El Tribunal Constitucional señaló que el testamento de José de la Riva-Agüero de 1934, del cual se valía la PUCP para asumir el control total de los bienes legados, es ineficaz y el que regula la herencia de Riva-Agüero es el de 1938.
A pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) falló de manera definitiva a favor de que la Arquidiócesis de Lima participará activamente en la administración de los bienes legados por don José de la Riva-Agüero a la Pontificia Universidad Católica (PUCP), dicho órgano constitucional tuvo que volver a pronunciarse reiterando que su fallo debe ser cumplido por ser vinculante. La nueva sentencia responde a las pretensiones de la citada casa de estudios, que desconoció la sentencia emitida en abril último y trató de impedir que algunos juzgados -que ven demandas entre la PUCP y el Arzobispado- tomen conocimiento de aquel fallo.
Cabe precisar que uno de estos casos está en el 16º Juzgado Civil de Lima, en el cual la universidad entabló una demanda de interpretación del testamento de Riva-Agüero pero se oponía a que se le remita a esa instancia una copia de la sentencia del TC, alegando que dicho proceso era independiente del caso resuelto por el colegiado.
Sin embargo, el órgano constitucional, en resolución expedida el pasado 12 de julio sobre la sentencia 03347-2009-PA/TC, ordenó “que se remita copia certificada al 16º Juzgado Civil de Lima a fin de que éste actúe de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional”.
UN SOLO CASO
Según el abogado de la Arquidiócesis de Lima, Natale Amprimo, con este nuevo fallo el Tribunal Constitucional les volvió a dar la razón, pues la PUCP quería llevar los procesos pendientes en el Poder Judicial como “casos distintos”, pero se ha resuelto que “el juzgado debe cumplir con todo lo dispuesto en la sentencia, incluyendo sus considerandos y la parte resolutiva”.
“Se ratifica la controversia resuelta por el Tribunal Constitucional y que el juez civil sólo debe resolver conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional; y por tanto, esa versión equivocada de sostener que la sentencia (del Tribunal Constitucional) no obligaba a nada, queda totalmente desvirtuada”, sostuvo Amprimo.
PROCESO DISCIPLINARIO
Pero la nueva resolución, además de dejar sentada la posición del Tribunal Constitucional, también dispone demandar ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima al abogado de la PUCP Martín Mejorada, a fin de que se le procese disciplinariamente.
Ello a raíz de la “actuación inaceptable” de Mejorada, quien en un escrito presentado el 3 de mayo ante el 16º Juzgado Civil de Lima indica que los magistrados del Tribunal Constitucional actuaron de manera “parcializada” al resolver a favor de la Arquidiócesis: “Así tenemos que en el escrito (…) le solicita tener presente que la sentencia del Tribunal Constitucional constituye una clara intromisión en materias no constitucionales. Su pronunciamiento sobre el fondo de la controversia es un acto contrario a la Constitución, en clara parcialidad con una de las partes“, según el documento.
Ante ello, el Tribunal Constitucional instruyó a su procurador a llevar adelante los procesos ante las instancias correspondientes.
Respetemos la última voluntad de Riva-Agüero, quién buscó fortalecer la enseñanza universitaria católica
Fortalecer la enseñanza universitaria con una orientación católica, dentro del espíritu de la Iglesia, fue el propósito de José de la Riva-Agüero y Osma para convertir a la Pontificia Universidad Católica del Perú en principal heredera de su fortuna, recordó el historiador José Agustín de la Puente y Candamo: “Él era un católico convencido y militante, y su legado testamentario en favor de la Universidad Católica es uno de los más importantes en la historia del Perú republicano, quizá el más importante”. Se trataba de propiedades urbanas valiosas y de la hacienda Pando, donde se levanta la Pontificia Universidad Católica del Perú, en San Miguel.
José de la Riva-Agüero y Osma (1885-1944) descendía de importantes familias de origen virreinal, de las cuales heredó esa gran fortuna que legaría a la Pontificia Universidad Católica del Perú, al no tener herederos forzosos. Fue alumno distinguido de La Recoleta y de San Marcos. Ganó prestigio con sus tesis “El carácter de la literatura en el Perú independiente” y “La historia del Perú”, así como con su libro “Paisajes peruanos”.
Vivió en el exilio durante el régimen de Leguía (1919-1930) y a su retorno fue Primer Ministro de Benavides y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Según el abogado y sociólogo Eduardo Jiménez Jiménez:
1) Jamás existió una amenaza contra la propiedad de la PUCP. Unas comunicaciones no entrañan un peligro inminente ni vulneran un derecho.
