Diligencia en el local de IDL-Reporteros dirigida por el fiscal Rodrigo Rurush, el martes 10 de julio de 2018.

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
El periodista de investigación Gustavo Gorriti destapó y señaló la ruta del dinero del mayor hurto jamás visto en la historia del Perú: el caso Lava Jato, pero un día dejó la verdad en el tintero para convertirse en apóstol de la nueva Odebrecht y decir que debía seguir contratando con el Estado porque estaba convirtiéndose en una “compañía honesta y rehabilitada”.
Desde 2014 hasta 2016 sus denuncias descifraron el complejo entramado creado por la mente del psicópata corporativo Marcelito Odebrecht, detectó a sus principales cómplices peruanos y a los encargados de lavar los cientos de millones de groseros sobrecostos en varias obras.
Si hubiera seguido ese camino, sería hoy el único Pulitzer peruano. Solo él sabe por qué prefirió virar en 2019 y encumbrar a los fiscales atrapa moscas, José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, tan comprensivos con los ladrones brasileños y sus secuaces locales y responsables, además, de un acuerdo secreto con Odebrecht, cuyo contenido no es conocido ni por la presidencia de la República, aunque se sabe que es lesivo a los intereses de nuestro país.
Gorriti ha usado siempre el ataque para defenderse. El Director de IDL-Reporteros, dijo a ‘La República’ que “se viene desarrollando una campaña muy grande y organizada en su contra, que viene desde tiempo atrás, pero que se ha reactivado tras la suspensión de Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación”. Según él “es una operación bastante clara de desinformación al 100%, pero no es muy inteligente, no está bien hecha”. Por supuesto que no está bien hecha porque solo existe en su confundida mente.
En días recientes salió a luz la grabación de una diligencia de exhibición de pruebas, realizada en el local de IDL, en 2018, en busca de los audios que llevaron a la caída del Consejo Nacional de la Magistratura. El fiscal a cargo Rodrigo Álvaro Rurush Castillo, -se ve en el video- dijo que Gorriti le indicó que “en cinco minutos te llama Pablo Sánchez Velarde”, por entonces Fiscal de la Nación, para decirle lo mismo que él le exigía: detener el operativo. Rurush declaró este año al Ministerio Público que efectivamente Pablo Sánchez le llamó para decirle: “Suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias”.
Hace un par de semanas Augusto Thorndike mostró un informe de DIRCOTE que vincularía a Gorriti con elementos de Sendero Luminoso. Lejos de aclarar estos graves hechos, Gorriti ha preferido saltar a la yugular de Willax y de los periodistas que no le temen ni se cobijan bajo su supuesto poder.
Hace unos meses IDL-Reporteros publicó, sin aspavientos que arrancaba un juicio por el caso Odebrecht, en Panamá, en el que están imputados los peruanos Gonzalo Monteverde Bussalleu y María Isabel Carmona Bernasconi por lavado de dinero de Lava Jato.
Ambos y su mecanismo de blanqueo fueron denunciados por Gorriti.
Dale periodista, ve por la verdad y tira a Odebrecht y cómplices al desagüe.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, dio a conocer que el ex congresista Kenji Fujimori no irá a prisión por el caso de tráfico de influencias a raíz del caso ‘Mamanivideos’, que se desprende del indulto recibido por su padre Alberto Fujimori en 2017.
El juez supremo César San Martín escuchó hace unos días los alegatos de las partes en una audiencia de apelación contra la condena a cuatro años y seis meses de cárcel dictada al hijo menor del expresidente Fujimori (1990-2000) y los exlegisladores Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.
Durante la sesión, Fujimori evitó responder a un interrogatorio y se acogió al silencio, al igual que Ramírez.
La defensa del exparlamentario señaló que se está vulnerando el debido proceso porque en las grabaciones hechas por el fallecido legislador Moisés Mamani, que son citadas como evidencia, hay espacios oscuros que interrumpen la secuencia del delito atribuido a Kenji Fujimori.
Kenji Fujimori y otros dos exparlamentarios de Fuerza Popular fueron procesados y condenados por presuntamente haber ofrecidos favores políticos a Mamani a cambio de que vote en contra de la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien indultó a Alberto Fujimori en 2017.
Fuente: Diario Gestión.

Patricia Benavides se defendió con todo en audiencia ante miembros de JNJ: esta fue su intervención

Su abogado Jorge Del Castillo, sostuvo que, pese a todo, «no se cumple la teoría de Harvey Colchado, inventor de la historia»

Por Roberto Sánchez R.– Diario EXPRESO.
La suspendida fiscal Patricia Benavides esgrimió, ante las acusaciones vertidas en su contra por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que no existe una sola prueba contundente para su suspensión como titular del Ministerio Público, y enfatizó que la JNJ únicamente se basó usando como prueba unos pantallazos y capturas manipuladas de WhatsApp. 
“No me corrí cuando, por el golpe de estado del 7 de diciembre, quisieron apresarme y menos ahora. Como fiscal durante más de 28 años he puesto mi vida al servicio del Ministerio Público. Que ahora se intente manchar mi carrera fiscal, no lo acepto y lo rechazo tajantemente. Labré una carrera fiscal en la cual ascendí peldaño a peldaño y por concurso público”, indicó Patricia Benavides.
Benavides agregó: “(…) llegué a ser fiscal suprema nombrada por ustedes y, luego, fiscal de la Nación nombrada por la Junta de Fiscales Supremos. ¿Acaso alguno de ustedes recibió algún beneficio por nombrarme? ¡Claro que no! Me someto a sus competencias disciplinarias esperando justicia. Reitero que no soy líder de ninguna organización criminal, la que nunca ha existido en la Fiscalía. No hay una prueba que sea suficiente. Sólo hay dichos y pantallazos de WhatsApp manipulados”.
Como es público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en audiencia pública examinó la apelación presentada por Patricia Benavides contra la medida de suspensión impuesta el 6 de diciembre del año pasado.
Paradójicamente, a la fecha, no existen elementos de convicción sólidos y convincentes contra la fiscal investigada. Ante ello, su defensa legal, Jorge del Castillo, sostiene que la JNJ solo se basó en unos chats o capturas de pantalla inconsistentes otorgados por el investigado Jaime Villanueva.
“Aquí no se cumple al teoría de Colchado, quien es es el inventor de esta teoría para deshabilitar Patricia Benavides como fiscal de la Nación“, señaló durante la audiencia.
“Acá lo que ha habido es un complot político contra la persona que metió a la cárcel a Pedro Castillo, quien ordenó meterla presa (…) Ahora resulta que un charlatán como Villanueva, coaccionado para no ir preso habla cualquier barbaridad atacando a mi patrocinada”, señaló Del Castillo en su intervención.
Como es público, la JNJ suspendió a Benavides como parte de un proceso disciplinario inmediato iniciado por presuntas actividades al frente de una organización criminal que supuestamente operaría dentro de la Fiscalía de la Nación. La medida generó polémica y fue objeto de controversia en los círculos legales y políticos.

Presidenta Dina Boluarte sostuvo reunión con el alcalde de Lima.

