Por Aaron Salomón- Diario EXPRESO.
El dominical ‘ContraCorriente’ reveló el último fin de semana que dos editores centrales del portal izquierdista Wayka firmaron los planillones del Movadef, brazo político de la agrupación terrorista Sendero Luminoso. El Movadef, como es de conocimiento público, pretende ingresar a la contienda política para amnistiar a terroristas. En su momento, por supuesto, demandó la excarcelación del extinto genocida Abimael Guzmán.
Pero a Wayka no le interesa que su planilla esté compuesta por presuntos “periodistas” que comparten la ideología asesina senderista. De ahí podemos entender su fanática defensa al golpista expresidente Pedro Castillo, vinculado al Conare-Sutep (brazo de Sendero en el magisterio), o a alias “Camarada Cusi”.
Es inaceptable que un país que ha sido desangrado por los terroristas de Sendero Luminoso permita que existan presuntos medios de comunicación que ensalcen a estos miserables asesinos. Deben ser proscritos, de inmediato, por respeto a las 70 mil víctimas mortales y a sus familiares. Como bien advierte el periodista Beto Ortiz, ¿acaso hay que esperar que existan polos con el rostro de Abimael -a lo “Che” Guevara- para detener todo esto?
Al periodismo serio le corresponde -y tengo entendido que así será- investigar quiénes patrocinan este portal filoterrorista, que no se sabe cómo puede mantener un staff de decenas de zurdos si no muestra ningún tipo de publicidad. Hallar al o los mecenas de esta página que solo escupe fake news es fundamental para conseguir su desaparición.
Ya salieron los zurdos oenegeros, como el inefable Glatzer Tuesta de IDL, a denunciar que existe una campaña de “terruqueo” contra Wayka. Eso solo demuestra que ellos también son fanáticos de Sendero. Anoten los nombres de todos estos “periodistas” filoterroristas, quienes deberían ser acusados de apología al terrorismo.

Operación Chavín de Huántar: allegados a Mindef mienten contra comandos héroes

Corte IDH y jueces peruanos negaron violaciones de DDHH, pero IDL insiste en que las hubo. ONG podría ser sancionada con nueva ley.

Por César Rojas- Diario EXPRESO.
Pese a que la justicia peruana y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvieron que no hubo una sola ejecución extrajudicial en el rescate de 72 rehenes del MRTA, hace 26 años, algunos personajes siguen difundiendo mentiras. Entre estos se ubican operadores políticos cercanos al polémico ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.
Por ejemplo, la ONG Instituto de Defensa Legal acaba de publicar una furibunda editorial defendiendo al titular del Mindef, a quien se le mostró en un evento al lado de Gustavo Gorriti.
Sin embargo, este mismo grupo también ha publicado sistemáticamente mentiras para ensuciar el operativo Chavín de Huántar. Hace años hablaba de que los comandos tenían órdenes de matar a todos los terroristas, aunque estos se rindieran.
“Los asesinatos del Comando Chavín de Huántar en 1997”, se titula una artículo en el número 303 de su revista. La publicación es de hace menos de un año, e insiste en que hubo violaciones a los derechos humanos.
“Sigue siendo inmoral y vergonzoso que el presidente, el Congreso y los altos mandos de las Fuerzas Armadas no reconozcan que varias personas fueron ejecutadas extrajudicialmente”, escribe Mariella Villasante en el portal de IDL.
Cabe indicar que en los artículos de esta ONG, en ningún momento los autores llaman terroristas a los terroristas. Solo ponen este término en citas a otras personas, y optan por eufemismos como “subversivos”.
“Tito” murió peleando
Lo que se ha difundido poco es que no hubo siquiera un solo asesinato de un delincuente rendido. Esto se comprueba con la pericia de Derrick Pounder (especialista en medicina y activista por los DDHH reconocido a nivel mundial).
Hidetaka Ogura era una funcionario japonés que había sido rehén 126 días. Él fue rescatado, y meses después declaró que varios emerretistas habían recibido disparos cuando estaban arrodillados, y que había visto a Eduardo Cruz Sánchez, “Tito”, atado de manos, y que luego apareció su cadáver en el patio. Esto fue usado para empapelar a todos los héroes.
En el 2002, la falsa narrativa incluso contaba con el informe del arqueólogo José Pablo Baraybar (a la postre denunciado por ejercicio ilegal de la profesión por el Colegio de Antropólogos). También con el apoyo del entonces ministro de Justicia, Fernando Olivera, como registra el Lugar de la Memoria.
“El patrón lesional en las trece personas fallecidas dentro de la residencia en conjunto es semejante y conforme a lo que esperaría en un combate en espacios en una situación de rescate de rehenes (como los ambientes de la residencia del embajador Morihisa Aoki)”, detectó Derrick Pounder en su análisis.
Dentro de la investigación de la Corte IDH se estableció que “Tito” era el más fiero de los secuestradores, y que nunca se rendiría. Se evaluó su perfil psicológico, lo cual concuerda con la forma en que murió: intentando matar a más personas.
Incluso se mostró que Baraybar había omitido consignar que el terrorista no solo tenía un orificio de entrada y salida de bala en la cabeza, sino que ya tenía una alojada en el abdomen.
El disparo en el cráneo había sido a varios metros de distancia, lo cual descartaba uno a bocajarro. A esto se suma que tenía una correa con granadas de mano en su pecho, y que en el rigor mortis se evidenciaba que manejaba una cuando falleció. Todo apunta a que uno de los veinte francotiradores apostados fuera de la residencia lo abatió al ver que era un peligro.
Las mentiras de Baraybar, IDL y Aprodeh (ONG que encabezó la denuncia de homicidios, primero contra los comandos Chavín de Huántar, y luego contra supuestos (gallinazos) terminó plasmada en libros como “Sombras de un rescate”. El autor era el periodista David Hidalgo, quien se dejó sorprender por medias verdades.
Gorriti y Olivera
“El diagnóstico indica la presencia de un solo disparo en la nuca, y la muerte por shock. Se descubre que existe un patrón de hasta ocho disparos posibles en un mismo punto de la cabeza, lo que no podría darse de ninguna manera en esta situación de combate”, decía en el 2007.
En el 2015, la Corte IDH resolvió que no se había probado la existencia de ejecuciones extrajudiciales, pero que correspondía a la justicia peruana evaluar un último punto: los “gallinazos”.
Se llamaba así a un grupo de militares pertenecientes al Servicio de Inteligencia del Ejército. Algunos eran cercanos a Vladimiro Montesinos, como el coronel Roberto Huamán Azcurra, a tal punto que estuvieron implicados en corrupción con dinero del Estado durante los noventa.
Tanto la Fiscalía como el Poder Judicial peruanos determinaron que los del SIN habían participado en tareas de espionaje, y que el día del rescate no usaron armas, sino solo un uniforme diferente al de la Patrulla Tenaz y equipos de filmación y grabación.
De esta manera, quedó claro que ni “Tito” ni algún otro terrorista había muerto luego de rendirse. Sin embargo, IDL, Aprodeh, Olivera, Baraybar, Hidalgo y otros sectores nunca se retractaron y menos pidieron perdón.
“Esperamos eso, ¿no? Y sobre todo que, ante la historia y a la luz de los hechos, está todo aclarado. Pero a veces la ideología te impide hacer eso. Cuando un medio de comunicación o un periodista está ideologizado, no admite. Por principio, no admite”, señala César Astudillo, quien participara del exitoso operativo.
Esta falsa narrativa incluso abunda en Internet. Constatamos esto cuando le consultamos al Chat GPT, la popular inteligencia artificial que debería ser capaz de distinguir entre las llamadas “fake news” y la verdad.
En un primer momento, esta nos indicó que existieron “graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la ejecución extrajudicial de algunos de los miembros del movimiento terrorista”.
Le contestamos que la justicia había determinado que no hubo ese tipo de crímenes, y entonces la IA hizo lo que Astudillo le exhorta a sus acusadores de antaño: admitir su error.
Ideologizados no admiten
“Mil disculpas, mi respuesta anterior fue incorrecta. En la crisis de rehenes del MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima no se produjeron ejecuciones extrajudiciales”, reconoció el Chat GPT.
Este episodio que podría parecer anecdótico, refleja que se siguen difundiendo acusaciones que llegan al punto de difamación contra quienes nos salvaron del terrorismo.
Cuando se redactaba esta nota, apareció otro personaje a repetir las falsedades de las ejecuciones extrajudiciales: Vladimir Cerrón, por medio de su cuenta de Twitter.
“El rescate de los rehenes de la embajada de Japón por el Comando Chavín de Huantar hubiera sido una operación históricamente impecable si no se hubiera ejecutado extrajudicialmente a los rendidos. La valla dejada por Miguel Grau aún no ha sido superada”, tuiteó.
Chat GPT sí se disculpa
Álex Segura, otro peruano que puso el pecho frente a las balas terroristas ese glorioso 26 de abril de 1997, le respondió al secretario general de Perú Libre.
“Voy a tener que bajar de nivel para responderle a ese miserable, y decirle que la ignorancia aparte de ser atrevida, es insultante. No me sorprende, pues los comunistas siempre han tratado de desacreditar a las Fuerzas Armadas, más aún cuando hay éxito en sus operaciones y en la tarea que cumple con la sociedad. Lo que dice Cerrón está totalmente desmentido. Está confirmado que no hubo ejecuciones extrajudiciales con una sentencia en la Corte Interamericana y en el país con el caso sobreseído”, aseguró.
Desmienten a Cerrón
Para evitar más casos de este tipo, donde se calumnia a peruanos valerosos, el congresista Alejandro Soto ha presentado una propuesta que terminaría de hacer justicia a nuestros héroes y a todo aquel imputado por crímenes que no cometió. Se modifica la Ley de datos personales, incorporando el derecho al olvido.
“De hallarse información en motores de búsqueda de internet o sistemas informáticos que hayan estado disponibles al público por un determinado tiempo, y que, habiendo sido ajustada a la realidad en su oportunidad, como consecuencia de nuevas condiciones fácticas y/o jurídicas relevantes, ya no lo es o no lo es plenamente, de modo tal que su difusión, ahora de contenido abiertamente inexacto, genera un perjuicio al titular de la información en particular, respecto del contenido de su derecho fundamental al honor y a la buena reputación; permite a la persona involucrada exigir su eliminación, supresión, o retiro de información relacionada con datos personales”, se señala.
Este derecho ya es reconocido en forma práctica por medios de comunicación serios como EXPRESO, así como en Europa, pero aún no ha sido desarrollado en nuestro continente. Sin embargo, nuestro Tribunal Constitucional se pronunció sobre este tipo de acciones en el Expediente 03041-2021-PHD/TC.
“Como todo derecho fundamental, el derecho al olvido también está sujeto a restricciones o limitaciones derivadas, esencialmente, de la necesidad de que sea armonizado con otros derechos o bienes constitucionales”, explicó esta institución.
Derecho al olvido
El portal jurídico La Ley también menciona otro antecedente cercano. La Dirección General de Protección de Datos Personales en la Resolución Directoral Nº026-2016-JUS/DGPDP, reconoció el derecho a borrar las informaciones de Internet cuyo fondo ya fue descartado.
“Confirmó la decisión con la que, en 2015, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales halló culpable a la empresa Google, ordenando así el bloqueo de los datos personales de un ciudadano en los motores de búsqueda y el pago de 65 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalentes a 250 mil dólares”, se informó.

