NUEVO ATENTADO CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

Por Edwin Cavello Limas– www.limagris.com
Nuevo atentado contra el Patrimonio Cultural de la Nación. Una vez más, los grupos de poder, coludidos con funcionarios del Estado, pisotean nuestra memoria. Esta es la oscura historia de cómo la empresa El Comercio y el ministerio de Cultura jugaron en pared para lograr desaparecer el monumento arqueológico prehispánico Pando 540, declarado Patrimonio Cultural de la Nación con Resolución Directoral Nacional N° 1591/INC del 23 de octubre de 2009.
El monumento arqueológico prehispánico Pando 540 se encontraba en Pueblo Libre, lugar donde actualmente funciona la imprenta de la Empresa Editorial El Comercio S.A. exactamente ubicado entre la calle Paracas y la avenida Universitaria. La zona arqueológica declarada intangible en el 2009 corresponde a un área 759.95 m2. con un perímetro de 115.84 m2. Siendo inscrita en la Partida Electrónica Nº40765700 de la Zona Registral IX-Sede Lima de los Registros Públicos como Bien Integrante del Patrimonio Cultural del Perú.
El monumento arqueológico para ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación fue sustentado en el 2009 con evidencias de un asentamiento prehispánico y donde se encontró artefactos arqueológicos, es decir, hubo pruebas y fundamentos suficientes en el informe N° 4202-2008-DCC/SDSP/DA/DREPH/INC de fecha 28 de octubre de 2008, donde la Sub Dirección de Supervisión y Peritaje de la Dirección de Arqueología recomienda que se declare Patrimonio cultural de la Nación y se aprueben los expedientes técnicos del Monumento Arqueológico Prehispánico Pando 540.
Resolución Directoral Nacional Nº1591/INC.
Dos años después y con Ollanta Humala como nuevo Presidente del Perú en el 2011,  y teniendo como ministra de Cultura a Susana Baca, el ministerio de Cultura nos sorprende presentando un CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos) mediante informe Nº2011-336/MC que concluye: “no existen vestigios arqueológicos en el área del Proyecto de Traslado y Rescate de Elemento Arqueológico Aislado Pando 540”.  Esto resulta inaudito, y fue el inicio de un atentado que se cometió contra nuestro Patrimonio Cultural. Cómo puede ser posible que el ministerio de Cultura, institución que debe velar por nuestro Patrimonio Cultural, termine sirviendo a los intereses de la empresa El Comercio.
Imagen satelital de lugar de ubicación Monumento Arqueológico prehispánico Pando 540. Foto: Jovelos Bahamonde Schreiber.
Este accionar del ministerio de Cultura indicaría una supuesta corrupción de funcionarios en el 2011, ya que el único interesado y beneficiado con el terreno es la empresa Editorial El Comercio S.A. una empresa que ha demostrado que no le interesa nuestra cultura y que ha cometido un grave atentado contra nuestro Monumento Arqueológico Prehispánico.   Seis años después, exactamente el 20 de marzo de 2017 la Empresa Editorial El Comercio S.A. solicita al actual ministro de Cultura,  Salvador del Solar, el “Retiro de condición de Patrimonio Cultural”  de la zona arqueológica ubicado en su predio. Aquí viene lo insólito, ya que el Director de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, Carlos Ernesto Ausejo Castillo ­­ -designado por Salvador del Solar el 31 de mayo de 2017- sustentó mediante Memorando Nº000634-2017/DGPA/VMPCIC/MC de fecha 14 de junio de 2017, la cancelación de la carga cultural, es decir, le quitó el título de Patrimonio Cultural de la Nación. Con esto concluyen pisoteando la  Resolución Directoral Nacional N°1591/INC del 23 de octubre de 2009. (Enlace de la Resolución Viceministerial 2017 completa:
