Recordando los crímenes de odio
Por Ariana Jaúregui- IDEHPUCP.
El 31 de mayo de 1989 seis integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) ingresaron violentamente al bar Las Gardenias ubicado en la ciudad de Tarapoto, San Martín. Capturaron a ocho personas gays y travestis y las asesinaron a balazos [1]. Los sucesos se publicaron en el periódico “Cambio” de la misma organización, donde justifican sus actos aludiendo a que eran “lacras sociales que eran utilizadas para corromper a la juventud” [2]. Tres meses antes, en la misma ciudad, apareció un cadáver de un joven homosexual con un cartel que decía: “así mueren los maricones”, firmado por el MRTA [3].
Para conmemorar los sucesos ocurridos en la ciudad de Tarapoto, cada 31 de mayo se celebra el Día Nacional de Lucha Contra la Violencia y los Crímenes de Odio hacia Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales. Esta fecha se institucionalizó como una fecha histórica y emblemática para el movimiento LGBTIQ, con el objetivo de posicionar las memorias del conflicto armado que han sido invisibilizadas y reafirmar el compromiso con la búsqueda de justicia para las víctimas LGBTIQ y sus familiares.
El odio exacerbado: crímenes de odio durante el conflicto armado
Hay diversos hechos documentados de persecuciones, torturas, ejecuciones y desapariciones de personas LGBTIQ durante el periodo de violencia política. El Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) identifica 10 casos de crímenes de odio de los que son responsables tanto los grupos subversivos, como las fuerzas militares [4].
Uno de los primeros casos registrados es en la localidad de Aucayacu, en la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco. El 6 de agosto de 1986, Sendero Luminoso secuestró y ejecutó a diez personas que calificó como “indeseables”, incluyendo a hombres homosexuales y mujeres que se dedicaban al trabajo sexual. Estas ejecuciones se dieron en el marco de una campaña de “limpieza social” que tenía como objetivo ganar el apoyo de la población [5].
Otro caso fue el ocurrido el 12 de setiembre de 1988 en la ciudad de Pucallpa, Ucayali. Sendero Luminoso capturó a diez personas entre homosexuales, prostitutas y drogadictos. Convocó a periodistas locales para que registren cómo los asesinaban con metralletas. Sus cuerpos fueron tirados en una fosa común, no fueron reclamados por sus familiares, no se solicitó ninguna investigación de los hechos. Un sector de la población, incluso, estuvo a favor de estos “ajusticiamientos” [6]. La CVR constata otros hechos similares en los que no se puede identificar a las víctimas porque eran tiradas a los ríos y no eran buscadas por sus familiares.
De forma paralela, ambos grupos sistemáticamente buscaron erradicar las prácticas sexo-afectivas homosexuales y la expresión de género disidente. El extremismo ideológico de Sendero Luminoso dividía el mundo en la dicotomía: enfermedad y pureza. A esta última asociaban mandatos culturales como la monogamia, la heteronormatividad y el sexo reproductivo [7]. En esa lógica, instauraron Comités Abiertos Populares para tener control sobre las prácticas matrimoniales y sexuales que consideraban inmorales o incorrectas, lo que ha sido denominado como una política de profilaxis moral [8].
En la misma línea, el MRTA organizaba “cruzadas contra el vicio”, registradas por la CVR, que tenían por objetivo castigar a homosexuales, prostitutas y la infidelidad [9]. En el diario Cambio gestionado por la organización subversiva se hacían constantes amenazas a la población LGBTIQ antes de asesinarlas con el mensaje de que debían “enmendar sus vidas”. Así, se consideraban la autoridad que debía castigar dichas prácticas, contando con el apoyo de la población [10].
En Huanta, Ayacucho, el 11 de agosto de 1984. Un grupo de marinos secuestró a un joven, quien era reconocido en la localidad como homosexual y que vestía ropa femenina en ocasiones. Fue desaparecido junto a otras 56 personas [11].
Algunos de estos cuerpos nunca fueron reconocidos y algunas desapariciones no fueron denunciadas debido al estigma y discriminación de los mismos familiares y el resto de la población. Incluso, estos ajusticiamientos llegaron a ser considerados oportunos y algunos pueblos solicitaron que se realicen las “campañas de limpieza” [12]. Esto nos dice que además de los responsables directos de estos crímenes, la permisividad y complicidad de la población fue clave para que se cometieran de forma masiva y con impunidad.