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
La estupidez caviar está tan generalizada que hay limeños deseando el fracaso del alcalde Rafael López Aliaga. Jaime Chincha pensó que iba a desencajarlo preguntándole si creía lo de ‘Lima Potencial Mundial’. Y nuestro alcalde le contestó con inteligencia: ‘no existe potencia mundial dónde los niños sufran hambre’. Y explicó al pobre entrevistador las estrategias para erradicar el flagelo de los estómagos vacíos, la carencia de energía y de agua potable (padecida por un millón seiscientos mil limeños).
Luego deslumbró con su planificación de múltiples puentes elevados y anillos viales para aligerar el tráfico limeño que hace perder largas horas hombre.
Lima será una potencial mundial, más allá del chip del fracaso y de la envidia característico de los caviares, aspirantes a ser famosos golpeando y difamando a personajes de gran poder que brinda el pueblo en las urnas. López Aliaga, dejó dio una cátedra de decencia al referir cómo los corruptos peajes de OAS y Odebrecht –que cobran cientos de millones de dólares anuales, sin invertir un sol en mejorar las vías– son un problema de derechos humanos y por tanto constitucional, al afectar a las poblaciones de bajos recursos que deben pagar cuando salen de sus casas a trabajar y al volver.
A Chincha le parece raro que López Aliaga apueste por anular los contratos de OAS y Odebrecht, empresas comprobadamente corruptas, y dónde hubo un festín de millones de pagos para la ex alcaldesa Susana Villarán, y a su organización criminal. Para algunos es muy difícil entender la decencia, el camino recto, la capacidad de trabajar por un sueño compartido y cimentar a Lima para que vuelva a ser la gran ciudad que estaba predestinada a ser.
‘Lima potencia mundial’ será una realidad si su gente está bien alimentada, habita viviendas dignas con los servicios básicos necesarios, se le educa mejor y cuenta con un líder que tenga la claridad de la ruta a seguir.
Transformar una ciudad en un centro potencia mundial depende de una combinación de factores económicos, culturales, sociales y políticos. López Aliaga lo sabe, pero sus detractores pretenden descalificarle porque pretenden echarse a dormir y amanece en una especie de Singapur.
Hace poco unos amigos dominicanos recorrieron Lima y quedaron gratamente asombrados por la limpieza del centro de la ciudad, los bien cuidados jardines de la plaza central y vieron a familias disfrutar de pasacalles o perseguir palomas en el atrio de la Iglesia de San Francisco. Tuvieron la suerte de no ver ningún acto violento, probablemente por las cámaras biométricas que detectan a los prontuariados con facilidad. Quizá por eso ya no pululan por allí.
Con cuarenta años de éxito en diversos emprendimientos, López Aliaga sabe que tiene que atraer inversiones y talento, empresas globales en sectores innovadores. Y lo hará, poco a poco lo logrará y quien lo suceda tendrá el camino ya pavimentado.
Porky me representa con su decencia, su gran sueño para Lima y su bonhomía. 

Gustavo Gorriti y la prueba incriminadora: Pablo Sánchez sí suspendió diligencia en IDL

Se acabó la impunidad para el periodista Gustavo Gorriti. Se reveló un video en el que se vio cómo el fiscal Pablo Sánchez llamó al letrado Rodrigo Rurush en plena diligencia al local de IDL-Reporteros.
En el clip se apreció a Rurush, en primera instancia, sentado con el celular en la mano cuando de pronto recibió la conexión telefónica del entonces fiscal de la Nación, quien le habría preguntado si estuvieron desarrollando un allanamiento, a lo que respondió: “Efectivamente doctor, por disposición de la Fiscalía Provincial estamos llevando a cabo una diligencia de exhibición de documentos y posible incautación, de ser el caso”, se le escuchó decir.
Asimismo, señaló que “en cumplimiento de lo establecido” se suspendió la diligencia. En ese preciso momento, el director de IDL, Gorriti, ingresó de manera prepotente.
“Bueno, ¿qué pasa?, ¿es un estado policial o qué cosa?”, dijo y luego se acercó al representante del Ministerio Público y encargado de la operación, a quien automáticamente identificó, “fiscal Rurush, Rodrigo Rurush, ¿verdad?”.
Gustavo  Gorriti continuó criticando el trabajo fiscal llevado en las instalaciones de su ONG, aseverando que era una “violación a la libertad de prensa”.
Ante estas polémicas imágenes, la periodista Milagros Leiva, invitó a su programa de televisión al abogado penalista Luis Lamas Puccio para que opine al respecto.
“Lo acontecido tiene varias dimensiones, una formal y una de fondo. La formal evidentemente se puede verificar, la llamada de Pablo Sánchez interfiriendo en una diligencia judicial a los efectos de que se suspenda porque el fiscal de la Nación de aquel entonces toma una posición sobre el particular sin tener jurisdicción sobre ese aspecto”, comentó.
Asimismo, señaló que la llamada es un indicio razonable de la comisión de un delito por parte de un funcionario público, en este caso del fiscal de la Nación, que intercedió a favor de una persona que estuvo siendo objeto de un emplazamiento de carácter judicial, subrayando como delito de tráfico de influencias.
Fuente: Diario EXPRESO.

No se olviden de Vizcarra

“Los casos contra el expresidente por los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua continúan avanzando”.

Esta semana, el Poder Judicial le impuso 12 meses de impedimento de salida del país al expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Se trata de una noticia importante para la ciudadanía, no solo por el hecho de que tiene como protagonista a quien hasta hace poco más de tres años ocupaba el cargo más importante del país, sino también porque se trata de alguien que continúa haciendo vida política, ha logrado inscribir su partido (Perú Primero) y no descarta presentarse en las próximas elecciones generales, pese a que se encuentra inhabilitado para ejercer la función pública por su vacunación irregular durante la pandemia (por lo que en realidad, al pedir el voto por él, no hace otra cosa que engañar al electorado). Solo una de estas circunstancias sería suficiente para requerir a las autoridades que lleguen hasta el final en las pesquisas contra el exmandatario y más aún cuando –para su pesar– las evidencias en su contra no ayudan a darle el beneficio de la duda.
Respecto de estas, hay que decir que la Unidad de Investigación de El Comercio fue clave en recopilarlas y hacerlas de conocimiento público. Ello, en un momento en el que el entonces presidente gozaba de una importante aprobación popular (54% en octubre del 2020, según Ipsos) y cuando muchos de sus defensores criticaron a esta casa periodística por supuestamente hacerle el juego al Congreso que terminaría declarando su vacancia el 9 de noviembre del 2020. La realidad, no obstante, es que las investigaciones de este Diario contra Vizcarra comenzaron a finales del 2019, antes incluso de que la representación nacional que lo destituyó jurara.
El 6 de diciembre de ese año, El Comercio informó que en el penúltimo día de la gestión de Vizcarra como gobernador regional de Moquegua (2011-2014) se autorizó un sospechoso desembolso de más de S/41 millones a favor del consorcio encargado de la construcción del hospital de la región, un pago que la contraloría calificó de irregular. Dicho consorcio estaba integrado por las empresas ICCGSA e Incot. Un año después, en octubre del 2020, este Diario revelaría que tres aspirantes a colaboradores eficaces en un caso diferente (el del ‘Club de la Construcción’, que comprometía a ICCGSA) declararon ante la fiscalía que le habían pagado S/1′300,000 a Vizcarra por esta obra.
Pero para el momento en el que publicamos el primer reportaje, nuestra Unidad de Investigación ya se encontraba siguiendo la pista de un sospechoso vuelo que en diciembre del 2013 trasladó a una serie de funcionarios bolivianos hasta Ilo, donde fueron recibidos por Vizcarra. El avión que se encargó de la travesía fue contratado por la empresa Obrainsa por un costo de casi S/36 mil, la misma firma que apenas tres días después suscribiría un contrato millonario con el Gobierno Regional de Moquegua por el proyecto Lomas de Ilo. Obrainsa, para más luces, pertenece a los hermanos Tejeda Moscoso, que años atrás habían trabajado con la empresa del expresidente y su hermano, César Vizcarra.
En octubre del 2020, nuestra periodista Graciela Villasís reveló que otro colaborador eficaz había contado al Ministerio Público que Obrainsa costeó el traslado de la delegación boliviana a pedido de Vizcarra y a cuenta de un soborno que este último le habría solicitado –de más de S/1 millón– para ayudarlos a obtener la buena pro del ya referido proyecto. El Comercio publicó el intercambio de correos entre Vizcarra y Paul Tejeda Moscoso donde discuten la cotización del vuelo, los vouchers del desembolso de S/1 millón que Obrainsa realizó a su conserje Tobías Puerta Gutiérrez para poder entregarle en efectivo el soborno a Vizcarra y mucha más información al respecto.
Por supuesto, la culpabilidad o inocencia del exmandatario se dirimirá en un juicio, pero es saludable que los casos en su contra continúen avanzando y, más aún, que no los perdamos de vista solo porque otros expresidentes se encuentran también en líos con la justicia.
Fuente: Editorial Diario El Comercio.

Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Martín Vizcarra, acusado de corrupción

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso la medida restrictiva por 12 meses.