Corte de EE.UU. niega moción de emergencia presentada por Alejandro Toledo contra extradición

La jueza Beryl Howell negó el recurso presentado por la defensa del Alejandro Toledo y deberá entregarse a las autoridades estadounidenses

La Corte de Columbia (Estados Unidos) rechazó la moción de emergencia presentada por la defensa del expresidente Alejandro Toledo para que se vuelva a suspender el proceso de extradición que pesa en su contra y que lo traería el Perú para ser juzgado por presuntamente haber recibido más de 30 millones de dólares en coimas de la empresa brasileña Odebrecht cuando era presidente de la República (2001-2006).
La periodista peruana Liliana Michelena, que sigue el caso de Toledo en Estados Unidos, indicó en su cuenta en Twiter que el recurso fue negado por la jueza Beryl Howell de la Corte de Columbia y que, además, no habrá una nueva suspensión de su proceso de extradición.
Ante esta negativa, Alejandro Toledo deberá entregarse a las autoridades estadounideneses en la Corte de San José en California, como estaba previsto antes de la moción de emergencia presentada por el exmandatario peruano.
En su decisión, el Tribunal del Distrito de Columbia argumentó que los abogados de Toledo no presentaron argumentos nuevos para defender su caso.
La defensa del expresidente peruano habían alegado que el proceso de extradición debe ser analizado por la rama judicial de manera independiente, según reseñó la jueza Beryl Howell en su decisión.
Toledo está ahora obligado a entregarse a las autoridades en el edificio Robert F. Peckham, sede del Tribunal del Distrito Norte de California, en la ciudad de San José (California).

Idas y venidas en proceso de detención de Toledo

El juez Thomas Hixson había ordenado que Toledo se entregue ante la Policía estadounidense para ser detenido y continuar con el proceso de extradición.
Un día antes, se conoció que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado una nueva orden de detención para Alejandro Toledo.
Como se recuerda a inicios de abril, un juez de Estados Unidos anuló la orden de arresto que debía ejecutarse ese día contra Alejandro Toledo para ser extraditado al Perú por el caso Lava Jato.
Pero el juez Hixson dejó sin efecto la orden de detención después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito admitiera una petición de la defensa de Alejandro Toledo para retrasar la extradición durante 14 días.
RPP Noticias captó al mismo Alejandro Toledo, acompañado por su esposa Elianne Karp, cuando acudió a la corte el día que se suspendió su arresto. En aquella oportunidad, un hombre no identificado intentó impedir que se registre en cámaras al exmandatario, quien salió por la puerta principal de la Corte de San Francisco hasta un estacionamiento subterráneo cercano.
La extradición de Alejandro Toledo se solicita para que sea procesado judicialmente en Perú por el caso de los cobros irregulares en la construcción de la carretera Interoceánica; tema que forma parte del conjunto de procesos del caso Lava Jato.

Ministro de Justicia: Toledo puede ser puesto a disposición desde el momento de su detención

Por otro lado, el ministro de Justicia, José Tello, mencionó que Toledo Manrique podría ser puesto a disposición de las autoridades peruanas desde el momento en que es detenido. Posteriormente, el procedimiento quedaría en manos del Minjus y el INPE.
“Desde el momento en que es detenido puede ser puesto a disposición de las autoridades peruanas. Tiene que ser en el más corto plazo para que el señor Toledo venga y responda ante la justicia peruana. Una vez que llega al Perú, viene un procedimiento que está a cargo del Ministerio de Justicia. El INPE recibe al señor y luego de pasar por médico legista es puesto en un centro penitenciario. Podemos inferir que es Barbadillo. Esto finalmente lo decide una junta calificadora del INPE“, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Alejandro Toledo llegará el Perú en vuelo comercial

Expresidente será trasladado en avión que partirá de California a Santiago de Chile, pero hará escala en Lima.

El detenido expresidente Alejandro Toledo, quien se entregó a las autoridades estadounidenses, arribará a suelo peruano este domingo 23 a las 7:30 a.m en un vuelo comercial que tiene como destino final Santiago de Chile, pero que previamente realizará una escala en el Aeropuerto Jorge Chávez.
Toledo será custodiado en el avión por cinco alguaciles estadounidenses pertenecientes al United States Marshals Services. Según fuentes de Perú21, este proceso se realizaría de esta manera para agilizar su llegada a la capital peruana.
El vuelo en el que partirá hacia la capital es el de la aerolínea Latam Airlines, y despegará desde California a las 9:10 p.m. rumbo a su única escala en Lima. Al llegar, Toledo pasará a manos de las autoridades peruanas que lo estarán esperando en el aeropuerto.
Tras ello, será trasladado a la Dirección Nacional de la Policía Aérea (DIPA), para luego ser llevado en helicóptero al penal de Barbadillo.
Como se conoce, Toledo se encuentra recluido en el Centro Correccional de Maguire del Condado San Mateo (California), a donde lo trasladaron luego de entregarse a la justicia estadounidense por orden del juez Thomas S. Hixson.
Fuente: Diario Perú21.