Si bien estos casos fueron incluidos en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), su objetivo principal no fue investigar y documentar estos crímenes de forma particular y sistemática [13]. De esta manera, los datos existentes sobre crímenes de odio por orientación sexual, identidad o expresión de género son limitados, y no se conoce la real magnitud e impacto que tuvieron. Algunas organizaciones LGBTIQ estiman que podrían ser hasta 500 personas asesinadas o desaparecidas por estos móviles [14]. A estos crímenes de odio hay que sumar las innumerables agresiones, torturas violaciones sexuales utilizadas para “feminizar”, “homosexualizar” y humillar a otros hombres. Dichas prácticas aún deben ser registradas y estudiadas [15].
Las memorias invisibilizadas y la agenda pendiente
Recordar los crímenes cometidos hace 29 años en la ciudad de Tarapoto es una forma de reflexionar sobre la relación entre el periodo de violencia política y las poblaciones LGBTIQ. En primer lugar, nos plantea la necesidad de incorporar como parte de la historia nacional a las víctimas de crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. En torno al conflicto armado, aún existe una lucha de discursos por representar el pasado. En este contexto, se vuelve fundamental posicionar las memorias de las poblaciones menos visibilizadas, recordar sus nombres, sus historias y reafirmar la búsqueda de justicia para sus familiares.
En segundo lugar, conocer los crímenes de odio cometidos durante el conflicto nos plantea la necesidad de incorporar la homofobia y la transfobia en nuestra comprensión del proyecto político de los grupos subversivos. El periodo de violencia exacerbó el odio hacia las personas LGBTIQ que ya sufrían discriminación. Es clave entender que las acciones sistemáticas de «limpieza social» que buscaban erradicar a «los indeseables» movilizaban normas en torno al género y la sexualidad.
Finalmente, conmemorar los sucesos de 31 de mayo nos recuerda la importancia de reparar a las víctimas y familiares que aún buscan justicia. Incorporar estas memorias implica contar con fuentes oficiales que investiguen a profundidad los hechos cometidos y sancionen a los perpetradores de la violencia. También implica que se establezcan medidas de reparación económicas, materiales y simbólicas, así como a otro tipo de políticas de memoria. Nos interpela a recordar que aún queda una agenda pendiente en torno a los crímenes de odio a la población LGBTIQ y que debemos tomar las acciones necesarias para que no se repitan.
Notas:
[1] Infante, Gio (2013). “Las otras memorias. Persecución, tortura y muerte de homosexuales durante el conflicto armado interno”. En La Mula. Consulta: 04 de junio de 2018. Disponible en: https://gioinfante.lamula.pe/2013/08/28/las-otras-memorias/gioinfante/
[2] Movimiento Homosexual de Lima (2011). “Perú: recuento del 31 de mayo, Día Nacional de Lucha contra la Violencia y los Crímenes de Odio hacia Personas LTGB en el Perú”. En International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association.
[3] Montalvo Cifuentes, José (2017). “Crímenes de odio durante el conflicto armado interno en el Perú (1980-2000)”. +MEMORIA(S). Número 1, pp. 64-65. Consulta: 04 de junio de 2018. Disponible en: https://lum.cultura.pe/sites/default/files/publicaciones/PDF/revistalum_memorias_1ra_edicion.pdf
[4] Meza, Amanda (2014). “Testigos del horror: las víctimas LGBTI del conflicto armado en Perú”. Sin Etiquetas. Consulta: 04 de junio de 2018. Disponible en: https://www.facebook.com/elpecadosocial/
[5] Montalvo Cifuentes, José, Óp cit., p. 63.
[6] Ibídem.
[7] Montalvo Cifuentes, José, Óp cit., p. 62.
[8] Montalvo Cifuentes, José, Óp cit., pp. 62-63.
[9] Montalvo Cifuentes, José, Óp cit., p. 64.
[10] Anaya, Karen y Pamelhy Valle (2017). “Desde la Memoria Marginada hacia la De-construcción del Estado: Las personas LGBT como víctimas del conflicto armado peruano y los caminos para la no repetición”. En Polemos. Portal Jurídico Interdisciplinario. Consulta: 04 de junio de 2018. Disponible en: http://polemos.pe/desde-la-memoria-marginada-hacia-la-construccion-del-estado-las-personas-lgbt-victimas-del-conflicto-armado-peruano-los-caminos-la-no-repeticion/
[11] Infante, Gio, Óp cit.