Por Luis Paucar– Infobae.com
El Poder Judicial dictó 12 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), acusado de recibir más de dos millones de soles en sobornos cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua.
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional acogió en parte la solicitud del despacho del fiscal anticorrupción Germán Juárez, quien pedía que la restricción se extendiera por 18 meses. De acuerdo con el documento, la medida fue adoptada para evitar el riesgo de fuga del exgobernante.
“No existe otra alternativa menos gravosa que cumpla con la finalidad, pues se busca asegurar la presencia del procesado en la etapa de juzgamiento y así cumplir con el fin del proceso, el cual es llegar a la verdad de los hechos”, se lee en el texto.
En diciembre del 2022, el Ministerio Público requirió 15 años de prisión contra Vizcarra por este caso que le atribuye la presunta comisión de cohecho pasivo propio, además de otros nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Según la acusación, el exmandatario accedió a coimas a cambio de otorgar contratos de construcción para el proyecto Lomas de Ilo y la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua.
En rigor, los desembolsos habrían sido un millón de soles por parte de las empresas Obrainsa y Astaldi, así como 1.3 millones de soles por parte de la firma ICCGSA-INCOT. La jueza Margarita Salcedo consideró que existe “sospecha fuerte” de la recepción de coimas y que es necesario garantizar el proceso ante la proximidad de un eventual juicio.
En una audiencia realizada en diciembre pasado, la Fiscalía estimó, de igual modo, que existe “alta probabilidad” de que Vizcarra, removido por el Congreso en medio de una grave crisis política, sea sentenciado por esta causa. Al defender la petición de impedimento de salida del país, el fiscal Osías Castañeda afirmó que el peligro procesal del implicado se ha incrementado.
Durante la audiencia, en la que no estuvo presente el exgobernante, Castañeda dijo que Vizcarra ha intentado viajar por razones políticas a distintas localidades del país, pese a que ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos. Sin embargo, la defensa del expresidente rechazó que la Fiscalía pida, por segunda vez en el mismo caso, una medida restrictiva para salir del país.
En 2020, el equipo que investiga el caso Lava Jato solicitó en dos ocasiones interrogar al exmandatario, pues las empresas ganadoras de las licitaciones en Moquegua también están comprometidas en el ‘Club de la construcción’, un grupo de compañías supuestamente se repartían las obras públicas a cambio de millonarios sobornos.
Desde 2022, Vizcarra se encuentra inhabilitado por cinco años para ejercer cualquier función pública a raíz de una investigación abierta en su contra por vínculos con empresas del sector durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Esta inhabilitación se suma a los diez años que también el Parlamento le sancionó sin ocupar cargos públicos por haberse vacunado en secreto contra la Covid-19 junto a decenas de funcionarios, en el caso denominado ‘Vacunagate’.

Gustavo Gorriti y la empresa Odebrecht son inseparables, habiéndose convertido el señor Gorriti en un operador político de la empresa brasileña.

Por José Antonio Torres Iriarte- Diario EXPRESO.
Desde mediados del 2018, cuando el Instituto de Defensa Legal (IDL) habló con insistencia de la existencia de una organización criminal al interior del Poder Judicial, liderada por un vocal supremo y el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el IDL y su líder Gustavo Gorriti, han aspirado a convertirse en “censores de la vida nacional”.
La judicialización de la política o la justicia administrada desde los grandes medios de comunicación han sido promovidas por los grupos “El Comercio”, “La República” y RPP en especial; siendo evidente que el IDL ofrecía primicias periodísticas filtradas desde el Ministerio Público y particularmente desde el Equipo Especial Lavajato a cargo de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez.
Martín Vizcarra “desleal y sin escrúpulos” desde el 28 de julio 2018 anunció en su Mensaje a la Nación una supuesta lucha frontal contra la corrupción, decidiendo desplazar de la Fiscalía de la Nación al señor Pedro Chávarry; para lograr ese propósito se gestó una campaña de demolición por parte de los medios vinculados al “Club de la Construcción” y a José Graña Miroquesada.
En todo momento Gustavo Gorriti y el IDL se mostraron como mediocampistas en una cancha de fútbol, repartiendo pelota, dando pases largos o cortos e incluso jugando en pared con los fiscales Vela Barba y José Domingo Pérez.

Solo cometió errores

En todo momento el señor Gorriti declaraba sobre todo a Canal N, que la empresa Odebrecht había cometido errores y que como había sucedido con otras empresas o corporaciones internacionales en el mundo, debía pagar una penalidad y quedar habilitada para seguir contratando con el Estado.
Lo cierto es que el punto de vista expresado por Gustavo Gorriti en diversas entrevistas, se ha cumplido.
Y es que a la fecha la confesa empresa Odebrecht se ha comprometido a pagar una exigua penalidad a lo largo de 15 años, ha sido exonerada de pagar una millonaria deuda a la SUNAT, sus directivos solo son delatores y han sido eximidos de toda responsabilidad penal.
El Acuerdo de Colaboración Eficaz es un “secreto de Estado”, desconociéndose hasta la fecha sus cláusulas; existiendo la sospecha fundada de que fue redactado por Odebrecht o en su defecto en las oficinas del IDL.
Odebrecht y otras empresas constructoras brasileñas son parte de una “coalición política empresarial” gestada durante los gobiernos del presidente Lula da Silva en Brasil y en mi concepto responde a un plan con el claro propósito de participar en la ejecución de las grandes obras de infraestructura en América Latina y consolidar la hegemonía política de Brasil en la región.

Graña y Montero

Odebrecht como empresa constructora con larga experiencia, de la mano del Partido de los Trabajadores y bajo el liderazgo de Lula, no dudó en multiplicar su radio de influencia en toda América Latina, aumentando su hegemonía en alianza con grupos nacionales en cada país.
En el Perú, la empresa “Graña y Montero” se asoció empresarialmente con la empresa brasileña, logrando tejerse la “trama de Odebrecht”.
En un contexto como el descrito, luego de que los ilícitos de Odebrecht fueran probados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la par en diversos países latinoamericanos se incriminara a esta empresa por la comisión de graves ilícitos penales; la empresa Odebrecht en el Perú diseñó una estrategia legal y política.
A finales del gobierno de Ollanta Humala, se iniciaron investigaciones en el Congreso; sin embargo, ya en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski el caso Odebrecht tuvo un mayor impacto político. No olvidemos que la delación de Odebrecht precipitó la renuncia de Kuczynski en marzo 2018.
Desde ese entonces la participación mediática del señor Gorriti fue evidente, por ello todo parece indicar que la empresa Odebrecht eligió como operador político al director del Instituto de Defensa Legal, Gustavo Gorriti.
Entendemos que esta elección fue motivada porque los altos directivos de Odebrecht reconocieron habilidades en el señor Gorriti para manipular, mentir, tergiversar los hechos y sobre todo por la evidente soberbia, intolerancia y vocación por la maldad que lo caracteriza.
Gustavo Gorriti que cumplió un papel nefasto en el periodismo y en la política panameña a finales de los años noventa, no tuvo reparo en ser prácticamente el “guardaespaldas” de Alejandro Toledo durante la “Marcha de los Cuatro Suyos” en el año 2000.
El país recuerda la estrecha relación entre Alejandro Toledo y Gustavo Gorriti.
Tampoco debe olvidarse la generosa donación de un millón de dólares por parte de George Soros para impulsar la organización de la movilización de protesta ciudadana en ese entonces. Bajo el liderazgo de Gustavo Gorriti, bajo la pauta dictada por el IDL, se pretende construir un suprapoder, que goza de licencia para denostar, señalar responsabilidades penales o eximir de culpa a los directivos de Odebrecht y la empresa “Graña y Montero”.

