El vicerrector administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Carlos Fosca Pastor, renunció ante la Asamblea Universitaria luego de los cobros excesivos por pagos fuera de fecha a los universitarios.
“Mis más sinceras disculpas por los errores y omisiones que llevaron a esta penosa situación“, se lee en la carta de renuncia del vicerrector.
Fosca Pastor se disculpó con los universitarios por este mal manejo de la casa de estudios. “Lamento profundamente los perjuicios morales y materiales que estos hechos pudieran haber ocasionados en las familias de nuestra comunidad“, agregó.
Por su parte, un grupo de decanos de la PUCP se unen para reafirmar su compromiso con la formación de los estudiantes, “un principio central de nuestro modelo educativo“.
“Como autoridades académicas legítimas pedimos disculpas a las y los estudiantes afectados y a toda la comunidad universitaria por el perjuicio ocasionado como resultado de las decisiones del rectorado en torno al cobro de las moras realizado desde noviembre de 2012”, se lee en el manuscrito.
Fuente: Diario Correo.
Todos los sueldos de la PUCP
Uno de los principales cuestionamientos que esgrimen las autoridades de la Pontificia Universidad Católica (PUCP), en el caso de la herencia de José de la Riva Agüero, es que su oponente en aquel litigio, el cardenal Juan Luis Cipriani, tiene un marcado interés económico sobre aquel legado, que en la actualidad constituye un inmenso patrimonio de S/784 millones.
Sin embargo, los apetitos materialistas parecerían estar presentes detrás del discurso aparentemente desinteresado -hasta romántico- de muchos directivos y personal del centro de estudios que se oponen tercamente a la inapelable sentencia del Tribunal Constitucional y orden papal que benefician a Cipriani, liderados por el rector Marcial Rubio, todos ellos en sintonía con la ideología conocida coloquialmente como “caviar“.
Fuentes internas de la PUCP, que se manifestaron como “católicos muy indignados“, alcanzaron sorpresivamente a esta Casa Editora lo que sería el secreto mejor guardado de dicho claustro: unas jugosas planillas de algunos afortunados.
También nos mostraron gastos en supuestas “comodidades” para algunos suertudos, como vehículos. Todo esto sería solventado con el dinero que los alumnos desembolsan cada mes por sus elevadas pensiones, así como los ingresos productos del ahora desobedecido testamento del católico benefactor Riva Agüero.
Según como figura en esta relación -de fuentes dignas de absoluto crédito, repetimos- el rector Rubio percibiría nada menos que unos altísimos S/80 mil cada mes. El rector ganaba nada menos que unos suculentos S/40 mil mensuales y se aprecia este fuerte e inexplicable aumento. Es más, en diciembre Rubio habría recibido un aguinaldo de poco más de S/118 mil, o sea casi tres sueldos juntos de aquel entonces. ¿Por qué?
En carretilla
De otro lado, nos informaron que el decano de Derecho -y padre del presidente de la FEPUC- Walter Albán ganaría unos S/35 mil mensuales (éste también es abogado de la universidad en el litigio con el Arzobispado). Hace cuatro meses Albán habría recibido S/17 mil al mes y en la última Navidad se le habría abonado S/51 mil.
Mientras que la vicerrectora de Investigación de la PUCP, Pepi Patrón Costa, ganaba unos S/35 mil, pasando a cerca de unos envidiables S/70 mil. Y las remuneraciones del conocido Salomón Lerner Febres habría subido de alrededor de unos nada despreciables S/30 mil mensuales a poco más de S/60 mil en el mismo lapso.
Más nombres: Luis Peirano, director académico de Relaciones Institucionales, obtendría mensualmente nada menos que S/38 mil. Percibió S/18 mil y en diciembre último le habrían pagado S/56 mil.
La relación es más larga y la seguiremos revelando próximamente.
Lo que resulta más extraño de esta historia es que muchas autoridades y catedráticos de la PUCP hayan aparentemente comenzado a percibir el doble de lo que habrían ganado como sueldo hasta ese momento. Como se recordará, la indemnización por pérdida del puesto de trabajo se hace en base al último ingreso, es de un sueldo y medio al año y con un límite de 12 años. ¿Posible explicación al supuesto tremendo aumento?
Hemos publicado esta información por ser éste ya un tema de interés público, por elemental transparencia y porque afecta los bolsillos de muchos estudiantes al solventarse los sueldos del claustro en gran parte por ellos. Toca a los mencionados aclarar ante la comunidad universitaria sobre estos supuestos tan elevados ingresos, lo cual sería muy interesante y justo para todas las partes.
¡En coche!
