Por MIGUEL RAMÍREZ– Diario Trome.
La fuga de los dos sobrinos del presidente Pedro Castillo y de su secretario personal, investigados por corrupción y a quienes hasta hoy nadie los encuentra, estaba cantada.
Fray Vásquez y Gian Marco Castillo se escondieron mucho antes del 28 de marzo pasado cuando la fiscal Karla Zecenarro pidió detenerlos, dijeron fuentes que investigan dicha huida.
Lo mismo hizo Bruno Pacheco, quien estaba en la clandestinidad antes del 12 de marzo, día que difundió un video, grabado por él mismo, en donde amenazaba con decir todo lo que sabe.
Días antes de solicitar ante un juez las detenciones, la fiscal Zecenarro pidió a los agentes de la División Contra la Corrupción (Dircocor) y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) que ‘centraran’ a esos tres objetivos para detenerlos.
“Esa es una regla de oro. Lo primero que se hace es asegurar los blancos. Se les hace una OVISE (observación, vigilancia y seguimiento). Se los fija sin que ellos se percaten hasta esperar la orden para detenerlos”, explicó la fuente relacionada a la investigación.
Sin embargo, los agentes de inteligencia no encontraron rastro de ellos. Ya desde hace un buen tiempo les habían perdido la pista. Le recomendaron a la fiscal que suspendiera la medida hasta obtener nueva información sobre su paradero. De lo contrario, la misión sería un fracaso, como en efecto ocurrió.
¿Quién puso a buen recaudo a los sobrinos del presidente? Funcionarios palaciegos le han contado a este columnista que Fray Vásquez y Gian Marco Castillo eran íntimos amigos de José Fernández Latorre, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), quien tiene una oficina especial en Palacio de Gobierno.
‘CHACALES’
“Los dos sobrinos participaban en las reuniones que convocaba Fernández con el presidente Pedro Castillo. Parecían dos funcionarios más. Fray era compulsivo cuando conversaba, Gian Marco más sereno. Todo lo apuntaba en su laptop. Hay otro sobrino llamado Rubdel Oblitas. Pocos lo mencionan. Es el que más influye en su tío”, contaron. Todo lo ven negocio, los tres son unos chacales, agregaron, en alusión a esos depredadores carnívoros y carroñeros.
Los sobrinos, siempre según los testigos, también participaban en reuniones con ministros. Especialmente con los que eran de confianza de su tío, como el exministro de Transportes, Juan Silva, con quien “hasta revisaban expedientes de obras”.
Como se sabe, Silva se mantuvo en ese ministerio durante ocho meses, pese a que sobre él pesaban graves denuncias. Según la colaboradora Karelim López, en esa entidad operaba una presunta mafia.
El sobrino del presidente Castillo, Rubdel Oblitas, era un asiduo visitante del despacho de Juan Silva, como quedó registrado en el libro de visitas de ese organismo.
No es de extrañar que los sobrinísimos gozan de protección gubernamental. Como bien dice un conocido dicho, este Gobierno no quiere ni puede luchar contra la corrupción porque él es la corrupción.

DUEÑOS DE NADA

INIP Ingeniería Integración de Proyectos, que ha ganado contratos por más de S/581 millones con este gobierno, fue creada con papeles que el propio Estado no reconoce. La firma consignó un capital social de S/100 millones, pagados con un “bono de la reconstrucción” de 1983. Pero según el MEF y la Sunat, estos cupones ya no valen nada. Aún así, esa jugada fue lo que le permitió concursar −junto a gigantes constructoras chinas− por las codiciadas obras.