Financiado internacionalmente

La existencia de un suprapoder le está causando un daño irreparable al país, que va más allá del ámbito político. En los últimos años, tanto Odebrecht como Gustavo Gorriti se han convertido en actores políticos, que buscan impunidad para unos, señalando selectivamente responsabilidades en determinados sectores políticos del país.
¿Con qué autoridad moral habla el señor Gustavo Gorriti, financiado por la cooperación internacional solventada por los magnates de la globalización? El mundo sufre los embates de un globalismo avasallador, que pretende imponer una agenda signada por los puntos esbozados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El Perú debe afirmar su soberanía, el Acuerdo de Colaboración Eficaz debe ser publicado, la empresa Odebrecht y las otras empresas brasileñas deben ser denunciadas penalmente y resarcir al Estado con altas penalidades.
Hoy los libretos se repiten, las acciones fiscales se replican como hace unos años. Nadie es “intocable”, ni los fiscales Vela Barba, ni José Domingo Pérez, tampoco el señor Gustavo Gorriti. Medios de comunicación y periodistas sin ética han cumplido y cumplen un papel funcional a los intereses de Odebrecht.
El Perú debe recuperar la senda del crecimiento y la reducción de la pobreza, como se logró durante el segundo gobierno del presidente Alan García. Fue precisamente Gustavo Gorriti (unos días después de la muerte del presidente García) que cinícamente señaló, que si hubiera sabido del estado depresivo que afrontaba el presidente García, le hubiera “dado una tregua”. Esas afirmaciones las expresó en la emisora de IDL Reporteros en abril 2019.
Gustavo Gorriti, cuyo padre militó y fue electo diputado por el Partido Comunista Peruano adscrito a la Tercera Internacional sometida al Kremlin, evita ser explícito en el plano ideológico, sin embargo es claro que está lejos de afirmar nuestra nacionalidad, siendo reconocido líder de los caviares. No nos confundamos, Odebrecht y Gustavo Gorriti se necesitan mutuamente.

Gustavo Gorriti y sus órdenes en Ministerio Público: fiscal revela cómo director de IDL coordinaba con Pablo Sánchez

¡Escandaloso! Rodrigo Rurush Castillo, fiscal provincial adjunto que participó en un allanamiento al local IDL-Reporteros en 2018, confesó que el periodista Gustavo Gorriti deshizo todo el trabajo de la Fiscalía con una simple llamada a Pablo Sánchez.
Esta declaración la dio en 2023 al Ministerio Público (MP), donde señaló que Gorriti desarticuló la diligencia desarrollada en su ONG izquierdista, debido a que tiene un control de poder sobre Sánchez, quien fungía de fiscal de la Nación en esa época.
“El señor Pablo Sánchez Velarde me llamó del número de su celular de su asistente para señalarnos la siguiente frase: ‘¿estás llevando a cabo la diligencia en IDL?’, a quien le referí que sí, que estoy llevando, pero se está suspendiendo”, detalló el letrado.
Recibiendo una condenable respuesta por parte del entonces titular de la Fiscalía, quien le dijo “suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias”.
El trabajo de exhibición de documentos tuvo como finalidad revisar los audios difundidos por IDL-Reporteros, los cuales señalaron de incurrir en actos de corrupción a los integrantes del ahora inexistente Consejo Nacional de la Magistratura.
Ante esto, en medio de la pesquisa del MP, Gorriti se le acercó al letrado Castillo, quien encabezaba el allanamiento, y le indicó que “en 5 minutos te llama Pablo Sánchez Velarde”, demostrando el control que tiene sobre los fiscales. Así lo revelaron en el programa de Milagros Leiva.

Alejandro Muñante sobre Gustavo Gorriti

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, no se quedó callado y tras la emisión del programa de Milagros Leiva no desperdició la oportunidad para señalar que el Perú necesita un gran cambio para salir del hoyo de la corrupción.
“Lo publicado por Milagros Leiva esta noche nos muestra una vez más la urgente necesidad de una reforma integral del sistema de justicia. Una reforma que recupere la independencia y autonomía de jueces y fiscales de toda presión política e ideológica”, redactó en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).
Fuente: Diario EXPRESO.

Augusto Thorndike revela que Graciela Villasís ocultó chats para encubrir a Gustavo Gorriti

El periodista Augusto Thorndike señaló a Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación de El Comercio, de ocultar información donde se evidencia que Gustavo Gorriti amenazó al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena.
En medio de su programa, el hombre de prensa mostró los chats de Jaime Villanueva a los que su equipo de producción tuvo acceso y, entre otras cosas, manifestó que Villasís tenía conocimiento de que Gorriti amenazó a Villena, sin embargo, no lo mostró en su medio.
“Esto es real (los mensajes). Es un escandalo que ningún periodista lo haya hecho saber. Sabemos que el grupo el Comercio está muy incómodo por el manejo selectivo que ha tenido su unidad de investigación que lidera ‘Chela’ Villasís, y le están preguntando ‘oye, ¿tú tenias lo de Gorriti?, ¿no hubiera sido importante hacerlo de conocimiento público?’ No, no existe. Gorriti para ella es intocable, pero aquí no le tenemos miedo”, detalló Thorndike en Contracorriente.

Augusto Thorndike contra Clara Elvira Ospina 

Asimismo, no tuvo ‘reparo’ en señalar duramente a su colega periodista Clara Elvira Ospina, a quien tildó de defensora del “Chuck Norris del periodismo”, refiriéndose al director de IDL Reporteros.
‘Burda desinformación, IDL épico final’ (refiriéndose a una nota publicada en el portal de noticias liderado por Gorriti). Épico final fue el que tuviste en América cuando te botaron como una basura, ese fue un épico final después de destruir la línea editorial del canal más importante del país y dejar en escombros toda la credibilidad que construimos durante años, subrayó el comunicador.
Del mismo modo, señaló que Ospina blindó a Martín Vizcarra al asegurar que un compañero de ambos llegó a donde trabajaban en aquel entonces con un expediente, desde Moquegua, con decenas de investigaciones fiscales por irregularidades cometidas por parte del ‘Lagarto’, sin embargo, la mujer dijo que “fueron exageraciones y no tuvieron fundamento”.
“Mentira, dos de esas investigaciones intervinieron en la vacancia final de Martín Vizcarra porque los actos de corrupción, tanto en Lomas de Ilo como el Hospital de Moquegua, fueron evidentes y contundentes y van a juicio oral. Ella nos habla de desinformación cuando se inventó que Keiko Fujimori recibió 15 millones de dólares para que los lave Joaquín Ramírez”, puntualizó Augusto Thorndike.
Fuente: Diario EXPRESO.

La Presidenta de la República, Dina Boluarte, entregó 3743 títulos de propiedad en la ciudad de Abancay (Apurímac) para garantizar así el derecho a una vivienda digna de más familias peruanas e invocó a la población a unirse “en un solo abrazo”.
La ceremonia tuvo lugar en la Plaza Micaela Bastidas, de la ciudad ubicada al sur del país y durante la actividad, acompañaron a la mandataria, los ministros de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar; de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini; y de Salud, César Vásquez.
“Quiero saludar a cada uno de ustedes y quiero decirle a cada uno de mis hermanos de la región Apurímac acá estamos para unirnos en un solo abrazo, aquí estamos para buscar el desarrollo de Apurímac, para poner una sola voz como lo hizo Micaela (Bastidas) y el ‘taita’ Arguedas”, expresó Boluarte.
Agregó “¿y cómo vamos a construir Apurímac? ¿acaso se construye con odio, con decidía, o acaso con hipocresías?. Se construye con la verdad y la verdad es una, unámonos todos por el desarrollo de la región”, expresó.
Junto a los ministros de Estado, la presidenta visiblemente emocionada, por tratarse de la tierra en que nació, aseguró que desde lo diversos ministerios vienen mirando a Apurímac con los ojos que ella mira.
“Aquí estoy como Chalhuanquina (…) Ya nuestros ministros desde Vivienda, Salud y de todos los ministerios miraremos a Apurímac desde los ojos de esta hija para buscar el desarrollo de nuestra querida región”, indicó.
Cabe resaltar que, la jefa de Estado cumple una serie de actividades en Apurímac, más temprano participó en una campaña de salud a cargo del Ministerio de Salud.
Fuente: Radio Nacional del Perú.

