Gregorio Santos es incompetente
El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Fiscal de la Nación contra la Ordenanza Nº 036-2011-GR.CAJ-CR del Gobierno Regional de Cajamarca, que declara inviable el proyecto Conga.
En la sentencia recaída en el Expediente Nº0001-2012-PI/TC, y siguiendo lo establecido en la jurisprudencia de este Tribunal, se determinó que el Gobierno Regional de Cajamarca se extralimitó en sus competencias normativas. Así, se destaca en la sentencia que en virtud a las competencias establecidas en la Constitución, en la Ley de Base de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los gobiernos regionales no son competentes para regular aspectos relativos a la gran y mediana minería.
En tal sentido, el Gobierno Regional de Cajamarca no tiene competencias para declarar la inviabilidad de la ejecución del proyecto minero Conga, que por sus características es un proyecto de gran minería.
De otro lado, estableció que es la Autoridad Nacional del Agua la encargada de determinar qué cabeceras de cuencas deben ser declaradas intangibles y no los gobiernos regionales. Por tanto, el Tribunal Constitucional, ratificó que corresponde al gobierno nacional elaborar planes de control de la actividad económica de las empresas dedicadas a la extracción de minerales.
De igual forma, para que el Estado cumpla con los objetivos esenciales y el bien común es indispensable la creación de nuevos proyectos de desarrollo, que en forma eficiente y responsable posibiliten la creación de riqueza.
Lorenzo de la Puente Brunke
Lorenzo de la Puente, especialista en derecho ambiental, consideró que la entrega del peritaje internacional del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga “cierra una etapa” en este proceso.
En diálogo con RPP Noticias, el experto resaltó que los peritos han señalado que el estudio de impacto ambiental de Conga cumple con los estándares internacionales.
“Para esta primera etapa, están afirmando y validando la decisión del Gobierno. Eso no quiere decir que no haya aspectos que puedan ser mejorados”, apuntó De la Puente.
En otro momento, el especialista comentó el no pronunciamiento oficial sobre la viabilidad o la inviabilidad del proyecto minero.
“Este es un documento generado ante el interés de la ciudadanía y el impulso político de algunos grupos regionales. Por lo tanto, lo que ha dicho el ministro (Manuel Pulgar Vidal) es que este documento no es la determinación de la viabilidad del proyecto, porque no lo podría hacer. Es importantísimo, pero solamente es el tema el agua”, acotó De la Puente.
Cómo leer el informe de los peritos
Por Beatriz Jiménez- Revista CARETAS
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga es definitivamente mejorable”, admite a CARETAS Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente. Horas antes, los tres peritos internacionales –2 españoles y 1 portugués– aseguraron durante la entrega oficial del informe que éste podía ser modificado. “Hay que ver si la empresa minera está dispuesta a aceptarlas, pero sí creemos que (en el peritaje) se hacen mejoras sustanciales”, dijo en nombre de la misión ibérica Rafael Fernández Rubio, catedrático de hidrogeología. Tras una conferencia de prensa en la que solo contestaron cuatro preguntas, abandonaron el país dejando al gobierno el relevo de difundir las recomendaciones propuestas en las 260 páginas de su trabajo. El ministro del Ambiente precisó a CARETAS algunas de las recomendaciones del documento. Estos son los primeros pasos de una coreografía que busca plantear un nuevo escenario de diálogo con los actores del conflicto:
1. Ampliar el área de influencia del proyecto. El EIA de Yanacocha, elaborado por la consultora Knight Piesold, plantea un área de influencia directa e indirecta que engloba a 32 caseríos en los que habitan unas 30 mil personas. El peritaje propone “un tercer anillo”, ampliando los habitantes del área de influencia a 120 mil, quienes podrían convertirse en futuros usuarios del agua de los reservorios que plantea el proyecto.
