Ganancias de Odebrecht y sus socias en Rutas de Lima son mayores a US$750 millones. Si se renegocia lesivo contrato, peajes se pueden reducir por lo menos UN SOL.

Por Juan Mendoza.
Rutas de Lima es una estafa para la ciudad. La pérdida social de la concesión supera US$600 millones. Pero, si el contrato se renegocia, las tarifas de los peajes pueden reducirse por lo menos en un sol sin que la concesión deje de ser en extremo rentable para Odebrecht y sus socias. La Municipalidad también puede terminar el contrato de forma unilateral y ahorrarle cientos de millones de dólares al ciudadano.
En febrero de 2013, la gestión de Susana Villarán firmó el contrato de concesión Rutas de Lima con un consorcio conformado por Odebrecht y Sigma. El Municipio entregó durante 30 años el usufructo de los peajes de Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé a cambio del compromiso de invertir US$590 millones además de darle mantenimiento a las vías. El contrato se celebró en plena campaña del No a la revocatoria de Villarán.
El consorcio liderado por Odebrecht obtuvo la concesión sin competencia. El germen del proyecto fue una iniciativa privada presentada por la propia Odebrecht en 2010. En mayo de 2012, el Concejo Municipal, por amplia mayoría, declaró el proyecto de Odebrecht de interés público. Así, Susana Villarán entregó 115 kilómetros de vías de Lima a Odebrecht sin licitación o concurso público. Peor aún, la Municipalidad villaranista no invitó ni a la Contraloría ni al MEF a revisar los términos del contrato.
En junio de 2016, Odebrecht vendió 57% de su participación en Rutas de Lima por US$430 millones a Brookfield conservando 25% de las acciones. Se puede inferir, entonces, que si alguien hubiera comprado el 100% de la concesión hubiera pagado US$754 millones. La ciencia económica nos dice que el precio de las acciones de un negocio es igual que las ganancias que los accionistas anticipan recibir. La razón es sencilla: nadie compra o vende algo para perder plata. Por lo tanto, podemos concluir que los ingresos de Rutas de Lima, en valor presente, eran mayores a los egresos en más de US$750 millones en junio de 2016. Los egresos incluyen el costo de las obras más su financiamiento así como los costos de mantenimiento, operación y supervisión de la concesión.
Así, el precio de venta de las acciones de Odebrecht a Brookfield hace evidente que Rutas de Lima es una estafa para la ciudad. Las ganancias de los dueños de la concesión, por lo menos US$750 millones, salen de los bolsillos de los limeños. La tasa de rentabilidad de Odebrecht y sus socias es estratosférica pues gran parte del proyecto se financia con deuda. En junio de 2014, Rutas de Lima emitió S/1,459 millones de bonos que fueron adquiridos con avidez, entre otros, por AFPs y compañías de seguros. Y, claro, ¿Cómo no comprar bonos emitidos por quien disfrutará de peajes de Lima durante 3 décadas?
A su vez, los peajes han aumentado más de 50% desde el 2013 sin que haya habido una mejora equivalente en la calidad o cantidad de la infraestructura vial o una reducción en los tiempos de viaje. El carácter leonino del contrato es notorio en la cláusula 10.4 que estipula que si el concesionario no pudiera “explotar cualquiera de las Unidades de Peaje Existentes y/o Unidades Nuevas de Peaje” por protestas sociales, entonces la Municipalidad tendrá que pagarle un monto equivalente a la recaudación perdida. Así, aunque masivas protestas impidieron la operación del abusivo doble peaje en Puente Piedra, Odebrecht y sus socias no han perdido un centavo.
Se puede inferir que la perdida social de Rutas de Lima, desde enero de 2018 hasta febrero de 2043, será superior a US$600 millones. ¿Qué hacer? La primera solución sería invitar al concesionario a renegociar el contrato de mutuo acuerdo. Es sencillo estimar que la tarifa del peaje podría reducirse en por lo menos un sol sin que Rutas de Lima deje de ser en extremo rentable para el concesionario.