Contradicciones en fiscalía

En medio de idas y vueltas en el caso que apunta por todos los frentes contra la fiscal Patricia Benavides, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público. Las recientes revelaciones en torno a la investigación liderada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) arrojan luz sobre supuestas interferencias políticas y tráfico de influencias en la elección de magistrados. Este caso, que ha demostrado estar altamente cargado por temas políticos, a pesar de la negación de los implicados, ascendió un escalón más desde las últimas revelaciones que implican esta vez a la JNJ.
Conveniencia
La pieza central de este rompecabezas judicial es Marita Barreto, cuyo operativo, según las acusaciones, revela un “doble rasero” al exponer la politización en la Fiscalía. El caso gira en torno a la investigación y allanamiento a la vivienda del exministro aprista Hernán Garrido Lecca, acusado de tráfico de influencias en favor de Patricia Benavides, pero curiosamente, la atención se desvía de los miembros de la JNJ mencionados en la trama. La incógnita persiste: ¿por qué la Fiscalía no busca aclarar el papel de estos magistrados señalados?
En una danza de acusaciones, Garrido Lecca niega las imputaciones y desafía a la Fiscalía a investigar a los miembros de la JNJ. Sin embargo, la falta de acciones concretas por parte de Barreto y su equipo para esclarecer las responsabilidades de estos magistrados deja un sabor agridulce.
La justicia no cae sobre todos los implicados.
Defensa
La trama se complica aún más cuando se vincula el caso Lava Jato a la conspiración, señalando que Garrido Lecca y otros coordinaron con miembros de la JNJ para favorecer a la fiscal de la nación suspendida Patricia Benavides. Sin embargo, las acciones legales no parecen dirigirse hacia estos miembros, planteando cuestionamientos sobre la selectividad de las investigaciones.
Garrido Lecca, quien arribó esta mañana al aeropuerto Jorge Chávez, declaró al noticiero “Buenos días Perú” y reiteró su desconocimiento respecto a Jaime Villanueva. “Nunca lo he conocido, nunca lo he visto ni a él ni a ninguno de los otros que fueron allanados y ninguno de los que trabaja con él”, dijo.
Garrido Lecca admitió conocer a Patricia Benavides y subrayó que fue el fiscal Rafael Vela Barba quien se la presentó, contradiciendo la versión de este último, quien ha negado cualquier cercanía con el exministro aprista. “Yo creo recordar que fue por Rafael Vela”, explicó.
Garrido Lecca se pronunció saliendo del aeropuerto.
Incertidumbre
El colaborador eficaz, identificado como CE-31-2023, presenta información que, según la Resolución 1 del 18 de diciembre, ofrece “elementos de corroboración” de calidad. No obstante, una lectura detenida revela que la mayoría de estos elementos confirman hechos ya públicos, sin pruebas contundentes de actos delictivos. ¿Estamos frente a una estrategia mediática más que a una investigación objetiva?
El caso toma tintes aún más cuestionables cuando se difunden organigramas de presuntas organizaciones criminales sin indicios sólidos. Más dibujitos. Abogados como Carlos Caro Coria y César Azabache expresan su escepticismo al diario Expreso, destacando la falta de seriedad y coherencia en la presentación de estas estructuras sin pruebas concluyentes.
En el rincón político, la congresista Norma Yarrow de Avanza País, señala que los allanamientos a los presuntos asesores de Benavides son una cortina de humo para desviar la atención de las ineficiencias del Ejecutivo y los actos ilegales de algunos funcionarios.
“Yo sí creo que hubo una infracción, independientemente de los problemas que tenga la fiscal. Ojo, no la estoy defendiendo y que se someta a los procesos que le corresponde, como puede someterse cualquier congresista que esté investigado. Lo que me parece terrible es que se esté haciendo de esto una cortina de humo, sabe Dios de qué”, le declaró al diario Expreso.
Ante estas acusaciones, la JNJ emitió un comunicado rechazando las versiones del Eficcop y asegurando la transparencia en sus procesos de selección. No obstante, la pregunta persiste: ¿puede una entidad ser juez y parte en su propia defensa?
En este escenario de sombras y claroscuros, se ha revelado información contradictoria que poco a poco va exponiendo a quienes han buscado copar las instituciones luego de haberse debilitado. La batalla entre la verdad y la manipulación se está librando en este momento; la cual ganarán no solo aquellos que tengan los mejores argumentos, sino quienes tengan al poder mediático de su lado.
Fuente: ElReporte.pe

Marco Antonio Vizcarra Alegría es el presidente del partido A.N.T.A.U.R.O.

Los cinco etnocaceristas, que fueron sentenciados por rebelión, secuestro y arrebato de armas, aparecen en el acta de fundación de la agrupación política. El JNE dice que no puede excluirlos.

