación, fue enfática: “La verdad yo nunca he colaborado con nadie, ni la conozco”. Cuando se le sugirió que quizá apoyó a través de su empresa con dinero, ayuda logística o materiales, recalcó: “Tampoco”.
“Si yo doy algo como persona jurídica, yo tengo que sustentar y tener un voucher de a quién le voy a dar [la donación], pero en ningún momento hemos hecho eso. Además, en ese tiempo financieramente estuvimos mal porque un cliente me cerró, ¿y de dónde puedo yo haber donado esa cantidad?”, aclaró.
Felipe Delgado Amorín es otro que aparece en esta relación con una donación de S/20,000. Delgado expresó su extrañeza cuando este Diario le informó sobre la cantidad que habría dado. “Nunca entregué esa cantidad de dinero, ni dos soles ni nada, pero sí me preocupa aparecer en esa lista”, respondió.
Mención aparte merece el testimonio de Manuel Yakima Rivera Toyama, quien figura con un aporte de S/3,000. Al ser confrontado, Rivera aseguró que había donado, pero una hora después llamó para retractarse: “En realidad, yo no he aportado nada, pero usaron mi nombre con mi consentimiento […] así como mi caso va a haber un montón, no sé cuántos más habrán investigado ustedes”. Consultado sobre la identidad de la persona en la campaña que le hizo la solicitud, sugirió que fueron varios los involucrados: “Tú sabes que eran un montón, pero eso ya queda en cuenta de ustedes investigar”.
Lily Tantavilca figura con un aporte de S/4,000. Este Diario la buscó en la dirección que figura en su documento de identidad, en el cerro El Pino (La Victoria). Su hermana Carmen sostuvo que Lily ya no vivía ahí, pero que difícilmente podía haber donado S/4,000 a esa campaña porque desde hace años no cuenta con trabajo fijo. “Su esposo trabaja como albañil de construcción y actualmente mi hermana vive en cerro Camote. Tiene su casita modesta, pero no cuenta con agua”. Aclaró que en el 2013 su hermana Lily vivía en su casa del cerro El Pino y nunca se sumaron a la campaña por el No: “A lo sumo colaboramos con la parroquia con 10 soles”, sentenció.
Otro que niega que haya entregado S/12,000 es Jorge Alfredo Machuca Cerdán. “No he entregado ningún dinero”, dijo. Anteriormente, el propio Machuca manifestó ante la ONPE que no había aportado a la campaña a la reelección de Villarán en una carta que envió el 6 de noviembre del 2014 a ese organismo electoral.
Un caso que también genera dudas es el de la ex congresista nacionalista Hilaria Supa, una de las más entusiastas activistas de la campaña por el No. Según la relación de donantes, habría realizado un aporte de S/5,000, pero al preguntarle sobre este dinero respondió: “Yo la verdad no recuerdo, pero sí hicimos una campaña con materiales, pero no recuerdo si les di efectivo. […] Discúlpeme, ahorita estoy delicada de salud y estoy en un tratamiento muy fuerte. No le puedo responder esas cosas”.
En la lista de donantes incluso aparece un “reservado” que habría entregado S/1,500. De quién se trata, solo lo pueden precisar aquellos que elaboraron esta rendición de cuentas, entre los que figura la Asociación de Amigos de Lima Metropolitana, organización responsable de recoger el dinero de los aportantes.
La suma de quienes aportaron en efectivo en la lista entregada por Villarán asciende a S/816,121. Los otros ingresos, por actividades como comidas pro fondos o fiestas, suman casi S/800,000.

Susana Villarán y José Miguel Castro (segundo de la izquierda) con parte de su equipo durante la campaña contra la revocación (Foto: Lino Chipana/Archivo El Comercio).

Garreta: Odebrecht y OAS pagaron a publicistas de campaña contra revocación

Aspirante a colaborador eficaz declaró que constructoras le pagaron US$3 millones en efectivo por publicidad y asesorías en la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán

Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio.
La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán ha insistido siempre en que la campaña contra su revocación, en el 2013, fue austera y solventada por pequeños aportes de simpatizantes. Sin embargo, el empresario brasileño Valdemir Garreta, quien hoy busca acogerse a la colaboración eficaz en el Perú, asegura haber recibido US$3 millones de las constructoras Odebrecht y OAS como pago por la publicidad y asesorías brindadas en la campaña por el No.
Garreta, dueño de la consultora FX Comunicaciones, declaró a la fiscalía peruana que fue el publicista Luis Favre quien, a fines del 2012, lo llamó para consultarle si podía realizar la campaña contra la revocación de Villarán. El pedido, indicó, venía del ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis.
“En razón a esa consulta, en el año 2012, viajé a Lima para tratar sobre la campaña del No con la alcaldesa Susana Villarán”, sostiene Garreta en su declaración, a la que accedió El Comercio.
Según lo que recuerda, sostuvo entre dos o tres reuniones con Villarán. “Por el trabajo se acordó una remuneración de US$3 millones de dólares”, afirmó.
Precisó que la primera reunión fue en enero del 2013 y se quedó solo dos días en Lima. En esta primera cita estuvieron Susana Villarán, el entonces gerente municipal José Miguel Castro, Luis Favre y Garreta.
El registro migratorio da cuenta de que Garreta entró al Perú el 15 de enero del 2013 y salió al día siguiente. En esta fecha se habría concertado el contrato y la asesoría.
—El hombre clave—
El empresario también refirió cómo y a través de quién coordinó el pago de sus servicios, a pedido de Villarán.
“Ella [Susana Villarán] me indicó que la persona encargada sería José Miguel Castro Gutiérrez, con él debía tratar los detalles de nuestra contratación, que debía darse a través de FX Comunicaciones”, relató Garreta.
Según el consultor brasileño, Castro fue quien le confirmó que la campaña la solventarían las constructoras Odebrecht, con US$2 millones, y OAS, con S$1 millón.
El Comercio trató de ubicar a Castro Gutiérrez y pese a las reiteradas llamadas y mensajes este no respondió. En una entrevista al programa “Cuarto poder”, Castro Gutiérrez manifestó que cuando era gerente general de la Municipalidad de Lima buscó que Odebrecht le ofrezca un puesto de trabajo a Gabriel Prado, ex presidente de Emape en la gestión de Villarán.
La ficha migratoria de Castro muestra que en el 2013 realizó un viaje a Brasil, el 8 de diciembre, y el 11 de ese mismo mes regresó al Perú.
Quien sí se pronunció y declaró a El Comercio sobre este tema fue Anel Townsend. La ex vocera de la campaña por el No indicó que a Favre lo vio en diversas oportunidades y a Garreta solo en una reunión con el equipo brasileño para realizar coordinaciones de campaña.
“Yo recuerdo que el señor Favre trabajaba para una agencia de publicidad y que por lo menos en alguna oportunidad algún jefe de él ha estado presente en la exposición”, sostuvo.
Sobre los pagos al equipo de publicistas brasileños, sostuvo que el representante legal de los regidores, Marco Zevallos, y la asociación promotora por el No se encargaron de ello.
Declaración ante la fiscalía peruana. (Foto: El Comercio).
Esta es parte de la declaración de Valdemir Garreta brindada al Equipo Especial Anticorrupción. La fiscalía indaga sobre el dinero entregado para la campaña por el No desde hace meses. Las pesquisas están por concluir.
—¿De la Caja 2?—
¿Cómo se gestionó el pago a los publicistas de Villarán? Según Garreta, en el caso de Odebrecht, se utilizó la misma modalidad que se empleó en el financiamiento de la campaña electoral del ex presidente Ollanta Humala.
“Todos los pagos fueron realizados en efectivo, en moneda brasileña [reales], bajo la modalidad de entregas en hotel ya descrita”, sostuvo Garreta.
El publicista asegura que se reunió por encargo de Castro con Jorge Barata en las oficinas de Odebrecht en el Perú. Luego lo hizo con Raymundo Serra y después, en Brasil, con Fernando Migliaccio, quien era el responsable de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que manejaba el dinero de la Caja 2.
Garreta señala que, en el caso de los pagos de Odebrecht, fue su amigo William Chaim –un corredor de inmuebles– quien recibía el dinero.
El acuerdo con Leo Pinheiro, presidente de OAS, “fue más sencillo” porque, según dijo, con esa empresa ya venían trabajando desde el 2009, cuando realizaron labores de prensa para la constructora brasileña.
“En el caso de OAS el dinero fue entregado por un ejecutivo de nombre Mateus Coutinho; yo recibí ese dinero en efectivo en mi oficina en Sao Paulo (Calle Texeira da Silva ou Cubatao)”, dijo.
Sobre Favre explicó que contrataron sus servicios y nunca le pagaron en efectivo sino mediante transferencias bancarias. Este siempre entregaba las respectivas facturas.
Garreta ha entregado a la fiscalía diversa documentación sobre este caso. Si bien no existe un contrato, ha entregado correos electrónicos que revelan coordinaciones, así como los gastos realizados para la campaña del No. El Comercio buscó la versión de Susana Villarán. Pedimos entrevistarla a través de su abogado Emilio Iván Paredes Yataco y a través de su asesora personal Juana Manrique; sin embargo, esta última informó que la ex alcaldesa no deseaba declarar para este informe y que se pronunciaría “a través de sus redes sociales”.
Villarán, según el reporte migratorio, tuvo un solo viaje a Brasil en el 2013, entre el 7 y 11 de diciembre. En esas fechas Castro Gutiérrez también se encontraba en dicho país.
El Equipo Especial Anticorrupción de la fiscalía, en una de sus últimas diligencias sobre el caso, solicitó la declaración de Luis Favre a la justicia de Francia.
Este es uno de los varios flancos de investigación del Ministerio Público, que desde hace meses trabaja en el cruce de información, así como en la toma de declaraciones.
Contradicciones de Castro y Prado podrían llevarlos a la cárcel.

