En julio de 2014, el entonces ministro Eleodoro Mayorga y el brasileño Rodney Carvalho posan junto al presidente Ollanta Humala luego de firmar el contrato de concesión del Gasoducto de Sur. Foto: Difusión.

CASO ODEBRECHT: ‘DIVISIÓN DE SOBORNOS’ REGISTRA PAGOS DE US$ 8.8 MILLONES POR 12 OBRAS EN PERÚ

Se abre una nueva etapa de revelaciones del caso Odebrecht en Perú y América Latina. Convoca.pe en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), pone al descubierto decenas de pagos ilícitos del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora Odebrecht hasta hoy desconocidos en el país con la nueva serie investigativa ‘División de Sobornos’. Las transferencias de dinero están vinculadas a cinco obras por las que la empresa brasileña nunca confesó que pagó sobornos y que fueron ejecutadas durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Entre miles de registros del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, archivados y escondidos en el sistema informático Drousys, Convoca.pe identificó 53 transferencias de dinero por cerca de 9 millones de dólares vinculadas a 12 obras en el Perú y más de un millón 600 mil dólares para directivos de Odebrecht entre marzo y diciembre de 2014, montos que representan nuevas líneas de investigación en el caso peruano, en el que se han registrado alrededor de 50 millones de dólares en sobornos y aportes de campañas políticas hasta el momento.
Una parte importante de estos pagos secretos se conocen por primera vez en esta serie investigativa ‘División de Sobornos’, en la que participa Convoca.pe junto a otros 18 medios aliados bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
En los pagos registrados en el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht figuran ‘codinomes’ relacionados a obras en las que la empresa no confesó haber realizado sobornos.
Los envíos corresponden a los últimos meses de las operaciones de este departamento de pagos ilícitos de Odebrecht debido a que la operación Lava Jato había comenzado con todo su vigor ese año hasta terminar de acorralar a la compañía con la detención de Marcelo Odebrecht en junio de 2015. De modo que, los montos que revelamos en esta investigación contribuyen de manera importante a echar luces sobre un periodo con decenas de transferencias desconocidas para el Ministerio Público y sobre las que Odebrecht aún no ha confesado.
Hasta el momento, Odebrecht había admitido que pagó sobornos por los tramos 2 y 3 de Interoceánica Sur, la Línea 1 del Metro de Lima, Costa Verde Callao, Vía Evitamiento del Cusco y la carretera Carhuaz- Chacas-San Luis (Áncash). Sin embargo, en esta serie investigativa revelamos transferencias de dinero del Departamento de Operaciones Estructuradas por otras cinco obras por cerca de 4 millones de dólares entre marzo y noviembre de 2014.
Entre ellas destaca el caso del Gasoducto Sur Peruano que se adjudicó en el gobierno de Ollanta Humala por más de 7 mil millones de dólares y que aparece en las planillas de la ‘Caja 2’ asociado a 17 transferencias de dinero en 2014 por más de 3 millones de dólares y vinculados a diez ‘codinomes’ o seudónimos que fueron usados por Odebrecht como intermediarios o que representan a los beneficiarios finales de estos pagos ilícitos de Odebrecht.
En las planillas, también aparece el proyecto gasífero Kuntur, que fue licitado en la gestión de Alan García, con dos transferencias que suman un poco más de 189 mil dólares y el proyecto de irrigación más importante de la costa norte del Perú, Chavimochic, con dos envíos de dinero que bordean el medio millón de dólares.
A estas tres obras, se suman las transferencias de la ‘Caja 2’ asociadas al proyecto de irrigación Olmos, que estuvo a cargo de la concesionaria H2O Olmos, liderado por Odebrecht y de la obra Corredor Vial Hualapampa-Vado Grande, en Piura, que fue ejecutada por la constructora brasileña en conjunto con Obrainsa, empresa peruana investigada por el caso ‘Club de la Construcción’, conformada por compañías que se repartían la adjudicación de licitaciones de obras convocadas por Provías Nacional, que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Los pagos se hicieron a través de un entramado de sociedades offshore creadas por operadores financieros de la constructora brasileña, entre las que figuran Klienfield Services, Velocity Construction and Engineering LLP y Select Engineering Consulting and Services. En un tercer nivel de la ruta del dinero, aparece Construmaq del prófugo Gonzalo Monteverde, señalada por el exoperador financiero de la ‘Caja 2’, Luiz Eduardo da Rocha Soares, como una compañía que fue usada para pagos de sobornos con montos en efectivo y transferencias de dinero.
Convoca.pe detectó que de las 53 transferencias de dinero realizadas entre marzo y diciembre de 2014 por la ‘Caja 2’ y que aparecen vinculadas a proyectos y directores de Odebrecht en Perú, 25 se realizaron usando a Construmaq. Es decir, el 47 por ciento de los envíos de dinero. Si el análisis se hace por montos de dinero, los pagos asociados a Construmaq ascienden al 31 por ciento de los más de 10 millones de dólares en transferencias que salieron del Departamento de Operaciones Estructuradas.
En las planillas también aparece una transferencia de medio millón de dólares para Jorge Barata, quien fue superintendente de Odebrecht en Perú hasta 2012 y para su sucesor en el cargo Ricardo Boleira, quien asumió estas funciones a fines de ese año y que aparece en los registros con transacciones financieras que superan el millón de dólares.
Precisamente, la mayor cantidad de dinero enviada, a través de la empresa Construmaq de Monteverde, fue transferida al entonces superintendente de Odebrecht en el Perú, Ricardo Boleira, por cerca de 1 millón de dólares.
A lo largo de la investigación del caso Lava Jato se ha identificado que los pagos a los diversos directores de la compañía en sus diversas sedes a través de la ‘Caja 2’, se realizaban como “bonos de éxito” por las adjudicaciones de las obras y en otros casos para pagos de sobornos a terceros como parte de la ‘caja chica’ de las operaciones.
Los pagos están asociados a 32 ‘codinomes’, de los cuales la mitad corresponden a las operaciones financieras encubiertas que tienen vínculos con obras por las que Odebrecht no admitió pagos de sobornos. La mayoría son seudónimos de intermediarios y beneficiarios finales que la compañía deberá identificar como parte del acuerdo de colaboración que suscribió Odebrecht con la Fiscalía peruana.