2) La vía de amparo no era la más idónea para aclarar la controversia.
3) La PUCP arriesgó demasiado en la acción de amparo cuando no tenía bases sólidas para ganar el proceso.
4) En materia de derecho sucesorio, cuando existen dos o más testamentos, prevalece el último, dado que expresa la voluntad final del testador.
5) El Tribunal Constitucional como órgano supremo en materia constitucional –y el derecho a la propiedad es un derecho elevado a estatus constitucional- estaba facultado para examinar “el fondo del asunto” en el proceso de amparo, es decir la voluntad de Riva Agüero reflejada en los testamentos.
6) La voluntad del testador –Riva Agüero- era evidente: Disponer de una administración perpetua de los bienes que dejaba en herencia a la Universidad, para lo cual constituía una administración con un representante del propio Arzobispado.
7) Por tanto el “acuerdo” de 1994 era ineficaz dado que contravenía la última voluntad del testador.
El legado pluralista de la Universidad Católica
Por Salomón Lerner Febres.
No es frecuente en nuestro medio que el destino de una universidad sea objeto de inquietud pública. Ha llegado a serlo, en el caso de la Universidad Católica, por su indudable relevancia en la vida pública del país. Tal importancia reposa no solamente en su contribución intelectual sino también en su compromiso con el desarrollo nacional y, como lo evidenció en los últimos años, con la defensa de la democracia.
Precisamente en razón de esa trascendencia, sería deplorable que la controversia actual se redujera a su aspecto patrimonial, aunque ello sea el contenido del contencioso judicial que hoy opone a la Universidad Católica con el Arzobispado de Lima. Lo que está en juego involucra un tema más amplio y decisivo: el futuro de una institución que es modelo de excelencia académica y, sobre todo, paradigma del pluralismo, de convivencia creativa de diferencias que se reencuentran siempre en el respeto y la tolerancia mutuos. Ese pluralismo ajeno a dogmas y a arrebatos autoritarios, y dispuesto a la solidaridad, es el mejor don que la Universidad Católica hace al país, y es preciso defenderlo.
Probablemente, cada persona que ha pasado por nuestra Universidad tiene una historia que contar sobre esa experiencia de diversidad. En mi caso personal, encuentro una preciosa continuidad entre mi historia familiar y la historia que después he vivido como estudiante, profesor y rector de esa universidad. Soy hijo de un padre judío y de una madre cristiana y católica. Mi padre fue un fiel practicante de su religión e inclusive un referente de la comunidad judía en Arequipa. Ello no le impidió, sin embargo, instaurar en el seno de su familia el principio de libertad y de tolerancia que, a la larga, nos llevó a mis hermanos y a mí a tomar opciones religiosas distintas. Mi hermano mayor optó por el judaísmo. Mi hermana, recientemente fallecida, abrazó el catolicismo con una pasión tal que la condujo a incorporarse a la Legión de María. También yo, educado en el colegio de los hermanos de La Salle, hallé en el cristianismo y el catolicismo mi camino espiritual sin dejar de reconocer por ello el valor del judaísmo. Así lo sentí desde muy temprano, y esa convicción se ha fortalecido con el paso de los años, en la vivencia intelectual y familiar, en la forma de un cristianismo entendido como el seguir el modelo de vida de Jesús y de sus enseñanzas de humildad, tolerancia, solidaridad con los pobres y los débiles y amor a la verdad. Ese cristianismo es todo lo contrario de la búsqueda de poder y del culto del autoritarismo, ídolos falsos que empequeñecen nuestras existencias.
Llegar a la Universidad Católica a muy temprana edad fue, para mí, descubrir que esa vivencia familiar de pluralidad y reconocimiento mutuo podía ser también la esencia de una comunidad intelectual. Desde que ingresé a la Universidad, hace ya 50 años, y a lo largo del tiempo, mientras asumía la docencia o ejercía el rectorado, no he dejado de experimentar como su bien más valioso esa atmósfera de libertad convertida en norma de convivencia entre personas dedicadas al cultivo del saber sin prejuicios, sin sentirse atadas por dogmas ni reducir el conocimiento a un medio para el beneficio económico. Esa libertad y ese espíritu creativo los he visto reflejados en todos los ámbitos de la vida universitaria: reina en las aulas y en los planes de estudio, lo mismo que colorea la vida cotidiana más allá de los salones de clase: en los jardines y comedores donde los jóvenes aprenden el arte de la discusión respetuosa, y, desde luego, en las actividades culturales que ellos organizan y que imprimen al claustro una vitalidad siempre renovada.
