El ministro de Energía y Minas anunció a Gestión la creación de vías rápidas (fast track) en las entidades públicas involucradas para aprobar los estudios ambientales. En un plazo de 15 días se aplicará el silencio administrativo positivo. Reiteró su optimismo de que el gasoducto sur peruano (GSP) estará listo en tres años.
Por Luis Hidalgo Suárez- Diario Gestión.
Algunos afirman que el nuevo proyecto del gasoducto sur peruano (GSP) lanzado por el Gobierno mata el gasoducto andino del sur (Gansur) de Kuntur, ¿Qué nos dice al respecto?
En primer lugar, los representantes de Kuntur me han visitado el sábado (08 de diciembre) y han expresado su interés en los concursos públicos que va a licitar el gobierno para el GSP. Kuntur tiene una concesión para el transporte de gas otorgada el 2008 (a iniciativa privada) cuya ejecución está suspendida porque solicitaron añadir (adenda) una concesión de líquidos.
¿La firma de esa adenda ya quedó en nada?
Va a depender mucho de lo que diga Petrobras. La presidenta de esa empresa nos visitará antes de fin de año para conversar sobre sus planes de inversión en el Perú y acerca de la velocidad con la que ellos esperan seguir explorando el lote 58. En su momento evaluaremos la posibilidad de darles la concesión del poliducto, dentro del marco de la ley.
Hemos leído que Kuntur, aparte de la adenda, pide garantías para iniciar las obras del Gansur. ¿A qué garantías se refieren?
No entiendo qué garantías están pidiendo. Nosotros podemos dar las garantías que establece la ley para todos.
¿Se puede otorgar la garantía de red principal al gasoducto de Kuntur?
No, porque ese proyecto no fue otorgado por licitación pública como requiere la ley vigente, la cual busca una inversión eficiente al menor costo del servicio (operación y mantenimiento).
¿Por qué después de tantos meses de negociaciones no se llegó a un acuerdo con Kuntur?
En el camino hubo imponderables que cayeron fuera de control del estado, del consorcio o de ambos lados: aún no está listo el estudio final de ingeniería del proyecto (que determina el monto final de inversión), recién estará para abril o mayo próximos; al inicio de año Petrobras anunciaba entre 5 y 8 TCF de reservas de gas y ahora está muy lejos de eso (2 TCF). La prioridad del estado es la seguridad energética del Perú y no podemos esperar ni tampoco dejar una oportunidad de desarrollar la petroquímica sabiendo el avance del shale gas (gas no convencional)
Hay que recordar que Kuntur basó el desarrollo de esta concesión en tres premisas: que haya una certificación de reservas de gas natural de al menos 6 TCF; que la demanda pueda garantizar llenar el ducto en un 85% de su capacidad máxima (estimada en 1,050 millones de pies cúbicos por día); y, en un período del financiamiento de 18 meses.
¿Quiere decir que cumplidas las dos primeras condiciones, Kuntur pedía 18 meses para lograr el financiamiento?
Así es. Pero ellos ni el estado peruano podemos manejar el tema de la certificación de las reservas, eso depende de Petrobras (operador del lote 58). Entonces, cómo estamos poniendo por delante los intereses de la nación en cuanto a seguridad energética, es que hemos presentado este nuevo proyecto para el gasoducto del sur (GSP), porque el Perú no puede esperar.
¿Por qué debemos creer que el nuevo proyecto (GSP) se ejecutará más rápido?
Porque no depende de la certificación de reservas de gas (basta con los 2.2 TCF que provendrán del lote 88) y porque es un gasoducto prioritario y urgente que busca darle seguridad (tramo de selva) y estabilidad (nodo energético en el sur del país para descentralizar la generación eléctrica concentrada en Chilca) al sistema eléctrico nacional. Además evitará que se siga quemando y exportando el etano que hoy se extrae de Camisea a precio de metano (mucho menor). Estos son estas condiciones las que nos obligan a tener un plazo corto para la ejecución de este proyecto.
Para algunos Kuntur podría denunciar al estado por el lanzamiento del GSP. ¿Es así?
El estado no está violando ningún derecho de Kuntur con el lanzamiento del GSP porque el transporte de hidrocarburos no es exclusivo en el Perú. Por otro lado, es usual poner más ductos en paralelo u otras alternativas de expansión (loops, compresoras) a medida que aumenta la demanda. En Argentina, por ejemplo, se han ampliado cuatro veces los ductos en paralelo. Estamos actuando estrictamente dentro de la ley. Por su parte Kuntur no nos ha manifestado nada sobre denuncias.
¿El nuevo proyecto (GSP) no incluye un poliducto?
