Noticia de un secuestro

Por Ricardo Uceda- Diario La República.
El 22 de diciembre del 2009, una noticia alarmó al director general de la PNP, el general Miguel Hidalgo. El hijo de un empresario amigo del gobierno iba a ser secuestrado. La noticia se la había dado el ministro del Interior, Octavio Salazar. El empresario era Néstor Quispez-Asín, director del Grupo Deltron, vendedor de equipos informáticos. Cuando Hidalgo llamó al jefe de la División de Secuestros, el coronel Jorge Mejía, este no sabía nada.
Mejía también se preocupó. Envió al lugar donde se encontraba Quispez-Asín a uno de los jefes operativos, el comandante Ángel Toledo. Encontró a notables. Estaban el ministro Salazar; el coronel Vicente Álvarez, de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGEMIN); y, entre otros, José Nava, hijo del secretario general de la Presidencia. Aparentemente, un intento de secuestro se había frustrado, pero se esperaba otro. Toledo empezó a preguntar a los presentes, pero nadie tenía una evidencia.

Hoy como ayer

El comandante informó a su jefe que no veía trazas de secuestro. Por si las moscas, Quispez-Asín envió de inmediato a su hijo a los Estados Unidos, con fuerte protección policial en el camino hacia el aeropuerto. Mientras tanto, se fueron esclareciendo los antecedentes. Quien había dado parte al ministro era el coronel de la DIGIMIN, Vicente Álvarez. A su vez, Álvarez la obtuvo de un informante relacionado con la delincuencia común. Un joven teniente estaba relacionado con el aprovechamiento de esta delación: Enrique Prado Ravines. Cuatro años después, de acuerdo con las denuncias ya públicas, Álvarez y Prado actuarían concertadamente en los numerosos operativos que se investigan sobre presuntos asesinatos de delincuentes por parte de equipos de la PNP.
Ahora Álvarez es un general a cargo del Frente Policial del VRAEM. Prado, un mayor que opera en la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la PNP. En los operativos con muerte de supuestos delincuentes que se investigan -en un período que va desde el 2012 hasta el 2015- Álvarez, desde la posición de mando en que se encontrara, habría facilitado la actuación de policías de varios cuerpos: Robos, VRAEM, SUAT. Diríase que coordinaba la parte administrativa. La actuación siempre se producía a partir de un dato de inteligencia proporcionado por un “informante”.
Era común que se reportara la inminencia de un secuestro. Pero estos operativos nunca se le encargaban a la División de Secuestros, que es la llamada a actuar. Volvamos al 2009, para apreciar cómo estos patrones de actuación se dieron en el caso Quispez-Asín.

“Ya regreso…”

La actuación de Álvarez cayó mal en la División de Secuestros. ¿Por qué Álvarez había avisado a todos menos a ellos? Por otra parte, ¿de qué información se trataba? No había ningún parte, ninguna nota de inteligencia. El coronel Mejía era de la opinión de que no había ningún intento de secuestro y el coronel Álvarez sostenía que sí. El Ministro del Interior, Octavio Salazar, dándose cuenta de la controversia, propició una reunión en su despacho. Estaban Álvarez, Mejía, y el director de la DIGEMIN, el coronel Abdul Abed. Cuando todos llegaron, Salazar les dijo.
–Tengo que hacer, ya regreso. Pónganse de acuerdo, por favor.
Y se fue.
Sin embargo, los coroneles no se pusieron de acuerdo. La DIGIMIN prefería que no hubiera intervención fiscal. Pero Mejía ya había dado parte al Ministerio Público. Su investigación iba a determinar si la amenaza de secuestro era real o artificial.

Dos atestados

Aquel mismo año la policía elaboró dos atestados que se han tenido a la vista para esta nota. La reconstrucción de los hechos brinda luces respecto de lo que ocurrió.
Hacia fines del 2008, Manuel Torres Fernández, apodado “Gato”, un ex trabajador de Deltron, fue a visitar a dos amigos de barrio que estaban en Castro Castro. Según “Gato”, uno de ellos era Willian Becerra, o “Chato”, próximo a salir en libertad. El segundo era Julio Bernales, alias “Pepe Loco”, quien se interesó vivamente por los bienes de Néstor Quispez-Asín. “Gato” le dijo a Bernales que tenía mucho dinero y que hasta usaba una avioneta. Días después de su visita recibió una llamada de un enviado de Bernales desde el penal, con instrucciones para estudiar a Quispez-Asín.