La segunda solución es que la Municipalidad ponga término unilateral a la concesión por razones de interés público de acuerdo con la cláusula 17.7 del contrato. Las pingües ganancias del concesionario y el carácter leonino del contrato constituyen razones suficientes para terminar la concesión. En este caso, la Municipalidad le pagaría al concesionario por las inversiones realizadas, previo peritaje internacional, pero se le ahorraría varios cientos de millones al ciudadano pues las tarifas de peaje podrían reducirse por lo menos en un sol.¿Por qué se obliga a los limeños a tener que pagar peajes cada vez mayores si no hay vías alternas para desplazarse por la ciudad? ¿Para qué pagamos impuestos si el Estado es incapaz de proveernos de vías de comunicación razonables incluso dentro de la capital del Perú? ¿Es qué la única manera de invertir en Lima es a través de Asociaciones Público Privadas que solo enriquecen al privado a costa del dinero del ciudadano?
¿Por qué la gestión de Susana Villarán negoció Rutas de Lima en condiciones tan lesivas? ¿Fue ineptitud? ¿Hubo acaso corrupción? Según las investigaciones del caso Lava Jato en Brasil, hay dos pagos por US$711 mil en una planilla de coimas de Odebrecht por Rutas de Lima. Los pagos se hicieron efectivos el 2014 a nombre de un tal “Budian”. Además, Jorge Barata ha confesado que, junto con OAS, Odebrecht “aportó” US$3 millones a las campañas de Susana Villarán a pedido de la propia ex alcaldesa.
¿Quiénes más se beneficiaron con Rutas de Lima? De acuerdo con información proporcionada por Odebrecht, la empresa First Capital de Gerardo Sepúlveda recibió US$153,000 de Rutas de Lima por servicios de estructuración financiera. Como sabemos, PPK, socio de Sepúlveda, apoyó el No a la Revocatoria y afirmó que la gestión de Villarán estaba libre de sospechas de corrupción.
Será la presente o futura administración municipal la que tenga que librar al ciudadano de la estafa que Susana Villarán nos legó en Rutas de Lima. Es obligación de cada limeño exigir la renegociación o el término de la lesiva concesión.
Fuente: www.juanmendozaperu.blogspot.pe

CONTRATO PERMITE ANULAR PEAJES DE ODEBRECHT SIN PROBLEMAS

Congresista Vilcatoma revela que cláusula 17.7 de acuerdo entre Municipalidad de Lima y Consorcio Rutas de Lima facilita esta acción a costo cero

Por César Rojas-Manifiesto Perú.com
La pesadilla de “los peajes de la corrupción” en la Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé, aprobados por la gestión de Susana Villarán mientras Odebrecht le daba dinero para mantenerse en el poder, puede acabarse este año sin pago de penalidades adicionales. La legisladora Yeni Vilcatoma lo explica documentadamente.
¿Qué se puede hacer con los peajes que Odebrecht puso en Lima, si la empresa ha admitido su culpa en corromper funcionarios, y se ha evidenciado que son antitécnicos?
Hemos hecho un análisis técnico legal pormenorizado de todo el proyecto, y hemos encontrado irregularidades que no solo evidencian corrupción, sino que es contrato leonino, perjudicial para ciudadanos.
Cláusula 17.7 permite acabar con “peajes de la corrupción” 
¿Cómo pudo pasar un contrato dañino para Lima, como todos afirman?
En mayo del 2012, se realizó en la Municipalidad de Lima un acuerdo para que se declare de interés público la propuesta de Odebrecht. El regidor Jaime Salinas les reclama a la mayoría de Villarán que no había cálculo de monto exacto de tarifa, de beneficio-perjuicio en Lima, y era falso que no costaba nada a cambio de 590 millones de dólares en obras, porque al final el pago de las obras las iba a asumir la ciudadanía por medio de los peajes.