[12] Infante, Gio, Óp cit.
[13] Montalvo Cifuentes, José, Óp cit., p. 60.
[14] López Díaz, Antonio (2016). “Los indeseables de Tarapoto”. El País. Tarapoto, 4 de abril. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2016/04/01/planeta_futuro/1459513097_580273.html Consulta: 04 de junio de 2018.
[15] Infante, Gio, Óp cit.
Francisco Sagasti es el que ocultó caso del terrorista Polay Campos
En esta foto Francisco Sagasti muestra feliz el autógrafo que le pidiera al jefe de los terroristas que tomaron la residencia del embajador del Japón en Lima (1996) Néstor Cerpa Cartolini, camarada “Evaristo”, y también a Rolly Rojas, “El Árabe”.
Claro que quien haya pedido autógrafos a quienes secuestraron por 126 días a los rehenes, mientras Sagasti salió al tercer día, no era digno de ser ni congresista ni menos presidente de la república. Ahora se sabe que en su gobierno se ocultó la admisión de la denuncia al Perú de parte de Víctor Polay, jefe del MRTA, en la CIDH. Qué vergüenza.
Lobistas como cancha
Los lobistas están que se mueven como ardillas para tratar de recomponer el gabinete ministerial o para reacomodarse después de haber sido cómplices del golpista Pedro Castillo. Pruebas al canto: ¿Qué hacían los ex cancilleres, Oscar Maurtua –el del escándalo “Pásame la botella”– y Manuel Rodríguez Cuadros junto con Julio Schiappa Pietra, almorzando en el Club Nacional?
Cateriano y Forsyth
Hasta donde se sabe, el Club Nacional, de la vieja aristocracia limeña, se ha convertido en el cuartel general del linajudo botellero Maurtua. Ahí también se le vio a Pedro Cateriano, en otra oportunidad, y a otros rebeldes sin causa y campeones de sobonaje, como el embajador Harold Forsyth, el sostén de Castillo en la OEA y Estados Unidos.
“Gatillo loco”
¿Qué buscan estos angelitos y caviares en desgracia en el Estado nada menos que en el club de la “república oligárquica”? El ‘Chiappapietra’ no dio fuego con Dina Boluarte, a quien ahora critica, y más aún al premier Alberto Otárola, a quien llama “Gatillo loco” por los muertos en algaradas pasadas.
Fuente: Diario EXPRESO.
Exasesor de Dina Boluarte: «Regresó a sus discursos violentos»
Julio Schiappa cuestiona expresiones de la mandataria en Pichanaqui y advierte que no ayudan a generar clima de paz.
El exasesor de la presidenta Dina Boluarte, Julio Schiappa, calificó de violento el discurso brindado por la jefa de Estado en Pichanaqui (Junín) al responsabilizar de las muertes en las protestas contra su gobierno a quienes promovieron las manifestaciones tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.
Al respecto, Schiappa afirmó que las expresiones de Dina Boluarte son contraproducentes para generar un clima de paz y reconciliación en el país, tras los hechos de violencia registrados en diciembre de 2022 y los primeros meses del año.
“El discurso que ella dio, me parece una muestra de lo avanzada que está la crisis (política), irreconocible (…) volvió a su mensaje primigenio que tanto problemas le ha causado y que tanta ira ha causado”, afirmó.
El exasesor de Boluarte también mostró su decepción frente a la gestión de la mandataria, de quien dijo se esperaba que fuera una alternativa frente al mal gobierno de Pedro Castillo.
“Se perdió una oportunidad también porque el sistema no funciona, es un sistema donde líderes como ella, que era vicepresidenta, o Pedro Castillo, que era presidente, terminan dando acceso a una serie de impresentables (…) de gente que busca lograr acceso a la gestión pública”, dijo el exasesor de Boluarte.
División de poder en Gabinete
Schiappa también aseguró que al interior del gabinete ministerial existe una división de poder distribuida entre el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, y el premier Alberto Otárola.
“Maurate es un hombre muy cercano al hermano de la doctora Boluarte, Nicanor, y él tiene un rol gravitante sobre varios lugares estratégicos del Estado. (…) Por la relación de parentesco que tiene con la presidenta, ejerce un poder real”, sostuvo.