Gustavo Guerra García, responsable del criticado Corredor Azul, señala que no les cree nada

Por César Rojas– Manifiestoperu.com
En vista de que ya son dos exfuncionarios ediles de la gestión de Susana Villarán, sorprendidos en evidentes lazos con Odebrecht, el expresidente de Protransporte, Gustavo Guerra García, señaló que no se pueden creer en las excusas que han venido dando. Esto, respecto a la cuenta bancaria abierta en Andorra.
“Que firmó formatos en blanco para postular a una supuesta plaza laboral en la firma Odebrecht es simplemente inverosímil. Me parece nítido que no se está diciendo toda la verdad”, escribió en su cuenta de Facebook, respecto a lo que había dicho Gabriel Prado.
Esta información bancaria, revelada por el diario El País de España, fue negada en un principio, pero luego admitida como un uso de la firma de Prado, quien luego trató de culpar a José Miguel Castro -también exgerente villaranista- de haberlo contactado con un ejecutivo de la empresa brasilera, luego identificado como Guilherme Queiroz.
“Lo más grave es que el asunto de la contratación laboral más parece una maniobra distractiva de otro problema más grave. Lo que esperamos es que la investigación fiscal establezca porqué se tramitó una cuenta para un ex funcionario de la MML en el Banco de Andorra con respaldo de Odebrecht, empresa vinculada al escándalo de Java Jato en el mismo banco en donde se han hecho depósitos de esa empresa para fines ilegales o encubiertos”, agrega Guerra García.

FISCALÍA INVESTIGA AL EX MINISTRO MARIANO GONZÁLEZ POR EL CASO ODEBRECHT

Fuentes cercanas al actual parlamentario andino señalaron que este habría prestado servicios profesionales a un consorcio de la constructora brasileña entre 2015 y 2016
Por Convoca.pe- 21 de noviembre de 2017
Esta noche el equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato realizó un operativo como parte de la investigación del caso Odebrecht en el que se pidió allanar el domicilio del ex ministro de Defensa y actual parlamentario andino Mariano González, informaron fuentes de Convoca.pe. El requerimiento de la fiscalía fue rechazado por el Poder Judicial debido a la inmunidad que le otorga su cargo.
Minutos antes, la fiscalía había confirmado en su cuenta de Twitter la intervención de 12 inmuebles ubicados en distintas zonas de Lima y Callao. El operativo es parte de las pesquisas por presuntos pagos de Odebrecht a “[una] campaña presidencial”.
Consultadas al respecto, fuentes cercanas al exministro aseguraron a Convoca.pe que González había prestado servicios profesionales como abogado para un consorcio integrado por la constructora brasileña entre fines de 2015 y principios de 2016. “Él hizo unos informes técnicos sobre unos contratos (…) y la empresa le pagó sus honorarios, que son 77 mil soles. Él emitió un recibo por honorarios”, señaló la fuente para aducir que no se trataría de un soborno.
Mariano González fue ministro de Defensa del actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hasta el 28 de noviembre de 2016. Renunció después de que se conociera que había contratado en un puesto de confianza a una abogada con la que mantenía una relación sentimental.
También ocupó altos cargos en el Ejecutivo durante el gobierno de Ollanta Humala. Se desempeñó en la Presidencia del Consejo de Ministerio y en los ministerios de Defensa e Interior.
Mariano González figura como financista del actual partido de gobierno Peruanos Por el Kambio (PpK). En la última campaña electoral, entre febrero y marzo de 2016 entregó dos aportes en efectivo por la suma de 104 mil soles, de acuerdo con los registros oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Mónica Sánchez dijo estar “decepcionada” por el financiamiento de la campaña del NO

La actriz Mónica Sánchez dijo sentirse “indignada” tras conocer la denuncia según la cual las cuestionadas empresas Odebrecht y OAS financiaron la asesoría de publicistas de la campaña del NO a la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán, en la cual participó.
A través de su cuenta en Twitter, la artista aseguró que no recibió dinero para apoyar la campaña a favor de Villarán, que según el empresario brasileño Valdemir Garreta fue financiada con tres millones de dólares entregados por las mentadas compañías.
“Sí, yo puse la cara y el pecho por la campaña del NO y me siento profundamente decepcionada al saber que fue financiada con dinero sucio. Nunca recibí un sol. Espero se investigue a los responsables y se asuman las consecuencias”, tuiteó.
El diario El Comercio informó que el empresario brasileño Valdemir Garreta dijo al Ministerio Público que Odebrecht y OAS aportaron $3 millones para que su empresa, FX Comunicaciones, elabore la campaña del NO a la revocatoria de Susana Villarán.
En aquella campaña, la exalcaldesa contó con el respaldo de diversos artistas, como Mónica Sánchez, Jason Day, Gustavo Bueno, entre otros.
Conocida la denuncia, Villarán de la Puente se pronunció a través de su cuenta en Facebook, donde negó que haya negociado un pago con el empresario brasileño. “Nunca he recibido coimas, no las he promovido en mi gestión. Nunca he favorecido a empresas extranjeras y nacionales en procesos de inversión pública o privada desde la Alcaldía de Lima. Soy honesta, no me he enriquecido ilícitamente, vivo con austeridad, siempre lo he hecho”, escribió.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Peaje: Villarán y la Caja 2