Entrando en llanto

A comienzos de diciembre, Manuel Torres y otros dos hombres fueron en una camioneta a filmar la fábrica del empresario. Uno de ellos era Willian Becerra, quien ya estaba en libertad. El descubrimiento de la identidad del otro fue una sorpresa mayúscula para los investigadores de la División de Secuestros.
Era el suboficial Carlos Llanto. Trabajaba con el coronel Vicente Álvarez en la DIGIMIN. Llanto, precisamente, había hecho las filmaciones. Lo negó repetidas veces, aunque las evidencias eran abrumadoras. Después se supo que las filmaciones tenían un propósito distinto al del secuestro. El atestado, al respecto, no deja dudas de lo que hicieron los policías.

Cinco mil dólares

En enero del 2012, el coronel Álvarez le dijo a Deltron que el informante que alertó sobre la tentativa de secuestro tenía un material fílmico que permitiría identificar a la banda. Indicó que hicieran el trato directamente con el suboficial Llanto, de quien el informante era amigo. Quispez-Asín, desde el exterior del país, autorizó a pagar los cinco mil dólares que costaría obtener la información. Acto seguido, Llanto entregó el DVD y cobró el dinero.
Dice el atestado: “Intencionalmente, en una instalación de la DIGIMIN, y empleando una computadora de ésta; así como con la presencia y anuencia del coronel PNP Vicente Álvarez Moreno…, se realizó la visualización de imágenes a comercializar…” Suscrito por el coronel Jorge Mejía, el documento añade que Llanto, apoyado por Álvarez, lejos de comunicar los hechos a la División de Secuestros, perjudicó las investigaciones, al preferir lucrar ilícitamente con la información.

Patrón del mal

La policía antisecuestros descubrió la identidad de “Gato” en un video intimidatorio que llegó a Deltron, con filmaciones de los exteriores de la empresa. Era el mismo que Quispez-Asín había comprado a los de la DIGIMIN y que aún la División de Secuestros no tenía. Cuando la empresa lo envió a los verdaderos investigadores estos apreciaron el perfil de una persona, luego identificada como Manuel Torres. Apretado por la policía, Torres confesó que había hecho las filmaciones en un recorrido junto con dos personas más. Identificó a Carlos Llanto, y la conspiración se esclareció.
El caso fue archivado, Álvarez siguió en la policía y pudo ascender a general. Estuvo implicado en varias denuncias que no son tema de estas líneas. Prado ascendió a mayor y perfeccionó el sistema. Antes era solo para vender información artificial. Después para matar.

El Hermano Lobito

Con la identificación por el Ministerio del Interior del grupo de policías que habría eliminado a supuestos delincuentes, el proceso pasa a otro nivel: el de la fiscalía. Ya estaba allí desde comienzos del 2015 pero estancado, como había ocurrido en los fueros de la inspectoría policial. Ahora se aprecia una decisión de investigar. Ese es el cambio. Se inicia un camino largo y tortuoso, como lo fueron todos los casos de este tipo en los últimos treinta años.
Hasta el momento, hay un general, un comandante y siete suboficiales implicados en la creación de falsos escenarios. La pregunta de si actuaron solos o bajo autoridad o beneplácito de estamentos superiores no ha podido ser respondida. Todavía no se conocen los resultados de una investigación de Inspectoría del MININTER, que individualizará responsabilidades y recomendará sanciones. El Ministerio Público, bajo sus propios cánones, está actuando silenciosamente.
En esta nueva fase cobra actualidad una jugosa nota publicada en la edición deCaretas del 12 de diciembre del 2013. Lleva el título “Chiclayo o Chicago”. Está firmada por Américo Zambrano, actualmente en Hildebrandt en sus trece. Describe el operativo en el que murieron seis presuntos delincuentes en Lambayeque -el quinto de la serie que originó la investigación-, que se había producido a comienzos de mes. Según Caretas, quien lo dirigió era nada menos que Iván Vega, ex viceministro del Interior, quien a la sazón ocupaba el mismo cargo en Defensa. A Vega, siempre dispuesto a la acción, ya se le conocía como “Rambito”. Era, todo el mundo lo sabe, un hombre de confianza de Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Lobos feroces