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2017/06/resoluciones-del-viceministerio-de-patrimonio-cultural-e-industrias-culturales/rvm113.pdf )
Hemos tratado de comunicarnos vía telefónica con el Dirección General de Patrimonio Arqueológico, pero hasta el cierre de este informe no hemos tenido respuesta. De la misma forma hace más de un mes me comuniqué con Francesco Petrozzi, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la República, indicándole los temas puntuales del que deseaba conversar. Su mensaje fue “Estimado Edwin, disculpa la demora de mi respuesta. Por favor te pediría me dejes un número de celular para que mi asesora de prensa se pueda comunicar contigo a la brevedad”. Tal como me lo pidió el congresista dejé mi número celular, hasta la fecha no tengo respuesta de su asesora ni del congresista.
Lamentablemente estos “señores” no realizan su trabajo, se protegen entre ellos y tratan de quedarse en silencio en temas tan importantes como el atentado que sufre nuestro Patrimonio Cultural de la Nación. Nos damos cuenta que los funcionarios encargados de proteger la memoria e historia de nuestra cultura, terminan obedeciendo y favoreciendo ante los intereses de una empresa privada como El Comercio.
Presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la República Francesco Petrozzi y ministro de Cultura Salvador del Solar.
Actualmente no queda rastro de lo que fue el monumento arqueológico prehispánico Pando 540. Ya que la empresa El Comercio lo tapó logrando desaparecerlo del mapa. Ahora lo que existe ahí es un área verde entre gras y árboles, y que seguramente en un futuro servirá para construir una nueva mole de concreto donde posarán sus nuevas rotativas que día a día imprimirán más ignorancia.
Imagen satelital de lugar de ubicación Monumento Arqueológico prehispánico Pando 540. Foto: Jovelos Bahamonde Schreiber.
Nosotros como muchas otras personas y arqueólogos nos preguntamos ¿qué pasó con toda la riqueza cultural que existía en el monumento arqueológico prehispánico Pando 540? Hasta ahora no se conoce su destino. Esperamos que el ministro de Cultura Salvador del Solar y su Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Jorge Ernesto Arrunátegui, respondan sobre este atentado. Y qué entiendan que el sueldo que reciben es pagado por todos los peruanos y no por la empresa El Comercio.
Necesitamos respuestas, la opinión pública debe conocer de forma transparente porque el ministerio de Cultura ha permitido la destrucción de nuestro Patrimonio Cultural de la Nación en beneficio de la empresa El Comercio.
Por otro lado, también llama la atención el silencio del alcalde de Pueblo Libre Jhonel Jorge Leguía, quien debería ser uno de los más interesados ante este atentado a nuestro Patrimonio Cultural. Basta de permitir que empresas privadas destruyan importantes monumentos arqueológicos no solo en Lima, sino también en todo el Perú. Debería ser considerado traición a la patria el ataque a nuestra historia y memoria cultural de la cual somos herederos todos los peruanos.
Lamentamos que el ministerio de Cultura sea solo un holograma ubicado en la avenida Javier Prado, y día a día se conozcan diversas denuncias sobre destrucción del Patrimonio, corrupción, malversación de fondos y lobbies. Es terrible el abandono que vive nuestra cultura y además es lamentable que Salvador del Solar no de la talla, ya que su ignorancia le permite gratuitamente cometer grandes errores. Es tiempo de que el ministerio de Cultura exista para servir al interés general de todos los peruanos y no a un pequeño grupo con interés privados. Si seguimos así, no celebraremos el bicentenario del Perú, sino el bicentenario S.A.