2. Aumentar la capacidad de almacenamiento de agua de los reservorios. Las 4 lagunas que prevé eliminar el proyecto tienen una capacidad original de 2,6 millones metros cúbicos (m3) y Yanacocha planteó 3 reservorios de uso exclusivo de las comunidades que almacenarían 3.2 millones m3. El peritaje independiente recomienda ampliar su capacidad para “mitigar impactos sociales y ambientales en las distintas cuencas y hábitats”, señala Pulgar Vidal.
3. Reducir y desplazar el depósito de desmonte de El Perol. El proyecto minero Conga propone operar dos enormes tajos a cielo abierto y construir dos depósitos de desmonte en un área de explotación de 2,000 hectáreas. El botadero de El Perol, de 289 hectáreas, se encuentra sobre el área que hoy ocupan las lagunas Azul y Chica. Entre las conclusiones del peritaje, figura la de reducir este depósito utilizando mejores técnicas de almacenamiento, lo que podría evitar que ambas lagunas fueran impactadas.
4. Medidas hidrogeológicas complementarias. Mientras estudios alternativos como el desarrollado por Robert Morán consideran “que las aguas de superficie y del subsuelo estarían interconectadas y se verían afectadas” debido a la permeabilidad de la roca y la existencia de fracturas y fallas, el peritaje encargado por el gobierno establece que los niveles de filtración a capas subterráneas son de tan solo un 3%. Sin embargo, el peritaje plantea acciones de impermeabilización para evitar que aguas ácidas lleguen al subsuelo y contaminen las aguas subterráneas.
5. Recuperar los bofedales. En el área de Conga nacen 5 cuencas hidrográficas que desembocan en el Marañón. Además, existe una red de manantiales y bofedales, de los que se perderían 103 hectáreas debido al emplazamiento de infraestructuras. El peritaje propone salvar esos bofedales. “Pueden ser recuperables y no terminar arrojados al área de desmonte”, sostiene el ministro del Ambiente.
PRIMERAS REACCIONES
Las recomendaciones del peritaje implicarían un costo económico para Yanacocha todavía por calcular. Mientras se espera la reacción de la compañía, que se comprometió en su día a cumplir con lo determinado por los peritos, en Cajamarca los resultados fueron esperados con una vigilia en las lagunas de Conga.
El presidente regional, Gregorio Santos, tomó las recomendaciones con pinzas pero con calma. “Quiero decir al pueblo de Cajamarca que hemos obtenido una gran victoria”, dijo para después anunciar que analizará el documento durante dos meses. Santos lo consideró como “un indicio” para que el pueblo de Cajamarca retome la confianza en el gobierno.
El mismo día en el que se entregó el peritaje, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza 036-2011, al considerar que el gobierno regional de Cajamarca se extralimitó en sus funciones al declarar inviable el proyecto Conga. Al respecto, Santos anunció que acudirá a foros supranacionales para hacer valer la ordenanza.

Liberación amarga
Por Fernando Vivas- El Comercio
Poco hay que aplaudir de la liberación de los 36 rehenes del consorcio de Camisea, como no sea el valor de los policías y militares que siguen arriesgando y perdiendo la vida mientras otros peruanos nos las damos de generales después de la batalla.
La hermandad del terror de los Quispe Palomino ha ampliado el círculo de su influencia de forma ostensible. El lunar del VRAE se extiende amorfo, como un tumor canceroso, y agarra de blanco a una zona hipersensible: eje energético, déficit de inteligencia y seguridad, presencia de transnacionales, disparidades socioeconómicas y riqueza pésimamente distribuida.
El viejo caldo de cultivo asociado a la violencia terrorista hierve en Camisea pero hasta ahí nomás. La diferencia con el pasado es que ahora la inmensa mayoría de peruanos sabemos que ese no es el drama del que una banda de iluminados busca redimirnos, sino el pretexto para que mantengan su vigencia y atenúen los apremios de su clandestinidad y su vida a salto de mata.