Por Alonso Ramos– Sudaca.pe
INIP Ingeniería Integración de Proyectos, empresa delatada recientemente por Karelim López, se creó con un capital ficticio. La compañía, que existe desde el 2019, consignó un monto de S/100 millones como capital social, de acuerdo a los papeles de Registros Públicos. Declaró que la cifra está garantizada por el llamado “bono de la reconstrucción”, que fue entregado tras el Fenómeno El Niño de 1983, pero para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Sunat ese papel no tiene valor alguno.
Según las actas registrales, los socios fundadores de INIP Ingeniería Integración de Proyectos son los hermanos Alejandro y Roberto Aguilar Quispe. Este último, de 27 años, sería cercano a Pedro Castillo. De acuerdo a información publicada por Panorama, Roberto Aguilar jugaba fulbito junto al presidente luego de ganar S/581 millones en contratos con su gobierno, pese a no tener experiencia previa en esas lides. Él lo niega.
La empresa fue constituida con un millón de acciones divididas a partes iguales entre los dos hermanos. De acuerdo a la ficha registral, el supuesto capital social de S/100 millones “se encuentra íntegramente suscrito y pagado mediante el aporte del bono de la reconstrucción serie A, sub serie A– 05, Nro. OG76536, de 1,000 soles oro, de fecha 30 de septiembre de 1983”.
Los denominados “bonos de la reconstrucción” surgieron en 1983, en respuesta a la devastación que causó el intenso Fenómeno El Niño de ese año. Fueron entregados por el gobierno de Fernando Belaúnde, principalmente, a agricultores cuyos sembríos quedaron dañados. Tenían cinco denominaciones con la moneda de la época: 1,000 soles oro, 5,000 soles oro, 10,000 soles oro, 50,000 soles oro y 100,000 soles oro. Los cupones tenían un interés de 56% anual.
Pero para la Sunat y el MEF, hoy esos bonos son papeles inservibles. En el 2002 la entidad tributaria dijo que esos cupones no sirven para pagar deudas. El MEF, por su parte, viene señalando desde el 2004 que los vales tuvieron una vigencia de dos años desde que se emitieron en los ochenta y que, por lo tanto, prescribieron “hace más de 36 años”.
En la última década, el MEF ha publicado sendos comunicados subrayando que no valida los papeles que ahora usa INIP y pidiendo a la gente que no se deje estafar. “Sugerimos al público en general abstenerse de efectuar transacciones o gestiones con tales títulos”, advirtió el MEF, por ejemplo, en un aviso del 2014.
Sin embargo, Roberto Aguilar, uno de los socios de INIP, jura que el papel sí tiene valor. Para constituir su empresa, el joven negociante tasó el bono de 1,000 soles oro en la ya mencionada −e irreal− suma de S/100 millones. “El bono ha sido reconocido por peritos financieros y contables. Tiene legitimidad. Es un bono que aún sigue vigente y que ha sido tasado. Ese bono sólo va a servir para procesos en el Estado [licitaciones]”, dice Aguilar a Sudaca.
“Con la hiperinflación de los años 80, su valor aumentó”, intenta explicar, por su parte, Víctor Manrique Mayca, administrador de Mayca Consultores, justificando la alta cotización. Manrique Mayca fue quien le vendió el “bono de la reconstrucción” a Aguilar, por S/5.000. Sin embargo, en Mercado Libre hay ofertas en las que un bono de 1,000 soles oro cuesta apenas S/100.
Aquí el detalle: el valor ficticio que la compañía peruana le ha puesto al papel es lo que le ha permitido concursar, de la mano de gigantes chinas, por millonarios contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). “Hay que tener en cuenta que, de acuerdo al capital social, el OSCE [Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado] puede definir la capacidad de contratación de una empresa”, explica Cecilia Ruiz, especialista en contrataciones con el Estado. Sin eso, para los hermanos Aguilar habría sido imposible tanta buena fortuna.
BUSCANDO AL PRESIDENTE
La cartera de Economía reiteró su posición sobre los “bonos de la reconstrucción” hace poco. El 24 de marzo pasado, Guadalupe Pizarro Matos, directora general del Tesoro Público del MEF, escribió una carta al empresario Óscar Santander Velásquez, dueño de la aerolínea Santander, diciéndole que no puede avalar los bonos porque ya prescribieron.
Santander busca, desde el 2014, que el gobierno le avale unos 300 “bonos de la reconstrucción” que, según él, están valorizados en US$13,000 millones al tipo de cambio actual. En el 2014, en una carta enviada al entonces presidente Ollanta Humala, dijo que quería un aval financiero para sus títulos porque tenía cerrado un acuerdo con un consorcio chino, al que no identificó, para comprar 50 aviones, construir cuatro aeropuertos y seis hoteles cinco estrellas. El descabellado plan no prosperó.
Santander realizó la misma oferta a los presidentes Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, según pudo conocer Sudaca. Con Castillo, de acuerdo al registro de visitas, se ha reunido cinco veces en lo que va de su gobierno. Una fuente cercana al empresario cuenta que el jefe de Estado, fiel a su estilo, le dio ciertas esperanzas, pero que el MEF le cerró toda posibilidad.
El Poder Judicial también ha desechado los bonos que usó INIP para consignar su fantasmagórico capital. En el 2007, por ejemplo, desestimó que el empresario televisivo Genaro Delgado Parker −cabecero por excelencia− pagase una deuda de S/100 millones con esos papeles inservibles. Y en el 2014, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó que excongresistas tránsfugas en el gobierno de Alberto Fujimori (como Roger Cáceres Velásquez y Waldo Ríos) paguen una reparación civil de S/1 millón con los títulos que ya prescribieron.
Así las cosas, una empresa creada con papeles que el Estado no reconoce ha conseguido millonarios contratos en el gobierno de Castillo. Algo que no hace sentido por ningún lado. En consorcio con firmas constructoras de China, INIP ha ganado licitaciones por más de S/581 millones en el MTC.
En su confesión ante las autoridades, la lobista palaciega Karelim López dijo que la compañía de los Aguilar sacó ventaja por sus vínculos con cinco congresistas de Acción Popular, a quienes apodó ‘Los Niños”, quienes son aliados del presidente Castillo. La gestora de intereses vinculó a INIP con una mafia de reparto de obras que opera en la cartera de Transportes. No ha entregado mayores pruebas.
Pero, ¿cómo así estos bonos fantasmas son aceptados para ser inscritos en Registros Públicos? En dos resoluciones, en el 2014 y el 2020, el tribunal registral arguye que no le corresponde calificar “la prescripción de los títulos valores”, por lo que ha decidido no ceñirse a la posición del MEF.
“Para mí estos bonos no deberían ser validados. Yo estoy con el MEF y el Poder Judicial. Me parece desproporcionado y una competencia desleal que empresas que, con mucho esfuerzo, logran un capital social en efectivo, de un millón de soles por ejemplo, se enfrenten a compañías que tienen cien millones en bonos de papel”, dice a Sudaca Cecilia Ruiz, especialista en contrataciones con el Estado.
Roberto Aguilar, de 27 años, está en el centro de la polémica estos días. El dominical Panorama ha señalado que Aguilar jugó fulbito con el presidente Pedro Castillo en una cancha de la Villa Deportiva Nacional (Videna), el pasado 5 de diciembre. Basó la información en unas fotografías de la pichanga, lo que denotaría cercanía entre ambos.
Aguilar dice que él no es el de la foto y presentó un peritaje, elaborado por el ingeniero de sistemas Rubén Busta Arroyo, para reforzar su afirmación. Este dice que no hay coincidencia en “nariz, labios y cejas” entre su cliente y la persona que aparece en la foto. Lo cierto es que la historia de la constitución de INIP es un autogol para el gobierno.