Todos son iguales, pero unos más que otros

Por Fernando Rospigliosi– Diario El Comercio.
La búsqueda de refugio de Alan García en la Embajada de Uruguay sorprendió a todo el mundo, aunque en verdad había algunas señales que no se percibieron.
Los indicios los estaba dando García desde tiempo atrás. Él y sus seguidores más cercanos venían hablando de un golpe de Estado que se estaba gestando en el Perú, pero no de un típico golpe de los de antaño con tanques y soldados en las calles, sino un paulatino y casi silencioso avance de un presunto autoritarismo que estaba concentrando el poder y usándolo para perseguir a sus adversarios políticos.
No son muchos los que creen en esa teoría hoy día. Pero el hecho es que García y sus partidarios la venían repitiendo y ahora la están usando como justificación para la fuga.
El asunto es que hay algunos hechos muy extraños que son utilizados por los que respaldan esa tesis. Por ejemplo, los directivos de Odebrecht han declarado –y su versión es creíble– que en el 2011 entregaron 3 millones de dólares a la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia, 1 millón a la de Keiko Fujimori, 700 mil a la de Alejandro Toledo y 300 mil a la de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Pero solo Fujimori ha sido imputada de ser cabecilla de una organización criminal dedicada al lavado de dinero junto con dos decenas de sus colaboradores, y encarcelada con varios de ellos. Humala y Heredia estuvieron algunos meses presos, pero no se les acusó de conformar una organización criminal ni se detuvo a sus allegados, ni se allanaron las oficinas de sus abogados, a pesar de que en su caso hay abundantes indicios de lavado de dinero no solo para la campaña sino para uso personal. Y parte de ese dinero –según los funcionarios de Odebrecht– fue entregado cuando ya eran gobierno, lo cual es materia de otros delitos. Además, claro está, que también hay más indicios si es que no evidencias contundentes de que lo mismo hicieron en la campaña del 2006 y después con dinero venezolano, lavado con falsas consultorías de tónicos capilares y palma aceitera.
Tampoco Toledo y su gente han recibido el mismo trato. Él está acusado por las coimas que recibió por la Interoceánica, pero no por la plata de la campaña del 2011, ni se ha denunciado ni detenido a sus allegados de ese momento. Tampoco PPK, que está investigado por sus tratos con Odebrecht cuando era ministro, pero ni él ni sus colaboradores del 2011 han sido imputados ni apresados por delitos similares de los que se acusa a Fujimori.
Como es evidente, si todos ellos recibieron cientos de miles o millones de dólares para sus campañas, tuvieron que blanquearlos con eventos simulados y aportantes falsos. De hecho, se sabe que esa es una práctica usual de todas las campañas electorales de todos los partidos, porque los aportantes, los que donan dinero fuerte, no quieren aparecer, o porque los candidatos no desean que los vinculen con grandes empresas.
Por supuesto, la notoriedad que ha adquirido Odebrecht hoy día como empresa corruptora hace que sus aportes en el 2011 resulten sospechosos. Pero en ese momento no era diferente a otras empresas extranjeras o peruanas, varias de la cuales no son muy distintas en lo que a deshonestidad se refiere, solo que hasta ahora no han sido descubiertas y expuestas.
En síntesis, es obvio que hay un tratamiento notoriamente diferente a Fujimori que al resto de políticos. Por no mencionar a los empresarios peruanos señalados por Odebrecht de haber sido parte de la trama de sobornos a funcionarios públicos para conseguir obras.
En suma, si bien la tesis de García de que se ha producido un golpe de Estado es poco convincente, la realidad es que los adversarios del gobierno están recibiendo un trato mucho más duro que sus aliados.
Parafraseando a George Orwell, se puede decir que en el Perú todos son iguales ante la justicia, pero unos son más iguales que otros.
Otrosí digo: desde hace meses la discusión pública está centrada en la fuga del ex juez César Hinostroza, la prisión de los Fujimori –Alberto y Keiko–, la huida de García y su posibilidad de asilo, etc. Muy bien. Entretanto, el empleo formal se deteriora, la seguridad ciudadana no mejora, la reconstrucción de las zonas afectadas por El Niño no avanza, etc. Posiblemente sea, como dijo Julio Velarde, presidente del BCR, porque “Vizcarra no estaba preparado para gobernar”, “no cuenta con la preparación suficiente para ser presidente”, no tiene “un plan económico y de innovación” y “está improvisando” (15/11/18). Sería interesante prestar atención, algún día, a estos temas.