El acuerdo señala que de identificarse “la existencia de nuevos hechos de connotación penal, y que no hayan sido aceptadas por la empresa dentro de un marco de colaboración penal, y que no hayan sido aceptadas por la empresa” deberá poner de inmediato de conocimiento al Poder Judicial.
El rastro en el norte
En Drousys el canal de comunicación intranet usado por Odebrecht para coordinar los requerimientos de sobornos y entregarlos a intermediarios para hacer llegar esos recursos a los destinatarios finales, figuran dos pagos por casi medio millón de dólares, y dos codinomes relacionados a Chavimochic, una concesión que ganó la empresa brasileña en diciembre de 2013, ahora bajo sospecha por parte de las autoridades   anticorrupción.
Los transferencias efectuadas en marzo y junio de 2014 coinciden en el periodo de tiempo durante en el cual el consorcio Río Santa- Chavimochic, conformado por Odebrecht y la peruana Graña y Montero, obtuviera la buena pro para la ejecución de la tercera etapa del proyecto que contemplaba ampliar  el sistema de irrigación y construir la presa Palo Redondo que reverdecería más de 100 mil hectáreas de la región de La Libertad, con una inversión compartida entre el Estado y la empresa estimada en 715 millones de dólares.
El tren capital
Otros pagos relacionados a presuntos sobornos por el Metro de Lima figuran en Drousys, los cuales no eran conocidos por las autoridades peruanas hasta la fecha. El  beneficiario sería un nuevo funcionario público de alto nivel comprometido en las tomas de decisiones en torno a esa obra central del gobierno de Alan García.
Estos pagos que suman en total 552 mil 631 dólares se realizaron en marzo, abril y junio de 2014, y aparecen registrados en la misma planilla donde figuran los depósitos a los recluidos exfuncionarios Edwin Luyo y Jorge Cuba, que ya fueron confesadas por Odebrecht y que son de conocimiento del Equipo Especial del Ministerio Público.
Otros pagos desconocidos
La planilla paralela que consta en el servidor de Drousys contiene registros de transferencias de dinero vinculadas a cinco obras que fueron concesionadas o adjudicadas a Odebrecht por funcionarios de los gobiernos regionales del Cusco, Callao y Áncash, así como por la Municipalidad de Lima y el gobierno central.
La mayoría de estos pagos se canalizaron  a través de Construmaq SAC, empresa del peruano Gonzalo Monteverde Busalleu, responsable de mover y repartir los recursos ilícitos que salían de la ‘Caja 2’ de la trasnacional de la construcción.
Estos nuevos montos se relacionan por ejemplo, a la Carretera Interoceánica Sur una de las obras más investigadas por la fiscalía peruana desde diciembre del 2016, cuando la constructora reconociera ante las autoridades estadounidenses el pago de sobornos en varios países.
Pistas en Piura
Convoca.pe halló un ‘codinome’ (apelativo) asociado a un proyecto en el que Odebrecht participó como consorciada: el Corredor Vial Hualapampa – Vado Grande, en Piura. Esta obra le fue otorgada al Consorcio Gestiones Viales del Norte, conformado por Odebrecht Perú Operaciones y Servicios S.A.C, Obras de Ingeniería S.A (Obrainsa) y SVC / Ingeniería y Construcción.
Con un costo inicial de 241 millones 744 mil 267 soles y un adicional de 30,8 millones de soles este proyecto es uno de los más costosos a nivel de regiones en los que la constructora brasileña tuvo participación. El ‘codinome’ en cuestión es ‘Flaco’ y aparece junto a las palabras ‘Vado Grande’, ligado al monto de 26 mil 135 dólares que habrían sido autorizados el 10 de marzo de 2014 –cuando la obra estaba en ejecución– y recibidos dos días después, el 12 de marzo del mismo año.
Nombre clave
En la plataforma informática Drousys, usado por Odebrecht para ordenar la contabilidad de las coimas, aparece por primera vez el nombre del consorcio H2Olmos S.A., constituido por la constructora brasileña el 16 de octubre de 2009 para la adjudicación de las obras componente de irrigación del proyecto Olmos.
Son pagos destinados a un personaje con el código ‘Charlie’ por esa obra. Según figuran en las planillas, el primer pago fue de 73 mil 628 dólares, el cual Odebrecht aprobó el 12 de marzo de 2014 y que se pagó el mismo día; y la segunda transferencia, de 52 mil 631 dólares, se efectuó el 11 de abril del mismo año, también autorizado y abonado el mismo día.
Estos pagos se otorgaron durante la gestión de Humberto Acuña –integrante del partido Alianza Para el Progreso, fundado por su hermano, el político y empresario César Acuña– como gobernador regional de Lambayeque, y Francisco Gayoso como Gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones. Estos funcionarios autorizaron las operaciones del Proyecto Olmos durante el 2014, como la suscripción de la cuarta y quinta adenda de la concesión del proyecto de irrigación a H2Olmos, y el certificado de puesta en marcha del proyecto.
Fuente: Convoca.pe
En los registros de la División de Sobornos de Odebrecht aparecen 17 transferencias vinculadas al Gasoducto del Sur. Foto: El Comercio.

Se caería arbitraje de Enagás en el CIADI por pagos de Caja 2 de Odebrecht en Gasoducto Sur Peruano

Ya no tendría sentido pagar US$50 millones al año por administrar bienes del gasoducto, señala César Gutiérrez.
Un reportaje de la página web Convoca reveló que desde la Caja 2 de Odebrecht se hicieron 17 transferencias de dinero que suman US$ 3 millones, entre septiembre y noviembre del 2014, en la planilla del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), cuyo contrato de concesión fue rescindido por el Estado en enero del 2017 al no completarse su cierre financiero. Este contrato cuenta con una cláusula anticorrupción, la cual no se ha ejecutado porque la empresa brasileña no ha admitido ningún acto de corrupción relacionado a este proyecto.
La empresa española Enagás demandó al Estado peruano ante el Tribunal de Arbitraje del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por los US$ 511 millones que invirtió en el GSP (24/07/18). En este proyecto, Enagás tenía el 25% del proyecto, que Odebrecht y Graña y Montero tenían el 55% y el 20%, respectivamente.
