Mientras que la empresa brasileña Odebrecht pagará como reparación civil la irrisoria suma de 610 millones de soles al Estado peruano por los hechos de corrupción cometidos en nuestro país para ganar licitaciones de diversas obras, la constructora está demandando al Perú por 2,000 millones de dólares en tribunales internacionales, y por otros 2,500 millones de dólares en arbitrajes nacionales.
Así lo advirtió la parlamentaria Karina Beteta (FP), quien señaló a EXPRESO que la firma brasileña demandaría al Perú por la obra de la Central Hidroeléctrica de Chaglla. “Lo más gracioso que nos va a pasar es que perdamos esos arbitrajes por la Hidroeléctrica de Chaglla, porque todavía eso está por resolverse, son millones que vamos a perder (…). Todavía no se ha resuelto ese tema, pero es obvio que vamos a perder”, indicó. Beteta manifestó que este arbitraje presentado por Odebrecht por la Hidroeléctrica de Chaglla fue planteado por la compañía antes de vender esta obra por 1,400 millones de dólares a un consorcio chino. Es decir, la empresa presentó un recurso contra el Estado antes de realizar esta venta.
“Hay una gran responsabilidad del Ministerio de Justicia, a través del procurador, ¿cómo han permitido dar una opinión favorable?”, indicó la congrenacional, sista, responsabilizando al Ministerio de Justicia por haber permitido esta venta. La parlamentaria también criticó que parte del preacuerdo entre la Fiscalía y la Procuraduría con la constructora brasileña incluyera que la mitad del monto por el que fue vendido Chaglla sea para el erario ya que consideró que es una suma ínfima en comparación a lo que implicaría perder el arbitraje.
“Al final, nosotros vamos a salir debiéndole a la empresa Odebrecht. (…) Creo que están pidiendo más de US$ 1,000 millones [por Chaglla], superior al monto de la deuda”, enfatizó la legisladora, quien integró la Comisión Lava Jato. La congresista también aseguró que Odebrecht presentó otro arbitraje en contra del Estado, por la Hidroenergética Olmos, así como por la obra de Chavimochic, las cuales fueron investigadas por la Comisión Lava Jato en el Congreso de la República. Beteta Rubín manifestó que, con estos nuevos arbitrajes, la empresa ya estaría bordeando entre los 2,000 y 2,500 millones de dólares en contra del Estado peruano, lo cual significará una pérdida total para el país. “También está Chavimochic, o la Hidroenergética de Olmos. (…) De manera general, es por ahí [2,000 y 2,500 millones de dólares]. Ese es un aproximado”, manifestó.
NUEVOS ARBITRAJES
Por su parte, el parlamentario Víctor García Belaunde (AP) respaldó lo informado por la fujimorista Karina Beteta, y aseguró que el Estado peruano deberá afrontar varios arbitrajes interpuestos por Odebrecht. “Es cierto [que Odebrecht presentó denuncias contra el Estado peruano por estas obras]. Hay juicios, y el monto que piden es cerca de 2,500 millones de dólares, es un monto de forma general, no puedo recordar ahora el monto de cada obra”, manifestó. Cabe precisar que además de las obras reveladas por los congresistas, Odebrecht también tiene en proceso una demanda contra el Perú por el Gasoducto Sur Peruano, obra por la cual exige 2,000 millones de dólares, responsabilizando al Estado peruano por haber anulado el contrato.
Se debe detallar que la demanda fue presentada a través de las subsidiarias Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L., las cuales invocaron el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo, lugar donde fueron constituidas ambas empresas. Dentro de esta denuncia, la compañía brasileña alegó una presunta vulneración a las normas entre el inversionista y el Estado, como el trato justo y equitativo, de igual protección y seguridad jurídica. De acuerdo a lo que señala la transnacional como argumento, el Decreto de Urgencia 003-2017, promulgado por el gobierno peruano, con el cual se establecía que los procuradores debían establecer un monto de reparación civil anticipada, afectó su inversión, y ocasionó una expropiación indirecta a sus ganancias. Según Odebrecht, cuando iniciaron los problemas y las investigaciones por los hechos de corrupción, sus activos valían 3,000 millones de dólares; no obstante, al no dejársele vender sus activos, estos redujeron su precio y terminaron valiendo mil millones de dólares, motivo por el cual exige que el Estado asuma la diferencia, y pague los 2,000 millones de dólares, según informó en su momento una publicación especializada.
