El Colegiado F de la Sala Penal Nacional rechazó el pedido presentado por la defensa del presidente regional de Áncash, César Álvarez, para revocar el mandato de detención en su contra por el caso Nolasco.
“Va a continuar detenido por el momento hasta que mañana la Fiscalía presente la acusación y la (ampliación de la) prisión preventiva”, señaló el abogado de la suspendida autoridad, Alfredo Ortecho, al referir que luego de ello el juzgado tiene 48 horas para emitir una resolución en una nueva audiencia.
Así, Álvarez continuará detenido de manera preliminar por el asesinato de su principal opositor político en Áncash, decisión que se toma un día después de la reconstrucción del crimen en Huacho.
El colegiado en mención, dirigido por el juez Marco Tejada Ortiz, ordenó la detención de Álvarez, acusado de ser el autor intelectual de la muerte del exconsejero regional.
“Mis felicitaciones por la decisión que ha tomado la justicia”, dijo Fiorela Nolasco, hija de Ezequiel Nolasco, quien hace poco alertó de que una ‘mafia’ busca liberar a los implicados en el asesinato de su padre.
Fuente: Diario Perú21.
Por Cristina Fernández- Diario El Comercio
El fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe solicitó al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, en Áncash, prisión preventiva para César Álvarez (ya está detenido por el Caso Nolasco) por los presuntos delito de asociación ilícita para delinquir y peculado por el Caso “La Centralita”.
Añanca también ha pedido lo mismo para los otros seis procesados en ese caso: el ex asesor de imagen de Álvarez, Jorge Luis Burgos Guanilo; el ex trabajador de “La Centralita”, Juan Carlos Barrios Ávalos, y los cuatro periodistas que defendían públicamente al presidente regional de Áncash y atacaban a sus opositores: Rosa Olivares de la Cruz, Sandor Renilla Horna, Nelson Vásquez Baca y Juan Espinoza Linares.
Olivares también es sospechosa de ser testaferro de Álvarez. Mientras que Vásquez y Espinoza ya están detenidos en Lima por el caso del asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco.
En contra de los siete procesados ya pesa, desde el pasado 11 de abril, el impedimento de salida del país por cuatro meses.
El fiscal Añanca, asimismo, ha solicitado al juez ampliar la indagación e incluir a otras 50 personas, para las cuales también pidió detención preventiva. Uno es el empresario Martín Belaunde Lossio, quien fue vocero de Ollanta Humala en las elecciones presidenciales del 2006. Otro es el alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo Rojas, brazo derecho de Álvarez, hoy detenido en Lima por el Caso Nolasco.
A Belaunde Lossio se le atribuye haber proporcionado una empresa de fachada (Ilios Producciones) para mantener oculta la labor de edición de información y otras actividades ilícitas que se realizaban en “La Centralita”. También por haber usado el diario “La Primera”, el cual fundó, para atacar a los enemigos de Álvarez.
El juez Richard Concepción Carhuancho informó a El Comercio que la audiencia para aprobar o denegar el pedido fiscal se realizará en la sede del Poder Judicial de Chimbote.
El magistrado señaló que el pedido fiscal no establece el tiempo de prisión preventiva. “Basándonos en que se trata de una investigación compleja, el fiscal puede pedir hasta 18 meses, aunque eso lo escucharemos en la audiencia”, dijo a este Diario.
Investigaciones y procesos
Los titulares de las regiones de Áncash, Tumbes, Pasco, Cusco y Junín son los que acumulan la mayoría de investigaciones fiscales o procesos judiciales, debido principalmente a licitaciones amañadas, obras públicas sin concluir o pagos no autorizados. El Gobierno Regional de Ayacucho tiene el récord de casos de corrupción de funcionarios: 260 en total.
Por Lupe Muñoz- Diario La República.
La mayoría de presidentes regionales deben afrontar graves acusaciones por presuntos actos de corrupción de funcionarios. De los 25 en actividad, un total de 19 están sometidos a investigaciones fiscales o a procesos judiciales por delitos como peculado, colusión, negociación incompatible y malversación de fondos, entre otros.
Las cifras reflejan una preocupante incidencia de actos irregulares especialmente en procesos de licitación, adjudicación de obras públicas y contratos con empresas privadas.
La lista es encabezada por el presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, quien afronta 26 procesos: 22 en la Fiscalía y 4 en el Poder Judicial. Áncash es una de las regiones más ricas del país, por el alto monto de recursos públicos que maneja, pero también es el ámbito con el mayor registro de notorios casos de corrupción.
En el 2013, la Región Áncash gastó un presupuesto de 1,226 millones de soles. A mayo de este año, se le ha asignado 1,047 millones de soles, de acuerdo con un reporte de las Procuradurías Anticorrupción.
El segundo lugar lo ocupa el presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, sometido a 20 investigaciones fiscales y 5 procesos judiciales, sin contar el reciente hallazgo de la Contraloría General de la República: vendió un terreno a precio subvaluado y perjudicó al Estado por un monto que superaría los 21 millones de soles.
En el 2013,  Tumbes tuvo un presupuesto de 371 millones de soles. Para el 2014, se le ha destinado 345 millones de soles. Según el Ministerio de Economía y Finanzas,Dioses ya ejecutó el 50 por ciento del presupuesto de su región.
En el tercer lugar se ubica el titular del gobierno regional de Pasco, Klever Meléndez Gamarra. Las autoridades atribuyen a Meléndez haber otorgado a una constructora sin experiencia el proyecto de mejoramiento y ampliación del hospital regional Daniel Alcides Carrión, por 170 millones de soles.