El ministro del Interior por entonces era Walter Albán, quien asumió el 13 de noviembre. Su predecesor, Alfredo Pedraza, había renunciado a raíz de la crisis producida por el descubrimiento de la desmesurada protección policial de que gozaba Oscar López Meneses. Vega, no obstante ser allegado al presidente, tuvo que dejar el viceministerio porque Albán quiso nombrar a otra persona en el cargo. La nota de Caretas hace hincapié en el hecho de que Rambito dirigiera el operativo de Chiclayo cuando ya era viceministro de Defensa.
“Es posible que él lo dirigiera -dijo el exministro Albán-, pero no lo supe. Asumí que era una acción de la policía”.
Siempre según Caretas, el presidente Humala decidió combatir el crimen organizado con la estrategia que estaba funcionando en el VRAEM, donde actuaba la Brigada Lobo, un grupo de élite policial, asociado con militares. Estos policías, haciendo inteligencia, identificaban objetivos prioritarios, tras lo cual intervenían las Fuerzas Armadas. En agosto del 2013 habían sido abatidos en el VRAEM Alfredo Borda Casafranca y Martín Quispe Palomino, conocidos como “Alipio” y “Gabriel”, respectivamente. Humala reconoció públicamente la importancia de la Brigada Lobo en este evento, aunque por entonces llamó la atención que su existencia fuera negada por el mismísimo jefe del Comando Conjunto, el vicealmirante AP José Cueto. “Remontándonos al pasado -dijo Cueto- nunca es bueno que existan esos famosos grupos o brigadas especiales”.

El brazo derecho

El hecho es que, sin estar en el organigrama, la Brigada Lobo existía, y su jefe real era Iván Vega, reportando a Humala. La labor de Vega y de la Brigada Lobo ha sido ponderada por diversos analistas. Hasta aquí todo bien. Pero la novedad que trajo Caretas era que el presidente le ordenó a Rambito crear un equipo especial para actuar contra la delincuencia común: “Humala le encargó seguir al frente de Lobo y de su satélite, el Grupo Especial de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (GEICCO).”
Esto adquiere relevancia porque el informe del Grupo de Trabajo del Ministerio del Interior divulgado el lunes señala que identificó a una agrupación responsable de los presuntos asesinatos llamada, precisamente, GEICCO. Su jefe operativo, un comandante, fue nombrado como tal por un coronel que era director y promotor del grupo. El informe del MININTER no identifica a los personajes, pero son reconocibles el comandante Enrique Prado y el general Vicente Álvarez, que entonces dirigía la DIRCOTE. Existen documentos que comprueban el hallazgo. El caso es que Álvarez era el brazo derecho de Rambito en la Brigada Lobo. Prado, a su vez, era un insustituible oficial operativo.

“Leerlo el jueves”

De lo dicho cabe preguntarse si la presunta actuación criminal de Álvarez era conocida por Iván Vega. Si lo que dijo Caretas es cierto, Álvarez y Prado actuaban bajo órdenes de Vega. Pero pudiera ser que todo hubiera sido hecho a sus espaldas.El Grupo de Trabajo del MININTER declaró expresamente que no puede afirmar ni negar que Rambito estuviera al tanto.
Pregunté ayer a Marco Zileri, director de Caretas, sobre la veracidad que le atribuye ahora a la información publicada por su revista hace casi tres años. Después de pensarlo un poco dijo:
-Deberás leerlo el jueves.
Caretas aparecerá mañana. Pero Américo Zambrano, el periodista que escribió la información, se ratificó en todos los términos de su nota. Dijo que eran de fuentes directas, aunque no identificadas. Añadió que esta reserva, que era válida en el 2013, también lo es en el 2016. El viceministro Vega no rectificó el artículo.
Aún es posible citar otra referencia, de alguien que habló con Vega varias veces pero que no desea ser identificado. Ratificó que Vega le habló de un grupo de inteligencia a su cargo que actuaría contra el crimen organizado. Lo explicó así:
-Es el hermano menor de la Brigada Lobo. El Hermano Lobito.