Por SHIRLEY CAYETANO– Diario Perú21.
Luego de salir de prisión tras 17 años de encierro por ordenar la sublevación armada en la ciudad apurimeña de Andahuaylas, que terminó con la vida de cuatro policías, el líder etnocacerista Antauro Humala ha hecho su entrada oficial a la vida política del país a través de la inscripción de un partido cuyas siglas llevan su nombre.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó a la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O) a participar en las próximas elecciones de 2026. ¿El argumento? Que Humala -un sentenciado por secuestro, homicidio y rebelión a quien se le conmutó la pena de 25 años de cárcel- no figura como fundador ni miembro de la dirigencia de la agrupación política.
Sentenciado. Javier Sulca, dirigente del ‘Andahuaylazo’, es directivo del partido.
Según el órgano electoral, la inscripción del partido no pone en peligro la vigencia del sistema democrático, pese a que en la práctica Antauro Humala emplea una retórica en la que promueve la violencia para quebrantar el orden democrático y tiene un discurso que colisiona con el respeto de los derechos humanos.
Lo que no vio el ROP
El Registro de Organización Políticas (ROP) desestima el hecho de que cinco compañeros de rebelión de Antauro Humala -que fueron parte del grupo de 160 reservistas que lo ayudaron a asaltar la comisaría de Andahuaylas con ametralladoras, fusiles y escopetas- aparecen en el acta de fundación de A.N.T.A.U.R.O. Ellos están también con las manos manchadas por el asesinato de policías, igual que su líder.
El primero en la lista es Marco Antonio Vizcarra Alegría, alias ‘Capitán Paiche’ o ‘Paiche’, quien figura como representante legal y presidente de la organización política.
La historia de Vizcarra y Humala se remonta a la década de 1980, cuando ambos pertenecían al Ejército Peruano. El ‘Paiche’, no obstante, renunció al cargo militar cuando fue denunciado por el delito de narcotráfico por el caso ‘Vaticano’, apodo con el que se conocía al narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, quien acusó a Vladimiro Montesinos de cobrarle cupos mensuales para que militares destacados en el Alto Huallaga le permitieran sacar del país pasta básica de cocaína en cientos de vuelos entre 1991-1994.
Marco Vizcarra, el segundo al mando en el ‘Andahuaylazo’, fue sentenciado a 16 años de prisión por ser autor de los delitos de rebelión y arrebato de armas de fuego, y coautor del delito de secuestro.
A la espera. Humala aún no paga la reparación civil a los deudos de los policías asesinados.
‘Paiche’ no solo organizó y comandó a las huestes etnocaceristas, sino también se encargó de sustraer las armas de la comisaría, distribuirlas entre los reservistas y de resguardar la dependencia policial desde el techo del local.
La cercanía entre Antauro Humala y Marco Vizcarra solo se ha fortalecido con los años. Prueba de ello son las reuniones y conferencias en las que vienen participando en los últimos meses, y el viaje que hicieron a Iquitos hace unos días como parte de la campaña electoral para impulsar la candidatura del primero en 2026.
Javier Sulca Cáceres, quien era coordinador del movimiento etnocacerista en Huancayo cuando fue arrestado por el ‘Andahuaylazo’, ahora está a cargo de la Secretaría Nacional de Reservistas y Movilización del nuevo partido político.
Sulca Cáceres, también condenado a 16 años de cárcel, tuvo un rol dirigente en la convocatoria de decenas de subversivos que viajaron desde Ayacucho, Tacna, Arequipa y distintos lugares del país, con la misión de ocupar la comandancia de la Policía en Andahuaylas, Apurímac, y derrocar el gobierno de Alejandro Toledo.
Los otros rebeldes de Andahuaylas que también integran el comité directivo del partido humalista son Edgard Quispe Condori, Raúl Huamani Ranilla y Justo Lucas Álvarez. Los dos primeros están a cargo de la Secretaría Nacional de Política e Ideología y la Secretaría Nacional de Planeamiento y Plan de Gobierno, mientras que último está en calidad de ‘invitado’ y apoderado legal de la agrupación política.
Los seguidores del díscolo dirigente no solo infestan el comité directivo del partido. Diana Gutiérrez Najarro, hermana de Juan Virgilio Gutiérrez Najarro -otro procesado por la asonada de Andahuaylas-, es una de las 50 fundadoras de A.N.T.A.U.R.O. La ayacuchana aparece también a cargo de la Secretaría Nacional de Organizaciones Civiles y Populares.
Se refugian en la ley
Irónicamente, los subversivos etnocaceristas que exigían la destitución de un gobierno elegido democráticamente ahora se amparan en la ley para defender la inscripción de su organización política y la elección de sus huestes como directivos.
La abogada de Antauro Humala, Carmen Huidobro, explicó que el partido convocó a los militares etnocaceristas porque habían participado en el ‘Andahuaylazo’. Huidobro manifestó también que el rol de Antauro Humala es solo dar conferencias en la agrupación.
En entrevista con Perú21, el excongresista Rubén Ramos, quien ahora es secretario general, sostuvo que Antauro Humala no puede ser fundador o miembro directivo del partido porque aún tiene impedimentos, pero que ‘Paiche’, Javier Sulca, y sus compinches sí porque ya cumplieron su condena.
“Antauro Humala tiene impedimentos y estas personas no. Fueron sentenciadas por rebelión y han sido absueltos por los otros delitos”, señaló Ramos.
“Esas personas no forman parte de ninguna candidatura, no están inmersos en un proceso electoral. Forman parte de una organización política de carácter privado y la ley no tiene ninguna regulación expresa para que puedan revisarse sus antecedentes y puedan ser excluidos”, declaró Luis Alberto Sánchez, jefe del gabinete de asesores del JNE, para este diario.
En ese sentido, el funcionario señaló que A.N.T.A.U.R.O. tenía la autonomía y facultad para elegir a sus afiliados, miembros del consejo directivo y fundadores.
“El ROP no hace ningún filtro. Lo que hace es calificación registral. No tenemos un mandato de la ley que nos obligue a hacer un filtro, entiéndase por eso realizar una búsqueda de antecedentes”, precisó Sánchez. “El ROP no puede actuar fuera del marco de una norma que señale esa función de manera expresa”, añadió.
Por otro lado, Sánchez explicó que, de existir una norma que indique que los miembros de un partido no pueden tener antecedentes penales o sentencias por delitos dolosos, el ROP estaría obligado a solicitar información al Poder Judicial.
De acuerdo al especialista en procesos electorales, José Manuel Villalobos, no existe ningún impedimento para que personas como ‘Paiche’ o Javier Sulca, que ya cumplieron su pena y están rehabilitados, formen parte de una organización política.
“Incluso hasta alguien sentenciado por terrorismo, que ya pagó la pena, podría hacer un partido. Cuando cumples una pena, tus antecedentes se anulan, se borran. Están olvidados”, sostuvo Villalobos.
Sobre la exclusión de Antauro Humala en el acta de fundación del partido, el experto en derecho electoral refirió que puede ser parte de una estrategia, legal y política, ya que el exconvicto etnocacerista aún no paga la reparación civil a los deudos de los policías asesinados en Andahuaylas. Y por ello, sus derechos civiles aún están suspendidos.
“Las siglas de Antauro ni siquiera están textualmente en el estatuto del partido”, comentó Villalobos.
Antauro Humala podrá no figurar en el acta de fundación de la organización política, pero hay suficiente evidencia para sustentar que la ideología partidaria se alinea con los antecedentes del etnocacerista.
Humala se presenta en mítines y conferencias del partido, dicta talleres en la Escuela de Formación Política e ideológica A.N.T.A.U.R.O., y va de gira electoral promocionando su candidatura entre movimientos regionales y simpatizantes.
La ley es débil ante las intenciones del perpetrador del ‘Andahuaylazo’ de participar en las elecciones de 2026, pues hasta ahora los sentenciados por terrorismo, rebelión y sedición pueden postular a cargos de elección popular.
Hace campaña y olvida la reparación
Desde que salió del penal de Chorrillos, en agosto del año pasado, Antauro Humala se ha embarcado en una gira política por distintas ciudades —siendo su más reciente visita a la ciudad de Iquitos, Loreto.
Antauro Humala ya ha recorrido 12 regiones del país.
Como parte de la campaña electoral, el etnocacerista ha organizado mítines principalmente en el sur del país, y algunas ciudades del norte, siempre acompañado de su mano derecha, Marco Antonio Vizcarra, y de su esposa, Ina Andrade.
Desde septiembre a la fecha, ha recorrido La Convención, Acomayo y Pichari (Cusco), Juliaca (Puno), Chala (Arequipa), Huamanga, Vilcashuamán, Huanta y Vizcatán (Ayacucho), Huancayo (Junín), Paucará (Huancavelica), Tacna, Ica, Piura, La Libertad y Tumbes.
A dos años de la carrera presidencial, Humala es para los antauristas el candidato natural de A.N.T.A.U.R.O. Ello pese a que aún paga la reparación civil de más de un millón de soles a los deudos de los policías asesinados en Andahuaylas.

Sobre un universo total de 39,716 mesas de sufragios escrutadas, que equivalen al 99.97% de las mesas totales, los resultados preliminares son los siguientes:
A favor 5’470,025 votos, que representan el 44.24%
En contra 6’894,287 votos que representa el 55.76%
Nulos 480,730
Blancos 169,921
Total 13’014,963 votos emitidos
El detalle del resultado del Plebiscito, desagregado hasta el nivel de mesas receptoras de sufragios, queda a disposición de la ciudadanía, los medios de comunicación y de los partidos políticos en el sitio de internet www.servel.cl.
Presidente Comité Permanente de la CECH Cardenal Celestino Aós Braco, OFMCap. Arzobispo de Santiago.
DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE ANTE LOS RESULTADOS DEL PLEBISCITO
1. La mayoría de la ciudadanía ha rechazado una nueva propuesta constitucional. No cabe sino aceptar la soberanía popular, expresada a través de un ejercicio plenamente democrático. Todos estamos llamados a enmarcar nuestra vida política y social bajo la Constitución política vigente, con estricto respeto al estado de derecho y a las normas democráticas que nos rigen.
Vicepresidente Monseñor Fernando Chomali Garib Arzobispo de Concepción.
2. El país ha realizado en un corto período dos procesos constitucionales que han terminado con el rechazo del texto propuesto. Creemos que la mayoría de los chilenos valoran los acuerdos y los grandes consensos en materia social y política, y esperan que sus líderes avancen por esa senda. Los últimos años han estado marcados por la polarización y la fragmentación, provocando en la población un distanciamiento y desvalorización de la vida política, lo que no hace bien a nuestra democracia. Por eso, reiteramos que “es necesario que nos dispongamos con más decisión a avanzar juntos, abordando con premura los urgentes desafíos sociales y políticos que Chile tiene, más allá de nuestras legítimas diferencias y pluralidad de miradas” (La Conferencia Episcopal de Chile ante la nueva propuesta Constitucional, 16 de noviembre de 2023).
Secretario General Monseñor Sergio Pérez de Arce Arriagada SSCC Obispo de Chillán.
3. Entre los desafíos que el país debe abordar con más urgencia están, sin duda, las problemáticas de la seguridad, la salud, las pensiones, el crecimiento económico, la educación y todo lo que contribuya a un clima de mayor paz y relaciones más justas entre nosotros. Ante estos retos, la respuesta de los dirigentes políticos no puede ser vivir enfrentados unos contra otros, sino alcanzar acuerdos que vayan en favor de todos, especialmente de los más pobres y postergados.
Obispo de San Bernardo Monseñor Juan Ignacio González Errázuriz
4. Que la próxima fiesta de Navidad nos ayude a redescubrir nuestros lazos fraternos y nuestro destino común como pueblo, unidos a toda la familia humana redimida por el Señor. A la Virgen del Carmen confiamos los caminos de Chile.
El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile
Teresa Marinovic Vial Directora Ejecutiva FNM (Fundación Nueva Mente)
Espero que con esta segunda derrota del “octubrismo” que abogó, desde un inicio, por cambiar nuestra Constitución y la segunda ratificación de la actual, los partidos que se dicen de derecha NO VUELVAN NUNCA A CAER EN EL CHANTAJE y la defiendan como es debido. ¡MAS VALENTÍA SEÑORES!