Cabe indicar que el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo establece que el primer paso de la demanda permite que exista un trato directo entre la empresa y el Estado, el cual durará un plazo de seis meses; sin embargo, el Estado anunció que no participará del trato directo.
Fuente: Diario EXPRESO.
Orden para rebaja en reparación civil sería del Gobierno
Por MARÍA TERESA GARCÍA y JOSÉ CARMEN MORAN- Diario EXPRESO.
Hace solo un año la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato, a cargo de Jorge Ramírez, planteó una reparación civil de 3,468 millones de soles, que debería pagar la constructora brasileña Odebrecht por los daños ocasionados al Perú. Hoy sabemos que dicha suma se redujo al irrisorio monto de 610 millones de soles. ¿Qué pasó con las pretensiones del Gobierno? Exprocuradores y ex jueces señalan que en el ínterin pudo haber una transacción de tipo político y no descartan que sea también económica, de la cual no habría estado exento el fiscal José Domingo Pérez.
En enero de 2018, en declaraciones a la prensa, Ramírez dijo lo siguiente: “Nosotros esperamos que Odebrecht cambie de actitud, no es posible que ofrezcan 66 millones de dólares de reparación civil (…) Ellos tienen que reflexionar y si quieren enmendar, espero que propongan un monto mayor”.
La cantidad de casi 3,500 millones de soles tomó en cuenta tres proyectos.
Primero, el Gasoducto Sur Peruano, licitado en el gobierno de Ollanta Humala, por un costo estimado de 23,700 millones de soles, donde el equipo de la Procuraduría calculó la reparación civil solo por este proyecto en 1,482 millones de soles.
Segundo, por la Carretera Chacas licitada bajo la gestión del también encarcelado exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, por un monto de 559 millones de soles, el resarcimiento monetario ascendía a 248 millones de soles.
Por último, para el proyecto Interoceánica Sur, tramos dos y tres, licitación otorgada durante el gobierno de Toledo, la reparación solicitada sería de 1,736 millones de soles.
Entonces ¿qué sucedió con Ramírez? La exprocuradora Yeni Vilcatoma parece tener la respuesta. “Si Odebrecht compró siempre todas las voluntades con dinero, los hechos nos hacen pensar que podría estar sucediendo lo mismo y que debería investigarse algún tipo influencia de dinero sobre las autoridades que están participando [en el acuerdo] para tener una actuación de esa naturaleza”.
“Si cuando Odebrecht ponía y sacaba presidentes, lo hacía con el poder económico, cómo no lo va a hacer ahora que se juega la libertad de sus directivos”, dijo Vilcatoma, tras señalar que la empresa está haciendo su mayor esfuerzo para liberarse del enorme problema legal.
La tercera vicepresienta del Congreso anunció que en los próximos días presentará una queja “contra los fiscales a cargo del preacuerdo con Odebrecht” ante la Oficina de Control Interno por haber actuado contra los intereses del Estado que ellos deben defender, y lo mismo hará en el caso del procurador Jorge Ramírez.
Asimismo, dijo que presentará sendos proyectos de ley con el objetivo de evitar que próximas negociaciones tan desventajosas para el Estado puedan favorecer a empresas extranjeras a las que se les otorgan la buena pro de las obras.
“También estoy haciendo un proyecto de ley para que se eliminen los arbitrajes en el ámbito público y también para derogar la ley 30737 y allí veremos la voluntad del presidente Daniel Salaverry y del Congreso en su conjunto para pronunciarse por la derogación de la ley”, afirmó.
HISTORIA
Yeni Vilcatoma narró a EXPRESO que fue el propio procurador Jorge Ramírez quien la convocó a su despacho y, con el ecram en mano, le explicó cómo había llegado al monto que debería pagar Odebrecht por los tres proyectos, es decir los S/ 3,468 millones.
“Me convocó a su despacho y me explicó cómo habían llegado a ese monto, que luego debería sustentar ante el juez, estamos hablando de cuánto es el perjuicio causado, la sobrevaloración, el lucro cesante, porque tampoco puede ir con un monto inventado”, recordó.
También rememoró que durante esa reunión el procurador estuvo acompañado por todo un equipo que se dedicaba a exclusividad a efectuar esa labor para la cual se le había designado un fuerte presupuesto.