El fiscal lobo

El esclarecimiento final está en manos del fiscal Álvaro Rodas, del área de Criminalidad Organizada. Es posible establecer el nivel de comunicación entre Álvarez y niveles superiores gubernamentales, mediante el levantamiento del secreto de las comunicaciones y otras técnicas. Nuestro Rambito periodístico, Gustavo Gorriti, dice que Vega podría ser el objetivo principal de una campaña de demolición creada a partir de un pleito entre comandantes y de los desmanes de periodistas que no saben investigar. Pero la teoría de una conspiración contra buenos policías no tiene de dónde asirse. Tampoco hay elementos para sostener que esta es una campaña inspirada por quienes desean destruir a Ollanta Humala.
El propio Iván Vega tiene la ocasión de esclarecer, ya mismo, las legítimas dudas que existen sobre su vinculación con el grupo que nació el año 2013 en la DINCOTE. ¿ Autorizó el nacimiento de GIECCO? ¿Supo del operativo en Lambayeque? ¿Dirigió antes, como dijo Caretas, un operativo en Puno en el que murieron tres delincuentes? Quizá solo se haya ido de boca al hablarles a periodistas o allegados acerca de sus hazañas, pero eso es ningún delito.

Eclipse VRAEM

Por Carlos Neyra- Diario Perú21.
Han transcurrido tres años desde que el ex presidente de la República Ollanta Humala diera a conocer los resultados del operativo ‘Camaleón’, en el que fueron abatidos dos importantes mandos de Sendero Luminoso (SL) en el Vraem, y esta historia podría reescribirse tras las nuevas evidencias obtenidas por Perú21 que contradicen la versión oficial.
Según los documentos, fotografías y los testimonios de cuatro colaboradores para esta nota, el autor de la muerte de Alejandro Borda Casafranca, ‘Alipio’, y Marco Antonio Quispe Palomino, ‘Gabriel’, habría sido un ‘agente especial’ reclutado por la Policía, que habría actuado motivado por el interés económico de cobrar la recompensa que ofrecía el Estado peruano.
Todo empezó el 2 de junio de 2013 con la resolución de la fiscal antidrogas de Ayacucho, Luz Zuzunaga Silva, quien le otorgó la condición de ‘agente especial’ a Francisco Morales Acevedo (nombre ficticio para cautelar su seguridad), ‘Francisco’, para que colabore con el plan ‘Eclipse Vraem’, que estaba a cargo del mayor de la Policía Antidrogas Segundo Argomedo y del entonces coronel (pasado al retiro recientemente) Vicente Álvarez Moreno, de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).
Ambos oficiales, integrantes del Grupo Especial de Inteligencia que operó en el Vraem, habían detectado que un poblador de Pampas Vista Alegre proveía de suministros básicos a los terroristas, situación aprovechada por los policías para conminarlo a colaborar a cambio de evitar una acusación penal contra él y su familia por colaboración con el terrorismo. Además, le ofrecieron pagarle recompensa, refirió una fuente que pidió no ser identificada.
Luego, los policías pidieron a la fiscalía a cargo que tramite ante el juez penal de la jurisdicción la autorización del levantamiento del secreto de las comunicaciones de dos celulares: el que utilizaba ‘Alipio’ y el proporcionado al agente especial ‘Francisco’, según consta en las resoluciones fiscales.
