La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán sí se reunió con el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. La cita se realizó el 9 de enero del 2013, con motivo de la firma del contrato de concesión de Rutas de Lima.
El noticiero dominical “Panorama” reveló una serie de fotografías de la reunión en la que aparecen la ex burgomaestre y el ejecutivo brasileño, además de otros funcionarios ediles y de Odebrecht.
Entre estos están el ex gerente municipal José Miguel Castro, quien está acusado junto a Susana Villarán de haber solicitado US$3 millones a Odebrecht para financiar la campaña del No a la revocación en el 2013.Precisamente, las fotografías se realizaron dos meses antes de la votación de la revocación. Según “Panorama”, ni Jorge Barata ni ninguno de los ejecutivos brasileños que lo acompañaron fueron apuntados en el registro de visitas de la Municipalidad de Lima en ese día.
Cabe anotar que, en una carta publicada en este Diario el 19 de setiembre del 2017, Susana Villarán negó conocer a Jorge Barata y cualquier acto de corrupción en torno al proyecto Rutas de Lima.
“Rutas de Lima: Sé que no hubo ninguna coima en la entrega de esta concesión. No tengo ninguna relación, ni vínculo con las anotaciones aparecidas en el área de operaciones estructuradas de Odebrecht. Tampoco conozco al señor Marcelo Odebrecht. Nunca he recibido en mi oficina, ni he viajado, ni siquiera conversado con el señor Barata”, escribió en esa ocasión.
Fuente: Diarios El Comercio, Correo y www.lucidez.pe
El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro ex representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, que fueron socias de la brasileña Odebrecht en la ejecución de la carretera Interoceánica sur.
Ellos son José Alejandro Graña Miró Quesada (ex presidente del directorio de Graña y Montero), Hernando Alejandro Graña Acuña (ex director de Graña y Montero), Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.) y José Fernando Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA). En el caso de Gonzalo Ferraro Rey (ex presidente ejecutivo de Graña y Montero), se dictó arresto domiciliario en una clínica local debido a su estado de salud.
Según la fiscalía, dichos empresarios habrían defraudado al Estado al concertarse con el ex presidente Alejandro Toledo, acusado de recibir US$20 millones de Odebrecht para favorecerlos con la licitación de la carretera.
A continuación, recordamos paso a paso cómo es que estos empresarios se han puesto en la mira de la justicia peruana.
-La declaración de Barata-
A fines de febrero de 2017 se hizo pública parte de la declaración que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, brindó en enero de ese mismo año a la fiscalía peruana.
El ex directivo brasileño aseguró que las empresas peruanas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales y ICCGSA estaban al tanto del acuerdo para el presunto soborno de US$20 millones a Alejandro Toledo para que el consorcio que conformaban con Odebrecht se adjudicara los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
“El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo”, dijo Barata en esa ocasión.
-Niegan acusación-
Desde que se conoció la acusación, las empresas mencionadas han rechazado en reiteradas ocasiones el testimonio de Jorge Barata.
El empresario José Graña Miró Quesada, ex presidente del Grupo Graña y Montero, visitó dos veces la comisión del Congreso que investiga el Caso Lava Jato, en la que negó lo declarado por el ex director de Odebrecht.
“Lo que el señor Barata dijo no se ajusta a la verdad. Es difícil probar que uno no sabía nada: si uno no sabe nada, no tiene cómo justificarlo”, dijo la última vez que asistió, a inicios de octubre.
>Por su parte, la empresa JJC manifestó en julio de este año: “JJC rechaza y condena toda práctica conducente a obtener ventajas irregulares o ilícitas. Ni la empresa ni sus ejecutivos han participado o tenido conocimiento de una asociación de empresas que supuestamente concertaban la adjudicación de proyectos públicos”.
En tanto, ICCGSA, ha señalado recientemente que “los actos denunciados no fueron conocidos” ni por esa empresa ni por sus accionistas ni por sus funcionarios.
-Las denuncias contra Sánchez-
Hace tres semanas, el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, había presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, bajo el argumento que no se investigaba a las empresas que se consorciaron con Odebrecht en el caso de la Interoceánica.
A esta denuncia se sumó otra de la congresista Yeni Vilcatoma, quien señaló por los mismos hechos, no solo a Pablo Sánchez, sino al fiscal encargado del Caso Lava Jato, Hamilton Castro.
Ambas denuncias se acumularon y fueron admitidas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la fujimorista Karina Beteta, quien deberá elaborar un informe de calificación.
-Se mantiene la denuncia-
El equipo especial del Ministerio Público que investiga el Caso Lava Jato formalizó la semana pasada la investigación preparatoria contra los ex representantes de las mencionadas empresas peruanas que se consorciaron con Odebrecht.
En tanto, Daniel Salaverry ha señalado que la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez seguirá en pie. Remarcó que los nuevos hechos fortalecen aún más su denuncia.
“La omisión funcional ya está cometida. El proceso sigue su curso. Más bien, hoy nos están dando la razón. Recién incluyen a las consorciadas en las investigaciones, luego de 11 meses de conocer las declaraciones de [Jorge] Barata”, dijo a este Diario.
-La prisión preventiva-
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro ex representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, que fueron socias de la brasileña Odebrecht en la ejecución de la carretera Interoceánica sur.​ En el caso de Gonzalo Ferraro Rey, se dictó arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud.
>En una audiencia que se prolongó hasta la madrugada, el juez Richard Concepción Carhuancho estableció que los investigados sí cumplían con los requisitos para dictar la prisión preventiva.
Por el mismo caso, el Poder Judicial también ha ordenado prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo, quien se halla prófugo en los Estados Unidos.
Fuente: Diario El Comercio.