Este es uno de los 20 casos que Klever Meléndez debe esclarecer en la Fiscalía.
La Región Pasco gastó en el 2013 más de 505 millones, y para este año se le ha destinado un presupuesto de 444 millones de soles.
Los presidentes de los gobiernos regionales del Cusco, René Concha Lezama, y de Cajamarca, Gregorio Santos, cuyas administraciones gozan de ingentes ingresos por los cánones gasífero y minero, respectivamente, también deben responder ante la justicia por presuntos casos de corrupción. Diez, el primero, y nueve, el segundo.
En el 2013, Cusco recibió 1,314 millones de soles por canon gasífero, mientras que Cajamarca 468 millones por el canon minero.
Coincidentemente, a más recursos hay menos transparencia y poca fiscalización, lo que explicaría por qué los presidentes regionales deben responder a un alto número de investigaciones fiscales y procesos judiciales por acusaciones de corrupción.
POR TODAS PARTES
Las cifras se disparan si se hace una suma de los casos que involucran tanto a los presidentes como a los funcionarios regionales.
De acuerdo con un registro de las Procuradurías Anticorrupción, son 1,505 los casos que vinculan a titulares y funcionarios de 25 gobiernos regionales.
El más significativo es el gobierno regional de Ayacucho, cuyo presidente, Wilfredo Oscorima Núñez, y su planta de autoridades afrontan 260 incidentes de supuestacorrupción de funcionarios.
Uno de los casos más llamativos es la adquisición de maquinaria sin licitación por 21 millones de soles. Otro hecho bajo investigación es el pago no autorizado de 16 millones de soles a la constructora Octavio Bertolero S.A. El gobierno regional le tenía una deuda a esta empresa, cuyo monto original era de 700 mil soles.
Oscorima es quien como candidato a la presidencia regional de Ayacucho, una de las más pobres del país, regalaba 100 soles en efectivo a sus simpatizantes.
El presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo, y sus funcionarios están sometidos a investigación fiscal por 175 casos de presunta corrupción. Moquegua también recibe ingentes recursos por canon y regalía minera. En el 2013 fue de 271 millones de soles.
Entre 2012 y 2013, la Contraloría practicó en Moquegua 60 acciones de control en el gobierno regional, lo que derivó en 104 informes sobre irregulares, lo que explica por qué hay tantos funcionarios investigados o enjuiciados.
Uno de los casos más sonados es el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Moquegua por 50 millones de soles. Hace dos años que la empresa constructora no concluye la obra.
En el ranking de gobiernos regionales con más incidentes por corrupción de funcionarios, el tercer puesto lo ocupa Áncash: 147 casos.
En el periodo 2009 al 2013, la Contraloría General de la República practicó 431 acciones de fiscalización en el Gobierno Regional de Áncash, la mayor parte en ejecución de obras públicas (34 por ciento) y adquisiciones (22 por ciento). A causa de las acciones de control, fueron denunciados 902 funcionarios. Todo un récord.
Los gobiernos regionales de Junín y Ucayali –cuyos titulares son Vladimir Cerrón Rojas y Jorge Velásquez Portocarrero, respectivamente– también acumulan una importante cantidad de casos de investigación fiscal y procesos judiciales por corrupción de funcionarios: 106 cada uno.
Uno de los casos más notorios en Junín es el proyecto de asfaltado de la carreteraAcobamba-Palcamayo-San Pedro de Cajas-Condorín valorizado en 44.7 millones de soles. La municipalidad provincial de Tarma denunció que transfirió 29 millones de soles al Gobierno Regional de Junín para contribuir a la obra, porque un tramo corresponde a su jurisdicción. Sin embargo, los trabajos han quedado inconclusos. Solo se ha removido la tierra. El asfalto brilla por su ausencia.
Entre 2012 y 2013, el Gobierno Regional de Ucayali recibió por concepto de canon petrolero 133.4 millones de soles, y por el Fondo de Desarrollo de Camisea (Focam),146.3 millones de soles. La Contraloría General de la República detectó que funcionarios del gobierno regional destinaron irregularmente recursos de dichos fondos para financiar actividades no autorizadas, como pagos a periodistas para que informen sobre las actividades del presidente ucayalino Jorge Velásquez Portocarrero.
El propio Velásquez es sometido a investigaciones fiscales y tres procesos judiciales por presuntos actos de corrupción.
Respecto a la capital, el Gobierno Regional del Callao tiene en curso 45 casos de presunta corrupción de funcionarios, mientras que el Gobierno Regional de Lima cuenta con 15 incidentes.
Estos números revelan la urgente necesidad de aplicar  una reingeniería del sistema de fiscalización de la administración de recursos por los gobiernos regionales de todo el país.
“Hemos identificado que del 100% de delitos contra la administración pública, el 40.15% lo constituye el peculado, el 13.07% la colusión y el 6.93% la malversación de fondos”, dijo el procurador anticorrupción Christian Salas Beteta.
“Esto tiene una explicación bastante lógica: el mal funcionario público es responsable de la disposición de fondos y de bienes públicos, por lo que –sin debido control– tiene fácil el camino para apropiarse (o utilizar indebidamente) de los caudales del Estado o coludirse en las licitaciones de obras públicas”, dijo el procurador.
Respecto a la recuperación del dinero y cobro de reparaciones por los actos de corrupción, el Estado prácticamente no hace ningún esfuerzo, indicó.