Existe una estrecha conexión entre este cultivo del pluralismo y la reconocida excelencia de los profesionales que la Universidad Católica forma desde hace casi un siglo. La formación profesional que ella brinda se plantea siempre como un emprendimiento intelectual y como una opción ética. Ello permite que nuestros profesionales sean, además de expertos en sus especialidades, personas con un definido compromiso cívico. Y aunque se multiplique varias veces aquello que materialmente realiza de manera generosa, aun así es muchísimo más lo que ella ha dado que lo que ha recibido. Por ello, la contribución de la Universidad Católica a la vida nacional no podría ser medida según las pautas de un patrimonio más o menos acrecido por medio de inversiones. La contribución que la Universidad hace, y el empleo que ella ha sabido dar a la dotación recibida hace casi setenta años, es inmensurable, pues se manifiestan en la tarea de sus egresados en múltiples campos del saber.
Hay quienes pretenden sostener que por el hecho de no imponer una formación estrictamente confesional, nuestra Universidad es infiel a su origen y su esencia cristiana y católica. Tal punto de vista revela una equivocada concepción de nuestra fe, una deformación del cristianismo que lo quiere entender como voluntad de poder y de regimentación de las existencias humanas, y no como lo que señala el modelo de vida de Jesús: una exaltación de la humanidad como abocada a una salvación centrada en el amor, la solidaridad, la humildad, la preocupación por los débiles y la defensa a ultranza de nuestra dignidad humana.
El compromiso de la Universidad Católica con el desarrollo del país y su determinación a alzar la voz en contra del autoritarismo y de la corrupción y en defensa de los derechos humanos es y seguirá siendo una forma inequívoca de expresar esa identidad cristiana. Esa expresión se alzó ya cuando otros que tenían la obligación de pronunciarse a favor de los desvalidos, prefirieron callar e incluso ponerse del lado de la fuerza, la arbitrariedad, el abuso y la corrupción.
La fuerza moral de la Universidad Católica proviene de esa vocación cristiana y del encuentro entre ella y su apertura a la modernidad, a la renovación. Sólo se renueva quien sabe examinarse a sí mismo. Y solamente practica el autoexamen quien está despierto a la existencia de los otros, quien los ve como prójimos que nos imponen responsabilidades.
La fe, la esperanza y la caridad, esas virtudes que hermanan a los católicos, nos abren siempre las puertas al diálogo y al respeto escrupuloso de la justicia. Es por esas puertas que se puede llegar al reconocimiento de nuestra autonomía responsable y de los frutos que rinde desde hace décadas la tarea formativa que realiza desde hace décadas la Universidad Católica en observancia de los valores evangélicos que la definen.
El espíritu de la PUCP
El notable pensador, escritor, historiador y ensayista José de la Riva Agüero y Osma (1885-1944) fue el principal benefactor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que hoy se encuentra enfrascada en un proceso judicial con el Arzobispado de Lima.
Ferviente católico, De la Riva Agüero creó esa casa de estudios junto al padre Jorge Dintilhac, Víctor Andrés Belaunde y otros intelectuales que consideraban que la doctrina cristiana no se opone a la libertad de cátedra. Soltero y sin descendencia, legó testamentariamente su fortuna para que esa casa de estudios sobreviviera en el tiempo y fue su voluntad que el Arzobispado de Lima velará por esos bienes.
En días recientes circuló una carta firmada por destacados intelectuales internacionales, en la que expresaban su natural inquietud porque “Como académicos, vemos con preocupación que el proceso judicial entre el arzobispado y la PUCP pueda dar lugar al control de la universidad por personas cuyas nociones de libertad académica difieren profundamente de los valores pluralistas y democráticos de dicha universidad” (refiriéndose al cardenal Cipriani y su pertenencia al Opus Dei).
Entre los firmantes de esa carta figuran, sin embargo, Sabine MacCormack, profesora de la cátedra Reverendo Theodore Hesburgh CSC, Guillermo O’Donnell, profesor emérito de la cátedra Helen Kellogg de Estudios Internacionales, y Scott Mainwaring director de esa misma cátedra. Tres intelectuales vinculados a la universidad estadounidense de Notre Dame (Nuestra Señora) fundada en 1842 por la Congregación de la Santa Cruz, en cuya página web se lee: “Una universidad católica busca su inspiración básica en Jesucristo como la fuente de sabiduría y de la convicción de que en él todas las cosas pueden ser completadas”.