Por CÉSAR COMBINA– Diario Correo.
La sentencia de 12 años de cárcel para Daniel Urresti ha remecido el panorama político peruano. Quien casi se convierte en alcalde de Lima, hoy enfrenta su momento más difícil. Pero vale la pena preguntarnos ¿por qué la justicia demoró tanto? Y aunque se pueden esbozar muchas respuestas, la realidad es que Urresti se convirtió en el eslabón más débil del entramado político caviar y todos sabemos por dónde se rompe la cadena.
La memoria es frágil y aunque en los últimos procesos electorales Urresti se puso el polo de Podemos, su historia política nace mucho antes. En el 2006, el candidato radical Ollanta Humala fue derrotado por el ex presidente Alan García. Su fracaso electoral lo llevó a alejarse de UPP y a pensar en un proyecto propio, con nuevos aliados. Fue así que nace el Partido Nacionalista Peruano y se desarrolla posteriormente la alianza GANA Perú, una olla de grillos que unió a rojos, caviares y oportunistas de primera. Parte de la estrategia planteada por la mafia caviar fue modificar la historia de quienes habían sido acusados de abusos, asesinatos o violación a DD.HH como su candidato: Ollanta Humala. Parte de los beneficios recibidos por Urresti fue ser parte de este maquillaje judicial, donde se buscó limpiar de polvo y paja a los denunciados para que puedan tener protagonismo político.
La limpieza caviar no sólo permitió que Humala gane las elecciones, sino que Urresti asumió importantes cargos de gobierno y hasta se postuló como candidato presidencial con el Partido Nacionalista ¿Recuerdan quien lo acompañó como candidata a vicepresidenta? Nada menos que la corrupta Susana Villarán.
Hoy los caviares dejan caer a Daniel Urresti, le quitan su respaldo político y judicial porque no lo necesitan. No tiene futuro político y no les sirve para conseguir mayor poder o impunidad. La mafia está dedicada casi exclusivamente a evitar que Alejandro Toledo sea extraditado, porque saben que si habla lo pierden todo. Como buenos mafiosos son capaces de todo con tal de salvarse, aunque esto le cueste la cárcel a uno de sus ídolos de barro.

¿POR QUÉ NO ESTÁ EN LA CÁRCEL SUSANA VILLARÁN, LA CANDIDATA DE LOS CAVIARES?

Por Margarita Ríos– LaAbeja.pe
Pasan los días, la semanas, los meses y la injusticia prevalece cuando tienes color diferente, cuando eres caviar, cuando las izquierdas del dinero mal habido se unen para defender a una corrupta, sinvergüenza y delincuente como Susana Villarán, la niña “prodigio del delito” de Odebrecht y los ladrones de las empresas del Foro de Sao Paulo.
Ella está procesada en libertad y el que sustrajo un cuarto de arroz o un kilo de harina para darle de comer a sus hijos, purga diez y tal vez quince años de cárcel. Pero la ladrona, la miserable, está en la playa descansando y bronceándose mientras el cholo, el negro, el clase media, subsiste en medio del hacinamiento de las prisiones más peligrosas de esta parte de América.
Es que “Villarán”, prima de los multimillonarios, emparentada con los subversivos que asesinaron y mataron soldados y policías,  es de izquierda pituca y “merece consideraciones” especiales.
Recuerden: “Susana Villarán admitió que recibió aportes de Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra su revocatoria en el año 2013. Ante la petición de la Fiscalía peruana de imponerle 36 meses de detención preventiva, la ex alcaldesa reconoció los hechos en los que estaría involucrada por la recepción de 10 millones de dólares”… y parte de ese dinero ¿Adonde fue? ¿A un restaurante en New York? ¿A su joven amante, mencionado en corrillos y conversaciones no tan reservadas?
“Según lo declarado por Villarán, siempre tuvo conocimiento de las contribuciones de esas firmas a la campaña del “No a la revocatoria” y que la decisión de admitirlas la tomó con José Miguel Castro, su ex gerente municipal”. A más aceptación de la realidad, sobran pruebas y para eso está la condena penal que ella, extrañamente, no cumple en prisión.
Susana Villarán de la Puente fue electa Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el periodo 2011 al 2014, habiendo postulado a dichas elecciones municipales a través del denominado Partido Descentralista Fuerza Social, una máscara de los grupos extremos del comunismo peruano que se “blanquearon” con un nuevo nombre comercial y electoral, para engañar a la población.
El Ministerio Público dice lo siguiente: “La imputación contra Susana Villarán de la Puente, por la comisión del delito de Lavado de Activos reposa en haber dirigido el dinero producto del acto de corrupción y (además proveniente de la caja 2 de Odebrecht y OAS) al pago de servicios de marketing para sus campañas políticas por No Revocatoria y Reelección a la Municipalidad Metropolitana de Lima. 3. La forma de pago, se realizó mediante entregas en efectivo y habiendo declarado hechos falsos ante el Jurado Nacional de Elecciones y a la ONPE (en cada caso), da muestra del propósito de evitar la identificación del origen ilícito de los fondos recibidos (División de operaciones estructuradas y Contraloría), los cuales eran producto de una actividad delictiva previa (corrupción de funcionarios)”.
A esto se suman más delitos y más implicados …pero ni uno purga prisión. ¿Por qué?
Y se acabó el COVID, ahora todos los ladrones y ladronas a la cárcel.
Para mayor información lean el requerimiento Fiscal:
https://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/409821192-Requerimiento-prision-SV.pdf

Zoom del Movadef: Comparan quemas en Puno con la Revolución francesa

SE SACA LA CARETA. Efraín Condori, profesor de la Fenatep, sindicato vinculado a la Nueva Fracción Roja de Sendero, dice que el incendio de comisarías y juzgados es una nueva forma de lucha. Exjefes de la Dircote piden que la Fiscalía inicie una investigación por apología del terrorismo.

Por JUAN CARLOS CHAMORRO– Diario Perú21.
Después del 7 de diciembre del año pasado, tras la vacancia en el Congreso del golpista Pedro Castillo, comenzó en Puno y en la región sur del país una convulsión social con protestas y vandalismo. En ese contexto, Perú21 ha demostrado, a través de la publicación de varios videos de conversaciones entre representantes de la Fenatep y el Movadef, que ambos organismos, vinculados a la Nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso, han tenido participación en hechos de carácter subversivo.
En este nuevo Zoom, que data del 11 de marzo último, lo que llama la atención es la exaltación de los actos de violencia que realiza uno de los participantes, el profesor Efraín Condori, dirigente de la Fenatep-Puno y firmante del padrón del Movadef, quien compara las violentas protestas ocurridas entre enero e inicios de marzo último en Puno, concretamente la quema de comisarías y juzgados, con el proceso de la Revolución francesa de 1789.
En el video, el cabecilla del Movadef en Bolivia, Alex Chamán, le pide a Condori que realice “una evaluación” de la participación del “pueblo” en lo que él llama “lucha”, sobre lo acontecido en Puno.
“No habíamos visto, por ejemplo, quema de comisarías; no habíamos visto, por ejemplo, quemas de palacios de justicia o de fiscalías; o la soldadura de puentes. Entonces, esto tiene otra distinta característica, que a nuestro ver tiene casi la forma de un levantamiento popular. Un poco hablando de levantamiento popular, cogemos la idea del pueblo francés, cuando por los años 1740, 50, 60, 70, 80, también vivió décadas álgidas, y el pueblo proletario tomó el poder por tres meses, pero nuevamente la reacción se organizó, y el pueblo tuvo que morir en miles, en masa…”, dice Condori en el reporte que le da verbalmente a Chamán, refiriéndose a las protestas en Puno y comparando esos hechos violentos con la Revolución francesa, en la que se aplicó la pena de muerte con la guillotina para cortar la cabeza de los sentenciados por los llamados ‘revolucionarios’.
La declaración apologética de Condori la hizo apenas una semana después del violento ataque con fuego y combustible, del 4 de marzo, contra la comisaría y la sede judicial puneña del distrito de Juli. Aunque también fueron incendiadas antes las comisarías de Ilave y Macusani, y sedes judiciales y fiscales.
Y tampoco hay que olvidar que el 9 de febrero, en el intento de toma del aeropuerto de Juliaca, murieron 18 personas, entre ellas un policía asesinado y quemado vivo.