“Debemos empezar averiguando a partir del ingreso de procurador Ramírez, ¿a cuánto personal se contrató? ¿Cuántas consultorías se hicieron? ¿A cuántas universidades se contrataron?”, se preguntó.
Pero lo primero que hay que saber –indica Vilcatoma- es la razón por la cual un procurador como Ramírez, quien en un inicio fue objeto de memes y del ataque de Odebrecht por señalar el millonario monto de reparación, hoy haya terminado aceptando una cantidad que no se asemeja ni por asomo a la que iba a reparar al Estado sólo por tres proyectos de infraestructura.
“Entonces resulta inexplicable, cómo habiendo desarrollado durante tantos meses con un equipo multidisciplinario ese monto, es incoherente que ahora plantee una cantidad tan mínima. Habría que averiguar si hubo algún tipo de pago de coimas a su persona o presión, o es que si alguien le ha impuesto a él o le ha hecho llegar ese monto”, sostuvo.
Al ser consultada sobre una probable influencia originada desde lo más alto del Ejecutivo para variar el monto, expresó su preocupación ya que por encima del procurador está el ministro de Justicia y sobre él, el presidente de la República.
“Lo que vemos es una total injerencia del ministro sobre los procuradores. Si partimos que el presidente mismo tiene una posición ambigua y con un premier que dice que sí van a contratar (con Odebrecht) y después un presidente que dice que no, entonces no hay una posición frontal. Aquí la posición debe ser “me pagas y no contrato más contigo”, sostuvo.
“HUBO UNA NEGOCIACIÓN POLÍTICA”
Para el expresidente de la Corte Superior de Lima, Marcos Ibazeta, el verdadero trasfondo de la enorme variación del monto de la reparación civil no es otro que el político, ya que en las investigaciones no está comprendido el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ni su entorno más íntimo.
“Las cifras que aparecen en el preacuerdo son ridículas, entonces quiere decir que primero hubo una negociación política con el gobierno peruano a través del Ministerio de Justicia, porque el ministro no hace nada sin autorización del gabinete, por allí viene la fijación del monto”, dijo.
“Pero aquí comprometen al fiscal porque el fiscal no se puede hacer el sordo, ciego y mudo sabiendo que va a ver un control posterior del juez”, agregó.
Siguió señalando que “así lo político se mete en las investigaciones y el fiscal acepta restringir las indagaciones en cuatro casos donde se verá beneficiada toda la gente de este gobierno porque no están en las investigaciones lo actos de PPK, entonces hay que analizar bien esa línea de investigación”.
Ibazeta dijo que una vez conocido en su totalidad el acuerdo, está clara la ruta de la de negociación, por lo cual se hace imperioso que el Gobierno otorgue las explicaciones del caso, o es que se está “manoseando este tema con Odebrecht para salvar a unos y culpar a otros”.
PROCURADURÍA: REPARACIÓN SE CALCULÓ CONFORME A LEY 30737
La Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato calificó de falsas e imprecisas las afirmaciones que señalan que no se habría calculado el monto de la reparación civil de la empresa Odebrecht dentro de los lineamientos y fórmulas que establecen la Ley 30737 y su reglamento.
A través de un comunicado, refirió que se ha confundido el proceso de cálculo de la reparación civil con el beneficio que propone la Fiscalía para excluir a Odebrecht de los alcances de la Ley 30737 y su reglamento, en virtud del alto grado de colaboración con información y pruebas que viene aportando la empresa a juicio de los fiscales.
“Este beneficio que se le otorgaría a Odebrecht por solicitud de la Fiscalía, el cual está contemplado dentro de la misma Ley 30737, recién entraría en vigencia una vez que se firme el acta final de colaboración eficaz y esta sea aprobada por un juez del Poder Judicial”, agregó.
Remarcó que mientras el acuerdo no sea aprobado por el Poder Judicial, la empresa Odebrecht sigue bajo los alcances de la Ley 30737 y su reglamento.
“Por tanto, el monto de la reparación civil se ha calculado bajo los lineamientos y fórmulas de estas normas legales”, acotó.
La Ley 30737 y su reglamento es la norma que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. La ley fue debatida y aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, el 12 de marzo de 2018. El reglamento se aprobó en mayo del mismo año.