Los primeros días del mes de julio del mismo año, el terrorista realizó una visita al colaborador en su casa, en el poblado de Pampas Vista Alegre, en donde le pidió adquirir dos radios Handy. Se comprometió a recogerlos la segunda quincena de agosto.
‘Francisco’ comunicó del pedido a los policías y le requirieron que viaje a Huamanga. En el encuentro, que se realizó en un hotel, le entregaron dos radios Handy inoperativas. Los aparatos, según nuestro colaborador, habrían estado cargados de explosivos napalm. Además, le entregaron dos revólveres y una pistola para que los utilice en caso de que peligrara su vida; el encuentro está consignado en una resolución fiscal.
En la declaración del 23 de agosto del mismo año de Francisco Morales Acevedo ante la Fiscalía de Ayacucho, este sostiene que el sábado 10 de agosto del 2013 lo llamó ‘Alipio’ para preguntarle si ya tenía las “piezas” (radios Handy) y este le confirmó.
También dijo: “El domingo 11 de agosto de 2013, al promediar las seis de la tarde, mis vecinos agricultores me comentaron que los ‘tíos’ (terroristas) estaban en la zona, y al promediar las diez de la noche llegaron a mi domicilio tres terroristas que cargaban unas pesadas mochilas, los saludé y al momento de ingresar a mi domicilio escuché a ‘Alfonso’ gritar “enemigos” y empezó la balacera. Atiné a huir y a buscar refugio con mi familia, que la tenía escondida a unos 200 metros”.
Añadió que luego escuchó una fuerte explosión que provino de su vivienda y “pude apreciar que el fuego lo consumía hasta dejarlo cenizas. Al cabo de 20 minutos llegaron dos helicópteros que me evacuaron con mi familia al fuerte Pichari”.
Esta última parte de la historia narrada por ‘Francisco’ ante la Fiscalía fue en parte el argumento usado por las autoridades ante los medios de comunicación. Es decir, que como resultado de la emboscada perpetrada por las fuerzas del orden, se produjo una explosión que acabó con la vida de los terroristas. El gobierno felicitó al Grupo Especial de Inteligencia a cargo del operativo y extendió su gratitud al mentor del grupo, el ex viceministro Iván Vega.
En las fotografías tomadas por los militares que participaron en la acción se observa un antes y un después. En las imágenes iniciales luego de la explosión se aprecia los cuerpos calcinados de los subversivos y parte de la vivienda de madera que aún se mantenía en pie, pues el fuego había sido focalizado.
Luego, en otra fotografía del día siguiente, que coincide con la difundida por algunos medios, recién se ve ahí el área de la vivienda en cenizas, no como dijo el ‘agente especial’, que vio todo así tras acabar el operativo.
Según nuestros informantes, las fuerzas del orden terminaron de quemar la estructura para borrar toda huella.
Otros cabos sueltos que hacen dudar de la versión de la emboscada militar son que no se reportó la destrucción de armas producto del incendio, pese a que en una imagen se aprecia dos revólveres y una pistola. ¿Acaso fueron las que usaron ‘Francisco’ y su familia para ultimar a los terroristas?.
La recompensa dada por esta operación habría sido cobrada, en efectivo, por 11 personas en la Dircote, luego que Iván Vega coordinara los fondos.

