Esterilizaciones en el régimen de Alberto Fujimori
El Poder Judicial declaró fundada una demanda de acción de amparo presentada por el exministro Alejandro Aguinaga, uno de los procesados en este caso emblemático, con lo cual envió la causa a foja cero
Por Luis Paucar– Infobae.com
El Poder Judicial notificó la nulidad del proceso sobre esterilizaciones forzadas cometidas en el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), excarcelado por disposición del Tribunal Constitucional (TC) que colisiona con una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La jueza suprema titular Mariem De La Rosa declaró fundada una demanda de acción de amparo presentada en un juzgado de Lambayeque por Alejandro Aguinaga, uno de los tres exministros de Salud a los que salpica la denuncia -junto con Marino Costa y Eduardo Yong Motta-, así como el asesor Ulises Jorge Aguilar.
Todos, incluido Fujimori, habían sido denunciados como “autores con dominio del hecho del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”. El proceso inició en 2002, y había sido archivado y reabierto varias veces.
Ahora, a raíz de esta resolución, el Ministerio Público debe presentar una nueva acusación sobre este emblemático caso, como lo hizo en 2018 después de 16 años de investigación preliminar. La acción de amparo ya había sido rechazada antes por el juzgado y la Sala Superior de Lambayeque.
El documento de la Corte Suprema, con fecha el 30 de noviembre, ordena que el juez penal a cargo del caso vuelva a evaluar si acoge la denuncia e inicia el proceso penal. Los representantes legales de las víctimas fueron notificados del fallo luego de seis días.
Los casos contra Fujimori
La cajamarquina María Mamérita Mestanza Chávez tenía 33 años y siete hijos cuando fue amenazada de cárcel si no se sometía a una ligadura de trompas. Fue intervenida en marzo de 1998, sin examen médico previo, y dada de alta a la mañana siguiente, cuando aún presentaba vómitos y dolores de cabeza.
Según la literatura médica, un paciente en trance de septicemia presenta escalofríos, molestias extremas, dificultad para respirar y frecuencia cardiaca alta. María agonizaba. Su esposo, Jacinto Salazar, lo había informado al personal hospitalario donde fue ligada contra su voluntad, pero indicaron que eran efectos de la anestesia. Era un engaño. El 5 de abril de ese año, la madre falleció en su casa debido a una sepsis por “bloqueo tubárico bilateral”.
Diez días después, Salazar denunció al jefe del Centro de Salud de La Encañada, el distrito donde vivían, por negligencia: aunque la acusación pasó a un segundo nivel, finalmente fue archivada de manera definitiva, hasta que en 1999 llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es una de las víctimas incluidas en esta causa junto con Reynalda Betalleluz, Marpia Espinola y Celia Ramos -cuyo nombre se mencionan en la ampliación de extradición contra Fujimori solicitada a Chile-, así como las lesiones cometidas contra otras 1,315 víctimas.
“Desde que se abrió la investigación judicial, Alberto Fujimori está en calidad de denunciado, pero suspendido como procesado hasta que se amplíe la extradición. Hemos hecho mucho para que se agilice ese trámite”, dijo a Infobae Perú María Ysabel Cedano, abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS).
El exdictador fue extraditado de Chile en setiembre del 2007 por siete delitos -dos sobre violaciones de derechos humanos y cinco por corrupción- que decantaron en una condena de 25 años de cárcel. Sin embargo, la causa por esterilizaciones forzadas no fue incluida en el pedido original.
De las 8,000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde 2016, 2000 han denunciado formalmente haber sido esterilizadas forzadamente; 1,307 terminaron con lesiones graves y cinco perdieron la vida a causa de complicaciones por la intervención.
Fujimori, sin embargo, sigue deslegitimando las denuncias. En mayo pasado, en una audiencia judicial a pedido de la Corte Suprema de Chile, dijo que esa imputación “es totalmente falsa”, pues lo que se hizo fue reducir las tasas de mortalidad materna e infantil. El exrecluso de Barbadillo agregó que, entonces, “la mortalidad infantil era sumamente alta, de 85 por cada 1,000 (nacidos vivos) en promedio”.
“Entre ocho a nueve niños morían de 100 niños nacidos vivos, esa tasa había que reducirla a niveles más aceptables de menos de 35″, añadió, sin inmutarse, desprolijo. Este nuevo golpe contra la justicia ha llegado en medio de su libertad.