Por César Romero- Diario La República.
“Recibí una llamada de Susana Villarán para agradecerme por el apoyo a la campaña del No”. Esto es lo que declaró el ex superintendente de Odebrecht en Lima Jorge Barata, en el marco de su colaboración con el Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú.
Esa declaración fue el punto de partida de una investigación reservada que desde marzo realiza el equipo del fiscal Hamilton Castro, tal como La República y la revista brasileña Piauí reportaron en junio último.
Una historia que hoy estaría a un paso de ser confirmada. La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán insiste en que nunca pactó ni negoció con la constructora Odebrecht aporte alguno a su campaña.
La investigación recibió un gran impuso, cuando hace unos dos meses, el publicista Valdemir Garreta también solicitó acogerse a la colaboración eficaz en el Perú. Garreta confirma mucho de lo dicho por Barata, aunque con algunas variantes sobre los montos aportados.
Intereses comunes
Barata afirmó que Garreta lo buscó y le pidió apoyar la campaña del No. El 2011, el publicista se había acercado a Odebrecht para el aporte a la campaña de Ollanta Humala, a pedido del ex presidente brasileño Inacio Lula da Silva y Marcelo Odebrecht.
El ex superintendente de Odebrecht señaló que en esta oportunidad Garreta lo buscó sin pasar por Lula ni Odebrecht.
Barata aceptó el pedido del publicista, según explicó, porque Villarán había tenido un discurso crítico de la constructora por su cercanía con el ex presidente Alan García y necesitaban mejorar la relación con miras al proyecto de la obra Rutas de Lima.
El monto del aporte a la “campaña del No” coordinado con Garreta fue de más de tres millones de dólares. De ese dinero, de acuerdo con Barata, dos millones de dólares se pagarían en Brasil a la empresa FX Comunicaciones, por los servicios de Luis Favre y el mismo Valdemir Garreta.
Otro millón de dólares se habrían entregado en “especie” en Lima, por intermedio del entonces gerente de la municipalidad, José Miguel Castro Gutiérrez.
El ex superintendente de Odebrecht aseguró que tuvo la certeza que Garreta hablaba por Villarán, cuando días después la alcaldesa de Lima lo llamó por teléfono para agradecerle el apoyo de la empresa.
La versión de Garreta
El diario El Comercio reveló ayer la declaración de Valdemir Garreta en su proceso de colaboración eficaz. Garreta señala que Favre le pidió apoyar a la campaña de Villarán, a fines del 2012, ante un pedido del ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis.
Garreta asegura que vino a Lima y se reunió con Villarán y José Miguel Castro, acordando un pago de tres millones de dólares por su asesoría. Agrega que Castro le dijo que Odebrecht pondría dos millones y OAS otro millón de dólares.
El publicista anota que para los pagos de Odebrecht se reunió en Lima con Barata, Raymundo Serra y Fernando Migliaccio y recibió el dinero a través de su colaborador William Chaim.
Sobre OAS, los pagos los habría coordinado con Leo Pinheiro y el dinero se lo entregaron en su oficina de Sao Paulo, el ejecutivo Mateus Coutinho. La fiscalía buscaba confirmar estas versiones con prueba documental y ya lo habría logrado.

Por Óscar Cornetero y Juan Hidalgo- Diario Correo.
El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) explicó que la retribución a las firmas brasileñas se traduce en los incrementos de los peajes. “¿Cómo pagó Susana Villarán 2 millones a Odebrecht y 1 millón a OAS por la no revocación? Aumentando de 30 a 40 años el peaje que pagan todos los peruanos”, señaló.
Por su parte, Yonhy Lescano (Acción Popular) respaldó un eventual encierro preventivo para Villarán de la Puente.
“La situación es muy complicada y puede llegar a la prisión preventiva de la señora Susana Villarán. Creo que hay elementos suficientes para que el fiscal comience a ver una prisión preventiva contra la señora y, obviamente, se tendrá que decidir tal como se ha hecho en los demás casos”, indicó.
A su turno, Mauricio Mulder (Apra) respaldó la posibilidad de una prisión preventiva para la exburgomaestre. “Si 3 millones de dólares son los que han llevado al señor Humala a la situación en la que se encuentra, otros 3 millones de dólares que ha recibido la señora Villarán debería producir lo mismo; (pero) ni siquiera hay un proceso abierto. ¿Cuál es el privilegio que tiene la señora Villarán? Quizá el apellido, la casta sanisidrina que está detrás, que asusta a jueces y fiscales”, enfatizó.
CITACIÓN. En declaraciones al diario El Comercio, la presidenta de la Comisión “Lava Jato”, Rosa Bartra (Fuerza Popular) confirmó que se citará a la exalcaldesa en este grupo de trabajo; aunque no adelantó una fecha,
“Susana Villarán va a volver a la comisión en condición de ‘investigada’. Cuando esto ocurra, nosotros debemos tener información suficiente relacionada con los hechos que la involucran, además de movimientos financieros, bancarios y de comunicaciones que le den fuerza a la investigación que llevamos”, sostuvo.
Sobre el caso, la legisladora fujimorista recordó que en setiembre pasado, cuando su grupo de trabajo recibió a Villarán, se presentaron informes débiles por parte de la exautoridad.
“La cifra que se había pagado a FX fue algo sobre lo que también hubo preguntas respecto a la forma de pago. Hubo una serie de vacíos en la contundencia para alguien que va a informar”, puntualizó Bartra.

Jason Day

El actor señala que “nunca imaginé que detrás del bando que yo defendía con el alma habitaba también una bacteria infecta: hoy, a través de la investigación que ha publicado en portada el diario El Comercio, nos enteramos de que los tentáculos de las corruptas Odebrecht y OAS habían llenado de su dinero la campaña por el NO a la revocatoria. Mi decepción hoy es inmensa”.
Fuente: Diario Perú21.

Perú-Nueva Zelanda: dos a cero

Después de 36 años, la selección peruana de fútbol jugará un Mundial tras vencer por 2-0 a Nueva Zelanda y asegurar su clasificación para Rusia 2018. El primero gol del encuentro fue marcado por Jefferson Farfán a los 27 minutos.
Christian Ramos a los 64 minutos anotó el 2-0 que dio tranquilidad al Perú.
No es casual que la Blanquirroja sea la última selección en obtener un boleto a la Copa del Mundo. Sufrió de principio a fin.
Durante la fase de clasificación que se prolongó 33 meses, el equipo estuvo casi desahuciado por propios y ajenos. Tal vez eso haga más grande esta hazaña.
Fuente: BBC de Londres.

ACUSACIÓN: ¿REMEZÓN QUE FALTABA?