Los socios de Enagás estaban a la expectativa de como saldría el proceso en el CIADI para también demandar al Estado peruano en diferentes instancias (Odebrecht y Graña y Montero no pueden recurrir al CIADI pero sí a otros tribunales en el extranjero y también locales). El monto total que tendría que pagar el Estado peruano por rescindir el contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) ascendería a US$ 2,044 millones, pero sí se comprueban actos de corrupción ya no pagaría nada.
“El Estado debería apelar a la cláusula anticorrupción y comunicársela al Tribunal del CIADI para ganarle el caso a Enagás”, señaló el especialista en hidrocarburos César Gutiérrez Peña.
Pero la demanda del CIADI no es el único gasto que afronta el Estado por el GSP.
En el 2017, el Organismo Supervisor de las Inversión en Minería y Energía (Osinergmin) seleccionó a la empresa Estudios Técnicos SA–ETSA (subsidiaria colombiana de SGS) para que administre los bienes del GSP, principalmente los ductos de gas que están tendidos en Cusco.
“El contrato inicial fue por US$ 47 millones en el lapso de un año. Luego, en el Gobierno de Vizcarra se renovó por un año más mediante un decreto supremo. Para este año se ha presupuestado US$ 50 millones para administrar los bienes del gasoducto, pero ya no tendría sentido pagar si se comprueba actos de corrupción”, manifestó César Gutiérrez.
Fuente: www.gatoencerrado.net

APARECEN PAGOS POR US$ 3 MILLONES ASOCIADOS AL GASODUCTO DEL SUR EN PLANILLAS SECRETAS DE ODEBRECHT

Por Óscar Libón y Milagros Salazar- Convoca.pe
En los archivos de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña, ocultos bajo el sistema Drousys, se registran 17 pagos relacionados a la millonaria concesión adjudicada a un único postor durante el gobierno de Ollanta Humala. Además, surge el nombre del actual vicepresidente regional del Callao, Constantino Galarza, vinculado a una de las empresas panameñas que recibió sumas de dinero por el mismo proyecto. Conoce la historia completa en el siguiente reportaje de Convoca.pe, publicado como parte de la serie investigativa ‘División de Sobornos’, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
La constructora Odebrecht hasta el momento no reconoce actos de corrupción respecto al Gasoducto del Sur, concesión adjudicada por más de 7 mil millones de dólares a la empresa brasileña como postora única en junio de 2014 –durante el gobierno de Ollanta Humala–, licitación que originó dos investigaciones en el Ministerio Público por los delitos de colusión y negociación incompatible a funcionarios de Proinversión, ejecutivos de la compañía, abogados e incluso a la exprimera dama Nadine Heredia.
Esa negativa oficial fue ratificada la semana pasada en la resolución judicial que aprobó el Acuerdo de beneficios y colaboración eficaz suscrito con Odebrecht, documento en el que se consigna que esta empresa admite haber pagado coimas en solo cuatro obras realizadas en Perú: Interoceánica Sur, Metro de Lima, Costa Verde–Callao y Vía de Evitamiento–Cusco.
Sin embargo, en los archivos de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña, alojados en la plataforma secreta de comunicaciones Drousys –información compartida por ICIJ y analizada por Convoca.pe– aparecen pagos referidos a “Gasoduto Sul Peruano” (denominación de la obra en portugués), cuyos destinatarios finales están ocultos bajo seudónimos (‘codinomes’).
Se trata de 17 transferencias de dinero asociadas al Gasoducto del Sur, que suman 3 millones 70 mil dólares, realizadas entre el viernes 19 de setiembre y miércoles 12 de noviembre de 2014, es decir poco más de tres meses luego del otorgamiento de la buena pro de la referida concesión a Odebrecht, proceso que empezó a despertar sospechas tras la descalificación de su consorcio competidor a última hora.
En los archivos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se registraron pagos sobre el “Gasoducto Sul Peruano”.
Aquel monto de dinero es similar a la cantidad que los ex altos directivos la firma brasileña, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, sostienen –en sus declaraciones ante fiscales peruanos– haber entregado para la campaña electoral de Ollanta Humala, cuando este era candidato presidencial para los comicios de 2011.
Cabe anotar que también en 2014, específicamente el jueves 31 de julio, se registró un envío desconocido de 500 mil dólares a nombre del brasileño Jorge Barata, ex superintendente de la constructora en Perú, bajo las denominaciones “Solicitudes JB” y “Transacciones JB”, de acuerdo con la documentación revisada por este medio digital.
Una semana antes, el miércoles 23 de julio de 2014, en Palacio de Gobierno se había suscrito el contrato de la concesión del Gasoducto del Sur por 34 años con el consorcio liderado por Odebrecht. La ceremonia estuvo presidida por el entonces mandatario Humala y contó con la participación del ministro Eleodoro Mayorga, así como de Rodney Carvalho, en representación de la empresa. 
Código fantasma
Los pagos relacionados al Gasoducto del Sur, registrados en el sistema Drousys del “Departamento de sobornos” de Odebrecht, siguen el mismo esquema utilizado por la compañía para esconder pagos ilícitos, el cual fue detectado durante las pesquisas del megacaso Lava Jato originado en Brasil. Es decir, ocultar el rastro del dinero bajo sociedades offshore o compañías de fachada, así como con ‘codinomes’.
En referencia a esta obra, figuran diez personas identificadas solo con sobrenombres como destinatarios de los abonos clandestinos de dinero. Las sumas enviadas oscilan de 20 mil dólares a 700 mil dólares.
Según los archivos de la plataforma secreta de Odebrecht, los beneficiarios vinculados a los seudónimos ‘Princesa’ (dos pagos por un total de 900 mil dólares), ‘French’ (500 mil dólares), ‘Magali’ (cuatro abonos por un total de 450 mil dólares) y ‘Gaza’ (tres pagos por un total de 430 mil dólares) son los que recibieron los mayores montos.
También aparecen transferencias para ‘Disco’ (400 mil dólares), ‘Novatos’ (200 mil dólares), ‘Sorte’ (50 mil dólares), ‘Martelo’ (50 mil dólares), ‘Japa’ (50 mil dólares) y ‘Magneto’ (dos abonos por un total de 40 mil dólares).