Según Notre Dame, un centro académico católico debe ser: “un lugar de enseñanza e investigación, de becas y publicación, de servicio y comunidad. Estos componentes fluyen de tres características del catolicismo romano, la imagen de Jesucristo, su Evangelio y su Espíritu”. Notre Dame tiene por presidente emérito al sacerdote Theodore Hesburgh, premiado en 1982 por sus “sobresalientes contribuciones al ministerio de la educación religiosa en América” y desde 1961 es miembro honorario de la fraternidad católica KÖHV Alpenland, de Austria, cuyos principios son: Religión, Patria, Ciencia y Amistad.
Se observan también las firmas de Francisco Diez y Julia V. Ibarne, de la Pontificia Universidad Católica Argentina, cuyo presidente es el excelentísimo reverendo cardenal Jorge Mario Bergoglio, el par jesuita de monseñor Cipriani.
La Universidad Católica de Argentina asume como misión —al igual que la Iglesia— “evangelizar la cultura y las culturas”. Constituida por el Episcopado “se reconoce a sí misma instrumento privilegiado en este empeño evangelizador, según las claras enseñanzas del Concilio Vaticano II […] los estudios y enseñanzas se han de realizar e impartir a la luz de la Fe, es decir, del reconocimiento de la Verdad Revelada, de tal forma que la actividad sea presidida e inspirada por dicha verdad, que se encuentra en la Sagrada Escritura y en la Tradición”.
Muchas universidades en el mundo inspiran su cátedra en las enseñanzas cristianas con excelencia académica, pluralidad y tolerancia. Un caso emblemático es la reputada Universidad de Georgetown, en Washington D.C., fundada por el sacerdote jesuita John Carroll en 1773 “con la meta de asegurar el futuro del catolicismo americano a través de la educación […]. Carroll veía a Georgetown como una academia rigurosamente católica con una diversidad en su cuerpo estudiantil”. Hoy se precia de “contribuir con la tradición intelectual católica”, de contar con la biblioteca católica más grande del hemisferio y de brindar servicios espirituales para las diversas tradiciones de los estudiantes. Entre los destacados ex alumnos de este claustro sobresalen hoy el ex presidente Bill Clinton; Laura Chinchilla, la primera presidenta de Costa Rica; el rey Abdullah II de Jordania, entre muchos otros.
El enfrentamiento judicial entre la PUCP y el Arzobispado de Lima es por una cuestión técnica y legal, y allí debe centrarse el debate: ¿Se cumplirá o no la voluntad de José de la Riva Agüero?
Fuente: Editorial Diario El Comercio.
¿Es la PUCP una institución plural, democrática, esencialmente autónoma y fiel a sus ideales, en nuestro caso los ideales católicos concordes con los lineamientos de la doctrina social de Iglesia?
Las instituciones pueden convertirse en oligarquías, por eso la Asamblea Universitaria existe para intercambiar puntos de vista, no como adorno democrático.
El Presidente Emérito del Pontificio Consejo para la Cultura, Cardenal Paul Poupard, recordó que en la Universidad Católica debe primar “la formación integral de la persona” y que un centro de estudios superiores no puede convertirse “en una mera fábrica de titulados“.
Durante el evento “Universidad Católica: ¿nostalgia, mimetismo o nuevo humanismo?“, organizado por el Instituto John Henry Newman de la Universidad Francisco de Vitoria, explicó que “la universidad no puede plegarse a las exigencias del mercado y convertirse en una mera fábrica de titulados”, pues su misión “es el servicio apasionado de la verdad“.
El Cardenal también recordó que en la Universidad Católica debe primar “la formación integral de la persona, que integre los distintos saberes”, porque solo buscando el crecimiento del ser humano se evitará “un mundo dominado por expertos sin alma“.
“La misión de la Universidad Católica no está completa si no aspira a la evangelización“, afirmó el Cardenal Emérito, quien llamó a los profesores universitarios a “ser maestros de sus alumnos y no sólo docentes”.
“El porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar”, aseguró.
Por su parte el Arzobispo Emérito de Pamplona y Tudela, Mons. Fernando Sebastián, disertó sobre “la Universidad Católica en un mundo laicista”, en la que se refirió al Proceso de Bolonia que “busca un modelo de Universidad con unos rasgos comunes que sean válidos para toda Europa, cuando no sabemos muy bien qué es lo que Europa quiere ser”.
Advirtió que el problema crece en el caso de las Universidades Católicas porque “lo religioso (y católico) provoca en estos momentos un rechazo inexplicable”, como si universidad y católico fueran dos conceptos incompatibles, pese a que “la universidad nació del corazón de la Iglesia“, tal como recordó el Siervo de Dios Juan Pablo II.