Odebrecht perdería beneficios de Colaboración Eficaz

Por MANUEL ROMERO CARO-Diario Gestión.
Por haber ocultado el pago de sobornos en la Interoceánica Norte (ION)
En diversas oportunidades magistrados y expertos brasileros han manifestado reiteradamente que aquellas personas que se acogen a la Delación Premiada (Cooperación Eficaz en nuestro país) no pueden mentir ni guardar silencio en interrogatorios antes las autoridades judiciales. Es así que si Marcelo Odebrecht, Jorge Barata u otros directivos de la constructora brasilera mintiera u ocultara información ante los fiscales peruanos, perderían los acuerdos y los beneficios de la delación premiada. Ya que ellos están obligados a colaborar con la justicia. Por ejemplo, el fiscal brasileño Orlando Martello, miembro de la Fuerza de Tarea de Lava Jato , quien dirigió las diligencias del 27 y 28 de febrero del 2018 ante los fiscales peruanos Germán Juárez y José Pérez, en Sao Paulo, enfatizó que “ Jorge Barata tiene la obligación de decir la verdad. No puede ni mentir ni omitir información” (Perú 21 del 21.02.18). Y ante una pregunta sobre ¿qué pasaría si Jorge Barata mintiera o guardara silencio en el interrogatorio que le efectuaran los fiscales peruanos (el 27 y 28 de febrero del 2018 en Sao Paulo)?, el abogado penalista brasileño Cayo Antonieto en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio respondió “las consecuencias son muy serias, muy graves, porque el colaborador se compromete a colaborar con la Fiscalía a decir la verdad, sin ejercer su derecho al silencio. Tiene que hablar y decir todo lo que sabe”. Entonces si mienten y se comprueba que es así, pueden perder su colaboración y todos sus beneficios. En el caso de Marcelo Odebrecht todavía tienen varios años de condena. Por lo que si el, Barata u otros miente (o oculta la verdad) a fiscales peruanos, perdería su acuerdo y todos sus beneficios en Brasil.
El destape
Lo que sucede es que información solicitada oficialmente por las autoridades judiciales peruanas a la Confederación Judicial Suiza hace más de dos años (en agosto del 2016) finalmente ha llegado. Y al revisar la misma se ha podido comprobar que tanto Odebrecht, como Josef Maiman Rapaport, ambos supuestamente colaboradores eficaces de las autoridades judiciales peruanas, habrían mentido, o en el mejor de los casos habrían ocultado información sobre sobornos en otros proyectos que no habían sido mencionados. Como es el caso de la Interoceánica Norte. Tal como lo ha informado el Semanario Hildebrandt en sus 13 (*), la información de Suiza detalla el pago de sobornos por un monto de US$9,975,000 a cambio del otorgamiento de la concesión de dicho proyecto. Inclusive, como ya se ha hecho en otros casos, para darle una apariencia legal a la transferencia de fondos se suscribió un convenio entre J Barata y un representante de una compañía de Maiman, en el que se estableció un cronograma de desembolsos sujetos a ciertas “asesorías”. La información proviene del levantamiento del secreto bancario de las compañías de Maiman y del LGT Bank de Suiza (utilizado para lavar los sobornos que se recibían). De lo anterior surgen una serie de preguntas: ¿ cómo se afectan los convenios de colaboración eficaz de Jorge Barata, Marcelo Odebrecht y otros que callaron ese soborno en siete idiomas?. No solo se afectarían los convenios con Perú sino también los suscritos en Brasil. ¿Quiénes recibieron los casi 10 millones de dólares? .Como hemos venido sosteniendo en diversas oportunidades, es muy poco creíble que Odebrecht solo haya dado sobornos en unos pocos proyectos (7 de 69 proyectos) . Hoy se conocen los sobornos de la IIRSA Norte, pero ¿qué nos garantiza que no haya coimas en el Gasoducto al sur, Olmos, Chavimochic o tantos otros?. Obviamente esto también afecta directamente el monto de la reparación civil (a mayores sobornos, mayor reparación). ¿Cuál va a ser la actitud de la Fiscalía al respecto?. Lo que está en juego es la credibilidad del Sistema. Y no vamos a ser tan ingenuos de creer que Odebrecht entregaba sobornos solo para algunos proyectos ,y para otros no. Hay que recordar que las autoridades judiciales de Brasil han manifestado que los sobornos eran un “costo comercial”; que se incluía en los presupuestos de obra, junto con los gastos administrativos.
Asunto aparte sería la participación de Camargo Correa (la otra constructora brasileña que conjuntamente con Odebrecht resultara favorecida con el contrato de concesión de la ION) en el pago de los sobornos. Ya que Odebrecht tuvo la “precaución” de introducir una cláusula en el “contrato” suscrito por la empresa de Maiman , en la que establecía que ellos no serían responsables del eventual incumplimiento del “contrato de retribución“ por la parte correspondiente a Camargo Correa. Asimismo falta precisar quienes serían los beneficiados con los nuevos sobornos entregados. Según un escrito presentado por el abogado de Toledo, él no fue beneficiario, y que la responsabilidad debe de caer en los ex presidentes Alan García y PPK (su empresa Westfield fue la encargada de estructurar el financiamiento). Ya que el proyecto se empezó a ejecutar durante el segundo gobierno de AGP y que el costo del mismo se duplicó en dicho período
Antecedente
Inclusive existe el caso de los hermanos Joesley y Wesley Batista, dueños de JBS, una de las empresas cárnicas más grandes del mundo y que se hicieron famosos por grabar en un supuesto acto de corrupción al Presidente de Brasil Temer, pero que firmaron un Acuerdo de delación premiada con las autoridades brasileras. Sin embargo Joesley Batista estuvo preso desde el 10 de septiembre de 2017, después de que el acuerdo que el empresario firmara con la Fiscalía fuera rescindido por la supuesta omisión de informaciones en sus declaraciones. Caso similar al que se habría producido en nuestro país.
(*) Hildebrandt en sus 13 del 16.11.18.

