Carlos Tubino: “Espero que no sea verdad” que Salaverry es un testigo protegido

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo esperar que “no sea verdad” que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, sea un testigo protegido de la fiscalía en la investigación que se sigue contra Keiko Fujimori.
“Es un ‘run run’ que se ha escuchado espero que no sea cierto. No puedo afirmar algo así, tampoco puedo prejuzgar. No creo que eso esté sucediendo“, sostuvo en una entrevista con Canal N.
En otro momento de la entrevista, Tubino consideró que la relación que sostiene su bancada con el presidente del Congreso cada vez es “menos positiva” y aseveró que el reciente accionar del titular del Parlamento merece el rechazo de todo Fuerza Popular.
“Lo que hay es una relación no positiva […] las últimas decisiones que ha tomado, la forma cómo ha tratado a Luz Salgado y a otra señora de nuestra bancada, realmente merece nuestro rechazo“, señaló.
Como se recuerda, el viernes pasado Daniel Salaverry levantó la sesión del Consejo Directivo y dejó sin votar la cuestión previa que planteó el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, para ver si se anulaba o no la resolución firmada por el titular del Legislativo que permitió que la Oficialía Mayor del Congreso admitiera nuevas bancadas.
En dicha sesión, el presidente del Congreso tuvo una fuerte discusión con la secretaria general de Fuerza Popular, Luz Salgado, por la cual diversos legisladores fujimoristas se han mostrado a favor de que la Comisión de Ética abra investigación contra Salaverry por faltarle el respeto a la también vocera alterna de la mayoría parlamentaria.
Fuente: Diario Perú21.

El fiscal del presidente

Por Martha Meier Miró Quesada– Diario Expreso.
Vizcarra es activo defensor del fiscal plagiario José Domingo Pérez (JDP), al punto de borrar la línea divisora de poderes propia de toda democracia. “Yo espero que no suceda ese tipo de decisiones” dijo cuando el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, mencionó que podría remover a JDP. Para Vizcarra no es un funcionario cualquiera sino quien no le formalizó denuncia en 2008 por liderar ‘El Moqueguazo’, aunque por el mismo caso solicitara 35 años de prisión para la exgobernadora regional Cristala Constatinides, como fiscal en Moquegua. La cercanía de JDP al pepeka-vizcarrismo es evidente: su esposa la abogada Vannesa Aydee Medina Muñoz fue nombrada en 2016 coordinadora de compras corporativas de ‘Perú Compras’, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (ME) y luego fue ascendida a directora. La señora de Pérez es graduada de la Universidad Santa María de Arequipa, la misma donde su esposo presentó la “plagio- tesis” para obtener una maestría.
Al conocerse los indicios de corrupción del caso ‘aeropuerto de Chinchero’ que involucraban a funcionarios del MEF y al propio Vizcarra; lejos de inhibirse integró el equipo investigador y calló cuando el ex fiscal de la nación Pablo Sánchez archivó el asunto, advirtiendo que su decisión “podría verse alterada dependiendo del avance de la investigación que desarrolla el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez”. Hasta hoy, nada. JDP tampoco investigó la compra del ‘Tláloc’, nave atunera de bandera mexicana propiedad del narcotraficante ‘Chapo’ Guzmán, intervenida en 2010 cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua. En un audio publicado por este diario, el hoy presidente reconoce el “error” de hacerse del narcobarco por el alto costo de su mantenimiento; sin embargo allí mismo fanfarronea sobre su sólida relación con el gobierno de Humala-Heredia gracias a esa compra. “Como embarcación es negativa, como gestión y relación entre Gobierno Regional con Gobierno Nacional ha sido altamente positiva […]”, se oye. No solo Vizcarra mantuvo estrechas relaciones con el humalismo, su fiscal preferido también, pues hasta solicitó como adjunta a Erika Rocío Delgado Torres, ex asesora y persona de confianza de la congresista humalista Juana Huancahuari Páucar. JDP, además, no investigó el video de la presunta compra del testigo Jorge Ávila Rivera para que cambie su versión sobre Ollanta Humala en la base de Madre Mía.
Plagiario, sesgado, digitado por la oenegé IDL, hombre del presidente. Difícil creer en su imparcialidad ante Keiko o Alan.