El Arzobispo llamó a demostrar que la condición de católica de una universidad “es un plus que estimula su labor investigadora (…), despierta el amor a la verdad y el deseo de aprender, facilita la comunicación y consolida la disciplina y la honestidad en el trabajo y la convivencia“. Es urgente, señaló, “recuperar el prestigio cultural de la fe” porque es el principio de la vida y de la creatividad cultural de un pueblo.
Mons. Sebastián llamó a un diálogo permanente entre los centros católicos y no católicos sobre los fundamentos históricos, filosóficos y políticos, de los riesgos del laicismo y de los nacionalismos.
El Dr. Luis E. Bacigalupo Cavero-Egúsquiza sostiene que: “una Universidad Católica es la institución dentro de la Iglesia llamada a contribuir con el equilibrio de las tensiones internas que necesariamente la afectan en la era de la secularización. Sin la contribución de las ciencias humanas, sociales y exactas, la evangelización de la cultura carecería del aporte sustantivo que le otorga la razón a la fe. Y viceversa, sin el aporte de la fe de Cristo, la razón universitaria podría no enfrentar de manera suficientemente crítica los impactos para el ser humano de la progresiva pérdida del sentido de lo divino“.
Cardenal Cipriani: “En la Católica las pensiones son un poco altas“
Entrevista de Martha Meier Miró Quesada.
El tema de la Universidad Católica sigue dando que hablar…
Es importante una brevísima referencia. La Católica fue fundada en 1917 por el padre Dintilhac, con un grupo de sus amigos, todos ellos muy católicos. Lo primero que hacen es pedirle al arzobispo que la reconozca. No fueron al ministerio porque no había entonces universidades privadas. El Arzobispo de Lima los acoge y les da personería jurídica. Así nace la Católica con Dintilhac, Víctor Andrés Belaúnde, Riva Agüero, con una propuesta católica en la educación superior, totalmente compatible con la libertad de cátedra. La propuesta de la universidad está contenida en lo que es su estatuto original. Como la universidad es Pontificia, libremente desde el año 1942, su estatuto debe aprobarse por la sede que el Papa tiene en Roma, por la Congregación de Educación Católica.
¿Y el estatuto ha sido aprobado por Roma?
No, porque encuentran que no está conforme con las normas de la Iglesia. A mí, por ser obispo del lugar, me piden realizar esa verificación. Pedí los estatutos, hice unas observaciones y busqué un diálogo sobre ellos porque Roma lo solicitó, pues se trata de una universidad Pontificia y Católica. Y eso lo convierten en una supuesta amenaza de captura ideológica de la universidad por el Opus Dei.
¿Pero la voluntad de Riva Agüero no está plasmada en un testamento?
Así es, hay que leer el testamento del señor Riva Agüero. ¿Cómo voy a inventar yo que en el testamento le dice al Arzobispo que haya una junta que está formada por el rector y por el designado para ver la administración de toda su herencia? Y no por veinte años sino de modo insustituible y a perpetuidad. Eso es lo que dice, pero la Universidad Católica optó por la vía judicial.
¿Entonces no lo quieren por allí?
Uno se pone a pensar por qué hay este temor por poner en práctica una junta de administración. Solo se trata de revisar el movimiento económico realizado con el patrimonio de Riva Agüero desde 1994 a la fecha. Y seguir funcionando como se hizo desde 1944 a 1994. Se dice que los anteriores Arzobispos nunca tuvieron problemas. Y yo digo no engañen a la población. El señor Cardenal Landázuri, con mucho dolor, tuvo que retirarse.
¿Por qué se retiró el Cardenal Landázuri?
Uno de los profesores, hoy el doctor Jorge Avendaño, se divorció de su esposa y tuvo un nuevo compromiso con quien hoy es su esposa, que era una alumna o secretaria. Es un hecho personal que nadie va a atacar, pero al Cardenal Landázuri le pareció que ese profesor no debía ser una autoridad y la universidad lo mantuvo. El Cardenal se retiró y esa situación generó un vacío de la presencia del Arzobispo de Lima durante estos años.
Hay mucha resistencia contra usted en esos predios…
Yo no tengo ningún problema con la Universidad Católica ni con los alumnos o los profesores.
Parece que ellos sí…
Entiendo que la actual directiva tiene una fábrica de mentiras para alterar a los alumnos y enfrentarlos al Cardenal. Yo les puedo decir a los alumnos que tengo pasión por la universidad y que la apoyo plenamente.
¿Cuáles serían sus observaciones?