De otro lado, ‘Novatos’ además aparece como beneficiario de otros 10 pagos (2 millones 100 mil dólares en total) vinculados a un proyecto en Argentina que en la planilla se consignó como ‘Dutos argentinos’.
Red de empresas
Son siete las compañías intermediarias que figuran como “beneficiarios”, utilizadas para canalizar los más de 3 millones de dólares asociadas al Gasoducto del Sur.
A través de Noyaga Inc., al parecer creada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, se transfirieron 900 mil dólares para ‘Princesa’.
En tanto que mediante PEL Project Engineering & Logistics se pagó 530 mil dólares en total destinados a ‘Magali’, ‘Sorte’, ‘Magneto’, ‘Martelo’, ‘Gaza’ y ‘Japa’. Esta empresa figura en la base de datos de registros públicos de Hong Kong y Belice. Bajo la denominación de esta compañía, la ‘División de coimas’ consignó abonos de Odebrecht relacionados a otras obras en Perú, como Interoceánica Sur, Costa Verde – Callao y Rutas de Lima.
En el caso de Chirag Grand Power Corp. (500 mil dólares) y Manning Investment Company (300 mil dólares) fueron constituidas en Panamá entre julio y agosto de 2014, pocos meses antes de que la constructora brasileña ordenara las transferencias de dinero, efectuadas en octubre y noviembre de ese año, a ‘French’ y ‘Magali’.
El caso CGZ
Entre los 17 pagos de las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht vinculados al Gasoducto del Sur, existen dos montos que apuntan a la empresa de una autoridad en funciones: CGZ Ingeniería Corp. que tiene como presidente y director al vicepresidente regional del Callao, Constantino Galarza Zaldívar. Un funcionario público que recientemente cobró notoriedad en la prensa por sus enfrentamientos con su jefe inmediato: el presidente regional Dante Kiko Mandriotti.
La pelea entre ambos políticos que llegaron al poder por la agrupación ‘Por ti Callao’ tiene escenas propias de sicarios. En un audio difundido por el programa televisivo ‘Panorama’ el último 10 de marzo, se le escucha a Galarza planear el asesinato de Mandriotti. “Ahora tendríamos que tener a un profesional de cargo alto de México o de Colombia, para que vaya a su casa o a su despacho entre y po, po, po mierda…”. En su defensa, Galarza señaló en un enlace telefónico con ‘Panorama’ que solo empezó a “alucinar una serie de cosas” porque estaba molesto con su rival político.
Pero lo que sí parece estar lejos de la alucinación son los pagos de la división de sobornos de Odebrecht en los que figura la empresa CGZ Ingeniería Corp. que creó Galarza en setiembre de 2014, en Panamá, pocas semanas antes de que la constructora brasileña transfiriera a dicha compañía dos montos de dinero que suman 240 mil dólares: 200 mil dólares el 8 de octubre y otros 40 mil dólares un mes más tarde, el 12 de noviembre.
Según el Registro Público de Panamá, el vicepresidente regional del Callao, Constantino Galarza, figura como director y presidente de CGZ Ingeniería Corp. Foto: Edwin Montesinos/Convoca
Los envíos de dinero se hicieron a través de la empresa Velocity Construction and Engineering LLP, que fue creada en Reino Unido en febrero de 2014 por el operador financiero de Odebrecht Olívio Rodrigues Júnior.
Los pagos aparecen vinculados al ‘codinome’ (seudónimo) ‘Gaza’, que hasta el momento no ha sido identificado por los fiscales peruanos que investigan los hechos irregulares del proyecto Gasoducto del Sur, adjudicado al consorcio liderado por Odebrecht, durante el gobierno de Ollanta Humala.
En forma paralela a estas transferencias se registran viajes de Galarza Zaldívar a Panamá, según registros migratorios a los que accedió Convoca.pe. El 1 de setiembre de 2014 aparece un ingreso al país centroamericano. Al día siguiente, con fecha 2 de setiembre, se suscribe la escritura pública de la compañía que ofrece servicios de ingeniería, inteligencia empresarial, y relaciones legales, financieras e institucionales. Un día después, Galarza retorna al Perú.
Este mismo año, el vicepresidente regional del Callao (elegido en el cargo el año pasado) vuelve a Panamá pero esta vez el 5 de noviembre, siete días antes de la segunda transferencia de Odebrecht. Tres días después, Galarza regresa a Lima.
El registro migratorio de Galarza registra ingresos a Panamá en setiembre y noviembre de 2014. Siete días después de su última visita a Panamá en ese año, Odebrecht realiza la segunda transferencia. Fuente: Migraciones.
En los registros del Departamento de Operaciones Estructuradas también aparece otra transferencia asociada al condinome ‘Gaza’ con fecha 8 de octubre de 2014 y por un monto de 190 mil dólares a través de la empresa PEL-Project Engineering & Logistics Corp. Ltd.
En una primera conversación telefónica con IDL-Reporteros, el viernes 21 de junio, Galarza negó haber tenido negocios vinculados con Odebrecht o el Gasoducto del Sur. Luego, en una amplia entrevista presencial hoy 24 de junio con periodistas de Convoca.pe e IDL-Reporteros, cambió su versión.
Galarza dijo que conoció a Rodney Carvalho, entonces gerente general del Gasoducto Sur Peruano y directivo de Odebrecht, a fines de 2014 en una reunión del Club Empresarial, en San Isidro. Después, aseguró, que un amigo panameño, José Branca Porras, quien fue secretario general del Ministerio de Gobierno de Panamá en 2013, le informó que Carvalho quería reunirse con él para conversar de negocios. El encuentro se concretó a inicios de 2015, según Galarza, en el hotel Los Delfinos en Lima, y fue ahí en donde acordaron que brindaría una asesoría financiera a través de su empresa panameña CGZ Ingeniería Corp para un ducto de transporte de gas licuado que se iba a construir en paralelo al Gasoducto del Sur.
