Por Mariella Balbi- Diario EXPRESO.
El Ejecutivo anda desesperado por cerrar el Congreso. Por donde va Castillo, o su amiguísimo expremier, Aníbal Torres, (a) ‘Caníbal’ vemos un pequeño grupo de gente (probablemente comprada) gritando: ¡cierren el Congreso! Ocurre desde hace mucho tiempo. Días atrás, el deseo de Castillo y compañía, fue adornado con declaraciones del congresista Héctor Valer, el expremier más fugaz de nuestra historia. En varios medios soltó el libreto que el parlamentario vinculado al terrorista MRTA, Guillermo Bermejo, preparaba, junto con Antauro Humala, la toma violenta del Congreso.
La intención de Pedro Castillo es clara, que la pueda poner en práctica resulta difícil. El Tribunal Constitucional ya amparó al Congreso, concluyendo que el Ejecutivo no lo puede tocar (cerrar) ni con el pétalo de una rosa. Además, debe esperar que el TC defina si Castillo y su gabinete se extralimitaron al decidir arbitrariamente que el Legislativo le negó la confianza. Malo que bueno, el Perú tiene un sistema legal que funciona, el gobernante y su ‘caníbal’ no pueden hacer lo que les cante el forro.
De momento el Ejecutivo está neutralizado. No sabemos hasta cuando, el Perú se ha vuelto impredecible. Sí es claro que el Congreso está ante la oportunidad histórica de vacar a Castillo por incapacidad moral permanente. Ya hay una moción aprobada el jueves pasado con 73 votos. En marzo de este año el planteamiento obtuvo 76 votos. Pero no importa. Las ‘condiciones objetivas’, como dicen los izquierdistas, están dadas.
El congresista Edgar Tello del Bloque Magisterial, integrante del extremista y prosenderista Conare-Sute, compañero de Castillo de luchas sindicales, ya dijo que los 73 votos para la vacancia son una llamada de atención para que cambie su gabinete. La premier Betssy Chávez no tiene consenso al interior del oficialismo. Muy matona, muy agresiva, muy títere de Aníbal Torres. Además, quieren la cabeza del ministro de Educación y que el Bloque Magisterial tenga un ministerio. No olvidar que el neosenderismo tiene un programa propio y la corrupción e ineptitud de Castillo no ayudan. Adicionalmente, la moción lleva la firma de cuatro parlamentarios de Perú Libre.
Obtener los 87 votos necesarios para que Castillo deje el poder es difícil. Hay congresistas que dudan y también quienes se han vendido al régimen. Tienen que grabarse en piedra que saldrán más robos perpetrados por el mandatario. El ex jefe de la DINI está colaborando y en la Fiscalía hay un coro que desnudará a la organización criminal y a su cabecilla, Pedro Castillo y familia. Nadie parará los destapes, por eso busca cerrar el Parlamento y con ello la Fiscalía.
Hay congresistas ‘niños’ que han respaldado la vacancia. Reflexionaron. Quienes son irreductibles en su apoyo a Castillo, como Darwin Espinoza y Raúl Doroteo, no son un ejemplo a seguir. Terminarán en las rejas. Todo está podrido. Los familiares de los parlamentarios alquilados al régimen saldrán como por un tubo de sus puestos regalados cuando le convenga al gobernante. ¿Alguien en su sano juicio piensa que si se impone una Asamblea Constituyente se mantendrán los parlamentarios de este Congreso?
La única manera de conservar la ansiada curul es vacando a Castillo quien ya demostró que usa al Congreso sin asco. No se sobrevive a la picadura de un escorpión, menos a la de dos.
Dina Boluarte: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó archivar denuncia contra vicepresidenta
El grupo de trabajo parlamentario presidido por Lady Camones aprobó el informe final que recomienda archivar las denuncias contra la vicepresidenta Dina Boluarte por una presunta infracción constitucional.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final presentado por el congresista Edgard Reymundo que recomienda archivar las denuncias contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, por una presunta infracción constitucional. Con 13 votos a favor y ocho en contra, el grupo de trabajo parlamentario presidido por Lady Camones dio luz verde a desestimar las acusaciones contra Boluarte Zegarra.
A favor votaron Luis Aragón, José Arriola y Wilson Soto (Acción Popular); Flavio Cruz, Segundo Motalvo y Margot Palacios (Perú Libre); Elizabeth Medina y Segundo Quiroz (Bloque Magisterial); José Balcázar (Perú Bicentenario); Hamlet Echeverría (Perú Democrático); Susel Paredes (Integridad y Desarrollo); Edgard Reymundo (Juntos por el Perú); y Hitler Saavedra (Somos Perú).
Mientras tanto, María Cordero, Juan Carlos Lizarzaburu, Hernando Guerra y Patricia Juárez (Fuerza Popular); Noelia Herrera y Milagros Jáuregui (Renovación Popular); Lady Camones (APP); y Diego Bazán (Avanza País) votaron en contra.
¿Qué dice el informe?
El informe final presentado por el congresista Edgard Reymundo señala que la renuncia de Dina Boluarte a la Reniec no ha sido irregular y que no hay indicios de que exista interés de contratar a Alfredo Pezo en la Contraloría.
“No se ha determinado que el trámite de renuncia presentado por la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra ante RENIEC haya sido irregular y por ende que se haya infringido el artículo 126 de la Constitución”, refiere.
“No existen indicios que permitan determinar que la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra se haya indebidamente interesado en la contratación del señor Alfredo Florentino Pezo paredes con la Contraloría General de la República”, indica.
Por tanto, el congresista de Juntos por el Perú recomienda el archivo de las denuncias contra Boluarte.
“Se recomienda el archivo de la Denuncia Constitucional No 268, formulada por el congresista de la República Javier Rommel Padilla Romero, por la probable infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú, así como la Denuncia Constitucional No 269 (…) por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y negociación incompatible o paorvechamiento indebido del cargo (…) contra la ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social Dina Ercilia Boluarte Zegarra”, se puede leer en la recomendación final.
Abogado de Dina Boluarte: “No se contravino el deber de todo ministro de no afectar los intereses nacionales“
Alberto Otárola, abogado de Dina Boluarte, se mostró conforme con la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y precisó que se ha demostrado que su defendida no ha afectado lo previsto en la Constitución.
“Se demostró que se trataban de unos actos de regularización registral que no comprometía la función de ministra no solamente porque no se ha afectado los intereses del Estado, sino porque no se contravino el deber que tiene todo ministro de no afectar los intereses del erario nacional (…). No tenía por qué configurar la vulneración del artículo 126 de la Constitución. En buena cuenta, lo que se ha estimado a través del informe del congresista Raymundo es desestimar la afectación de los artículos 38 y 126 de la Constitución y los supuestos ilícitos penales que tampoco se han configurado”, dijo para TV Perú.