“El Chapo” en Moquegua

Por Martha Meier Miró Quesada– Diario Expreso.
Moquegua no fue ajena al Cártel de Sinaloa; de hecho en 2010 el Tláloc, un barco atunero propiedad del narcotraficante mexicano Joaquín Loera “El Chapo” Guzmán, llegó al puerto de Ilo. Su capitán Raúl Rosales solicitó permiso para acoderar a media milla con la excusa de reparar el casco; en realidad esperaba el arribo de tres toneladas de cocaína de alta pureza.
Desde el año anterior el Tláloc era monitoreado por la DEA, agencia estadounidense contra el narcotráfico, luego de que una fuente vinculara las supuestas operaciones atuneras y tiburoneras a “El Chapo”. En marzo de 2010 ‘Orión’, brazo especializado de la Dirandro, filmó encuentros del capitán del Tláloc con el mexicano Jorge Lizárraga en el aeropuerto Jorge Chávez y en un hotel miraflorino. Gracias a la DEA, ‘Orión’ sabía que Lizárraga representaba al Cártel de Sinaloa –liderado por “El Chapo”– y que financiaba la narco-operación del narco-barco. Según la Policía Nacional del Perú, PNP, la droga proveniente del VRAE, se “cocinaba” en Arequipa, salía por Ilo y su mercado final era Europa. Los sinaolenses Isabel Jacobí y Gonzalo Pozo, encargados de que la cocaína llegara al puerto moqueguano, fueron capturados y el Tláloc requisado.
Un año después el actual presidente Martín Vizcarra fue electo gobernador regional de Moquegua –tras tentar fallidamente el cargo en 2006 como candidato del Apra–; Vizcarra compró el Tláloc para dedicarlo a fines educativos (que jamás tuvo). El portal de periodismo de investigación Ojo Público afirma que “Vizcarra […] fue acusado por el fiscal anticorrupción, Roberto Giraldo Cadillo, por presunta malversación de fondos y otras irregularidades en la asignación de un buque mexicano […] utilizado por una organización criminal intervenida en altamar por un caso de narcotráfico”. El asunto se archivó en 2014.
Por estos días, en Brooklyn, el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa responde al fiscal Adam Fels como testigo cooperante. Cifuentes informa que los tentáculos del Cártel de Sinaloa se extendieron por países de Sudamérica, como el Perú, y que la corrupción les facilitó el paso.
El Cártel de Sinaloa y “El Chapo” contrabandearon oro de operaciones ilegales en Madre de Dios hacia Estados Unidos.  El Miami Herald sostiene que “el oro se ha convertido en el ingrediente secreto de la alquimia criminal de los narcotraficantes latinoamericanos que hacen billones convirtiendo la cocaína en efectivo limpio, exportando el metal a Miami”.
Con otros personajes eso sigue pasando. ¿Cuál es la estrategia del Gobierno?

Responsabilizan a 20 personas por el contrato entre Camargo Correa y el Peihap

La Contraloría General de la República ha encontrado responsabilidad en 20 personas, entre funcionarios y exfuncionarios, por la ejecución del Proyecto Alto Piura cuando Camargo Correa tenía la labor de llevar adelante esta obra.
Entre los implicados destaca el gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck; el exgerente del Proyecto Alto Piura, Humberto Correa; el actual presidente del directorio del Peihap, Pedro Mendoza, y otros.

Auditoria

La auditoría del órgano de control hecha desde el 6 de agosto del 2010 hasta el 3 de enero del 2018 revela que en el Proyecto Alto Piura se inició la ejecución de la obra sin tener el expediente técnico completo. Esto, cuando la brasilera Camargo Correa tenía a cargo los trabajos.
El informe del órgano de control indica que a pesar de ello, se continuó con la ejecución de los caminos de accesos mientras se elaboraban los estudios definitivos de la presa y el túnel.
La situación habría ocasionando sobre costos en la obra debido a que la entidad debió reconocer gastos generales, posesión de maquinaria, entre otros a Camargo Correa. El monto total a reconocer superaba los S/75 millones.
Cabe indicar que Camargo solicitaba este monto, pero en los tres años de ejecución contractual no se tuvo ningún avance de la presa ni en el túnel.
Otra de las observaciones que hace la Contraloría es que el Peihap autorizó que se construya el afrontonamiento del portal de salida del túnel sin haberse concluido la elaboración del expediente técnico el cual al presentar deficiencias fue reformulado.
Todas estas situaciones ocasionaron que dicho afrontonamiento quede inutilizable porque se modificó su ubicación durante la ejecución del saldo de obra. Esta situación generó al Estado un perjuicio por más de 835 mil soles.

Sanciones

El órgano de control ha indicado al Gobierno Regional que no tiene la facultad para deslindar las responsabilidades de los implicados y por ello, se les iniciaría un proceso sancionador. Además recomienda abrir un proceso penal a otros.

Otros implicados

• Carlos Cullas Sotomayor
• Gerardo Novillo Gonzáles
• Jorge Soyer López
• Juan Coronado Balmaceda
• Félix Talledo Arambulú
• César Ubillús Olemar
• Diómedes Vilela Chávez
• Juan Chinchay Cruz
• Luis García Barreto
• José Linares Martínez
• Milagros Paiva Huayamares
• Fernando Valdivieso Acuña
• Walter Palacios Saavedra
• Juan Ubillús Limo
• Luis Pitta Pereyra
• Susan Villar de la Cruz
• Juny Castillo Alvarado.

Fuente: Diario El Tiempo de Piura.