“Si hay este audio, la Fiscalía debería tomar nota y abrir una investigación preliminar”.
José Baella, exjefe de Dircote

Condori, además, en el extremo de avalar y justificar la violencia, denomina como “lección” a los lamentables sucesos ocurridos en Puno y otras zonas del sur del país.
“Esta situación es de una enorme lección para los pueblos del mundo, y por qué no para el pueblo peruano, y el pueblo puneño en particular, porque véase este tema del levantamiento popular; estamos evaluando cómo y qué características tiene la lucha actual, ha desarrollado, viene creciendo; el pueblo ha aprendido a luchar”, menciona.
APOLOGÍA DEL TERRORISMO
Según los exjefes de la Dirección Contra el Terrorismor (Dircote) de la Policía, los generales en retiro Héctor Jhon Caro y José Baella, la analogía que hace Condori de los hechos violentos de Puno con la revolución en Francia aplica para que la Fiscalía inicie un proceso de investigación por el delito de apología del terrorismo a quienes participaron en ese Zoom.

“La Nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso no ha abandonado la guerra popular. El Movadef es parte de ellos”.
Max Anhuamán, Jefe de Terrorismo Internacional de la Dircote

El general Caro dijo a Perú21 que Condori quiere copiar “la parte agresiva, la parte violenta, la parte donde se llega a inventar la guillotina”, al comparar los hechos violentos ocurridos en Puno con la Revolución francesa.
Para Caro, lo que debe buscarse con el delito de apología del terrorismo es prohibir la mención de todo acto terrorista y del ‘Pensamiento Gonzalo’, que es la base de la ideología del Movadef-Sendero Luminoso.
Baella dijo a este medio que Condori hace esas comparaciones porque comparte esa forma de actuar de la población. “Efraín Condori es la cara de la Fenatep en Puno y nos haría pensar que está detrás de toda esta situación”, aseguró.

“El comparar las quemas de las comisarías de Puno con la Revolución francesa es decirles ‘vuélvanlo a hacer’”
Mario Amoretti, Exdecano del Colegio de Abogados de Lima

“La apología significa enaltecer y alabar al terrorismo, un acto terrorista o a la persona que ha cometido un acto terrorista y está sentenciada. No es tan sencillo. Pero, si hay este audio, la Fiscalía debería tomar nota y abrir una investigación preliminar”, señaló.
Para Baella, lo que busca el Movadef finalmente es la reconstitución de Sendero Luminoso a través de la realización del segundo congreso para conformar un nuevo Comité Central, que hoy está al mando de Elena Iparraguirre o ‘Miriam’, tras la muerte de Abimael Guzmán.
Apología. Si la exaltación es al terrorismo o a una persona sentenciada por terrorismo, y se da por un medio de comunicación o mediante el uso de la tecnología, la pena es entre 8 y 15 años.
El Zoom. En el video aparecen Condori, Chamán, el dirigente de la Fenatep-Puno y sindicado de ser fundador del Movadef, César Tito Rojas, y la activista argentina Marianela Navarro. Los cuatro deben ser denunciados por apología del terrorismo, según exjefes de la Dircote.

EXJEFE DE DIRCOTE, JOSÉ BAELLA, PIDE PONER LA LUPA SOBRE LAS PROTESTAS:

“FISCALÍA DEBE JUNTAR EVIDENCIAS”

“La Fiscalía debe juntar evidencias”, dijo el exjefe de la Dircote, José Baella. (Foto: GEC)
El exjefe de la Dircote, José Baella, dijo a Perú21 que el anuncio de más protestas en Puno así como la anunciada tercera ‘Toma de Lima’, debe alertar a las autoridades para dirigir sus esfuerzos en seguir de cerca la reorganización de protestas que tiene lugar en la región altiplánica.
El general PNP (r) dijo que la expremier debería explicar sus reuniones en Puno y cómo conoce la agenda de las futuras movilizaciones.
Refirió, además, que si la Fiscalía junta evidencias, podría iniciar una investigación sobre las personas que están detrás de las nuevas protestas.
Dijo también que en su calidad de exjefa del Gabinete debió rechazar todo acto de violencia en las protestas, como los incendios de comisarías y sedes judiciales, así como la toma del aeropuerto de Juliaca porque es “un acto terrorista”.
“La toma fue para que no lleguen autoridades, para que no llegue la Policía; eso atenta contra el libre tránsito y la libertad de las personas”, dijo.
Explicó que las protestas pacíficas “son válidas”, pero las que son con violencia “no lo son” y ese hecho no debe recibir el apoyo de nadie “y menos de una exautoridad”.

FERNANDO ROSPIGLIOSI, EXMINISTRO DEL INTERIOR: “DEBEN INVESTIGAR A MIRTHA VÁSQUEZ”

Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, recuerda quién fue Mirtha Vásquez y analiza el protagonismo que tiene en las protestas que se podrían desencadenar en Puno.
¿Qué busca Mirtha Vásquez con azuzar las protestas en Puno?
Es increíble la desfachatez de esta gente que participó en el corrupto gobierno de Pedro Castillo; quieren agitar la violencia, el desorden y el caos. La señora Vásquez, cuando fue premier, incitó a la toma de minas; justamente, cuando habían asaltado las minas en la sierra central, la señora Vásquez viajó a esa zona para apoyar a aquellos violentistas que destruían las minas y les decía que iban a quedar impunes. En Puno intentaron asaltar violentamente el aeropuerto de Juliaca, que estuvo cerrado durante meses, asesinaron violentamente a un policía y a seis soldados en Ilave obligándolos a entrar al río por una turba vinculada a estas organizaciones que defiende Mirtha Vásquez. Es peligroso lo que está ocurriendo.
Fernando Rospigliosi, exministro del Interior. (Foto: Andina)
¿Debe investigarse su participación en las protestas desde que estas iniciaron?
Debe investigarse todo porque las manifestaciones violentas tienen un sentido separatista justo en el sur, donde Evo Morales tiene apetitos. La Policía debe de tener identificados a Mirtha Vásquez y a muchos otros, creo que lo que falta es la decisión política del Gobierno. El problema es que la señora Boluarte y su Gobierno pretenden conciliar con los que quieren liquidarlos; es una política suicida.
¿Vásquez podría ser el nuevo rostro de las protestas?
Sin duda, pero también creo que hay una pugna entre los sectores izquierdistas para ver quién se convierte en la cabeza del movimiento. Ella es una antiminera furibunda desde hace muchísimos años; cuando llegó a la PCM fue saludada por el empresariado y la derecha que decían que ella es moderada. No se dan cuenta que gente como Vásquez es parte del movimiento socialismo del siglo XXI cuyo objetivo es implantar una dictadura en el Perú.
Fuente: Diario Perú21.

Por Aaron Salomón- Diario EXPRESO.
Los miserables caviares, quienes perdieron el poder que tenían tras la caída del golpista exmandatario Pedro Castillo, han emprendido una recia campaña de desprestigio para tumbarse a la presidenta constitucional Dina Boluarte, al denunciar que ella habría recibido aportes para su campaña electoral. Analicemos aquí si es que la acusación de los zurdos de cafetín tiene asidero.
Como por arte de magia, apareció en medios zurdos la docente Maritza Sánchez, amiguísima de Castillo, y develó que el “empresario” Henry Shimabukuro había inyectado hasta 800 mil soles a la campaña de Dina. Luego, Shimabukuro confirmó en los mismos medios adictos a la publicidad estatal que había patrocinado a la actual mandataria, de quien dijo que no ponía un centavo ni para comprar un marciano.
Los opositores del régimen castillista -y no esos que ahora dicen que siempre estuvieron del lado correcto de la historia- sabemos que Dina Boluarte no es ninguna santa: abrió una cuenta bancaria donde recolectó dinero para pagar la defensa legal y reparación civil del corrupto dueño del partido comunista Perú Libre, Vladimir Cerrón.
También conocemos que, mientras ocupaba el cargo de ministra de Inclusión Social y Desarrollo, ejerció influencias para que el Club Departamental Apurímac obtenga ciertos permisos para operar. Este cuestionable hecho pudo ocasionar su inhabilitación, pero la izquierda la blindó en el Congreso. Vaya paradoja que quienes antes salvaron a Boluarte hoy la quieren vacar por un quítame allá esas pajas.
Lo factual en el caso de Henry Shimabukuro es, sin embargo, que este personaje no es ningún “empresario”, como quiere adornar la prensa caviar, sino que fue asesor de Pedro Castillo. Así, el rédito que alcanzó Shimabukuro por ser el presunto mecenas de PL fue un cargo en la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), el cual le fue otorgado por Castillo.
Además, es inexacto referirse a la campaña electoral de Dina Boluarte, pues ella era parte de una fórmula presidencial, liderada por el ignorante inquilino del penal de Barbadillo. Es decir, el principal beneficiado de los aportes de Shimabukuro habría sido Castillo.
No hay que ser muy perspicaz para advertir que Maritza Sánchez y Henry Shimabukuro son operadores de Castillo, cuyo único objetivo es propiciar, al alimón con los caviares, la caída de Boluarte. Si sucediera esto, la izquierda se vería beneficiada en un anticipo de comicios en medio de un clima convulsionado, y, de llegar -nuevamente- al poder un representante de este pensamiento rancio, el chotano saldría de la cárcel en un dos por tres.
Dina, por su parte, acabaría enjaulada, tal como ha sucedido con la expresidenta boliviana Jeanine Áñez.