Lo único que podría discutir es que las pensiones son un poco altas, tengo esa impresión. También puedo discutir si la escala de sueldos de los profesores es excesivamente diferente, entre los que ganan mucho y los que ganan poco. Son dos elementos no políticos que deben analizarse. El patrimonio de Riva Agüero permite contar con una cantidad de dinero para apoyar a los que menos tienen. Otras universidades se mantienen exclusivamente con sus pensiones y donaciones, pero la Católica nació con un patrimonio inmenso que seguramente ha sido muy bien invertido y que podría mejorarse.
Ha habido críticas muy duras contra el Opus Dei…
Me ha parecido de poco nivel que el vicerrector Efraín Gonzáles de Olarte se refiriera de manera tan agresiva contra el Opus Dei. Yo lo rechazo y el rector de la Universidad, el doctor Marcial Rubio Correa, debió disculparse, por educación, de manera pública y por escrito.
Tribunal Constitucional rechaza demanda de la PUCP contra Arquidiócesis de Lima
El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo planteada por la Pontificia Universidad Católica del Perú contra Walter Arturo Muñoz Cho, a fin de que éste –en su calidad de miembro de la Junta Administradora de la herencia de José de la Riva-Agüero– se abstenga de intervenir en el manejo de los bienes de la casa de estudios. La sentencia pone fin al litigio que se inició en el 2007 cuando el Arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, afirmó que no se estaba cumpliendo el mandato del intelectual, quien al legar sus bienes pidió que éstos fueran velados por una Junta Administradora integrada por el Rector y un delegado de la Arquidiócesis. La universidad anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Justicia, que preside Diego García Sayán. La Defensora del Pueblo, Dra. Beatriz Merino, opinó que la sentencia del Tribunal Constitucional debe ser acatada y cumplida por la Pontificia Universidad Católica del Perú aunque no se esté de acuerdo con la misma.
La propiedad plena es compatible con velar por la buena administración
Natale Amprimo, representante legal de la Arquidiócesis de Lima en la controversia con la PUCP, se mostró satisfecho con el fallo del Tribunal Constitucional de la República, pues “la verdad se abrió paso”.
También consideró sin fundamento los temores respecto a que la Arquidiócesis de Lima interferirá en las políticas educativas. “No dirá cómo vestirse o no, qué curso dictar o no”, pues la resolución se refiere solo a la administración de los bienes que Riva-Agüero dejara en su testamento. “Se le ha restablecido al Arzobispado su derecho. Lo primero que se hará será pedir cuentas de las acciones administrativas que se han realizado en los últimos años”, dijo.
Por otro lado, la Junta Administradora también podrá pedir cuentas de los bienes que hayan sido adquiridos con las ganancias generadas a partir de los bienes heredados por Riva Agüero. Según Amprimo, todo aquello que no figura en el testamento y que ahora pertenece a la universidad pasará por una auditoría para determinar si debe ser o no administrado por la junta.
Aunque la PUCP anunció que apelará a instancias internacionales, Amprimo ha señalado que esto es imposible. “Están reaccionando con el hígado, y seguramente con la idea de darle largas al cumplimiento de la sentencia, pues no hay instancia internacional que acepte la demanda de personas jurídicas”, señaló.
El abogado dijo que sus representados aún no tenían fecha para solicitar las auditorías pertinentes. “Todos los bienes y el capital se administrarán de manera transparente”, anticipó.
Hacer posible lo necesario
Nuestro litigio con el Arzobispado y la CIDH
Francisco Antonio de Zela Martínez
Profesor del Departamento de Ciencias, Sección Física
El 20 de mayo, los profesores de Ciencias e Ingeniería asistimos a una reunión convocada por el Rectorado, cuyo propósito fue informar sobre los últimos acontecimientos relativos a nuestra controversia con el Arzobispado. Entre otros temas, se habló sobre la posibilidad –previamente hecha pública– de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En vista de las consecuencias que se derivarían de tomar tal decisión, creo que resulta indispensable que el tema sea discutido ampliamente.
De otro lado, e independientemente de la instancia que finalmente decida si acudimos o no a la CIDH, considero que el asunto debería ser llevado a la Asamblea Universitaria. Así, quienes hemos sido elegidos como sus miembros podríamos transmitir la opinión de aquellos a quienes representamos, además de la propia. Por eso me ha parecido oportuno hacer pública mi opinión sobre el tema, esperando que con ello logre motivar a otros miembros de la comunidad universitaria a expresar sus puntos de vista. En épocas distintas a las actuales, hubiera elegido otros canales para hacer llegar mi opinión a las altas autoridades. Creo, sin embargo, que la salud institucional requiere que ciertos temas sean debatidos públicamente, cuidando de no vulnerar con ello nuestros propios intereses institucionales, especialmente en momentos en los que somos objeto de una serie de ataques malintencionados. Siendo la libertad de expresión uno de nuestros principios más fundamentales, no hay quizás mejor forma de defenderla que a través de su ejercicio permanente. Pero, de tal ejercicio, debemos también dar muestra pública.