No, es sólo para gas. Le explico: el gobierno está buscando una inversión eficiente y la premisa es que el costo del transporte del gas a la costa central (de US$1.00 por millón de BTU) sea idéntico al costo de transporte del gas hacia el sur, es decir tener una tarifa única. Por ello se ha declarado al tramo de selva del GSP como zona de seguridad energética cuya inversión (US$ 1,000 millones sin IGV) representa más del 76% de la inversión total del GSP y será garantizada por el sistema eléctrico. En este esquema no hay un poliducto porque vamos a transportar el etano como gas, como se hace hoy desde Malvinas a la costa.
Además el poliducto es un negocio del productor (dueño), el cual entrega el gas al comprador en el mercado. De otro lado, un poliducto para el sur no se ve necesario por ahora. Actualmente estamos exportando 100 mil barriles por día de líquidos de gas de Camisea (lotes 56 y 88) y hacia el 2024 se llegaría a exportar (con la incorporación de más reservas de gas de los lotes 88,56, 57 y 58) 176 mil barriles diarios de líquidos, volumen que puede ser absorbido con la actual capacidad del poliducto de Camisea (con loops y bombeos).
Entonces un poliducto para el sur no se ve necesario por ahora, aparte que implica responder cómo se financiaría si todavía no hay reservas certificadas necesarias. En el lote 76 (Madre de Dios) de Hunt y Repsol sí se perfila un gran volumen de gas y de líquidos de gas por lo que en el momento que eso se confirme seguramente van a usar el gasoducto sur peruano (GSP) en proyecto y decidirán hacer su poliducto.
Entonces, ¿por qué entonces se negociaba incluir un poliducto el en proyecto de Kuntur?
Porque en ese momento se asumía que el potencial de reservas del lote 58 era entre 5 y 8 TCF, pero fue recién cuando viajamos a Brasil (hace mes y medio) que Petrobras nos dijo que tienen 2 TCF de reservas, lo cual no alcanza para el proyecto que plantea Kuntur (con poliducto incluido). Como el Perú no podía seguir esperando, replanteamos el esquema y lanzamos el proyecto de seguridad energética (que incluye el GSP) con el cual vamos a controlar los plazos a través de las licitaciones, para hacerlo en más corto tiempo. Por ello sí podemos decir ahora que vamos a llegar al sur en tres años.
Usted no ha descartado que el tramo del GSP de Anta hasta Ilo también pueda tener la garantía de red principal, ¿Por qué?
Porque ese tubo va a transportar gas (metano) que alimentará el nodo energético del sur (de 1,700 MW a 2,000 MW) lo cual implica darle más confiabilidad al sistema eléctrico nacional. Entonces si los contratos take or pay que suscribirá Electroperu para el suministro de gas en Ilo no fueran suficientes para acelerar el financiamiento bancario de ese segundo tramo también está la posibilidad de darle esta garantía de red principal.
¿Si se le otorgara la adenda para el poliducto a Kuntur éste no gozaría de la garantía de red principal (GRP)?
No, ese poliducto tiene que ser financiado por cuenta y riesgo del consorcio.
Usted reitera que nuevo gasoducto del sur (GSP) podría estar listo en tres años. Sin embargo según algunos expertos sólo el EIA tomaría 18 meses y la construcción entre 3 y 4 años, sin contar con los 2 ó 3 años previos que suelen tomarse los inversionistas…
La instalación del ducto la estimamos en dos años en base a la experiencia de Transportadora de Gas del Perú (TGP) cuando construyó el gasoducto de Camisea. La velocidad del avance es más lenta en la selva, pero hemos declarado de interés nacional el ducto en la zona de emergencia en selva, tenemos que dar como país todas las seguridades para que las autoridades locales, regionales y de todas las entidades del estado colaboren para la instalación del ducto.
¿Cómo se va a lograr esa mayor rapidez?
Se va a trabajar en la instalación simultánea del ducto en varios frentes. En la construcción del gasoducto de Camisea hubo un momento en el que se trabajaba en 17 frentes y para el GSP podríamos duplicar esa cifra. En cuanto a los permisos vamos a igualar las condiciones para todos los postores en una base de datos, por ejemplo para determinar (en base a tecnología de última generación como satélites y GPS) las trazas óptimas para el recorrido de las tuberías.
Además, el proyecto de ley para el GSP que está en el Congreso contempla medidas complementarias para que tanto el MEM como el ministerio del Medio Ambiente, dentro del marco de la ley, busquen los ´fast track´ (vías rápidas) para la aprobación de los estudios ambientales.
¿Y cómo es eso de los fast track?
Por ejemplo, cuando se trata de áreas sin población, los estudios ambientales podrán hacerse también con declaraciones del impacto ambiental. Además, se le está dando un plazo perentorio de 15 días a todas las otras áreas del estado para que den el visto bueno u observen los estudios que se presenten, pasado el cual se aplicará el silencio administrativo. El GSP también va a ser un proyecto piloto para la ventanilla única para la aprobación de proyectos de inversión de interés nacional, lo cual incluye la Consulta previa.