Lo dramático es que cuando uno oye a los liberados decir, unánimemente, que no han sido maltratados y cuando se oye a los pobladores de Kiteni, en los enlaces de TV en vivo, quejarse del Estado y de las empresas de la zona, no se puede dejar de ver a la potencial clientela social que necesitan los delincuentes para seguir con sus negocios de narcotráfico y, si algo les queda de ideología, jugar a la revolución focalizada.
Hayan cobrado o no un rescate (los expertos siguen discutiendo esto, pero también apuntan que no es precisamente dinero lo que les falta a los Quispe Palomino), este espectáculo de zozobra nacional, de obreros que no guardan mal recuerdo de su captura y de pequeñas comunidades aturdidas y desplazadas por las operaciones, ya es un activo para los malos y un pasivo en nuestro control de daños. Eso de ‘victoria impecable’ solo puede existir en la portada de “El Peruano”.
Pero hay algo mucho más dramático: que el ‘neoterrorismo’ o ‘posterrorismo’ de los Quispe Palomino no es el enemigo principal. Lo es la mafia del narcotráfico que ha penetrado hasta los poderes del Estado y lava sus activos en el ‘boom’ constructor, en la educación, en la pesca, el transporte y en actividades inimaginables.
Cada línea o minuto de reflexión dedicado al terrorismo a secas contribuye a invisibilizar la presencia del narcotráfico en nuestra sociedad. No está de más exigir eficacia operativa al combate de los Quispe Palomino en la zona, pero el eje de nuestra preocupación tiene que ser la estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico.
DEVIDA se ha convertido en una entelequia coordinadora y facilitadora de proyectos y decisiones entre distintas instancias del Ministerio del Interior. Esto lo ha dado a entender su propia jefa, Carmen Masías, que ha resultado otra víctima de la falta de brújula y voluntad política en la lucha contra el narcotráfico. El anterior jefe de DEVIDA, Ricardo Soberón, chocó con esas instancias policiales, y su salida sembró más caos del que ya había en la lucha antidrogas.
El presidente Humala, como jefe de las fuerzas del orden, según manda la Constitución, y como jefe del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana según su propia decisión política al inicio de su gobierno, nos debe una declaración urgente sobre la estrategia nacional contra el narcotráfico.

Gabriel mentiroso
El congresista Luis Iberico dijo respecto a Gabriel: “Él se presenta como un mando político, cuando sabemos perfectamente que Sendero Luminoso o lo que dice ser Sendero no es más que un grupo narcoterrorista que está actuando en una zona del narcotráfico, (…) pero definitivamente fuera de un esquema de guerra popular prolongada para obtener el poder”, refirió.
“Habla de que los roqueteos (artillería) de los helicópteros para ellos son ‘caquita de gaviota’. Bueno, esperemos que una ‘caquita de gaviota’ le cierre la boca para siempre a este delincuente criminal”, añadió.
Javier Diez Canseco señaló en Ideeleradio: “Es un papelón porque en esta operación hasta se ha bombardeado, que es una cosa que hacía rato no escuchaba que se había producido, y hay población civil que ha acreditado que ha sido impactada, afectada, hay heridos y desplazados”, en alusión al roqueteo (disparos de artillería) que realizaron las Fuerzas Armadas en la comunidad de Sanabamba, en Huanta.
En ese sentido, Diez Canseco indicó que la labor de Inteligencia es una pieza clave en la lucha contra el narcosenderismo y cuestionó que el Gobierno actúe de la misma forma que Colombia en su lucha contra la guerrilla de las FARC.
Asimismo, el legislador oficialista cuestionó la forma en que se ejecutó la operación ‘Libertad’, que tuvo un alto costo por las bajas que generó en las fuerzas del orden, pero que, sin embargo, fue calificada como una “victoria impecable” por el presidente Ollanta Humala. “La verdad es que deja un sabor francamente agrio en el manejo general de la operación y llama la atención sobre la eficacia”, finalizó.
Fuente: RPP, Diarios El Comercio y Perú21.