COLEGIO DE ARQUEÓLOGOS EXIGE SALIDA DE MINISTRA DE CULTURA

Por César Rojas– www.manifiestoperu.com
Ante la presunta corrupción en la buena pro de S/359,337.49 para trabajos de excavación con motivo del Rally Dakar, que ganó la empresa del ahora exviceministro de Patrimonio, Luis Villacorta, el Colegio de Arqueólogos del Perú denunció que la ministra de Cultura Patricia Balbuena, había estado informada de lo que pasaba, por lo cual exigió su salida.
“Exigimos al señor presidente de la República, Martín Vizcarra, la inmediata remoción de su cargo a la ministra de Cultura, Patricia Balbuena Palacios, por avalar estos actos de corrupción denunciados”, señaló el gremio en un pronunciamiento.
Se precisa que, mediante oficios 037, 056, 190, 191, se había informado directamente a la titular del Mincul de estas irregularidades. Una de ellas era que la directora de Certificaciones, Glenda Escajadillo, había presidido el comité de la licitación, y había designado en un puesto clave a una persona que debía haber sido contratada por la Dirección Desconcentrada de Ica.
Enérgico pronunciamiento de profesionales de la Arqueología
El Colegio de Arqueólogos también denunció la contratación de funcionarios con “sueldos exorbitantes”. Personal del ministerio que trabajaba sin cumplir requisitos de ley, concursaba a plazas adicionales sin haber renunciado a sus puestos, y luego las ganaba, incrementando sus ingresos. Balbuena también había sido informada de esto.
“Con el afán de favorecer a intereses privados como es el MALI (Museo de Arte de Lima), se trasladó materiales arqueológicos de la cultura Nasca de Suiza a España, y se almacenaron en ambientes paupérrimos, lo que está provocando la destrucción de estos bienes patrimoniales que son de todos los peruanos”, cuestionan los profesionales.
Ausejo y Villacorta tuvieron que irse por irregularidades
En la víspera, Balbuena había aceptado la renuncia de Villacorta, pero también se publicó la del director de Patrimonio Arqueológico Inmueble, Carlos Ausejo Castillo. A este profesor de la PUCP ni siquiera se le dio las gracias por los servicios prestados, algo parecido a lo del exministro Bruno Giuffra, quien también fue removido por un caso de corrupción.
A esto se añade la denuncia del congresista Dalmiro Palomino (FP), presidente de la Comisión de Cultura, quien anunció que ya se solicitó un informe documentado sobre la adjudicación simplificada, y que la ministra será citada en los próximos días.
Congresista Palomino señala que alguien debe ser sancionado penalmente
“Lo que no dice la ministra en su comunicado, es que Villacorta es accionista principal de Arqueo Andes SAC, es decir, la empresa del viceministro de Cultura resultó ganadora de un proceso convocado por la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, que depende de dicho viceministro. Estos graves hechos revelan un evidente conflicto de intereses y la presunta comisión de delitos contra la administración pública”, afirmó.

ACEPTAN RENUNCIA DE VICEMINISTRO DE CULTURA POR IRREGULAR ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN

Por Julio Cabrejos– www.manifiestoperu.com
El viceministro de Cultura Luis Villacorta Ostolaza renunció a su cargo debido a la irregular adjudicación de la buena pro del proyecto de evaluación arqueológica de 44 monumentos arqueológicos en Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.
En el marco de la investigación sumaria se dispuso la separación de funcionarios involucrados en este acto irregular.
Villacorta Ostolaza, puso su cargo de viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, a disposición la misma que fue aceptada.
Comunicado del Ministerio de Cultura donde se informa de la nulidad del proceso
El viceministro está vinculado a la empresa Arqueo Andes S.A.C., ganadora de la buena pro. El postor ofreció la suma de S/359,337.49, para el servicio de evaluación arqueológica con excavaciones para fines de delimitación y elaboración de expedientes técnicos de monumentos arqueológicos en el marco del Rally Dakar. Cabe señalar que Villacorta renunció a la empresa cuando fue elegido en el cargo.
Oferta económica de ARQUEO ANDES para ganar la buena pro
La ministra de Cultura Patricia Balbuena, dijo que se declaró la nulidad del proceso y se solicitó a la Contraloría General de la República el inicio de una auditoria para determinar y sancionar a todos los responsables en este irregular proceso.