Un viejo refrán dice que “las cosas se ponen bien de lo puro mal que están”. Estas palabras podrían calzar en la actual coyuntura nacional donde el Congreso de la República, primer poder del Estado y continente de la soberanía popular, le ha pedido cuentas tanto al Tribunal Constitucional (TC) como a la Fiscalía de la Nación.
Lo sustantivo es que el Parlamento tiene todas las prerrogativas constitucionales para hacer lo que está haciendo, invitar a los magistrados del TC a fin de que expliquen el manoseo doloso de una sentencia emitida en el caso El Frontón, cuando incluso en el ínterin se manipuló el voto de un tribuno y al mismo tiempo se obstaculizó la firma de otro juez constitucional, todo esto con el objetivo de resolver en sentido contrario en el caso mencionado y sin importarle a los responsables si estaban prevaricando en el intento.
Meses atrás, este diario a través de una entrevista realizada al valiente exmagistrado Fernando Calle reveló dicho entuerto y de este modo el escándalo del TC se hizo público, generando lógicamente un hondo malestar entre los peruanos y sobre todo entre los marinos que llevan más de treinta años enjuiciados y perseguidos por debelar un motín en un establecimiento de reclusión para terroristas ubicado en la isla El Frontón.
Lo peor es que, ante una posterior y legítima fiscalización del Congreso, respecto de esa pésima decisión del TC, sus magistrados acudieron, cual infantes acusetes, a una instancia internacional para cargar las tintas contra el Parlamento peruano. Es decir fueron nada menos que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lugar de afrontar en sede nacional el cuestionamiento que se les hace.
No obstante, en paralelo, otra instancia pública como la Fiscalía de la Nación no ha venido dando los resultados que millones de peruanos esperan en la lucha contra la corrupción, en particular en la forma como viene realizando las investigaciones sobre los involucrados en la entrega de licitaciones amañadas y adendas dolosas en favor de las constructoras brasileñas y sus socias peruanas.
Por lo pronto, la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, antes de verse concretamente en el ámbito que le corresponde, ya empezó a dar sus frutos y vemos ahora a un Ministerio Público más activo, más amable, y no como a esos fiscales que miraban por encima del hombro a la Comisión Pari hace año y medio, dándose el lujo de no asistir a las invitaciones que se les formulaba. ¿Este es el remezón democrático que faltaba para que incluso la Fiscalía diga que en diciembre saldrá la carpeta de extradición del expresidente Toledo?
Fuente: Editorial Diario Expreso.

Pedro Olaechea

El congresista Pedro Olaechea expresó su respaldo a una acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por haber aprobado una resolución que permitirá reabrir el proceso de El Frontón. La acusación fue presentada al Congreso por un grupo de exmarinos interesados en mantener cerrado el caso.
El legislador de Peruanos por el Kambio (PPK), partido de gobierno, expresó su indignación por esta votación del Tribunal Constitucional, en una conferencia en el pasillo Pasos Perdidos, del Congreso. Lo acompañaron el congresista aprista Jorge Del Castillo, cuyo partido gobernaba en el año del caso, y el abogado Sergio Tapia, muy cercano al fujimorismo, y que patrocina a 22 marinos, entre ellos al vicealmirante Luis Giampietri. Tapia exhibió una copia de la acusación constitucional presentada al Parlamento.
Los magistrados acusados por los marinos son Manuel Miranda, actual presidente de la institución; Marianella Ledesma Narváez; Carlos Ramos Núñez; y Eloy Espinoza-Saldaña. Con su voto, TC resolvió que los hechos en El Frontón sí constituyen crímenes de lesa humanidad y, por tanto, se declararía nula una decisión judicial contraria del 2013.
En la matanza de El Frontón, ocurrida en 1986, murieron 133 reclusos y 3 militares en un motín de los presos. Los 35 marinos que participaron en el operativo enfrentaron acusaciones de homicidio calificado en procesos judiciales que se extendieron por décadas. La Fiscalía exige condenas de entre 25 y 30 años de cárcel para los involucrados.
Fuente: Diario La República.

Ayayero Costa en la Comisión Lava Jato

Dos congresistas, Gino Costa y Jorge Castro, se enfrascaron en varias discusiones alrededor de la posibilidad de citar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al mencionado grupo de trabajo.
El primer incidente se inició durante la primera participación de Jorge Castro, vicepresidente de la comisión y miembro de la bancada Frente Amplio. El congresista de izquierda cuestionó a Gino Costa por defender al fiscal Pablo Sánchez y lo llamó “ayayero”.
“Cuando uno vive alrededor de Palacio de Gobierno es muy bonito con los trabajos que le dan a nuestros familiares. Si mi esposa gana 30 mil soles, entonces me pongo a ‘ayayarlo’ al fiscal de la Nación“, dijo Castro.
Gino Costa respondió inmediatamente. “Los niveles a los que llega el congresista Castro son vergonzosos y le pediría que retire las palabras porque se ha referido, me imagino, a que mi señora tiene un cargo público y ese cargo lo tiene como resultado de sus propios méritos. No hay ningún conflicto de interés que ella tenga un cargo frente a CONCYTEC y que yo sea congresista. No le acepto esa malacrianza“, señaló el oficialista.
Pese a su reclamo, la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, le pidió que fuera más específico con su pedido de retiro de palabra hasta que Costa desistió.
-Segundo choque-
Solo 10 minutos después, surgió un nuevo enfrentamiento verbal cuando Gino Costa pidió aclarar si es que la Comisión Lava Jato tiene una línea de investigación contra las empresas consorciadas de Odebrecht.
“Pregunto porque se le está imputando y se le quiere destituir e inhabilitar (a Pablo Sánchez) a iniciativa del fujimorismo y secundados por los nuevos aliados del fujimorismo, que son los congresistas del Frente Amplio“, manifestó.
Jorge Castro reaccionó y pidió el retiro de la palabra, al rechazar que sean aliados de Fuerza Popular. Tras varios pedidos, Gino Costa retiró la frase, pero repitió: “Lo único que he dicho es que hay una denuncia de Fuerza Popular para destituir e inhabilitar al Fiscal de la Nación y que esa iniciativa es apoyada por Jorge Castro”, concluyó.
Fuente: Diario El Comercio.

Feijoada

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, explicó que si el presidente Pedro Pablo Kuczynski, brindó una declaración falsa en el marco de la investigación del caso Odebrecht habría cometido un delito.
“En Estados Unidos se llama perjurio y acá en el país se llama declaración falsa en investigación administrativa. Sí está considerado en la jurisprudencia peruana como declaración falsa en proceso administrativo“, declaró para RPP Noticias.
En ese sentido, el titular del PJ consideró que se debe esperar la versión oficial de las declaraciones del ex CEO de la constructora Marcelo Odebrecht para luego comparar con las de PPK. “Habría que comparar lo que está diciendo el presidente con lo que dicen las otras personas investigadas“, señaló.
IDL-Reporteros reveló que el mandatario fue contratado como consultor de la cuestionada empresa brasileña cuando dejó de ser ministro en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, información que fue negada en su oportunidad por el escrito a la Comisión ‘Lava Jato’.
En el documento, el jefe de Estado precisó: ” Puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con empresas brasileñas ni sus consorciadas peruanas, que viene públicamente siendo vinculadas con Lava Jato“.
Fuente: Diario Correo.

Vilcatoma pide a la empresa que diga si contrató a PPK

La congresista no agrupada Yeni Vilcatoma envió un oficio al representante de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz, a fin de que la constructora informe si el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le prestó servicios profesionales “sea en calidad de trabajador, funcionario y/o consultor”.
“Le solicito que tenga a bien informar si el señor Pedro Pablo Kuczynski ha prestado servicios profesionales […] La información que nos brinde deberá estar debidamente documentada“, pidió Yeni Vilcatoma en el documento que le dirigió a Mauricio Cruz.
La solicitud de Vilcatoma se da luego de que la Unidad de Investigación de El Comercio revelara que en su declaración ante fiscales peruanos en Brasil el pasado 9 de octubre, Marcelo Odebrecht también habló de PPK.
Odebrecht señaló que la empresa contrató a Kuczynski como asesor luego de que culminara el gobierno de Alejandro Toledo, gestión en la que se desempeñó como ministro de Economía y jefe del Gabinete Ministerial.
Además, acotó que si es que PPK estuvo entre los favoritos de las elecciones del 2011, la constructora le hizo un aporte financiero para esa campaña, aunque precisó que esa información debía ser corroborada con el ex directivo de la constructora en el Perú, Jorge Barata.
Cabe señalar que la legisladora Yeni Vilcatoma presentó una denuncia constitucional contra el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, y ha anunciado una acusación contra el fiscal encargado del Caso Lava Jato, Hamilton Castro.
Fuente: Diario El Comercio.