En Registros Públicos figuran en total 22 vehículos a nombre de la PUCP. Pero ha sido en los últimos nueve años que esta universidad ha comprado la mayor parte de esa flota.
Entre automóviles, camionetas y una motocicleta -que pueden ser usados para fines particulares por los directivos y el personal universitario-, el centro de estudios de Pando gastó US$277,670, dinero que proviene del pago mensual que realizan los estudiantes.
La última adquisición, durante la actual gestión de Marcial Rubio, fue un auto negro del 2010 (Toyota, sedán camry), que circula con la placa B3C393, cuyo precio fue de US$36,500.
También se compraron otros automóviles marca Toyota: el sedán Avensis azul, placa COO430 (US$29,300); sedán Avensis azul, placa BQN021 (US$28,900); sedán Corolla gris, placa CGH692 (US$19,850); sedán Yaris gris, placa CGJ829 (US$14,460) y el sedán Yaris azul, placa CGK154 (US$14,460).
Además la PUCP adquirió varias camionetas. Veamos: pick up Volkswagen Amarok gris, placa B7A877 (US$35,250); pick up Volkswagen Amarok beige, placa B7C898 (US$35,250); pick up Volkswagen Amarok plata, placa B7J848 (US$35,250) y pick up Toyota Hi Lux 4×4 azul, placa PIN223 (US$24,870).
Y en la relación aparece la motocicleta blanca Honda XL200, con placa MG35059, que tuvo un costo de US$3,580.
¿Quiénes conducen estas máquinas? Sería muy positivo que el rector Rubio detalle quiénes suelen ir al volante de estos vehículos.
Fuente: Diario Correo.
Elitistas
Por ANDRÉS CALDERÓN– Diario El Comercio.
Hace seis años, en el 2012, se aprobó una norma nefasta para la educación superior. “Ley de protección a la economía familiar respecto del pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicos y privados”, pomposamente se llamó. Lo que hizo, en realidad, fue poner en riesgo las finanzas y la sostenibilidad de las universidades e institutos.
En sencillo, la norma prohíbe que los centros educativos suspendan el servicio a los alumnos que no paguen pensiones. Esto puede propiciar que algunas personas no paguen puntualmente y lo hagan recién al empezar un nuevo ciclo. Eso le quita liquidez a la universidad o instituto, como le pasaría a cualquier otra persona o empresa a la que le paguen recién al quinto o sexto mes de prestado el servicio.
Para sumar males, en el 2015, la Sala de Protección al Consumidor del Indecopi interpretó que esa ley prohibía cobrar penalidades a los alumnos morosos. Solo podía cobrar intereses teniendo como tope la tasa máxima fijada por el BCR.
Me parece una pésima ley, y una malísima interpretación la del Indecopi. Pero ni yo ni ninguna universidad estamos por encima de la ley.
Por eso, me sorprendió penosamente la reciente entrevista que tuvo Marcial Rubio, rector de la PUCP, con Rosa María Palacios, cuando reconoció que en el 2012 “la universidad, frente a la posibilidad de no pagar la planilla, se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”. Añadió algunas expresiones entre fatalistas y mesiánicas como aparentes justificantes del cobro que excedía el tope legal: “No podía poner en riesgo la sobrevivencia de la universidad”, “[nos encontrábamos en] estado de necesidad”.
Con todo el cariño que tengo por mi alma máter y el respeto por sus autoridades, aquellos son argumentos bochornosos. Personalmente, creo que la ley no prohíbe el cobro de estas penalidades y, en última instancia, la resolución del Indecopi del 2015 no es un precedente obligatorio ni vincula a otras universidades (el caso se resolvió contra la Universidad Alas Peruanas). Pero si Marcial Rubio y la PUCP advirtieron desde el 2012 –como ha señalado el rector– que bajo su lectura sí estaban incumpliendo la ley, es insólito que una institución educativa anteponga su propio bienestar al respeto de la legalidad.
No voy a decirle a un rector cómo debe conducir una universidad, pero sí puedo recordar qué es lo que pasa con cualquier persona, asociación o empresa a la que la ley le corta los ingresos (imagínense un alza en los impuestos). No importa si tiene o no fines de lucro. Para sobrevivir, tendrán que generar nuevos ingresos (nuevos productos, subir los precios, etc.) o reducir los costos (despedir trabajadores, reducir inversiones, etc.). No hay otra, papá.
Engañar a los consumidores (universitarios) para que los financien forzosamente sin saberlo no es una opción. Ni ética ni legal. Sí es, en cambio, una demostración de elitismo: el creerse encima de la ley, y por encima de los demás mortales que sufren también las nocivas consecuencias de normas espeluznantes… pero las cumplen.
Referéndum: ¡No a la bicameralidad!