¿Con esta declaración de interés público se pudo acelerar el contrato que se firma un año después?
Claro, si entonces el teniente alcalde Eduardo Zegarra dice que, si el ciudadano quiere más tiempo para pasarlo con su familia, tiene que pagar. Había un direccionamiento para Odebrecht, que al final ganó por medio del consorcio Rutas de Lima. Enjaularon Lima con peajes que no dan opción para ir por otra ruta.
¿Algo parecido a la Interoceánica Sur con Alejandro Toledo?
Hasta más grave, porque con lo que han recaudado en 4 años y medio prácticamente ya recobraron la inversión de 590 millones. En junio del 2017, Odebrecht vende el 57 % de sus acciones a 430 millones de dólares (a Brookfield). Ya recuperaron su inversión, pero quedan 25 años más que nos quieren hacer pagar peajes.
Villarán sigue libre y en cura de silencio por Odebrecht
Entonces, ¿se puede o no se puede renegociar los peajes?
En estos días estoy enviando un pedido oficial al alcalde Castañeda para que aplique la cláusula que permite hacerlo. Existe la cláusula 17.7, que dice que cuando se afecta el interés público, y esta situación se está generando, se puede declarar de forma unilateral la resolución del contrato, comunicándole a la concesionaria 180 días antes de la ejecución.
¿Pero no podrían hacernos perder más dinero en un arbitraje internacional?
No, porque solo habría que hacer los cálculos de lo que han invertido y devolvérselos. Hay un fideicomiso, y de allí se les puede pagar aproximadamente los 100 millones que están poniendo últimamente. No se tendría que pagar nada adicional. La ejecución de obras ha dado lugar a valorizaciones que han sido cobradas por la empresa. El alcalde debe tomar esa decisión y no evadir su responsabilidad.
¿Cómo se puede probar sin ninguna duda que cancelar los contratos para peajes es de interés social?
Ya estamos coordinando una cita para que el alcalde Castañeda lo tenga todo claro. Vamos a imprimir 2 millones de ejemplares de un boletín para informar a los ciudadanos. Los peajes se han puesto estratégicamente en puntos de los cuales no hay otra opción, y es una zona por donde tienen que ir a trabajar. Hay comerciantes que van a mercados tienen que pasar por el peaje dos o más veces al día. En el peaje Chillón (Puente Piedra) no había ruta alterna, y estaba a poca distancia de otro. Por eso la población protestó, y se tuvo que suspender el cobro.
Vilcatoma cuestiona que no haya suficientes vías alternas
¿El contrato no señala que, cuando pasa eso, la Municipalidad tiene que compensar económicamente a la empresa?
Cuando Villarán hace el contrato, pone una cláusula de que si una protesta social impide cobrar peaje, los limeños también teníamos que asumir lo que dejaba de cobrar Rutas de Lima. Pero esto es una viveza…
Si ponen peajes que en realidad son un robo, es lógico que haya protesta…
Exacto. Ya sabían que iba a existir protesta. El público no iba a aceptar eso. Un peaje se pone cuando existen rutas alternas, y se puede elegir gastar más tiempo sin pagar. No hay vías así, y no le dan la opción al conductor y pasajeros. La protesta es porque se atenta contra el interés público. Dos casetas con una distancia injustificada, para que cobren 4 veces a una misma persona diario.
¿Entonces, la protesta terminó costándole más dinero a la Municipalidad?
La protesta no es un acto terrorista ni delincuencial, es una protesta como cualquier otra, y nos hemos informado con un regidor que no se está pagando nada adicional por la suspensión del  peaje en Puente Piedra.
Castañeda podría acabar de una vez con dolor de cabeza para Lima
Entonces sí se puede renegociar…
Sí, eso lo demuestra, pero no es solo renegociar precios, sino que se resuelva el contrato. Dejar que sigan 25 años más es como que permitas que un ladrón que entra a tu casa se siga metiendo 25 años más. Si Castañeda no lo hace, los candidatos deberían asegurarlo.