Comenzaré repitiendo lo que dije en la reunión antes mencionada. Hice allí un breve análisis, bajo el supuesto de que se acudiría a la CIDH cuestionando el dictamen del Tribunal Constitucional (TC). A falta de mayor información, consideré en aquella oportunidad las dos siguientes posibilidades, como materia de análisis.
Como primera hipótesis, asumí que se le plantearía a la CIDH que impugnara el dictamen del TC. Opiné que tal planteamiento no podría prosperar, dado que a los abogados de la parte contraria les bastaría con señalar nuestras propias declaraciones públicas, en el sentido de que acatábamos el fallo del TC. Si bien jurídicamente quizás estábamos obligados a acatar el fallo, nada nos obligaba a hacer pública la aceptación del mismo, si teníamos previsto pedir su impugnación por parte de otra instancia jurídica.
Como segunda hipótesis, asumí entonces que se intentaría construir nuestro caso en torno a la parte considerativa del dictamen del TC. Nuestra posición oficial es que el TC excedió los límites de su competencia al abordar en su fallo temas que son materia de un proceso judicial que está aún en curso. En mi opinión, al optar por construir un caso basado en la competencia jurídica del TC, estaríamos llevando a la Universidad a enfrentar un nuevo revés, por las siguientes razones. A la CIDH le resulta esencial reafirmar que tiene un poder que para ella es de medular importancia. En los casos que le son sometidos, con frecuencia figuran como parte involucrada los Estados que firmaron el pacto de San José de Costa Rica. Cuando un Estado es acusado de vulnerar alguno de los derechos humanos que la corte ampara, puede ocurrir que ese Estado intente cuestionar la competencia de dicha corte. Ello la ha llevado a reafirmar en repetidas oportunidades un poder que es inherente a su propia naturaleza, en tanto organismo que ejerce funciones jurisdiccionales: el poder de fijar los alcances de su propia competencia. Si la corte dejara a la voluntad de los Estados fijar cuál es su competencia, estaría limitando sus funciones de una forma tal que con el tiempo haría devenir inútil su propia existencia. Si reclama este poder para sí misma, resulta obvio que no cometerá el error de intentar fijarle los límites de su competencia al TC; vale decir, a un organismo que, al igual que la propia CIDH, cumple funciones de cuya naturaleza emana el poder aludido.
Hay, sin embargo, una tercera opción que no consideré y que es la que en realidad tenía en mente el Rectorado, según lo dio a conocer mediante su respuesta a mis comentarios en la citada reunión. Se dijo que se buscaría construir un caso en torno al tema de la “libertad de enseñanza” o “autonomía universitaria”. Es cierto que la libertad de enseñanza es un derecho reconocido por la CIDH; sin embargo, una cosa es que a partir de él podamos construir un caso y otra muy distinta que podamos ganarlo.
A la CIDH son sometidos casos en los que ha habido alguna vulneración de derechos humanos, comprobada y fehacientemente documentada. Ello requiere probar que se han cometido actos tales como asesinatos, detenciones forzadas, torturas, incumplimiento en el pago de compensaciones, opresión de minorías por parte de sectores que hacen abuso de poder, etc. Que yo sepa, no tenemos ninguna evidencia debidamente documentada de que nuestra autonomía universitaria haya sido vulnerada en algún momento. Asumo entonces que se buscará construir el caso en torno a la idea de que el cardenal Cipriani –o el Sr. Muñoz Cho para efectos legales– representa una amenaza a nuestra libertad de enseñanza.
Personalmente, encuentro obvio que si sometemos un caso construido en torno a este tema, el fallo nos será desfavorable. La CIDH no va a sentar jurisprudencia emitiendo un dictamen que esté basado únicamente en consideraciones subjetivas y en suposiciones construidas a partir de la imagen que ante nuestros ojos proyecta Cipriani. Para empezar, la CIDH no va a ver en el Cardenal a esa persona en especial que es Cipriani, sino al Arzobispo de Lima; es decir, a quien ocupa el sitial más alto en la jerarquía eclesiástica peruana. La CIDH, como toda corte con jurisdicción internacional, apela no solo a consideraciones de carácter netamente jurídico, sino también, y a veces primordialmente, toma en cuenta aspectos de política internacional. La CIDH tiene bien claro que no puede poner en riesgo su actual proceso de consolidación internacional, sentando jurisprudencia con dictámenes que pudieran restarle credibilidad.