Dos tercios del Congreso de la República rechaza vacancia de Presidenta Dina Boluarte

El Pleno del Congreso rechazó la admisión de la Moción de Orden del Día 5372 que proponía declarar la incapacidad moral permanente de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y, por lo tanto, declarar la vacancia de la Presidencia de la República.
La fórmula solo obtuvo 37 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones. En consecuencia, según informó el presidente del Congreso, José Williams Zapata, el documento pasa al archivo.
Cabe indicar que, según el inciso b) del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, “para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el cuarenta por ciento de congresistas hábiles (…)”.
La moción de vacancia fue presentada por congresistas de las bancadas Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Perú Bicentenario y Perú Libre, entre otras.
En la sustentación de la moción, el congresista Hamlet Echevarría Rodríguez (CD-JP) dijo que la violenta respuesta que se dio a las protestas sociales tiene responsables como son la presidenta de la República; Alberto Otárola, titular de la PCM y todo su gabinete, debido a que Dina Boluarte es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
El legislador Flavio Cruz Mamani (PL) manifestó que Boluarte Zegarra no cumplió con su palabra de renunciar a la Presidencia de la República, por ello, “tras su traición la movilización surge en todo el país y hasta hoy continúa en Puno”.
“En lugar de llamar a la calma y convocar al desarrollo del país lo primero que hizo fue matar a nuestros compatriotas y eso nadie se lo va perdonar. Puno no va parar hasta que ella se vaya”, dijo.
El congresista Jorge Marticorena Mendoza (PB) expresó que hay muchas responsabilidades que se tienen que explicar por lo que es importante que se determinen las responsabilidades políticas.
El legislador Alejandro Cavero (Avanza País) expresó que hoy el país pide estabilidad, realidad que no se podía tener con Pedro Castillo “porque nunca estuvo dispuesto a alcanzar siquiera acuerdos mínimos de gobernabilidad”.
“No es suficiente tener al Perú como la democracia quisiera, pero a veces necesitamos darle al país caminos de paz y estabilidad para reencontrar su propio sendero en libertad y desarrollo”, aseveró.
En la misma línea, Jorge Montoya Manrique (RP) consideró que ante la situación de emergencia que vive el país se debe dar estabilidad.
“No vamos a admitir la moción de vacancia, es una pérdida de tiempo”, dijo.
La parlamentaria Patricia Juárez Gallegos (FP) recordó que con votos de aquellos que hoy presentan la moción, antes lograron salvar a Dina Boluarte de una acusación constitucional. Consideró que pretender una vacancia en estos momentos no es lo más oportuno.
RECHAZAN RECONSIDERACIÓN
Posteriormente, la congresista Kelly Portalatino Ávalos (PL) presentó una reconsideración a la votación que rechazó la admisión de la moción de vacancia presidencial. Esta propuesta solo obtuvo 34 votos a favor, 67 en contra y 10 abstenciones.
Fuente: Congreso de la República.

Monseñor Carlos Castillo defiende a Pedro Castillo en su homilía:

«Si nuestro país, ahora, está callado, es porque, con la costumbre de resolver las cosas a golpes, a la gente se le ha pretendido silenciar con las armas, con el maltrato; cuando se ha podido inventar formas de diálogo, formas de tratar las cosas, y también formas de pedir perdón realmente, eficazmente y no de palabritas. Si estamos en una situación así no es solamente por intereses económicos y políticos, sino por actitudes que están arraigadas en nuestras costumbres».
“El Señor nos llama a ser parte de la vida y de las familias que han sido maltratadas por los perdigones y las balas que les han caído. Nos llama a identificarnos con todos los que han sido matados por obra de la violencia que algunos hermanos nuestros han ejercido”.

Generó opiniones divididas en redes sociales

El sacerdote Omar Sánchez emplazó al arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, a rectificarse respecto al sermón que dio en la misa de Domingo de Ramos, donde cuestionó la respuesta del gobierno de Dina Boluarte a las violentas protestas contra el régimen.
Para el integrante del movimiento “Reacciona Perú”, las palabras de Carlos Castillo muestran un total desconocimiento de la realidad política, pues -dijo- nuestro país estuvo sumergido en un gobierno comunista al mando del hoy recluso Pedro Castillo.
“Me da la impresión de que no conoce la realidad, desconoce la situación que vivió Lima y el Perú en estos días. Lo que él llama represión es la defensa legítima de un Estado ordenado y no caótico. Él debería aclarar por qué dijo eso, que diga: me equivoqué al hablar, porque confunde a la población”, dijo Sánchez a EXPRESO.
Respecto a las personas que participaron en las protestas, el sacerdote señaló que “detrás de ellos hay movimientos comunistas y terroristas que han empujado a estas marchas por razones que ellos mismos desconocen, como el cambio de Constitución, y cuando les preguntabas no sabían qué cambiar”, señaló.
El excongresista Otto Guibovich escribió en Twitter: “Lamentable. Si desea hacer política, monseñor, aléjese de la Iglesia. ¿Ud apoya la mentira, el odio y la violencia? ¿Cuál es su propósito? Nuestra Iglesia pierde con ‘líderes’ que no son espirituales. Cuide de la vida de todos y sobre todo de su espiritualidad. ¡Por Dios!”.
Fuente: Diario EXPRESO e Infobae.com

Capturan a dirigente en Andahuaylas por trasladar más de 19 mil cartuchos de dinamita

Dirigente es sindicado por la policía de integrar grupos terroristas en la provincia y ser miembro del comité de alto Consejo Bolivariano.
Joys Edwar Quiroga Vargas de 47 años era buscado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y fue capturado tras presentar una requisitoria por tenencia ilegal de armas.
La policía recibió una información sobre su paradero y tras un plan de operaciones ordenado desde la región Apurímac fue capturado en el sector de Chacrapata en Andahuaylas.
El jefe de la región policial de Andahuaylas y Chincheros, Willy Vargas, precisó que el dirigente anti minero era buscado por trasladar más de 19 mil cartuchos de dinamita en la región Cusco.
Quiroga Vargas es sindicado por la policía de integrar grupos terroristas en la provincia y ser miembro del comité de alto Consejo Bolivariano y ser cooperador político e ideológico del Islam en el Perú.
Pese a que durante la intervención el dirigente anti minero se mostró reacio tras su detención, pero en la comisaría cambió de actitud.
Joys Edwar Quiroga Vargas será trasladado a la región Cusco donde cumplirá la detención por la requisitoria que presenta.
Fuente: www.americatv.com.pe

Gahela Cari no podrá convertirse en la primera congresista trans del Perú: Roberto Sánchez se libró de suspensión