Mincul: consultorías para el Rally Dakar

Por Álvaro Meneses- www.wayka.pe
Documentos a los que accedió Wayka y fuentes de las altas esferas del Ministerio de Cultura confirman que Patricia Balbuena solo retiró a un eslabón de la pieza completa que sigue en pie.
La pieza completa
La historia empezó a conocerse el pasado jueves 15 de este mes, cuando la empresa Arqueo Andes ganó la buena pro para una evaluación arqueológica para el Rally Dakar con un costo total de 359 mil 337 soles. Entre las otras empresas que postularon al concurso estaba Trashumantes SAC, Corporación Quiunti SAC, ZB Consultores y ADA Medina Consulting SAC–AME Consulting SAC.
El proceso de adjudicación estuvo a cargo de los titulares del Comité de Selección Luis Espinoza Gálvez, Mónica Schlaefli Schuler, y la presidenta Glenda Escajadillo Gallegos, quien años atrás trabajó en Trashumantes SAC, una de las empresas que postuló a la consultoría.
Hasta esa fecha, nadie parecía conocer que el entonces viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Luis Felipe Villacorta Ostolaza, arrastraba un grave conflicto de interés: hasta el 25 de mayo de este año, fue el dueño y mayor accionista de Arqueo Andes, hasta que dejó la dirección a cargo de su primo Álvaro Martín del Carpio Perla. Un año antes, la compañía realizó una evaluación arqueológica en Nazca para el Rally Dakar.
Certificado de la renuncia de Luis Felipe Villacorta Ostolaza.
Pero Villacorta no sería el único alto funcionario dentro del Ministerio de Cultura vinculado a Arqueo Andes. La dirección de gestión de Monumentos está a cargo de la arqueóloga Paloma Manrique Bravo, esposa de Álvaro del Carpio Perla, actual gerente de Arqueo Andes y primo de Villacorta.
Años atrás, Paloma Manrique fue la responsable del Área de Registro de Colecciones del Museo Larco y luego asesora de la Coordinación General del Qhapaq Ñan, un proyecto dedicado a la investigación y cuidado sobre la red de Caminos Inca.
Jugada en pie
Como presagio, fuentes del Ministerio de Cultura revelaron a Wayka la trama completa de la historia: “Se están dividiendo 3 consultorías para sus empresas privadas por un total de más de un millón de soles, 300 mil cada una. Tres consultorías que bien podría hacerse en una sola. Y la empresa ganadora de la segunda consultoría será Trashumantes”.
Dicho y hecho: el 19 de noviembre de este mes, Trashumantes SAC ganó la buena pro para el ‘Servicio de Demarcación Física y Señalización de Sitios y Paisajes Arqueológicos’ por 394 mil 500 soles, firmado también por Glenda Escajadillo, exempleada de dicha consultora privada.
Documento de la buena pro otorgada a Trashumantes SAC.
Entre sus principales clientes, Trashumantes tiene a las mineras Buenaventura S.A., Chinalco S.A., Anglo American Quellaveco, y a la constructora Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC.
Pero Escajadillo no es la única funcionaria cercana a Trashumantes. Fuentes cercanas a los implicados confirmaron a Wayka que se ha contratado a Angela María Peralta Rubio, exarqueóloga de Trashumantes, para realizar las delimitaciones respectivas para el Rally Dakar 2019. “A las Direcciones Desconcentradas de Cultura les han quitado funciones y los hará Peralta. Han castrado a los administrativos y los burócratas que deberían hacer la supervisión y lo está haciendo un privado”, sostuvo una fuente del Ministerio de Cultura.
Entre 2011 y 2013, Glenda Escajadillo y Angela Peralta coincidieron como asesoras en la Dirección General de Patrimonio Cultural a cargo de Ana María Hoyle.
El final de la jugada
Tal como lo confirmaron las fuentes, ya se han adjudicado dos proyectos de S/359 mil 337 y S/394 mil 500 respectivamente, relacionados al próximo Rally Dakar, en la que se seleccionó a empresas vinculadas a altos funcionarios del ministerio. Aún se desconoce qué empresa será la beneficiaria de la tercera consultoría que mantendrá las mismas características de las dos primeras.
Wayka consultó con arqueólogos sobre el costo y el proceso de las consultorías mencionadas en este reportaje y coincidieron con las fuentes del Ministerio de Cultura en que todo se podría abarcar en una sola adjudicación y que el costo no debería superar los 300 mil soles. Solo en las dos consultorías concretadas -contando la primera que ya se anuló-, se gastará 753 mil 837 soles.
Además de la renuncia de Villacorta, el viernes se removió a Carlos Ernesto Ausejo Castillo de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura. Sin embargo, aún no se toman acciones sobre el resto de personajes mencionados en esta investigación.