¿Quién es Budian?

Por Jorge Villena– Politico.pe
Esta historia comienza en mayo último: una funcionaria de Odebrecht en Brasil se acogió a la colaboración eficaz y entregó información sobre el departamento de coimas organizado por dicha empresa. El libro contable donde registraban las coimas llamado Caja 2 mostraba distintos pagos vinculados a obras y concesiones de la empresa en varios países.
En el caso del Perú, llamó la atención el pago hecho por la obra Costa Verde Callao que condujo a Félix Moreno a la cárcel. En ese mismo libro, aparecen otros dos pagos de coimas relacionados a la concesión “Rutas de Lima”: uno realizado el 26 de febrero del 2014 por 420 mil dólares y otro, en octubre del 2014 por 291 mil dólares (este último, días después de la fallida reelección de Villarán). Ambos pagos suman un total de 711 mil dólares y fueron entregados a una persona cuyo nombre clave es “Budian”.
Mientras tanto, toda la gran prensa está dedicada a confirmar la especulación sobre las anotaciones relacionadas con Keiko Fujimori y  Alan García en la libreta electrónica de Marcelo Odebrecht; aunque existen excepciones como las de Panorama y un par de medios digitales y escritos, que han hecho seguimiento al registro contable de coimas de la empresa, es decir, donde el pago de la coima es un hecho.
Sin embargo, aún falta conocer a cual funcionario de Villarán le dieron la coima,  la pregunta del millón (o de los 711 mil dólares)
¿Quién es Budian?
Hace unas semanas, a través del diario El País de España, se conoció las cuentas de peruanos en la Banca Privada de Andorra-BPA en la que Odebrecht depositaba los sobornos. Un nombre casi pasó desapercibido: Gabriel Prado Ramos. Este era en realidad Gabriel Prado Ramos: ex gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, brazo derecho y ahijado de Susana Villarán y ex consultor en Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal. Este abrió una empresa offshore en Panamá que luego fue presentada a BPA por Aeon Group -empresa fachada de Odebrecht- para abrirle una cuenta en la que Prado planeaba recibir 800 mil euros producto de “consultorías”.
Finalmente, no se concretó el depósito a esa cuenta. ¿Dónde fue a parar la coima? ¿A otra cuenta? ¿Llegaría en efectivo? ¿Prado es Budian?
Prado negó ser el propietario de la cuenta, negó tener una offshore en Panamá y negó participar en las negociaciones con Odebrecht. Mas hoy se ha demostrado lo contrario. Susana Villarán tiene mucho que explicar: durante años los regidores de oposición le dijimos que su entorno no solo era ineficiente sino además cuestionado y poco transparente. Se le pidió cambios y ella en todo momento los blindó (y aún es desconocida la clase de compromisos que tiene con ellos).
Debemos aceptar que nuestro sistema de justicia está diseñado para promover la impunidad: si no puede resolver casos locales y sencillos menos tendrá la capacidad para enfrentar el caso más grande de corrupción transnacional que infiltró nuestro país al más alto nivel. Los peajes más rentables del Perú fueron entregados por Susana Villarán a empresas transnacionales brasileras corruptas; tanto Odebrecht como OAS han aceptado haber pagado coimas para obtener sus concesiones… entonces, ¿cuándo investigarán a los responsables de esos contratos?
No sabemos cuál será el final de esta novela, pero sí podemos estar seguros de que hará llorar a Charito.