Pero había un detalle importante, según Galarza. Él sería contratado por una constructora de la India, ECI Engineering & Construction Company Ltd, que estaba trabajando en el proyecto de gasoducto líquido para Odebrecht y fue esa misma empresa, según refiere, la que hizo dos transferencias por la suma de 380 mil dólares en una cuenta que tenía su empresa CGZ Ingeniería Corp en Capital Bank de Panamá.
Constantino Galarza estuvo vinculado a la constructora brasileña Camargo Correa de la cual fue gerente de recursos humanos y apoderado con el poder de celebrar “toda clase de contratos”. Fuente: Sunarp.
El vicepresidente regional del Callao aseguró que inicialmente le propusieron un pago de 620 mil dólares pero que no se concretó porque no lograron cumplir con los planes comerciales del proyecto. Para corroborar su versión, le solicitamos los documentos bancarios de las transferencias de dinero, pero horas más tarde de la entrevista señaló que no pudo acceder a esa información debido a que la cuenta fue cerrada por falta de movimientos financieros en 2017 porque no se generó ninguna nueva operación luego de las transferencias de dinero por la consultoría “indirecta” para Odebrecht.
Pero no es la primera vez que aparece una vinculación de Galarza con una de las empresas investigadas en Lava Jato. Entre julio de 2012 y marzo de 2014 fue gerente de recursos humanos y de asuntos corporativos de la constructora Camargo Correa, según él mismo refiere en LinkedIn. Además, Galarza fue apoderado de la compañía en 2013. Según refirió tuvo esas funciones en su condición de gerente para firmar solamente contratos laborales, sin embargo Convoca.pe verificó en registros público que en su condición de apoderado del “Grupo B” podía celebrar “toda clase de contratos (…) especialmente los contratos de obras o de concesiones, resultantes de procesos de licitación pública y/o privada, sus aditivos, adicionales, deductivos y/o adendas”.  Ese poder se le renovó en 2014, año en el que aparecen las transferencias de la división de sobornos de Odebrecht.
Durante la entrevista, Galarza también dio una nueva versión sobre el audio en el cual habló del asesinato de Mandriotti. “Han imitado mi voz”, dijo. Y luego recalcó: “Yo nunca he pronunciado esas palabras”.
Conexión con Argentina
Pero el caso Gasoducto del Sur no solo apunta a personajes peruanos. Entre los pagos vinculados al megaproyecto que fueron registrados en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, figura una transferencia de 200 mil dólares para la empresa Fortune Active LLC, de propiedad del argentino Daniel Díaz, quien fue director de Desarrollo de Negocios en la sede de la constructora brasileña en Buenos Aires.
La fecha de la transferencia es del 12 de noviembre de 2014 cuando aún Díaz trabajaba para Odebrecht y aparece vinculada a un nuevo ‘codinome’: ‘Novatos’.
Convoca.pe se comunicó telefónicamente con Daniel Díaz para conocer por qué aparece en las planillas vinculado a una obra en Perú. Díaz aseguró que el pago correspondía a un “bono” por un servicio de asesoría que brindó a la constructora por el megaproyecto debido a que es un especialista en mercado regulado de gas. Aseguró que se encargó de “ver todos los números que había de parte de la construcción y en función de los costos, analizar regulatoriamente cómo se iba a calcular y cómo se iba a hacer el pago, las tarifas”.
Díaz señaló que tuvo una posición crítica sobre el megaproyecto millonario del gasoducto peruano debido a que los costos se elevaron a un nivel “tan alto que iba a ser difícil” concretar la obra. ¿Con quién coordinó en Perú estos servicios?, preguntamos. “Con nadie (…). Yo manejaba el tema con la gente de Argentina (…) desde ahí se manejaban todos los proyectos de tipo industrial”.
El exdirectivo de Odebrecht aseguró que todas las coordinaciones se hicieron con Flavio Bento de Faria, máximo representante de Odebrecht, y que nunca visitó nuestro país. Todo fue una asesoría de “papeles”, agregó. Este medio digital confirmó en registros migratorios que, en efecto, Díaz no visitó Lima.
Pero cuando le preguntamos si podíamos tener acceso al documento que elaboró sobre el proyecto del gasoducto peruano, respondió que no contaba con esa información porque era documentación interna de la compañía. Tampoco con los comprobantes de los depósitos de Odebrecht por estos servicios.
Pago adicional
Los pagos vinculados al Gasoducto del Sur de las planillas de la contabilidad paralela de la constructora brasileña, se remontan a los primeros meses de 2014 cuando el proyecto estaba en manos del consorcio Kuntur, que también estuvo liderado por Odebrecht. Son 189 mil 474 dólares que figuran asociados a Kuntur: el primer desembolso tiene fecha 15 de abril de 2014 por 84 mil 211 dólares y el segundo poco tiempo después, el 24 de mayo. Ambos montos aparecen asociados a un nuevo ‘condinome’: ‘Vermelho’, palabra en portugués que significa rojo, y corresponden a los últimos meses en que el proyecto millonario estuvo en manos de Kuntur.
Ambas transferencias se hicieron a través de la offshore Select Engineering Consulting and Services, fundada en 2008 en las Islas Vírgenes Británicas por Olivio Rodrígues Júnior, operador financiero de la ‘Caja 2’ de Odebrecht. De esta empresa de papel, el dinero pasó a Construmaq S.A.C, la empresa del prófugo Gonzalo Monteverde.
En febrero último, el operador financiero de la compañía brasileña Luiz Eduardo da Rocha Soares narró en Curitiba ante los fiscales peruanos cómo se usaron las compañías de Monteverde para pagar sobornos. Soares indicó que existían dos caminos: trasladar el dinero hacia otros países hasta lograr que se perdiera el rastro de la coima y disponer de dinero en efectivo en el país para los sobornos a cambio de obras públicas.
Pesquisas en curso
El equipo especial de la Fiscalía peruana a cargo del caso Lava Jato investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación del Gasoducto del Sur al consorcio conformado por la brasileña Odebrecht y la española Enagás; empero, aún no se han identificado a beneficiarios finales de sobornos. En esta pesquisa preliminar, a cargo de la fiscal Norma Mori, hay alrededor de 30 personas bajo investigación, entre las cuales está la esposa del expresidente Ollanta Humala.
La fiscal Norma Mori del equipo especial Lava Jato investiga a 30 personas, entre ellas a Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala. Foto: Andina.