Gahela Cari Contreras estuvo a punto de convertirse en la primera congresista trans del Perú, solo si el pleno del Congreso hubiera aprobado la suspensión del exministro y legislador Roberto Sánchez, de quien es accesitaria, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Gahela Cari tenía la posibilidad de reemplazar como congresista a Roberto Sánchez.
Abogada y activista, Gahela Cari ya había marcado un precedente al tentar en una curul durante dos oportunidades con el partido Juntos por el Perú, que lideró Verónika Mendoza como candidata presidencial.
Con un sombrero decorado con colores andinos y una trenza que bordeaba su cuello, recorrió las calles para convencer a los ciudadanos de darle su voto.
En un país con altos rasgos homófobicos y conservadores, figuró en las listas electorales con su “nombre muerto”, el mismo con la que fue registrada al nacer y que el Estado peruano no le permite cambiar.
De ser elegida, iba a priorizar una ley de identidad de género, una ley de educación sexual e integral en los espacios educativos, un cupo laboral para personas trans, un protocolo de atención en salud para personas trans y mecanismos para acabar con el acoso escolar transfóbico, causante de deserción estudiantil “y, en el peor de los casos, del suicidio”.
Una historia de resistencia
Gahela Cari nació en Ica hace 30 años. Su madre es una líder campesina, oriunda de Ayacucho, que se salvó de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Su padre se vio obligado a huir de Puno por amenazas terroristas.
Cari vivió y se educó en esa ciudad, al sur de Lima, hasta que terminó sus estudios de Derecho. Sin embargo, su universidad no le permitió acceder al grado de bachiller con su nombre social, sino que le obliga a usar el nombre que actualmente figura en su documento de identidad.
Sin un grado académico, no pudo obtener un título oficial de abogada ni colegiarse, y por lo tanto tampoco ejercer la profesión para la que estudió. “Para mí ejercer la prostitución ha sido la etapa más difícil de mi vida porque es casi como consentir violaciones solamente por tener que comer mañana”, dijo a la agencia EFE en 2020.
Su lucha fue antecedida por Belissa Andía, quien en 2006 se postuló por el movimiento Nueva Izquierda, y Jana Villayzan, quien participó en la misma contienda con el respaldo del Partido Socialista. Ninguna logró su objetivo.
Cari tampoco reunió al menos 35,000 votos para alcanzar un curul, dentro de una institución desprestigiada por la crisis política y en un país con altos índices de discriminación.
En esta jornada, además, quedó descartada para ocupar la curul de Roberto Sánchez, quien fue salvado con 27 votos a favor, 39 en contra y 18 abstenciones, a diferencia de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien fue suspendida en el ejercicio de sus funciones legislativas.
Antes de la votación, hubo un extenso debate en el que los implicados, sus defensas y parlamentarios de diferentes bancadas expusieron sus puntos de vista.
Fuente: Infobae.com

Congreso aprobó denuncia constitucional por los delitos de rebelión y conspiración

El Pleno del Congreso también aprobó la suspensión de Betssy Chávez como legisladora. Sin embargo, en el caso de Roberto Sánchez no se alcanzaron los votos para aplicar la misma medida, por lo que podrá continuar sus labores como parlamentario mientras duren las investigaciones de la Fiscalía.

El pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra Betssy Chávez, acusada como presunta coautora de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión, en agravio del Estado.
Con 66 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones los legisladores dieron luz verde para proceder con la formación de causa penal en su contra. El Pleno también aprobó el punto 2 del informe final que determina suspenderla de su cargo legislativo mientras duren las investigaciones de la Fiscalía, por ello entrará su accesitario a reemplazarla en lo que falta de la legislatura.
En el caso del exministro del Interior, Willy Huerta, también se aprobó la acusación constitucional en su contra con 57 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones por su presunta participación, al igual que Betssy Chávez, en el intento de golpe de Estado que hizo Pedro Castillo.
Roberto Sánchez seguirá en el Congreso
Por último, en el caso del exministro de Comercio y actual congresista, Roberto Sánchez, el pleno del Parlamento aprobó la acusación constitucional con 50 votos, 21 en contra y 13 abstenciones. Sin embargo, los legisladores no aprobaron su suspensión pues se solo obtuvieron 21 votaciones a favor, 39 en contra y 18 abstenciones.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Pedro Castillo: Sada Goray condicionó entrega de coima que serviría para pagar a jueces

Se cierra el círculo. Salatiel Marrufo contó a la Fiscalía que empresaria dio S/500 mil a cambio del nombramiento de Luis Longaray como jefe de la Sunarp. El dinero, según colaborador, se entregó al sobrinísimo Cledín Vásquez para que este pague a los magistrados.

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú21.
En su manifestación del 18 de noviembre de 2022, Marrufo contó que Castillo ordenó al entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, recaudar S/1’500,000 para abonar a los magistrados de la sala superior que verían la apelación de prisión preventiva de sus sobrinos Gian Marco Castillo y Fray Vásquez.
El hombre clave era Cledín Vásquez Castillo, el hermano de Fray. Según el exfuncionario, Cledín recibió el millonario monto en efectivo para entregárselo a los magistrados.
Sin embargo, lo que no se sabía hasta hoy era cómo consiguieron esa exorbitante cifra. Si bien el exasesor de Alvarado adelantó en esa manifestación que los recursos llegaron de las coimas entregadas por Sada Goray, la empresaria puso una condición adicional al ya buen trato que recibía en el sector Vivienda.
La condición
Salatiel Marrufo volvió a declarar al equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto el 14 de febrero pasado, manifestación a la que accedió Perú21.
Esta vez detalló que el miércoles 6 de abril de 2022, luego de una sesión del Consejo de Ministros, el entonces presidente Castillo le dijo a Geiner Alvarado que reúna S/1′500,000 para coimear a los jueces que en segunda instancia verían la apelación a la prisión preventiva que el Ministerio Público había requerido un día antes, el 5 de abril.
Castillo daba por hecho que el juez Manuel Chuyo dictaría la prisión ya que, según el colaborador, este “ya no le contestaba el teléfono a la persona del entorno del presidente que lo había contactado y supuestamente habían quedado que lo iban a ayudar”. Chuyo, finalmente, ordenó la detención de los sobrinos el 13 de abril.
Sada Goray al lado de su exesposo Luis Mesones.
En ese trance, Alvarado le pidió a Marrufo el millonario monto y este solo pensó en una persona capaz de hacerle una rápida entrega: Sada Goray.
“En esas circunstancias le digo a Geiner Alvarado que teníamos que pedirle ese dinero a Sada Goray porque aún nos tenía que pagar como lo habíamos acordado, luego me comunico con Goray y le digo que necesitábamos dinero para el tema de los sobrinos del presidente Pedro Castillo y ella me dijo que me daría el dinero pero tenía que nombrar a Luis Longaray Chau como superintendente de la Sunarp”, declaró a la Fiscalía.
Con Longaray en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Goray se aseguraba la inscripción del predio de 60 hectáreas, ubicado en Chilca, al sur de Lima, en favor de su empresa MarkaGroup. Con ello podría vender los terrenos a US$33 millones.
De acuerdo al testimonio, Marrufo le garantizó ese nombramiento a Goray y con esa promesa ella soltó los fondos.
Resolución suprema publicada el 15 de abril del 2022 en El Peruano, confirma la designación de Luis Longaray como jefe de la Sunarp.
El exasesor dijo que ya contaba con un millón de soles guardados, entregados con anterioridad por la empresaria como parte de los S/4 millones acordados.
La sala que vio la impugnación estuvo integrada por Bonifacio Meneses, Sonia Bazalar y César Vásquez. Los dos primeros votaron por revocar la orden de 36 meses de prisión preventiva de Gian Marco Castillo Gómez, quien salió en libertad bajo comparecencia con restricciones.
Al estar bajo sospecha, la OCMA les abrió investigación a Bazalar y Meneses porque “existe mérito”, como reveló Perú21.