¿El Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) no será un obstáculo más para la aprobación de los proyectos de inversión del GSP?
El directorio del SENACE incluye a ministros de los sectores productivos y también tienen que priorizar las inversiones para garantizar la inclusión social. Además, un artículo del Senace indica que con acuerdo del Consejo de Ministros determinados estudios ambientales detallados pueden ser formulados por el sector, como este proyecto del GSP que es de seguridad energética.
¿Existe acercamiento del estado para comprarle el EIA del Gansur a Kuntur?
No hay ningún acercamiento en ese sentido, pero al interior del sector privado todo es posible.
¿El EIA que se aprobó para el Gansur de Kuntur vale para el nuevo GSP?
Podría ser, nosotros vamos a poner un trazo base de gasoducto sobre el cual el inversionista tendrá que hacer sus propios ajustes para hacer una inversión eficiente y el que tenga la mejor alternativa ganará.
¿Entonces usted se ratifica en que el nuevo gasoducto sur peruano puede estar listo en tres años?
Esa es nuestra meta, el óptimo, es posible. Para ello también vamos a nombrar un comité ad hoc en Proinversión que va a trabajar estrechamente con el ministerio de Energía y Minas, y se va a buscar a los mejores profesionales y especialistas en la materia.
Cuando en el 2008 Kuntur, Energy Transfer Partners y Energy Suez solicitaban permiso para construir el gasoducto del sur, en varias oportunidades se reclamó que se hiciera una licitación para pública para esta concesión. ¿Diría que tras cinco años se corrige el no haber aceptado esa sugerencia?
Efectivamente, hemos vuelto hacia lo más eficiente técnicamente. Lo primero es que se debe descentralizar: todos saben que el país no puede mantener la concentración de la generación eléctrica en Chilca (75% en el centro del país considerando la hidroeléctrica del Mantaro).
Lo segundo es que en el Perú hay un principio de tarifa única para el transporte del gas y para lograr eso hay que buscar una inversión (operación y mantenimiento) eficiente, óptima para el GSP, lo cual se puede lograr mediante licitación pública, que permita la mejor oferta de empresas precalificadas.
Controversias en las industrias extractivas
La mayoría de las controversias y conflictos sociales que se producen en el país, están relacionadas en un 31.8% con la actividad minera formal, en un 15.2% por la minería informal, y en un 15.2% en la industria hidrocarburífera.
Así lo señala el primer informe de Diferencias, Controversias y Conflictos Sociales Willaqniki”, que fue elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y que presentó oficialmente el Premier Juan Jiménez.
Según ese informe, otras causas de controversia son los conflictos agrarios en un 12.1%, la demarcación territorial en un 9%, las disputas por recursos hídricos en un 6%, así como los reclamos laborales (6%) y energéticos 4.5%).
A la fecha, existe un total de 20 casos resueltos y 66 en proceso de diálogo, de los cuales 45 (68.2% ) se encuentra en etapa de seguimiento, es decir, han superado la etapa de tratamiento y ya se ha establecido el diálogo para lograr los acuerdos que faciliten su solución, refirió Vladimiro Huaroc, alto comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad.
Aún hay 21 casos restantes que están en su fase de tratamiento para fijar mecanismos para el diálogo.
Pizango recibió S/200 mil de Petrobras
Por Damián Retamozo- Diario Correo.
Serios cuestionamientos recibió el líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, por la suscripción de un convenio monetario con la multinacional Petrobras Energía S.A. para el desarrollo de sus operaciones en la amazonía nacional, lo que a juicio de los entendidos le comprometería a frenar conflictos y protestas en diversas zonas de explotación en la selva.
Como se recuerda, Pizango apoyó una serie de violentas protestas en el país, como el Baguazo, que provocó la muerte de 34 personas -entre ellos 10 policías- e incluso el año 2008 tomó un yacimiento de gas natural de la compañía argentina Pluspetrol.
Pero, el pasado 11 julio, Pizango rubricó un acuerdo con Pedro Miguel Grijalba Vásquez -director presidente de Petrobras- para lograr “relaciones armoniosas” y recibió por ello la suma de S/200 mil.
Para Irma Montes Patiño, consultora y especialista en conflictos socioambientales, el acuerdo “es controvertido”, no fue transparente, ni tuvo consenso previo de las asociaciones indígenas que conforman Aidesep.
“Hay una crítica al doble discurso. La posición de Pizango ha sido siempre contraria a la inversión petrolera y con ese discurso se ha mantenido al frente de Aidesep. En el 2009, en una entrevista, denuncia a Pluspetrol por contaminar el río Corrientes durante más de 36 años”, indicó.
Montes añadió que el problema empieza cuando se hacen acuerdos “por debajo de la mesa”, sin aprobación de la mayoría y con un beneficio nulo o solo para un puñado de dirigentes indígenas. “Es un problema ético que bien puede derivar en delito”, dijo.