El millennial que formó un gobierno con la ultraderecha

Por Sandra María Hinterdorfer-Diario El Mundo.
Sebastian Kurz y Justin Trudeau. Una comparación hecha por muchos medios, pero aparte de los trajes Slim fit, el carisma y la edad, no tienen mucho en común. El primer ministro canadiense incluso comentó que “Creo que estoy más en desacuerdo con Kurz, que con Trump”. Entonces, ¿cuál es la ideología política de este millennial austríaco?
“Tienes que ponerte a la derecha”, avisó Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, a Sebastian Kurz, cuando las cámaras fotográficas disparaban el pasado 19 de octubre en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Con una sonrisa en el rostro, Juncker hizo hincapié en que “te mantienes de pie con dos piernas derechas”.
¿Cuándo perdió el jefe del Gobierno austríaco, el más joven de Europa, el equilibrio y cayó tan a la derecha?
Hace 31 años, Sebastian Kurz nació como hijo único en Meidling, el distrito 12 de Viena, la capital austríaca. Sus padres se llaman Elisabeth y Josef. La madre es profesora de secundaria; el padre ingeniero. Pero el hijo no llegó muy lejos de su casa paternal y sigue viviendo a la vuelta de la esquina, en un piso de alquiler que abarca unos 65 metros cuadrados. Lo comparte con su novia, Susanne Thier, a la que declaró su amor a los 18 años.
Un año después, el joven empezó a estudiar ciencias de derecho en la Universidad de Viena. No logró terminar la carrera universitaria. En lugar de ella, se dedicó a la política. A los 16 años se afilió a los Jóvenes del Partido Popular (JVP), cuya ideología se define como conservadora y cristiano-demócrata. Cinco años más tarde, se convirtió en líder de esta fracción y llamó la atención con sus campañas electorales.
En 2010, lanzó una con el lema “Negro te pone cachondo” (Schwarz macht geil”), en la que se repartían condones negros, el color de su partido político. En un auto negro, bautizado “Carro-Cachondo”, recorrían las calles de Viena. El proyecto no alcanzó el éxito esperado, pero tampoco impidió a Kurz a llegar a la cima política del país alpino.
A los 24 años, el político fue nombrado secretario de Estado de Integración. Una decisión muy controvertida, por su edad y poca experiencia política. Tres años más tarde, le consignaron el puesto de ministro de Asuntos Exteriores, sin tener conocimiento práctico. Durante esa época, el millennial emprendió varios pasos que cada vez fueron más inclinados hacia la derecha.
Los temas favoritos de Kurz: Integración, Inmigración e Islam
En los debates políticos se evidenció que Kurz prefirió hablar de asuntos donde sabía brillar: la integración, la inmigración y el Islam. “En otros temas no se mostró tan seguro”, explicó el politólogo Reinhard Heinisch a El Espectador, y profundizó que en un debate económico, el millennial confundió dos impuestos. Cuando le corrigieron, disimuló su error retóricamente, y volvió al tema de inmigración.
Durante el flujo migratorio del 2015, Austria recibió 88 mil solicitudes de asilo, según la Statista. En los años consecutivos, la cifra bajó de manera lineal a 40 mil en 2016 y 19 mil en 2017. Kurz argumentó que esos números eran demasiados altos y que Austria ya acogió a demasiados refugiados.
A consecuencia, el país alpino introdujo controles fronterizos con Hungría, Eslovenia e Italia en 2015. Kurz se autonombró orgullosamente como iniciador y responsable de cerrar la ruta de los Balcanes. Miles de familias sirias se vieron atrapadas en las fronteras por los muros elevados. El treintañero lo sigue celebrando como un éxito.
Después de haber cerrado esa entrada, el ministro de Asuntos Exteriores procura hacer lo mismo con la vía del mediterráneo. Según él, es una locura que las ONG salvan las vidas de los refugiados en el mediterráneo. El futuro canciller apoya el punto de vista que los refugiados deben ser deportados a centros de rescate fuera de la Unión Europea.
En julio 2017, Kurz quiso poner fin a las guarderías musulmanes en Viena basándose en un estudio, cuyo contenido fue supuestamente manipulado. Varios funcionarios del Ministerio de Exteriores cambiaron párrafos enteros para exponer mejores argumentos y cerrar las instituciones, según reveló el diario Der Falter.
Estas y otras iniciativas antiislamistas, como la prohibición de llevar burka en espacios públicos, le llevaron cada vez más al populismo conservador. “Tengo la sensación de que ese paso a la derecha fue muy estratégico, porque Kurz sabía que así podría ganar votos.”, comentó el politólogo Reinhold Gärtner de la Universidad de Innsbruck a El Espectador. Eso se puso en evidencia después de que se conocieron los resultados de las elecciones federales en Alemania.
En el país vecino, la ultraderecha Afd ( Alternativa para Alemania) ganó el tercer puesto y lo quitó varios porcientos al partido de Angela Merkel. Sebastian Kurz quiso evitar que lo mismo ocurriese en Austria. “En una discusión entre Heinz Christian Strache, el líder de la ultraderecha, y Sebastian Kurz, los dos compitieron quién mantenía mejores relaciones con Viktor Orbán, el jefe de gobierno de Hungría”, recordó el politólogo Reinhard Heinisch, catedrático de ciencias políticas de la Universidad de Salzburgo. El líder de Hungría ya suma varios conflictos con la Unión Europea por el maltrato de inmigrantes. Aún así, ambos políticos austríacos le elogiaron y discutieron quién le conoce mejor.
La clave del éxito
“Él es muy hábil y sabe cómo presentarse en público y comunicar”, argumentó el politólogo Dr. Laurenz Ennser Jedenastik a El Espectador y añadió que, su estrategia política fue en hacer una campaña electoral muy personal. En primer lugar el candidato; en el segundo el partido. Además, cambió el color negro del partido a turquesa.
El metatema de la campaña fue: Ahora tienes que votar a Kurz para que se haga algo, para que haya cambio y movimiento, aunque no se definió muy bien qué. La paradoja de la situación es que durante los últimos treinta años, el Partido Popular, al que pertenece Kurz, formaba continuamente parte del gobierno austríaco. El millennial ya llevaba siete años metidos en la política austríaca; cinco de ellos formaba parte del gobierno.
La razón por qué esta estrategia funcionó fue, primero, la edad del nuevo canciller, y, segundo, su ausencia en la política interior del país. “Kurz aprovechó que siempre podía alejarse de los conflictos, así nunca se ensució las manos. Como ministro de Asuntos Exteriores, tenía la posibilidad de aportar cosas, ponerse en escena, y recogerse después”, concluyó el politólogo Reinhard Heinisch, catedratico especializado en política austríaca de la Universidad de Salzburgo. Tal y como lo hizo en mayo de 2017.
Kurz y la toma de la presidencia del Partido Popular
Tras la dimisión del anterior presidente del Partido Popular, la fracción se encontraba un estado deplorable y a punto de romperse en mil pedazos. La única esperanza fue el joven; el Mesías o el Salvador. Le dejaron manos libres. Pero Kurz sólo iba a tomar las riendas del grupo, si el partido le concediera varias condiciones. Entre ellas contaba la aprobación de comicios legislativos anticipados, decisiones personales sobre los candidatos de la fracción y la definición del marco político. Sus compañeros aceptaron y el nuevo presidente puso manos a la obra.
En las elecciones legislativas el 15 de octubre, ya no se podía votar al Partido Popular. El grupo fue reemplazado por “La Lista Kurz-el Nuevo Partido Popular”. El juego de la ruleta ruso empezó: todo o nada. Si Kurz hubiera perdido las elecciones, habría dejado la política.
Desde que el millenial asumió la presidencia de los conservadores, las encuestas subieron un 10 %. Cuando el antiguo canciller de los socialdemócratas pidió a Kurz que asumiera el papel de vicecanciller, el joven lo negó. Propuso otra persona. No quería manchar su imagen con conflictos de política interna hasta el día de las elecciones en octubre.
Estas discusiones agravaron la brecha entre los socialdemócratas y los cristiano-demócratas. Las relaciones dañadas entre ambos partidos se empeoraron todavía más, después de que se dio a conocer el escándalo de “Dirty Campaigning”.
En septiembre 2017 aparecieron en Facebook varias páginas que mostraron contenido falsificado sobre Sebastian Kurz, haciendo publicidad negativa. Según reveló Die Presse, los posts fueron creados en la oficina de un antiguo consejero de los socialdemócratas, quien fue detenido en Israel por blanqueo de dinero. Después de estos acontecimientos, el vínculo entre los socialistas y los conservadores tocó fondo, fue clasificado como irreparable e hizo una coalición entre ambos partidos impensable.
En las elecciones legislativas de octubre 2017 ganó el partido de Kurz con 31,47 %, los socialdemócratas ocuparon la segunda fuerza con 26.8 %, seguido por los ultraderechas con 25.9%. De acuerdo con las leyes austríacas, la fracción con más votos elige el canciller, quien se encarga de la formación del gobierno. Kurz se convirtió en el jefe de gobierno más joven de la Unión Europea.
La importancia del puesto de Ministro del Interior para el futuro de Europa
El 24 de octubre, Kurz empezó las negociaciones con los ultraderechas para formar el gobierno. La política de inmigración de ambos fracciones es casi idéntica. La cuestión problemática de los pactos es ¿de qué partido vendrá el Ministro del Interior? Los ultraderechas reclaman este puesto como condición para la coalición. Pero el asunto es más complejo.
El presidente del Estado de Austria, Alexander Van der Bellen, hijo de refugiados, mencionó que iba a inspeccionar muy detalladamente la lista de ministros propuestos por el canciller. Especialmente hizo hincapié en el cargo del Ministerio del Interior y en el de Asuntos Exteriores. En una reunión el 23 de octubre, Van der Bellen reveló que procuraba que ambos puestos no estén ocupados por miembros del partido ultraderechista, según el diario austriaco Der Standard.
Primero, porque justo en el puesto del Ministro del Interior confluyen datos, como todas las agendas policiales, información sobre la política migratoria y de asilo, que requieren mucha sensibilidad y que el presidente no quiere confiar en manos ultraderechas.
Segundo, porque el 1 de julio 2018,  Austria asumirá por seis meses la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Además, en septiembre 2018 se celebrará la cumbre de seguridad de la Unión Europea. En dicho evento el ministro del Interior será muy expuesto le tocará definir la agenda de debates sobre temas de seguridad y migración.