El factor Chero

“El 13 de abril de 2022, posterior a una sesión del Consejo de Ministros, Geiner Alvarado le hizo entrega al presidente Pedro Castillo del CV de Luis Longaray y me dijo que ya todo estaba coordinado con Félix Chero”, relató Marrufo.
Chero era el ministro de Justicia, rubro al que está adscrita la Sunarp. Según el delator, el ministro ordenó a su entonces asesor Jaime Villanueva convocar al jefe de la Sunarp, Harold Tirado, para el día siguiente por la mañana. Ese día le pidió su renuncia. Villanueva es hoy asesor en la Fiscalía de la Nación.
Un día después, el 15 de ese mes, salió publicada en el diario El Peruano la resolución suscrita por Chero y por Castillo designando a Longaray como jefe de la Sunarp. El pacto estaba cerrado.
Félix Chero, exministro de Justicia. (GEC)
No obstante, Marrufo contó que, posterior al nombramiento, Chero lo buscó para pedirle una coima. Esa declaración la informó este diario en diciembre pasado.
Según el testigo, Chero le dijo que había accedido al cambio de Tirado porque Pedro Castillo “lo había presionado bastante”.
Un día después de la designación de Longaray se reunieron en el restaurante del hotel El Marqués donde, según el relato, Chero le dijo “¿cómo es con la mía?”.
Marrufo respondió que no se preocupe y fue a su habitación, la 605, y sacó de la caja fuerte S/50 mil en efectivo.
“Regresé al restaurante que está en el octavo piso del hotel, le entregué el dinero (a Félix Chero), luego terminó la reunión y él se retiró”, narró el exasesor de Vivienda.
Si bien Castillo manejaba una red criminal desde su gobierno, las evidencias muestran que Goray dirigía su propia organización delictiva. Una muestra de ello es la infiltración de Longaray en la Sunarp.
Otra prueba es que el exesposo de la empresaria, Luis Mesones, formó parte del directorio del Fondo MiVivienda en 2021 cuando dicha instancia decidió adjudicarle contratos a MarkaGroup, empresa que ambos formaron.
Perú21 se comunicó con Jaime Villanueva para recoger su versión. Señaló que aquella vez solo acató la orden del entonces ministro Félix Chero de convocar a Harold Tirado sin conocer las razones de la cita.
De acuerdo a la investigación fiscal, los sobrinos de Pedro Castillo integraban la organización criminal del expresidente para repartirse obras públicas y contratos desde distintos ministerios.

Por Luis Jesús Durand– El Confidencial.
Toda historia tiene un inicio. Toda dictadura tiene un inspirador, una matriz.
Aparentemente opuestos e ideológicamente distantes, el gen del chavismo-madurismo venezolano, encuentra los orígenes de su actual partitura en el libreto escrito por Alberto Fujimori, durante la década de los 90 en el Perú. Aquella mañana del domingo 5 de abril de 1992, los peruanos despertaban con la noticia de que ya no existía parlamento. Fujimori había cometido un golpe de estado y se había convertido en dictador.
Alberto Fujimori denominó eufemísticamente este periodo como “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” con el engañoso apoyo de más del 80% de la población peruana. Bajo aquella licencia populista, el fujimorismo intervino a fondo en todos los poderes del Estado: colocó jueces y fiscales a su antojo, y concentró el poder en sociedad con Vladimiro Montesinos, su asesor en las sombras.
Seguramente este contrahecho ‘know-how‘ político inspiró a Hugo Chávez a construir un modelo basado en el mismo sistema clientelista que el fujimorismo ostentaba. Pero, ¿cómo aparece Fujimori en la vida de Hugo Chávez?
La íntima relación entre Alberto Fujimori y Hugo Chávez brota en 1992, cuando el caudillo peruano le ofrece asilo a 93 militares venezolanos que participaron en el frustrado golpe de estado contra el expresidente Carlos Andrés Pérez, cuestionado y procesado por actos de corrupción durante su gobierno. En ese ínterin, Fujimori se alinea políticamente con la causa de Chávez en contra de Carlos Andrés Pérez, y destina un presupuesto de 202,000 dólares para que los golpistas puedan vivir cómodamente durante su estadía de casi dos años en Lima. Cabe destacar que Pérez fue padrino del hijo mayor del expresidente peruano Alan García, también señalado por diversos actos de corrupción durante sus dos mandatos.

“Mi amigo personal”

El dictador peruano consideraba a Hugo Chávez su amigo; y tal vez esa mutua admiración los llevó a desarrollar grandes similitudes en sus gobiernos. Ambos regímenes fueron de tipo cívico-militar, y concentraron poder bajo el manto de una aparente e irreal democracia; que en ambos casos fue una farsa legalista. Además, Fujimori y Chávez crearon constituciones políticas a su medida, y organizaron elecciones periódicas que fueron simples fachadas, que escondían la verdadera composición autoritaria de sus gobiernos.
En este intrincado maridaje fujichavista, los autócratas se han dado la mano en más de una ocasión. Al asilo dado a los golpistas venezolanos de 1992 le correspondió la visa extraordinaria que Hugo Chávez le extendió a su contraparte peruano en octubre del 2000. La visa no fue necesaria, dado que finalmente Fujimori se fugaría a Japón.
Además, Chávez defendió a Fujimori tras los resultados electorales del 2000; incluso cuando éstos fueron cuestionados duramente por la OEA y Estados Unidos. Sin embargo lo que más resalta de esa simbiosis, es la protección que le dio Caracas a un prófugo Vladimiro Montesinos cuando recaló en Venezuela al final del fujimorato. Aunque lo negaron una y otra vez, el chavismo protegió a Montesinos hasta que la situación se hizo inviable y tuvieron que entregarlo a las autoridades peruanas para juzgarlo y condenarlo.

Cortados con la misma tijera

A 25 años del inicio de esa relación, el fujimorismo se decantó por una suerte de autoritarismo populista de derecha, mientras que el chavismo-madurismo proclama un casi colapsado socialismo del siglo XXI. Una especie de régimen zombi que ha empobrecido Venezuela en tiempo record.
En el Perú, la hija y heredera política de Alberto Fujimori controla el parlamento peruano con el mismo autoritarismo del padre. Una suerte de cinismo político que solo busca acumular poder sea como fuere, y socavar el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Mientras, en Venezuela, Nicolás Maduro confirma con descaro que su país es básicamente una dictadura en donde no existe la separación de poderes, y las libertades están seriamente restringidas.
El fujimorismo y el chavismo son finalmente dos caras de una misma moneda autocrática y dictatorial que eventualmente se pueden extender peligrosamente por Latinoamérica, si no apelamos a fortalecer las instituciones democráticas.

Viceministra otorgó beneficio a ONG que fundó en su primer día en el Ministerio del Ambiente

Durante administración de Rosa Pinasco, AMPA, manejada por su familia, fue registrada como una OMEC. Esta certificación le abre puertas para obtener financiamiento internacional.

El 15 de diciembre último, una semana después del inicio del gobierno de Dina Boluarte, Rosa Karina Pinasco Vela fue designada como viceministra de Desarrollo de Recursos Naturales en el Ministerio del Ambiente. Ese mismo día, la ONG “Amazónicos por la Amazonía” (AMPA) ingresó una carta a esa institución, donde solicitada que la concesión Alto Huayabamba, que administra, sea registrada como una OMEC.
Esta certificación le abre las puertas a cualquier organización no gubernamental a obtener financiamiento internacional.
Según informó el programa de TV “Punto Final”, apenas un día después el pedido de “Amazónicos por la Amazonía” fue otorgado. Lo controversial en este ágil trámite en el Estado es que la referida ONG fue fundada por Pinasco Vela, el padre de su hija y su madre. Estos dos últimos aún continúan al frente de esta.
Ministerio del Ambiente benefició a ONG fundada por su viceministra
La misiva de la ONG, dirigida por la familia de Pinasco, ingresó al Ministerio del Ambiente el 15 de diciembre a las 2:52 p.m.
La Dirección de Diversidad Biológica, que depende del Viceministerio de Desarrollo de Recursos Naturales, emitió un informe dando conformidad a la solicitud. A las 4:45 p.m. del 16 de diciembre, la alta autoridad ordenó continuar con el trámite “por especial encargo de su despacho”.
Pinasco, en respuesta, dijo que ella tramitó “todos los pedidos”, incluyendo el de la ONG que ella constituyó con su familia. Negó, en ese sentido, que haya habido un conflicto de interés.
“En absoluto. En lo absoluto porque eso es algo que ya venía de mucho tiempo atrás, y que tenía toda la validez técnica y legal”, expresó.
La viceministra de Desarrollo de Recursos Naturales refirió que ella no tiene “ningún vínculo” con la organización e informó que renunció en el 2021.
No obstante, de acuerdo a Registros Públicos, fue vicepresidenta a la ONG AMPA hasta el 13 de diciembre del 2022. Es decir, hasta dos días antes de asumir el viceministerio que hoy ocupa.
Al respecto, César Ipenza, profesor de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, indicó que cuando una concesión para la conservación, como la de Alto Huayabamba (San Martín), obtiene la calificación de OMEC, esto la ubica en los sitios “más importante” y de “relevancia” a nivel global.
“Pueden aspirar a mecanismos de financiamiento, como red, evitar deforestación, compensar emisiones de gases de efecto invernadero. Así es [pueden aplicar a donaciones en el extranjero], porque está ubicado en un centro mundial, [tiene] un reconocimiento internacional, porque cumplen estándares internacionales”, manifestó.
El abogado penalista Fernando Silva consideró que sí existió interés de parte de Pinasco, como funcionaría pública, “en beneficiar a una organización básicamente familiar”. “Ese interés indebido genera, por lo menos, un patrocinio ilegal de una circunstancia, o una clara negociación incompatible en esta operación”, añadió.
Para la implementación de las OMEC en el Perú, el Estado identificó, en efecto, 21 posibles iniciativas, incluyendo la de Amazónicos por la Amazonía. A la fecha solo dos ONG han conseguido la categoría. La primera de ellas fue la fundada por la viceministra.
Fuente: Diario El Comercio.Fiesta de cumpleaños de Jorge Hernández (de chaleco, al centro). Vestido de azul, a la izquierda, aparece Raúl Alfaro.