EXMINISTRO VÍCTOR GARCÍA TOMA HABLA CLARO:
Deben dar explicaciones del preacuerdo
El constitucionalista también exhortó al ministro Vicente Zeballos y a la fiscal Zoraida Ávalos a pronunciarse sobre si respaldaban o no el preacuerdo que ya es público.
La Procuraduría debería informar cual fue el método y la fórmula legal que utilizó para establecer el monto de 610 millones de soles como reparación civil que se le pide a la empresa brasileña Odebrecht, dentro del pre acuerdo de colaboración que se pretende aprobar con esa compañía.
Así lo manifestó a EXPRESO el ex ministro de Justicia, Víctor García Toma, quien explicó que al revelarse la reserva del acuerdo “a través de la publicación de una ONG”, este ya pasó a ser público.
“Esto [el pre acuerdo] debía mantenerse en reserva, pero a viva cuenta de que de la Fiscalía, o la Procuraduría, u Odebrecht, o de alguno de estos tres lugares se filtró [el pre acuerdo] el día 8 [de diciembre], donde se le hizo llegar a una ONG”, sostuvo.
“Luego, esta filtración ha seguido, ahí es donde se ha hecho público el tema, y habiendo surgido cuestionamientos, sería bueno que el procurador explique y justifique su labor”, agregó.
El también ex presidente del Tribunal Constitucional se pronunció respecto al Decreto Supremo 096-2018-EF, es decir el reglamento de la Ley Nº 30737 (Ley que asegura el pago inmediato de reparación civil), y señaló que el Procurador debería explicar si siguió esta norma o vulneró el proceso legal.
“Si el Procurador respetó el marco legal, utilizó los criterios técnicos que eran los adecuados para llegar a esa cifra [610 millones de soles], no hay nada que hacer. Pero si no se utilizó ese marco, o no se utilizó adecuadamente el procedimiento para establecer la cifra, o no se incluyeron todos los elementos necesarios para llegar a la cifra adecuada, habría actuado mal”, enfatizó.
El constitucionalista también exhortó al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a manifestar si respaldaban o no el pre acuerdo que ya es público.
“El procurador ha llevado a cabo las negociaciones, pero es al ministro de Justicia a quien finalmente queremos escuchar de manera expresa y clara, si avala o no avala el trabajo realizado por su procurador”.
“Y lo mismo debería suceder con la Fiscal de la Nación, en relación a las negociaciones que, en nombre y representación de esa institución, llevaron a cabo los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez”, acotó.
García Toma explicó que al haberse hecho público este pre acuerdo, los argumentos de la Procuraduría y de la Fiscalía, respecto a que esto todavía debe mantenerse en reserva, ya no tendría sustento, por lo que emplazó a los funcionarios a explicar qué funciones han realizado respecto a la formulación de este trato con la firma brasileña.
“Eso [la reserva del pre acuerdo] estaba justificado en el momento en que efectivamente se había constituido la reserva, el fiscal no podía emitir una opinión. Pero ya se hizo público, a través de una filtración (…) Habiéndose establecido un debate, sería bueno que el procurador dé una explicación de cómo se han llevado las negociaciones”, manifestó.
Lamas Puccio: la idea es generar expectativas
A su turno, el jurista Luis Lamas Puccio advirtió que el pre acuerdo establecido entre Odebrecht con la Fiscalía y la Procuraduría, no solo sería lesivo en temas económicos para el país, sino que además impediría que la justicia peruana reciba más información respecto a los que participaron de los actos de corrupción.
“Estoy convencido que el acuerdo de colaboración es algo inventado, han hecho creer que habrá nuevas revelaciones, y eso no es verdad, ya las revelaciones, de una u otra manera, se han manifestado, entonces, la idea es generar nuevas expectativas, para ahí meter el tema de la reparación civil, significativamente rebajada”, señaló.
Aseguró que este tipo de acuerdo se realizó con el objetivo de buscar una forma legal, la cual permita bajar la reparación civil que debería pagar Odebrecht al Estado peruano.
“No existía una fórmula para que Odebrecht pudiera pagar una cantidad mucho menor de manera significativa, entonces, inventan el tema de la colaboración eficaz, y hacer creer a la opinión pública que a través de esa colaboración eficaz, aparecerán nuevas revelaciones sobre nuevos hechos y nuevos involucrados”, finalizó.