Marcelo Odebrecht, exdirectivo de la constructora brasileña, dio respuestas bastante “explícitas y exhaustivas” durante el interrogatorio realizado en el marco de la investigación que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, informó el Ministerio Público de Perú.
“El señor Marcelo Odebrecht ha sido bastante explícito en todas sus respuestas, la diligencia ha durado más de cuatro horas y es parte de nuestras obligaciones mantener el sigilo del contenido”, dijo el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Rafael Vela, al salir de la diligencia en Curitiba, Brasil.
Señaló que Odebrecht respondió a todas las preguntas del Ministerio Público y de la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
“La diligencia se realizó sin contratiempos, el señor Marcelo Odebrecht ha respondido todo el cuestionario de la Fiscalía, también se formularon preguntas por parte de la defensa señora Fujimori y del partido de Fuerza Popular y a partir de esas declaraciones estamos satisfechos con el desarrollo de la diligencia”, detalló.
En específico, el fiscal Pérez Gómez interrogó a Odebrecht sobre la anotación hallada en su celular: “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, que involucraría a Keiko Fujimori en el presunto financiamiento que habría recibido de la constructora para su campaña presidencial.
Ayer, una resolución firmada por el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, apareció publicada en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano. En ella autoriza el viaje del fiscalPérez Gómez a tierras cariocas acompañado del fiscal adjunto de su despacho, Walter Villanueva Luicho, y del fiscal coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela Barba.
Según confirmó a Canal N la periodista en Brasil, Taisa Echterhoff, los tres fiscales peruanos llegaron hoy al edificio de la Policía Federal brasileña para una larga audiencia con Marcelo Odebrecht.

PREGUNTAS

El representante del Ministerio Público ha incluido también -en el pliego interrogatorio- cuestiones como si la anotación de “Keiko” se refiere a la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori.
En la sede de la Policía de Brasil, el procurador general de ese país, Orlando Martello, fue quien dirigió la diligencia, en la que también estuvieron presentes el abogado de Keiko Fujimori, Edward García Navarro, y una abogada brasileña contratada por la propia Keiko a fin de facilitar las traducciones de Marcelo Odebrecht para su posterior defensa.

HUMALA Y GARCÍA

El fiscal José Pérez también realizó preguntas en torno a los exmandatarios Alan García y Ollanta Humala, vinculados al caso “Lava Jato”.
Erasmo Reyna, abogado de García, informó a Correo que ha enviado un escrito con preguntas para descartar que la anotación “AG” hallada en el celular de Odebrecht haga referencia a su patrocinado.
Por su parte, Wilfredo Pedraza -parte de la defensa de Humala y su esposa, Nadine Heredia- advirtió que si el fiscal pregunta a Odebrecht sobre sus patrocinados, las revelaciones “quedarían inválidas de plano”, ya que, explicó, “se vulneraría el derecho a la defensa” al no estar presente ningún abogado de la ex “pareja presidencial”.
Fuente: Diario Correo.

Delatan a la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán

Desde la Fiscalía se ha filtrado que fiscal Hamilton Castro oculta información recibida del Brasil y habría afán de encubrimiento.

COLABORADOR BRASILEÑO VALDEMIR GARRETA ‘CANTA’ TODO
Valdemir Garreta es el delator premiado (colaborador eficaz) brasileño que habría proporcionado en su país información reservada y clasificada sobre la ex alcaldesa Susana Villarán y que –afirman fuentes con conocimiento de lo que ocurre en el Ministerio Público (MP)– ha llegado al despacho del fiscal Hamilton Castro Trigoso, encargado de liderar las investigaciones sobre la trama de corrupción más grande en la historia peruana, el caso Odebrecht.
“En estos momentos está por concluir, en Brasil, la delación premiada de un hombre clave en la relación con la ex alcaldesa Villarán de la  Puente. Ese es Valdemir Garreta, y se afirma que esa documentación ya estaría en manos de Hamilton Castro”, declaró a EXPRESO una fuente familiarizada con el tema, a condición de anonimato.
Los “doleiros” (así llamados en el vecino país los que se dedican a la compra y venta de dólares en el mercado paralelo) que llegaron al Perú desde 2012 son parte de esta historia que no es nueva. Recuérdese al cambista principal Alberto Youssef, quien se valía de otros,  como Adarico Negromonte y Rafael Angulo López, además de Carlos Alexandre Rocha, para el traslado del dinero de los sobornos.
El informe Pari ya habla de este Youssef y las remesas de OAS para el Perú, o para los funcionarios de la Municipalidad de Lima en el periodo de Susana Villarán y que tuvieron lugar entre fines de 2012 hasta marzo de 2014. Fueron unos diez viajes y se totalizó “alrededor de US$ 2’000,000 o US$ 2’500,000”, cuyo registro lo tendría Angulo López.
También se sabe que en este entramado participaron funcionarios de OAS como Roberto Trombeta y Alexandre Portela Barbosa. Y ahora se menciona más a Valdemir Garreta.
¿Dónde entregaron el dinero? En medio de descoordinaciones, fue entregado en Lima al ingeniero Alexandre Mendoca de OAS, en una oficina de la Universidad Nacional de Ingeniería, aunque en ese tiempo los cambistas no precisaron si las remesas de dólares fueron para Susana Villarán, Nadine Heredia o para el Partido Nacionalista.
Sin embargo, al parecer el destino de unos 900 mil dólares sí estaría claro y habría sido entregado en la misma oficina de esta universidad en que fue rector el arquitecto Javier Sota Nadal, quien después sería presidente de la empresa Emape del municipio metropolitano.
Fueron años de la administración edil de Susana Villarán en que las renegociaciones de las obras del periodo anterior de Luis Castañeda Lossio fueron encabezadas por la entonces regidora Marisa Glave y el gerente de la oficina de Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Domingo Arzubialde Elorrieta, aunque la voz cantante de esta dependencia la llevaba un asesor llamado Augusto Rey.
Es de subrayar que en las últimas semanas de octubre de 2017 se han publicado varios reportajes de los casos de OAS, Odebrecht y sus asesores publicistas e implicados, llámense Jorge Barata, Luis Favre y Valdemir Garreta. Y todo se focaliza en la así llamada ex pareja presidencial Humala-Heredia, en Alejandro Toledo y algunos funcionarios de bajo nivel del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero poco o nada de Susana Villarán.
Esto, no obstante que Valdemir Garreta confirmó en sus declaraciones que recibió US$ 986 mil en efectivo de la constructora OAS. Cabe señalar, asimismo, que el exrepresentante de Odebrecht, Jorge Barata, reveló en su delación premiada que las primeras entregas de dinero a la campaña de Ollanta Humala se realizaron al brasileño Valdemir Garreta.
Se trata del mismo Garreta que estuvo en 2010 y 2011 en Lima junto a Luis Favre, quienes brindaron consultoría a Humala a través de la compañía FX Comunicacao Global, con la que también se asesoró Susana Villarán en 2013 para evitar su revocatoria.
Garreta habría revelado en Brasil los detalles de cómo es que se financió las campañas de Villarán en las acciones proselitistas del “No” a la revocatoria del año 2013, asimismo para su reelección fallida en 2014.
La fuente de EXPRESO señaló que en ese periodo el villaranismo recibió “financiamiento indirecto” de las empresas brasileñas –como OAS y Odebrecht, principalmente- a través de los publicistas previamente pagados.
“Está de por medio el cuantioso contrato para los millonarios peajes de 30 años negociados y luego renegociados a 40 años a favor de Odebrecht”, dijo el informante.
La administración Villarán entregó dicho proyecto en enero de 2013 a la concesionaria Rutas de Lima, que manejaba la empresa Odebrecht. Nuevas Vías de Lima comprende la operación y mantenimiento de la Panamericana Norte y Sur, así como la autopista Ramiro Prialé, obviamente con recursos provenientes de los peajes.
¿La delación relacionaría los documentos entregados en Brasil por la secretaria ejecutiva de Odebrecht, en Salvador de Bahía, María Lucía Tavares, como ya se ha informado? Es posible.
Entretanto, el fiscal Hamilton Castro ya maneja esta información, se afirma, pero guarda hermetismo y reserva absoluta de todos los detalles y documentos sustentatorios que habrían sido aportados.
¿Qué otros documentos se ocultan aparte de dos pagos sobre la Concesión de Rutas de Lima? Nos referimos a las planillas y documentos entregados al Perú en el marco de la colaboración que la Procuraduría General de Brasil brindó a los fiscales peruanos en Brasil.
La prensa ya informó que los pagos aparecen dirigidos, en ambos casos, al nombre clave “Budian”, un código de cuenta bancaria y la referencia a la concesión de “Rutas de Lima”.
Se sabe que la Fiscalía investiga a Villarán por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada por haber ampliado la concesión de 30 a 40 años otorgados a la empresa OAS para la construcción del proyecto Vía Parque Rímac. ¿Hay avances de esta investigación? ¿Se ha consolidado con la información proveniente del Brasil?
Haría bien el Ministerio Público en informar al país de todos los detalles de este caso de corrupción que al parecer se trataría de encubrir.