Cumpleaños del operador ‘El Español’

General Raúl Alfaro mintió a la Fiscalía y no contó que fue allegado de Jorge Hernández, quien recibió el encargo para montar un sistema de Inteligencia paralelo. En la reunión también participó Cledin Vásquez, sobrinísimo señalado de recibir coimas de Sada Goray.

Por Oscar Quispe y César Zorrilla- Diario Perú21.
Al final todo se sabe. Por más que el comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, negara ante la prensa y la Fiscalía que nunca mantuvo una segunda reunión con Jorge Hernández Fernández, alias ‘El Español’, operador de Pedro Castillo, una fotografía lo delata y pone al descubierto sus vínculos con integrantes de una red criminal que se enquistó en Palacio de Gobierno en la anterior gestión.
“(‘El Español’) es una persona que conoce a otras personas. Ahí yo lo conocí y no hay ninguna otra cosa adicional ni rara. Siempre hemos estado del lado de los justos y de lo que corresponde hacerse”, dijo Alfaro cuando se le consultó sobre una foto en la que se le ve junto a ‘El Español’ en agosto de 2021.
Luego la prensa le repreguntó: “¿Lo ha vuelto a ver?” y la respuesta del general fue un rotundo “No”.
Y lo mismo declaró ante el fiscal Carlos Espinoza, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.
El 13 de marzo, en las instalaciones de la Diviac PNP, en Cercado de Lima, se llevó a cabo el interrogatorio a Alfaro, quien estuvo acompañado de su abogado Hugo Arbi Castro.
En su testimonio, el mandamás de la PNP recordó que conoció a ‘El Español’ en la inauguración de una gruta de remodelación de la Oficina de Disciplina N°15 del Callao, en aquel mes de agosto de 2021.
Alfaro identificó, según la declaración a la que tuvo acceso Perú21, que entre los asistentes a la ceremonia figuraban el coronel (r) Jorge Cassanova, el general Jorge Cayas, Jorge Hernández y el empresario español Sergio Castellanos Martínez. Este último estaría detrás de las amenazas de muerte contra el equipo especial de la Policía encabezado por el coronel Harvey Colchado, de acuerdo con la tesis de investigación del Ministerio Público.
Es ahí que el fiscal Espinoza repreguntó al general Alfaro si luego de ese cónclave volvió a ver a Hernández y a Castellanos. “No” fue la escueta y falaz respuesta del comandante PNP.
Foto reveladora
Este diario obtuvo una fotografía que data del 6 de diciembre de 2021 en la que aparece –ni más ni menos– el jefe de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, compartiendo alegremente con los negados Jorge Hernández y Sergio Castellanos.
No son los únicos. En el grupo de nueve personas también aparece Cledin Vásquez Castillo, sobrinísimo del expresidente y hermano del prófugo Fray Vásquez. Perú21 reportó el rol de Cledin para repartir coimas entregadas por Sada Goray para pagar a jueces.
Según se aprecia en la reveladora imagen, todos esbozan una sonrisa mientras rodean una mesa blanca repleta de platillos y bebidas.
¿Aquella reunión fue otro evento oficial? Ninguno. Se citaron aquel día para celebrar el cumpleaños del operador de Pedro Castillo, Jorge Hernández, alias ‘El Español’.
Esto se puede corroborar en el pasaporte de Hernández, que está en manos de la Fiscalía. Ahí se consigna que su nacimiento fue el 6 de diciembre de 1990 en Alicante, España.
Además, aunque el general Alfaro haya olvidado, convenientemente, su acercamiento con los sospechosos de conformar una organización criminal, el propio Sergio Castellanos admitió a la Fiscalía que juntos celebraron por todo lo alto el cumpleaños de ‘El Español’.
“Conozco a (Raúl) Alfaro (cuando era general de la Inspectoría). La primera vez lo vi en la oficina de la Inspectoría en el Callao, en la inauguración de la gruta Santa Rosa de Lima y la segunda vez lo vi en el cumpleaños de Jorge Hernández, en el mes de diciembre de 2021″, señaló Castellanos el 11 de marzo durante una diligencia presencial, documento que revisó este diario.
Cabe recordar que Pedro Castillo, cuando era jefe de Estado, denunció a Harvey Colchado ante la Inspectoría de la Policía y pidió que el coronel sea destituido de la institución. Por aquel entonces, el jefe de la Inspectoría era Raúl Alfaro, quien dispuso el trámite administrativo legal y, finalmente, cuando Alfaro pasó a la comandancia PNP, el caso fue archivado.
Perú21 intentó comunicarse con el general Raúl Alfaro vía telefónica y también mediante insistentes mensajes de texto, pero no tuvo éxito. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta de la máxima autoridad de la Policía Nacional.
“Hemos dado todas las facilidades para que eso (investigación) fluya como corresponde del lado de la justicia y de la ley”, garantizó anteriormente Alfaro a la prensa. Sin embargo, sus actos evidencian una clara intención de ocultar información vital para dicha investigación.

Por Aaron Salomón- Diario EXPRESO.
Es realmente indignante escuchar a ciertos caviares escupiendo que los seis militares que fallecieron en el río Ilave, en Puno, tuvieron ese trágico final porque no sabían nadar. Si los soldados perecieron ahogados fue por evitar enfrentarse a cientos de salvajes que los atacaron con piedras hasta orillarlos a la muerte. Para ser precisos: los miembros de las Fuerzas Armadas fueron ultimados por inmisericordes neoterroristas.
Causa impotencia ver en imágenes a los militares huyendo de la turba asesina sin poder defenderse con sus armas reglamentarias por temor a acabar presos. De haber algún soldado apretado el gatillo, hoy -y no tengo ninguna duda- este estaría tras las rejas. Ese también habría sido el destino del suboficial PNP José Luis Soncco, a quien los facinerosos quemaron vivo.
Mientras los inútiles políticos se ponen de acuerdo en si adelantan o no las elecciones (yo ya dejé en claro mi postura de que en este clima violento son inviables unos comicios), Puno se ha convertido en tierra de nadie. Infortunadamente, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y del premier Alberto Otárola no tiene los pantalones bien puestos para declarar estado de sitio en dicha región y de ordenar que enjaulen a los revoltosos.
Urge, pues, poner mano dura en una zona que ya le perdió todo respeto a la autoridad. De lo contrario, veremos desfilar cadáveres de militares y policías en los siguientes días.
Preocupa, además, que una Administración sin carácter tenga que hacerle frente a las inundaciones a causa del ciclón Yaku. Si el Gobierno no puede reducir a un puñado de delincuentes, ¿acaso tendrá la capacidad de reaccionar ante un evento climático que vaticina desastres?
Pero si queremos ver el lado positivo del asunto, felizmente el golpista Pedro Castillo, a quien le han dictado 36 meses más de prisión preventiva por corrupción, y su banda criminal no están más en el poder. La respuesta a los estragos de Yaku hubiera sido la excusa perfecta para que estos inmorales roben a manos llenas.
A pesar de todo lo aquí relatado, estoy embriagado de optimismo y sé que podremos salir adelante. Es complicadísimo ser pesimista cuando, de pronto y sin quererlo, abres los ojos y te das cuenta de que el mundo no es tan gris. Y eso porque hay alguien que lo pinta de colores con tan solo existir.
Otro motivo para tener esperanza es que la cómplice del golpe, la inefable Betssy Chávez, está a punto de caer, pues el pedido de cárcel provisional en su contra es inminente.