Por Carlos Neyra- Diario Perú21.
En nuestra nota de ayer, bajo el título “¿Un agente especial abatió a ‘Alipio’ y ‘Gabriel’ en el Vraem?”, dimos a conocer detalles desconocidos hasta la fecha del operativo militar-policial ‘Camaleón’ que pusieron en tela de juicio la versión oficial proporcionada el 12 de agosto del 2013 por el ex presidente Ollanta Humala.
Este episodio tiene una segunda parte, consignada en diversos documentos de la Fiscalía a los que Perú21 tuvo acceso. Se trata del cambio repentino de la fiscal antidrogas de Ayacucho, Luz Zuzunaga Silva, quien tenía a cargo las investigaciones del caso (denominado Eclipse Vraem).
Ella fue reemplazada por la magistrada supraprovincial de Huánuco, Eneida Aguilar Solórzano, quien labora a más de 850 kilómetros de la base militar de Pichari, lugar donde se instaló el centro de operaciones que se usó para abatir a ‘Alipio’ y ‘Gabriel’.
Aguilar fue trasladada hasta ahí en un helicóptero con el único propósito de dar legalidad a la acción militar que acababa de ocurrir.
Los hechos se remontan al 10 de agosto de 2013, cuando los agentes antidrogas recibieron la llamada del ‘agente especial’ Francisco Morales Acevedo ‘Francisco’, en la que informó que ‘Alipio’ estaba camino a su vivienda, en el poblado de Pampas Vista Alegre, hechos que fueron reportados a la fiscal antidrogas de Ayacucho, Luz Zuzunaga, y al Comando Especial (CE) Vraem.
Tras conocer esto, Zuzunaga convoca a una reunión de urgencia para definir detalles con el CE Vraem. Sin embargo, en lugar de encontrar facilidades, su labor fue entorpecida por el comando, quien le informó que el plan de operaciones ‘Camaleón’ había sido clasificado como secreto, negándose a proporcionarle información. La fiscal quedaba así fuera de la escena.
La fiscal antidrogas decidió insistir y en otra resolución dispuso que el fiscal supraprovincial de Pichari, Alfredo Casavilca, sea quien la reemplace en la investigación por la proximidad al lugar de los hechos y por la competencia jurisdiccional.
El día del operativo, el 11 de agosto del 2013, entre los tripulantes de los dos helicópteros que partieron a Pampas Vista Alegre no hubo ningún fiscal, según un colaborador de este diario y fuentes de la Fiscalía.
Explicaron que esto se puede corroborar con el registro de vuelos de aquella fecha y la relación de personas que fueron trasladadas a la zona de operaciones.
Los cadáveres carbonizados llegaron a la base militar de Pichari a la primera hora del lunes 12 de agosto. Los militares y policías entorpecieron la participación del fiscal Casavilca.
Zuzunaga no accedió a ningún tipo de comunicación sino hasta las 2 de la tarde, cuando el fiscal superior Víctor Cubas Villanueva la llamó por teléfono para indicarle que la fiscal de Huánuco, Eneida Aguilar Solórzano, iba a asumir la responsabilidad de las operaciones. Este episodio fue narrado por la propia Zuzunaga en la Resolución Fiscal N° 6.
En el mismo documento, se consigna que los militares trasladaron –14 horas después de producido el hecho– en helicóptero desde Huánuco hasta Pichari a la magistrada Aguilar y desde Lima a un equipo de biólogos forenses de la Fiscalía. Los ciudadanos y los medios de prensa que llegaron a Pampas Vista Alegre no tienen registro de actividad fiscal realizada en la misma escena del crimen.

Dejó constancia

En la resolución, del 1 de mayo del 2015, Zuzunaga da cuenta de la irregular actuación de su colega de Huánuco, policías y militares a cargo del operativo. Ahí puso en evidencia que la declaración que dio ante ella –tras el operativo– el agente especial Francisco Morales Acevedo fue inconsistente con la forma en que se habrían producido los hechos.
La magistrada dio cuenta de todo esto al fiscal Cubas Villanueva, quien no se pronunció. Zuzunaga derivó copia de todos los actuados a la Policía, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía para que investiguen la actuación irregular de los policías, militares y de la fiscal Eneida Aguilar. Nada de esto ocurrió.
Consultado por este diario, el magistrado Víctor Cubas Villanueva precisó que él solo se limitó a informar a las fiscales (Zuzunaga y Aguilar) la decisión del fiscal de la Nación de entonces, José Peláez Bardales, quien dispuso ampliar la competencia de la fiscal de Huánuco. Dijo que se tomó esta decisión tras una reunión de alto nivel con el Comando Vraem.
La magistrada Eneida Aguilar Solórzano dijo: “Ese operativo está judicializado. Llego al operativo porque se nos amplió la competencia en julio del 2012 para el Vraem, porque el terrorismo en el Huallaga había disminuido tras la captura de ‘Artemio’. Llegamos a la zona el mismo día y realizamos una inspección técnico-policial al día siguiente; si no me equivoco, con peritos y prensa. La fiscalía a mi cargo ha participado en la operación Albergue, en julio del 2012; operación Nuevo Horizonte, donde muere el camarada ‘William’; el operativo Mantaro, en Ranrapata; Camaleón, y otros hasta mayo último”.