La defensa de la ex alcaldesa

El 4 de septiembre de 2017 Susana Villarán aseguró en el Congreso que no retrasó la entrega de peajes a OAS por el Convenio de Estabilidad Jurídica antes rubricado por la administración Castañeda. Pero todo indica que existen pruebas que demuestran que la ex alcaldesa mintió a la Comisión Lava Jato.
Dicho de otra forma, el contrato de concesión firmado por Giselle Zegarra, gerente de Promoción de la Inversión Privada durante la segunda gestión de Castañeda Lossio, fue materia de un convenio de estabilidad jurídica y tributaria celebrado el 5 de noviembre de 2010, convenio que fuera aprobado mediante Resolución Ministerial 511-2010-MTC el 4 de noviembre de 2010.
Otro detalle: el acuerdo para la instalación de un sistema de peaje de la Vía de Evitamiento, firmado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y OAS, establecía que esta constructora tenía como condición presentar un avance del 70 % de las obras antes de iniciar el cobro a los vehículos, informó EXPRESO en su momento.
Sin embargo, la firma brasileña empezó a recaudar el peaje en octubre de 2013 sin haber avanzado el 40 % de los trabajos en la gestión municipal de Villarán. No solo eso, sino que Villarán habría favorecido a OAS con la extensión del plazo de la concesión de 30 a 40 años.

Lluvia de millones

OAS habría invertido US$ 500 millones, pero vendió la concesión por US$ 1,664 millones en agosto de 2016 y recibió al menos US$ 136 millones en otros ingresos. Así, las ganancias de OAS habrían sido mayores a los US$ 1,300 millones. Es el cálculo que hacen los expertos, incluidos legisladores como Víctor Andrés García Belaunde (AP) y Mauricio Mulder (CPA).
Fuente: Diario Expreso.

Millón marcha en Barcelona contra la independencia de Cataluña

Dos días después de la declaración de independencia del parlamento catalán, cientos de miles de personas marcharon en Barcelona en contra de la secesión de esta región, por cuyo control pugnan el gobierno español y el destituido ejecutivo independentista catalán.
Bajo el lema “¡Todos somos Cataluña!” y un mar de banderas españolas y catalanas, una multitud inundó el elegante paseo de Gracia de la capital catalana: 300,000 según la policía local, 1 millón según la delegación del gobierno español y 1.1 millones según los organizadores.
Respaldada por los principales partidos no separatistas, la marcha fue convocada por la asociación Sociedad Civil Catalana (SCC), que ya congregó una manifestación masiva después del referéndum inconstitucional sobre la secesión del 1 de octubre.
Años de tensiones entre el gobierno regional y el poder central culminaron el viernes con dos hechos sin precedentes en la España moderna: el parlamento regional declaró la independencia y el ejecutivo español de Mariano Rajoy destituyó al gobierno catalán y tomó el control de su administración.
“Un momento dramático” 
“Ha sido una locura que nos ha llevado al precipicio”, repudió Álex Ramos, vicepresidente de SCC, en referencia a la declaración de independencia no reconocida por ningún país.
“Es un momento dramático en la historia de España, un momento tremendamente difícil y peligroso”, advirtió el ex presidente del Parlamento europeo, el catalán Josep Borrell, pidiendo a los manifestantes “serenidad” para “seguir viviendo juntos”.
En esta región con 7.5 millones de habitantes, con un idioma propio pero con muchos habitantes procedentes del resto de España, la sociedad está dividida a partes iguales sobre la secesión.
Y ahora viven en realidades paralelas: unos dan validez a la declaración de la república, otros respiran aliviados tras la intervención del gobierno español, a quien piden más mano dura.
“¡Puigdemont a prisión, Puigdemont a prisión!”, gritaban en la marcha sobre el presidente regional Carles Puigdemont, destituido el viernes por Mariano Rajoy.
“Es ilegal lo que han hecho”, reprocha a los independentistas Miguel Ángel García, jubilado de 70 años. “Si Madrid no hace pagar responsabilidades, judicialmente o como sea, me sentiré estafado”.
Pero en una terraza en el barrio histórico de Barcelona, la independentista Marta Gimeno opinaba lo contrario.
“El presidente es Puigdemont”
“Para mi Puigdemont es nuestro presidente, claro”, dijo esta ilustradora de 45 años. “La declaración de independencia nos sirve, es válida, no es simbólica”, afirmó.
Por segundo día consecutivo, la región se despertó sin saber quién llevaba las riendas de su administración, en cuyos edificios seguían ondeando las banderas españolas.
Oficialmente, las funciones del gobierno regional las asumió la vicepresidenta del ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría. También el parlamento está disuelto hasta las elecciones convocadas por Rajoy, el 21 de diciembre.
Además, más de 150 altos cargos fueron cesados, la red de embajadas catalanas abiertas en los últimos años cerrada y la cúpula de la policía regional, los Mossos d’Esquadra, relevada por órdenes del Ministerio del Interior.
Pero los líderes independentistas no reconocieron su cese. En una carta en el diario El Punt-Avui, Oriol Junqueras, el vicepresidente del ejecutivo destituido, aseguraba que “el presidente del país es y seguirá siendo Carles Puigdemont”.
“No podemos reconocer el golpe de Estado contra Cataluña, ni ninguna de las decisiones antidemocráticas que está adoptando el Partido Popular [de Rajoy] con control remoto desde Madrid”, añadió.
Menos explícito fue Puigdemont, que en un mensaje televisado el sábado apeló a “la oposición democrática” y “pacífica” a la toma de control del gobierno español.
Una fecha marcada en rojo en el calendario es el lunes, cuando los dirigentes destituidos o los diputados del parlamento disuelto podrían intentar volver a sus puestos de trabajo.
También se espera que la fiscalía española se querelle contra Puigdemont por “rebelión” en los próximos días, un delito penado con hasta 30 años de prisión.
El dilema electoral
A pesar de las causas judiciales abiertas contra él, el gobierno español entiende que el líder independentista catalán podría presentarse a las elecciones convocadas en diciembre.
“Se anima a participar a todo el mundo y Puigdemont está invitado a presentarse”, dijo el embajador español en Francia, Fernando Carderera.
Esta convocatoria anunciada por Rajoy el viernes desconcertó a los independentistas y les abrió un dilema: ¿participar y darles legitimidad o ausentarse y dejar el terreno libre a los partidos contrarios a la secesión que están ganando terreno?
Según una encuesta publicada este domingo por el diario El Mundo, los partidos independentistas perderían en unos comicios la mayoría absoluta obtenida en setiembre de 2015, pasando de 72 escaños sobre 135 a una horquilla entre 61 y 65.
Fuente: Diario El Comercio.