El ministro Carlos Montes realizó una conferencia de prensa tras conocerse la detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras. A su lado estuvieron diputados socialistas, en señal de respaldo hacia él, en momentos en que la oposición lo amenaza con una acusación constitucional. Crédito: Agencia Uno.

Detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras remece el tablero político a 4 días del plebiscito

Por Alexandra Chechilnitzky- Ex-Ante.cl
“Son dos votos menos para El Contra”, escribió al mediodía de este miércoles la alcaldesa Evelyn Matthei al conocerse la detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras, protagonistas del caso Democracia Viva. Todo apunta a que la decisión de la Fiscalía sorprendió al gobierno, donde 6 de sus ministros estaban en el Congreso cuando se conoció la diligencia de la PDI. Uno de ellos fue Carlos Montes, que salió a hablar flanqueado por diputados PS y señalando que él continuará su labor, pese a las amenaza de una acusación constitucional en su contra. A continuación los entretelones y el trasfondo político de lo ocurrido.
Una crisis interminable. “Son dos votos menos para el En Contra”, escribió pasado el mediodía la alcaldesa Evelyn Matthei, refiriéndose a la detención por parte de la PDI del presidente de Democracia Viva Daniel Andrade y el ex secretario regional ministerial de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. El ex seremi fue aprehendido por la PDI en el aeropuerto, antes de tomar un vuelo a Antofagasta.
Se trataba de un duro revés para los principales protagonistas de la trama que golpeó a RD y dio origen a las indagaciones penales que se extienden por todo el país.
La fiscalía estaba preparando formalizaciones desde fines de noviembre, cuando allanó las oficinas del Minvu sin informarle al ministro Carlos Montes para no frustrar la diligencia, pero en el oficialismo quedaron descolocados con la decisión y la oposición pasó a la ofensiva, a 4 días del plebiscito y reviviendo una crisis interminable para La Moneda.
A fines de noviembre Contreras dio a conocer una declaración donde contradijo la versión del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, de que La Moneda se enteró del caso a través de un “rumor” que llegó a Palacio 9 días antes de que estallara el caso, el 16 de junio.
Parte de la estrategia judicial del ex Seremi apunta al rol que desempeñó Verónica Serrano, ex jefa del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu y tía de Miguel Crispi (RD), jefe del Segundo Piso de La Moneda.
El 20 de septiembre de 2022, Serrano envió un email a Contreras apurando la firma de acuerdos con fundaciones. Ese mismo día Contreras suscribió 2 convenios con Democracia Viva.
Para entonces, Crispi era el jefe del Segundo Piso. Hoy ya ha conversado con Boric sobre la posibilidad de abandonar el cargo y aumentan las dudas de si Boric conocía el caso antes que explotara.
Un remezón en el gobierno. En el Congreso el fuego amigo fue el primero que se abrió en el marco de una reunión de los socialistas. Antes de entrar el senador Fidel Espinoza dijo: “Yo siempre he hablado de la responsabilidad política de Crispi, fue él quien formó a todos estos muchachos, a estos ladronzuelos que formaron estas fundaciones”. “Él los formó, él es amigo directo de ellos. Junto con el ex ministro Jackson, ellos formaron a estos delincuentes que llegaron a robarse la plata de todos los chilenos”.
A esa altura ya había hablado la vocera Camila Vallejo, quien lo hizo minutos después de conocerse lo ocurrido y bajó la línea del discurso del gobierno: “Nos parece un gran paso, un gran avance, lo que ha hecho el Ministerio Público el día de hoy porque todo avance en esta investigación es un golpe a la corrupción”.
Un mensaje similar entregó el ex ministro Luis Cordero, quien ha adquirido un rol protagónico en el caso Convenios. Cordero se encontraba en el Congreso de Valparaíso, al igual que los ministros Carolina Tohá, Álvaro Elizalde, Mario Marcel, Jeannette Jara y Carlos Montes.
Todo apunta a que la detención de Andrade y Contreras tomó por sorpresa a La Moneda, pese a que la Fiscalía la preparaba desde fines de noviembre.
Puesta en escena de Montes (y mensaje de Orsini). Como sea, lo ocurrido rebarajó la agenda de Montes, quien estaba invitado a la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, pero terminó encerrado en la oficina del comité socialista.
Entre asesores y diputados que entraban y salían del comité parlamentario hablaban con Montes para ver cómo abordaría lo sucedido. Algunos de los consultados señalan que el ministro se veía desconcertado.
A Montes se le recomendó hablar y abordar el tema de inmediato: la imagen del ministro saliendo del Congreso perseguido por las cámaras de televisión debía ser evitada.
A las 12:03 salió del comité y caminó hacia el podio que está instalado en el pensador de la Cámara de Diputadas y Diputados, también en el segundo piso. Flanqueado por los parlamentarios socialistas, como una señal de que sigue contando con el apoyo de su partido, Montes entregó una declaración de poco más de 4 minutos, donde se ciñó al discurso de la ministra Vallejo y volvió a sostener que él se mantendrá en las labores encomendadas por Boric. Días antes se había defendido con un megáfono en el frontis del Minvu, una imagen criticada en el Congreso.
A esa altura la diputada Catalina Pérez, ex pareja de Daniel Andrade, ya se había enterado de la detención del fundador de Democracia Viva. La parlamentaria se mantuvo al interior de la sala de la Cámara Baja durante toda la sesión.
Mientras tanto la diputada Maite Orsini, de RD, el mismo partido en el que militaron Andrade y Contreras, manifestó lo siguiente: “La Fiscalía busca más televisión que los objetivos del proceso”.
Telón de fondo. Para algunos, la detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras puede llegar a ser funcional al A Favor, que busca convertir la elección del 17 de diciembre en un plebiscito a la gestión de Boric. La frase de la franja televisiva “¡Boric vota En Contra, Chile vota A Favor!” se ha convertido probablemente en uno de los principales eslóganes de la campaña en los últimos días, al igual como lo fue el “Que se jodan”.
Se trata, en el caso del “Que se jodan”, de una frase destinada a trasladar el malestar ciudadano hacia la administración Boric en momentos en que desde ambos comandos señalan que la elección del domingo será cerrada.
El poner la presión sobre Boric y que su administración se enrede en la víspera del plebiscito con una agenda sensible, como la de Democracia viva, fue evaluado positivamente en el comando del A Favor.
Su franja incluye el caso Convenios, señalando que “esto ya pasó en Argentina” y que el nuevo texto constitucional fomenta la lucha contra la corrupción.
“Jóvenes moralmente superiores” que enjuician los 30 mejores años de la historia de Chile caen detenidos. Su testimonio permitirá conocer los alcances de las responsabilidades. Mientras tanto, el domingo votaremos A Favor de una “Agencia Nacional Contra la Corrupción, que a estas altura resulta imprescindible para prevenir estos escándalos”, escribió Matías Walker, de Demócratas.
En otro frente, un grupo de diputados -como la ex PDG Yovana Ahumada o el DC Eric Aedo- pedían que el caso se esclareciera y se daba como un hecho que habrá una nueva comisión investigadora por el caso Convenios tras los resultados del plebiscito del domingo.