Existe otra carpeta fiscal, elaborada con anterioridad por el fiscal Reynaldo Abia, quien en agosto de 2017 presentó una acusación por este caso ante el Poder Judicial contra Édgard Ramírez Cadenillas, exfuncionario de Proinversión, y Claudia Hokama, exrepresentante de la constructora en el país. Hasta hace unos días, el proceso estuvo paralizado durante meses debido a que la Corte Suprema recién resolvió un recurso legal que impedirá la Procuraduría del caso Lava Jato intervenir en este caso, según fuentes judiciales.
Ambas investigaciones fiscales tienen su origen en la licitación realizada por Proinversión –entidad estatal peruana– el lunes 30 de junio de 2014, cuando se descalificó al consorcio que competía con el de Odebrecht horas antes de que se adjudicara la buena pro de la concesión millonaria.
Esa decisión se basó en las opiniones legales de los estudios de abogados Delmar Ugarte y Echecopar, que tenían como integrantes a profesionales que habían realizado asesorías o trabajado directamente para la empresa brasileña.
Luego la prensa reveló que Édgard Ramírez, entonces presidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión –responsable de la licitación del Gasoducto del Sur–, también hizo consultorías para Odebrecht.
E incluso, después se conoció que el ministro del sector, Eleodoro Mayorga, por su parte había asesorado a Odebrecht, cuando era socio de la consultora Laub & Quijandría. De acuerdo con fuentes del sistema de justicia, la investigación al exministro Mayorga a nivel de fiscalía suprema sigue abierta, pues se ha recibido más información.
El fiscal Reynaldo Abia denunció al exfuncionario de Proinversión, Edgard Ramírez, y a la exrepresentante de Odebrecht, Claudia Hokama, por el caso Gasoducto del Sur. Imágenes: Gestión
Viajes y fechas claves
La investigada exdirectiva de Odebrecht, Claudia Hokama, estuvo tres veces fuera del país durante el periodo en el cual la ‘oficina de sobornos’ de la empresa brasileña concretaba transferencias relacionadas al Gasoducto del Sur mediante compañías de fachada extranjeras, de acuerdo con sus movimientos migratorios obtenidos por Convoca.pe.
Ella salió del país del miércoles 1 al viernes 10 de octubre de 2014, rumbo a Estados Unidos. Al siguiente mes, volvió a viajar a suelo estadounidense, del lunes 24 al miércoles 26 de noviembre, con escala en El Salvador en el vuelo de ida. Y luego, del jueves 18 al domingo 21 de diciembre permaneció en Brasil.
En ese lapso, entre el 2 de octubre y 16 de diciembre del mismo año, el departamento de contabilidad paralela de Odebrecht terminaba de realizar 14 pagos sobre el millonario proyecto gasífero peruano a través de su esquema bancario para esconder sus operaciones ilegales.
Por su parte, el exfuncionario Édgard Ramírez registra cuatro salidas de Perú entre el 27 de setiembre el 13 de diciembre de 2014. Estuvo en México, Argentina y Chile. Durante esas semanas, la ‘División de coimas’ de la constructora efectuó, asimismo, 14 transacciones a nombre del Gasoducto del Sur.
En tanto, el también exejecutivo de Odebrecht, Daniel Hokama (hermano de Claudia Hokama) viajó a Panamá del martes 7 al lunes 13 de octubre de 2014 y después a Argentina entre el lunes 3 y miércoles 5 de noviembre. En ese periodo, la firma brasileña efectuó 12 operaciones bancarias referidas al mencionado proyecto de gas. Debe anotarse que Daniel Hokama y Édgard Ramírez trabajaron juntos en Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) por unos 10 años, en la Gerencia adjunta de Regulación Tarifaria, según las pesquisas de la fiscalía anticorrupción.
Versiones oficiales
En respuesta a un cuestionario enviado por ICIJ, elaborado en conjunto con los periodistas que participaron en el proyecto colaborativo, voceros de Odebrecht señalaron que debido a los procesos de colaboración con distintas fiscalías y autoridades en diversos países –donde existen las premisas de reserva y confidencialidad–  no iban a poder contestar de forma detallada e individual a las preguntas remitidas.
“Odebrecht seguirá haciendo todos los esfuerzos ante las autoridades competentes en un régimen de colaboración irrestricto, siempre y cuando se respeten la premisa básica de garantía de la seguridad jurídica y los compromisos asumidos por la empresa para una actuación ética, integra y transparente”, se anotó vía correo electrónico.
Asimismo, consultado al respecto por Convoca.pe, el defensor legal de Ramírez Cadenillas, Jorge Paredes, dijo que su patrocinado viaja fuera del país con regularidad por motivos familiares, para dictar conferencias y realizar consultorías en temas de energía y gas. “(Édgard Ramírez) no tiene que ver con esas transferencias, no existe vinculación alguna con esos pagos (de Odebrecht). Viajar no es una actividad ilícita, ni prueba nada”, manifestó.
Este medio digital también conversó con Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quien reiteró que no hay evidencias “directa ni indirecta” que impliquen en el caso Gasoducto del Sur a la exprimera dama, pues solo ella –y no su esposo– está siendo investigada por ese tema. “Solo fue mencionada por un supuesto colaborador eficaz, cuya versión no ha podido ser corroborada. Además, el propio Marcelo Odebrecht afirma que no pagaron nada (irregular) por esa obra, declaración que coincide con la de Jorge Barata”, aseveró.
Daniel Hokama contestó por correo electrónico que “nunca he manejado dinero” y que no se encuentra comprendido en ningún proceso de investigación. “No conozco la ciudad de Panamá, alguna vez debo haber realizado alguna escala (técnica aérea), pero nunca he salido del aeropuerto. Entre el 1 y 7 de octubre de 2014 viajé con toda mi familia a Cancún (México)”. Añadió que fue a Argentina en ese año a explicar algún tema tarifario respecto al proyecto (gasífero) en ese país, “ya que se dependía de cierta manera de dicha sede”. Apuntó que “tengo 20 años de experiencia profesional, con 10 años en el sector público, y nunca he participado ni he estado envuelto en ningún caso de falta de ética y menos de corrupción”.