Grupo Especial de Inteligencia Contra la Criminalidad Organizada (Geicco)

Por Carlos Neyra- Diario Perú21.
Este diario dio cuenta en sus dos últimas ediciones de las irregularidades en las que habrían incurrido las autoridades que tuvieron la responsabilidad de la operación militar-policial ‘Camaleón’, donde fueron abatidos los cabecillas terroristas ‘Alipio’ y ‘Gabriel’.
Como se sabe, y según lo explicó el entonces presidente Ollanta Humala el 12 de agosto del 2013, estas acciones estuvieron a cargo del Grupo Especial de Inteligencia –que no perteneció a la estructura de la Policía–, el cual estaba bajo el mando del ex viceministro del Interior Iván Vega.
Según una fuente policial, las coordinaciones del grupo se realizaban en el despacho de Vega, donde participaron el coronel Vicente Álvarez (Dircote) y el general Vicente Romero (Dirandro), actual jefe de la Policía.
Pues bien, según documentos a los que accedió Perú21, al menos cuatro oficiales y siete suboficiales de la Policía que integraron el Grupo Especial de Inteligencia Contra la Criminalidad Organizada (Geicco) –investigados por presuntas ejecuciones extrajudiciales del denominado ‘escuadrón de la muerte’– habrían sido también parte del equipo que efectuó operaciones en el Vraem y en el Huallaga, entre ellas ‘Camaleón’.
Los oficiales –que aparecen consignados en un informe secreto (Plan de Operaciones 02 “Nexos criminales”), del 1 de julio del 2013– son Vicente Álvarez, los coroneles José Baella Malca y Juan Padilla Alvarado y el comandante Raúl Prado Ravines. Este plan de operaciones amplió los objetivos de la lucha contra el narcoterrorismo hacia la delincuencia común y organizada.
Dichos mandos trabajaron en el 2013, como parte del Geicco, en la Dircote, y fueron consignados en el Informe 08-2015 de la Inspectoría de la Policía –cuando investigó las ejecuciones extrajudiciales– reseñando que anteriormente habían sido destacados para operaciones en el Vraem.
En otro documento (Oficio 394-2013-DIGIMIN–OFAD-UP, del 3 de julio de 2013) se dejó constancia del destaque de Prado Ravines y de los suboficiales César Cutti, Luis Mio, Edgardo Vilela, Luis Olivares, William Castaño, Fernando Chuquisengo y Eduardo León, de la Dirección General de Inteligencia del Mininter hacia la Dircote, a pedido de Álvarez Moreno, pues se gestaba un golpe al narcoterrorismo.
Este cambio repentino de colocación de los agentes policiales ocurrió 40 días antes de la operación ‘Camaleón’.
Los siete suboficiales destacados a la Dircote también están siendo investigados por las presuntas ejecuciones extrajudiciales denunciadas recientemente, según informó la Policía Nacional. Como vemos, la historia no está cerrada.

Álvarez deslinda responsabilidad

En una entrevista al programa Cuarto poder, el último domingo, el general en retiro Vicente Álvarez Moreno reconoció que el comandante Raúl Prado Ravines trabajó bajo sus órdenes a partir de julio del 2013. “En el 2013 me hago cargo de la Dircote. Entonces, en el 2010, 2011 y 2012 y hasta julio del 2013, Prado no trabajó bajo mis órdenes”. Enfatizó que no pone las manos al fuego por nadie. También sostuvo que él no creó el grupo -denominado inicialmente como Escuadrón de la Muerte-. Refirió que Prado llegó a su unidad (Dircote) en calidad de apoyo, pues adujo que tenía otros jefes que no han sido mencionados hasta la fecha. Este diario buscó la versión de Álvarez a través de distintas vías, pero no respondió.
La Dirección de Información de la PNP señaló que el personal en actividad mencionado en esta nota se encuentra investigado por la Fiscalía y no puede emitir opinión al respecto.