El presidente de Democracia Viva Daniel Andrade. (Facebook)

Auge y caída de Daniel Andrade, el hombre que gatilló el Caso Convenios

Por Jorge Poblete- Ex-Ante.cl
Daniel Andrade (ex RD) pasó los últimos meses tratando de mantener un bajo perfil y solo dio una entrevista conocida a un matinal, donde deslindó responsabilidades en el exseremi Carlos Contreras por los convenios por $426 millones que suscribió su fundación, Democracia Viva. Cuando iba a reuniones, prefería desplazarse en bicicleta y evitar así el transporte público. También solía usar un canguro con el gorro arriba y lentes oscuros, lo que, si bien dificultaba identificarlo, lo volvía paradójicamente más “sospechoso” a ojos de los transeúntes, contaron conocedores de sus desplazamientos. A su entorno había transmitido que su mayor temor en estos meses era ir preso. A continuación, su perfil.
1. Daniel Francisco Andrade Schwarze, 32, nació en 1991 en Santiago. Cursó la enseñanza media en el colegio Patrona Señora de Lourdes de La Florida, de donde egresó en 2009 con promedio 6.6 de esos 4 años. Estudió ingeniería civil mecánica en la Universidad de Chile, donde obtuvo notoriedad como dirigente estudiantil.
2. En noviembre de 2016 fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
3. Entró en 2018 a Revolución Democrática (RD), pero situado en el ala más a la izquierda del grupo, compuesto por ex integrantes de la UNE, ligada al grupo Nueva Democracia, que encabezaba el sindicalista Cristián Cuevas, quien en 2021 fue precandidato presidencial de la Lista del Pueblo.
4. Al año siguiente, su lista “La nueva revolución” llegó a la directiva de RD con el respaldo del cofundador Giorgio Jackson. La lideraba la diputada Catalina Pérez. Andrade la integraba como encargado de proyectos.
5. En 2021 pasó al sector público. Primero como asesor de política medioambiental en Pedro Aguirre Cerda, comuna dirigida por el independiente Luis Astudillo y en agosto de 2022 como “analista de estudios y política”, consignó en su LinkedIn, de la Subsecretaría de Defensa. También corrió sin éxito como candidato de RD a la Convención Constitucional.
6. Paralelamente creó la fundación que terminaría con su caída. El 15 de octubre de 2021 Democracia Viva tuvo su primer directorio, con Andrade como presidente. La tesorera era la ingeniera comercial Doris Pinto Manquenahuel, quien trabajó en la Subsecretaría de Telecomunicaciones como asesora del subsecretario Claudio Araya (PC). La secretaria era la actriz Catalina Guzmán Cáceres, quien generó material audiovisual para la campaña en favor del “Apruebo” del texto constitucional rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.
7. El 25 de febrero de 2022, la Municipalidad de Ñuñoa inscribió la fundación, que realizó su inicio de actividades ante Impuestos Internos (SII) el 31 de julio de 2022, con el giro fundaciones que promueven actividades culturales. Su foco inicial: promover los contenidos del proyecto constitucional de la Convención y realizar talleres contra las “fake news” sobre el texto.
8. Con la derrota del texto de la Convención en el plebiscito del 4/S, Democracia Viva dio un giro. El 20 de septiembre de 2022, la arquitecta Verónica Serrano, entonces jefa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda, envió un email al secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda Carlos Contreras Gutiérrez, con el asunto “RV: Informa situación convenios de transferencia Antofagasta”.
9. “Estimado Carlos, te escribo en relación a la gestión de convenios y a la conversación que tuvimos días atrás, respecto a la urgencia para su firma, reiterándote que tu región tiene un importante monto asociado a Convenios que tenemos que apurar para asegurar la ejecución presupuestaria”, escribió Serrano, tía de Miguel Crispi (RD), exsubsecretario de Desarrollo Regional y actual jefe de asesores del segundo piso de La Moneda.
10. El mismo 20 de septiembre, Contreras suscribió los 2 primeros convenios con la fundación Democracia Viva, cuyas resoluciones salieron días más tarde. A estos 2 acuerdos se sumaría un tercero, totalizando $426 millones para desarrollar proyectos en los campamentos de la región, pese a que la fundación carecía de experiencia en el área. En noviembre de ese año, sólo después de firmar los proyectos cuestionados, Democracia Viva añadió el giro “construcción de proyectos de servicio público” ante el SII.11. El 16 de junio de este año, el medio regional Timeline destapó la denuncia de la asociación de funcionarios del Serviu: Carlos Contreras había sido jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, quien era pareja de Daniel Andrade. Los 3 eran militantes de RD.
12. La renuncia de Contreras se hizo pública al día siguiente y ese mes la fiscalía abrió una causa penal. Era el comienzo del Caso Democracia Viva, que derivaría en el Caso Convenios que alcanzaría -entre indagaciones a platas de Vivienda y de los Gobiernos Regionales- a todo Chile.
13. RD, que inicialmente calificó el caso sólo de un error político, dio un giro y se querelló el 27 de junio.
14. En la acción penal cuestionaron que Contreras, Andrade y Pérez compartieran “al menos un vínculo de amistad” y detallaron que “el 10 de agosto de 2022, Daniel Andrade le pidió a Carlos Contreras una reunión por lobby registrada en www.leylobby.gob.cl, representando a la Fundación Democracia Viva. El encuentro duró una hora y se realizó vía telemática. El motivo era ‘dar a conocer el trabajo de la fundación”. El 30 de junio anunciaron la expulsión de Contreras y Andrade de RD.
15. En junio también, el ex coordinador de la campaña del “Apruebo” Felipe Heusser envió una carta al Consejo para la Transparencia, abriendo una nueva arista. Explicó que los $31 millones 540 mil que el Servicio Electoral (Servel) registró como aportes de campaña para Democracia Viva, correspondían a dineros aportados por particulares para apoyar el “Apruebo”, pero que los donantes desconocían que sus fondos pasarían por esa fundación. El Servel inició una investigación, cuyos resultados siguen sin ser comunicados.
16. En agosto, Andrade dio una entrevista al matinal de Chilevisión donde deslindó responsabilidades en Contreras por la firma del acuerdo. “Es el Minvu, y en particular el seremi quien me contacta a mí”, dijo. “No debí acceder a eso porque no teníamos la experiencia en la parte de construcción, pero se me dijo que así funcionaba y que estaba en regla y así lo hacían otras fundaciones. Es un modus operandi de todas las fundaciones y que está desde gobiernos anteriores”. En la misma entrevista negó que Catalina Pérez hubiera intervenido.
17. Paralelamente, Andrade comenzó una disputa civil por los montos que el ministro Carlos Montes (PS) pidió reembolsar tras la cancelación de los convenios. Mientras el gobierno aseguró que los montos no ejecutados ascendían a $391 millones, Democracia Vivía sostuvo que calcularon que debían restituir cerca de $97 millones menos. En la causa, todavía abierta, intervino el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El organismo también se querelló contra Andrade y Contreras por fraude al fisco.
18. El fiscal adjunto jefe de Antofagasta Cristián Aguilar envió un escrito al Juzgado de Garantía de la ciudad, difundido este martes, comunicando la separación en 8 de las investigaciones por el denominado Caso Convenios. En el caso Democracia Viva detalló que se indagaba fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos. Paralelamente, levantó el secreto de la causa, lo que entregó una señal de que había completado la fase previa de su indagación y que estaba en condiciones de pedir detenciones y formalizar cargos.
19. Este miércoles, la PDI detuvo a Andrade y a Contreras. El exseremi fue aprehendido en el aeropuerto. El primero, dijo Biobío, en la casa de su madre.
20. Andrade pasó los últimos meses tratando de mantener un bajo perfil. Cuando iba a reuniones, prefería desplazarse en bicicleta y evitar así el transporte público, contaron conocedores de sus desplazamientos. También usaba un canguro con el gorro arriba y lentes oscuros, lo que, si bien dificultaba identificarlo, lo volvía paradójicamente más “sospechoso” a ojos de los transeúntes. A su entorno había transmitido que su mayor temor estos meses era ir preso. Pensó buscar trabajo como ingeniero, pero luego reflexionó que era difícil que alguien se lo diera en este momento, dada su exposición pública, por lo que se concentró en su defensa legal. En las últimas semanas también descreyó que fuera a ser detenido. Confiaba en que se pidiera una audiencia y pudiera asistir a ésta, como un ciudadano libre.