Además, se intentó recoger la versión de Claudia Hokama a través de su representante legal y de sus redes sociales, pero no hubo respuesta.

Odebrecht mintió: ¿y el acuerdo?

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
El equipo especial Lava Jato anunció con bombos y platillos un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht en la que esta reconocía la comisión de delitos en determinadas obras públicas construidas en el Perú. Entre estas no se encontraba el Gasoducto Sur Peruano, una obra que fue el emblema del gobierno de Ollanta Humala. Este hecho motivó la crítica a tal acuerdo de colaboración eficaz que, además, reparaba civilmente al Estado peruano con montos irrisorios para los volúmenes de los daños causados.
Quienes criticaron en su momento el acuerdo fueron arrinconados por la prensa en contubernio con los jueces y fiscales que ven el caso Lava Jato, y motejados como “voceros de la mafia”. Su argumento a favor del acuerdo fue que este permitía conocer la “verdad” y “reparar” a la sociedad peruana –sacando a la luz la podredumbre de la clase política– y que el acuerdo no impedía que de surgir hechos nuevos sobre delitos, se renegociara sus términos con Odebrecht.
Finalmente, la semana pasada, la jueza encargada de verificar la legalidad del acuerdo lo homologó. No han pasado ni unos pocos días y el portal IDL ha sacado a la luz hechos que indican, entre otras cosas, que Odebrecht mintió descaradamente al Equipo Especial Lava Jato o que el Equipo Especial se dejó engatusar fácilmente por Odebrecht (por ponerlo elegantemente). La pesquisa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (del cual es tributario IDL) ha comprobado que se cometieron delitos por millones de dólares en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano, del cual Odebrecht fue el único postor a través de coimas verificadas a funcionarios a los pocos días de que la empresa se hiciera con el proyecto. Esto, por supuesto, da la razón a quienes criticábamos el acuerdo por sentido común: si Odebrecht y sus socios del club de la construcción habían coimeado en otras importantes obras públicas, ¿cómo se explicaría el milagro de que no hubieran coimeado en esta megaobra si era su modus operandi en todos lados?
Para mí no hay duda alguna de que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht ha naufragado y no va más. Aquí se trata de una vulgar mentira de Odebrecht que los fiscales del Equipo Especial se tragaron a sabiendas o con candor (el fiscal Hamilton Castro afirma que por eso nunca cerró un acuerdo con Odebrecht). El mayoritario sector de la prensa que apoyó el acuerdo repitió hasta la saciedad –para justificar las drásticas prisiones preventivas en el Perú– que los colaboradores no podían mentir porque si no perderían los beneficios que ese mecanismo les otorgaba. Hoy, esos mismos dicen algo totalmente distinto en consonancia con sus intereses (pues en general son sus enemigos políticos los que están presos y se beneficiarían del naufragio del acuerdo). Ahora resulta –según los mismos “periodistas”– que se puede renegociar el acuerdo de colaboración eficaz con los mentirosos, pues lo revelado por IDL y el CIPI son, precisamente, esos “hechos nuevos” que se prevén en el acuerdo.
Pero aquí el único hecho nuevo es la mentira de Odebrecht que, amparado por un acuerdo de esa naturaleza, podría seguir mintiendo ad infinitum sin consecuencias, pues siempre se podría “renegociar” en sus términos el acuerdo madre. Eso es lo que ahora Odebrecht, pillado en su mentira, propone a través de Barata: contar más historias de a puchos para seguir operando con total impunidad con la ley del embudo y con la complicidad del Equipo Especial Lava Jato, y de su prensa adicta que ha demostrado quiénes son los verdaderos voceros de la corrupción.
El tiempo ha dado la razón a quienes criticábamos ese acuerdo lesivo con los brasileños. El Equipo Especial ha demostrado su incapacidad (por no decir algo más fuerte) y debe renunciar o serle retirada la confianza de inmediato. Lo contrario sería una burla al país, tal cual han quedado al desnudo ya sea por tontos útiles o por cómplices.

Adenda para proyecto Chavimochic III peligra por sobornos de Odebrecht

Por WALTER GONZALO ARCASI MARIÑO– Diario Gestión.
Chavimochic III es una de las obras en las que se sospecha de que Odebrecht habría pagado coimas a través de la División de Operaciones Estructuradas.
El portal Convoca reveló detalles de dos transferencias por más de US$ 447,000. Estos se encuentran registrados en el sistema Drousys, durante la gestión del expresidente regional de La Libertad, José Murgia (Apra).
Los pagos se realizaron en marzo y junio del 2014, en medio de la firma del contrato con el consorcio Río Santa–Chavimochic, integrado por Odebrecht y Graña y Montero, para la ejecución de la tercera etapa de Chavimochic.
El mecanismo
El primer desembolso, que contiene gran parte del monto, fue para la persona con el codinome, o apodo, “Radox”, el 10 de marzo, por US$ 421,000. La ruta que tomó este pago sigue el mismo esquema usado para abonar a los funcionarios comprometidos en los casos carretera Interoceánica Sur, Metro de Lima y Vía Costa Verde-Callao.
El dinero ingresó a una cuenta del Credicorp Bank de Panamá a nombre de la offshore Select Engineering Consulting and Services registrada en Islas Vírgenes Británicas y nuevamente a otra compañía peruana, Construmaq SAC, del prófugo Gonzalo Monteverde.
Construmaq SAC, investigada por la Fiscalía por presunto lavado de activos, se encargaba de entregar el dinero al beneficiario final. Un mes después, hubo otro pago que salió de la Caja 2. Fue el 13 de junio del 2014 al codinome “Escorpion”, por más de US$26,000.
Esta partida se transfirió usando las mismas empresas de la primera operación.
¿Qué dice el gobernador?
El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén (APP), indicó que este hallazgo podría hacer peligrar la firma de la adenda con Odebrecht para la culminación de la presa Palo Redondo, que está en un 70% de avance dentro de la tercera etapa de Chavimochic.
Instó a las autoridades correspondientes a aplicar las sanciones y penas de cárcel a quienes resulten responsables y conocían del pago de coimas en este proyecto especial. “ Si alguien recibió dinero que lo devuelva al fisco”, anotó.