25 de agosto de 1919: Referéndum de reforma constitucional
El referéndum de 1919 es aquel del que menos datos se tiene. Basta revisar la cobertura mediática de la época, en el archivo histórico del diario El Comercio, para observar que una consulta de este tipo no acaparaba la atención de hoy.
En la portada del 27 de agosto, se daba cuenta de que el comité ejecutivo del Partido Socialista reclamaba por irregularidades en el proceso.
En aquel año, el presidente Augusto B. Leguía emitió dos decretos: el 10 de julio, uno llamando a elecciones congresales para el 24 de agosto y otro para convocar a un referéndum de reforma constitucional para el 25 de agosto, tras su autogolpe del 7 de abril.
La población aprobó la reforma de la Constitución y el nuevo Congreso acordó el periodo presidencial de cinco años, entre otras medidas.
18 de junio de 1939: Referéndum de reforma constitucional
En la consulta de 1939, convocada por el presidente Óscar Benavides, ya figuraba la noticia en la portada del diario decano de la prensa nacional.
En la parte inferior de la edición del 18 de junio, se lee “Plebiscito Nacional de 1939”. Se daban cinco indicaciones a los ciudadanos que votarían: advertían que quien no vote tampoco podrá hacerlo en las elecciones generales que se desarrollarían en octubre, informaban que se podía votar en cualquier mesa de sufragio, y que, para ejercer ese derecho, se debía presentar la libreta electoral.
Aquel mismo día, en las páginas interiores, se publicó una nota con los centros de votación en Lima.
En este referéndum se consultó a la ciudadanía algunas reformas constitucionales, las cuales fueron aprobadas por casi el 90% de la población.
31 de octubre de 1993: Referéndum de nueva Constitución
“Casi 12 millones de ciudadanos van hoy al referéndum para ratificar o rechazar el texto de nueva Constitución”, era el titular y bajada de la nota en portada de El Comercio del 31 de octubre de 1993.
En aquella oportunidad, según la misma nota, funcionaron 63,149 mesas de sufragio, las cuales estuvieron ubicadas en 20,921 centros de votación. El horario para votar iba de 8:00 a.m. y se prolongaba hasta las 5:00 p.m.
La nueva Constitución, impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori, contemplaba, entre otras cosas, la instauración del sistema unicameral en el Congreso.
Al día siguiente, El Comercio abrió su portada así: “Se aprobó en referéndum nueva Constitución Política”. Recogía datos extraoficiales dando cuenta de que el Sí ganó con 53.1% al No, que llegó al 46.9%.
3 de octubre de 2010: Referéndum sobre pago por Fonavi
El domingo 3 de octubre de 2010 se sometió a referéndum la aprobación del proyecto de ley que aprobaba la devolución del dinero a los trabajadores que aportaron para el Fonavi (Fondo Nacional de Vivienda), luego de que el Tribunal Constitucional de entonces determinara que esto no era un tributo, figura que no se puede consultar a la ciudadanía.
¿Qué es el Fonavi? Un fondo creado en 1979 por el presidente Morales Bermúdez para dar préstamos a quienes querían construir o adquirir viviendas. En el tiempo, la plata fue desapareciendo.
La consulta acabó con una clara victoria del Sí, que obtuvo el 66.474% de respaldo. El No solo llegó al 35.526% de votos válidos. Hasta hoy se sigue devolviendo cada seis meses el dinero a los contribuyentes.
17 de marzo de 2013: Referéndum de revocatoria en Lima
Colectivos ciudadanos, que tenían a la cabeza al abogado Marco Tulio Gutiérrez, se unieron para solicitar al JNE la convocatoria de un referéndum para revocar a quien era alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y todos los regidores de la Municipalidad Metropolitana de la capital.
Gutiérrez sostenía que la principal razón para destituir a Villarán de su puesto era su “extremada incompetencia” para dirigir la ciudad.
La consulta, realizada el 17 de marzo de 2013, culminó con la ratificación de Villarán en el cargo, pero con la vacancia de casi todos sus regidores -incluidos Eduardo Zegarra y la actual congresista Marisa Glave-, a excepción de Hernán Núñez, quien se convirtió en su teniente alcalde. El No ganó con 51.2%, mientras que el Sí obtuvo 48.8%.
9 de diciembre de 2018: Referéndum de reforma constitucional
1. Crear Junta Nacional de Justicia que reemplace al CNM: Si 86.6% No 13.4%
2. Fiscalización del financiamiento de partidos políticos: Si 85.9% No 14.1%
3. No reelección de congresistas: Si 85.9% No 14.1%
4. Retorno a la bicameralidad: No 90.6% Si 9.1%
Fuente: Diario Perú21.