Estado de la investigación
Gestión conoció que el Equipo Especial Lava Jato , que lidera el fiscal Rafael Vela , no tiene entre sus más de 40 investigaciones las presuntas coimas por el proyecto Chavimochic.
Esta pesquisa está en manos de la Fiscalía Anticorrupción en el Norte. Tras estos presuntos pagos irregulares, una fuente fiscal señaló a este diario que lo ideal es que el caso Chavimochic sea trasladado al Equipo Especial, pues se haría una doble investigación sobre el mismo tema. Lo que tendría que pasar es que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, extienda las competencias al pool liderado por Vela para investigar el proyecto.
¿El fiscal Vela pedirá el caso? Otra fuente dijo a Gestión que es posible, ya que Ávalos viene reforzando al equipo.
La titular del Ministerio Público cedió más presupuesto a las pesquisas; amplió las competencias del pool para investigar delitos tributarios, y en los próximos días, aumentará el número de fiscales, tal como adelantó gestion.pe.
Proyecto en duda
La preocupación desde La Libertad por Chavimochic es larga. Semanas atrás, Manuel Llempén reveló a gestion.pe que a fines de julio se suscribiría la adenda para que la concesionaria concluya con las obras de la presa Palo Redondo. Al terminar la obra, el concesionario dejaría el proyecto.
Con las revelaciones de estas últimas horas se abrió un nuevo escenario. El año pasado, las negociaciones de la adenda habían arrancado, pero el cambio de autoridades frustró la firma de un acuerdo.
“Ya estamos en la parte final”, indicó el gobernador en mayo. El plan –prosiguió– es que la presa se concluya en el menor plazo posible. “Nosotros posteriormente culminaríamos bajo otros mecanismos el canal de irrigación hacia Chicama”.
El MEF tiene en su plan de prioridades la inversión de US$ 580 millones de la tercera etapa de Chavimochic.
El Factor Chaglla
¿Está en juego el pago de la reparación civil si se incluyen más obras en el acuerdo?
Qué pasaría con el pago de la reparación civil si se incluye en el acuerdo con la empresa Odebrecht otras cinco obras por las que también se habrían hecho pagos ilícitos?
El escenario sería muy complejo.
Es más, la semana pasada el procurador Jorge Ramírez, advirtió que si, por ejemplo, la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, a cargo de Odebrecht, hubiera sido incluida en el acuerdo, la constructora se habría quedado sin liquidez para pagar la caución.
“Del 100% de la venta de Chaglla, 50% estaba destinado a pagar a los acreedores prendarios y el otro 50% iba ser destinado al fideicomiso para pagar los tributos y la reparación civil. En otras palabras, la empresa no iba a recibir ni un sol de liquidez”, señaló en aquella oportunidad.
Ramírez, ante esa probable situación, consideró que no se hubiese llegado a un acuerdo con Odebrecht, debido a que la compañía, que atraviesa una grave situación financiera, persigue fines comerciales y económicos.
Tras eximirse la venta de este activo de Odebrecht en el acuerdo, se acordó que la cuota inicial que deberá pagar la constructora por concepto de reparación civil es de S/80 millones.
Negociaciones con el MEF
Rutas de Lima: una larga vía de complicaciones
La salida de la constructora Odebrecht de la concesionaria Rutas de Lima (en la que tiene 25% de participación accionaria) está sujeta a la suscripción de una adenda con la Municipalidad de Lima, que se viene negociando desde hace algunos meses, según supo Gestión.
Dicha adenda haría que Odebrecht deje de ser “socio estratégico”, lo que hasta el momento impide que pueda vender su participación a un tercero.
Ante este panorama, el fondo de inversión Brookfield –que cuenta con 57% de las acciones de Rutas de Lima- ya cumple las condiciones necesarias para convertirse en el “nuevo socio estratégico”, pero ello requiere de opinión del MEF.
Según fuentes cercanas de este diario en el ministerio, se conoció que, para la suscripción de esta adenda, el MEF exige la salida inmediata de la constructora brasileña Odebrecht de la sociedad, es decir, que venda su participación, lo que genera más complicaciones en su salida. 

La adenda de los S/3,000 millones

En su afán de deshacerse de sus activos antes de que se les aplique embargos, las diferentes subsidiarias de Odebrecht han iniciado una rápida gestión para aumentar el precio de las obras corruptas que tienen con el Estado, y así venderlas con ganancias millonarias, como ya hicieron con una parte de los peajes de Rutas de Lima.
El más claro ejemplo es Chavimochic. Hasta hace unas semanas, el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, indicaba que todo estaba listo, que los brasileños que integraban el consorcio habían reflexionado, y que cancelarles el contrato obligaría a un arbitraje que paralizaría todo durante años, en una megaobra calculada en 715 millones de dólares.
Pero no contaba con que, hace tres semanas, el portal ecuatoriano La Posta revelaría que en la Caja 2 había registros de pagos de sobornos por esta y otras obras. Esta situación había sido ocultada por los colaboradores eficaces que había ofrecido la transnacional.
ESTADO GARANTE
“Vendrá otra empresa y dirá ‘yo compré de buena fe’. Este señor es operador de esos intereses. Lo va a vender tan pronto como se firme la adenda. Olmos también. Se descubrió que hubo sobornos, pero una empresa corrupta como Odebrecht quiere una adenda donde el Estado garantice unos 250 millones de dólares en inversión”, denunció Miguel Rodríguez, miembro de Sociedad Civil En Acción-La Libertad.
Chavimochic está en su cuarta etapa, la cual quedó suspendida en el 2016, cuando no se pudo ocultar más el escándalo internacional de coimas a funcionarios en Perú y otros países.
“Están vendiendo todo, hasta las propiedades de los funcionarios. Pronto no serán dueños ni de un alfiler aquí. En Brasil habrían sido declarados en insolvencia para respaldar las enormes garantías financieras y avales que tienen pendientes en los bancos”, acotó Rodríguez.
POR 25 AÑOS
Por medio de Concesionaria Chavimochic S.A.C., Odebrecht se adjudicó una concesión a 25 años para desarrollar la tercera fase del proyecto: desviar las aguas del río Santa hacia los valles e intervalles de Chao, Virú, Moche y Chicama.
Fuente: Diario EXPRESO.