Nuestro caso, al ser visto desde una perspectiva algo más amplia que la ofrecida por el Fundo Pando, no aparece como uno donde una parte débil e incapaz de defenderse frente a un gran poder decide acudir al ámbito internacional en busca de una justicia que le ha sido negada en su propio país. Nuestro caso será visto más bien –independientemente de las formas que se elijan para presentarlo– como una disputa ligada a una cuantiosa herencia y que involucra a dos poderosas partes: el Arzobispado de Lima y la universidad privada más importante del país. De someter ante la CIDH un caso como este, se estará conduciendo a la Universidad a un fracaso aún más seguro que el que sería de esperar bajo las otras hipótesis antes mencionadas.
Aun poniéndose en el escenario más favorable –en mi opinión imposible de concretarse– de que el dictamen de la corte no fuera contrario a nuestros intereses, lo único que cabría esperar sería un fallo cuya ambigüedad sería tal, que nos resultaría tan útil a nosotros como a la parte contraria. Si, en cambio, el fallo de la CIDH nos resulta desfavorable, tendremos entonces que afrontar una situación sumamente difícil. En el ámbito externo, es de esperar una arremetida mediática de proporciones bastante mayores a las que se dieron luego del revés que nos significó el dictamen del TC. Difícilmente quedará en la opinión pública un sector que nos apoye, si también en el plano internacional es declarado infundado nuestro reclamo. De otro lado, nuestras autoridades verían muy menguada su credibilidad frente a la comunidad universitaria y con ello se configuraría una situación de grave inestabilidad interna, de la que solo sacarían provecho nuestros adversarios.
Hecho este balance, no veo motivo alguno que justifique acudir a la CIDH. Y si a todo esto añadimos los muy cuantiosos gastos que ello implica, no dudo que ir a la CIDH sería un grave error. En todo caso, quienes piensen lo contrario deberían manifestar con claridad qué dictamen se espera obtener al abrir un proceso ante la CIDH, y qué provecho se derivaría de él. Ese provecho debería ser tal que justifique dos cosas: que corramos el riesgo de sufrir un duro revés y que financiemos los altos costos que un proceso de esa naturaleza demanda.
Mis consideraciones son, ciertamente, susceptibles de contener algún error de razonamiento o apreciación. Por ello, me parece indispensable que las mismas sean comparadas con eventuales consideraciones que sustenten la decisión de acudir a la CIDH y que no han sido presentadas aún a la comunidad universitaria. No solo en tanto miembro de esa comunidad –y, por tanto, copropietario de los bienes que constituyen nuestro patrimonio–, sino también en mi calidad de miembro de la Asamblea Universitaria, creo tener el derecho de participar en la toma de una decisión cuya trascendencia es indudable.
Diálogo de Fe
Juan Luis Cardenal Cipriani
“Mi presentación tiene una palabra que presidirá este Diálogo de Fe que es enorme respeto y aprecio por la verdad. La libertad está unida siempre a la verdad. Se habla de justicia que está siempre unida a la verdad. Cualquier argumento que se aleja de la verdad, inmediatamente pierde consistencia.
El hecho jurídico –explicado con bastante claridad- es una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que termina un problema iniciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mucha gente piensa porqué el Cardenal se pelea. El Cardenal no se pelea, ha sido demandado a través de su representante, un excelente ingeniero, el ingeniero Walter Muñoz Cho del cual se han expresado con una falta de respeto permanente y eso está en contra de los elementales medios cristianos de respetar a las personas al margen de su condición, raza o situación económica. El Ingeniero Walter Muñoz merece tanto respeto como cualquiera de los directivos de la PUCP.
Desde aquí quiero resaltar, luego de estos largos tres años, su coherencia, honestidad y paciencia para que como todo ciudadano merezca respeto. El Ingeniero Walter Muñoz es un ciudadano común y corriente que trabaja en el Arzobispado, pero no es un ciudadano de segunda categoría como ha sido habitualmente tratado cuando ha salido en los medios.
La sentencia sale, se habla de hechos jurídicos y frente a este hecho, me pregunto. Si la PUCP hubiese ganado con su posición todo bien, pero si pierdo, peleo. Entonces, ¿esa es la cultura democrática?, ¿eso es tolerancia en que la ciencia jurídica se apoya ese estado de derecho en el que o gano o desconozco?, me parece que deberíamos cambiar de tono, el camino por el cual se están dando, y buscar puntos de encuentro dentro de lo que la sentencia ha señalado.
Gran Canciller de la PUCP
En primer lugar tengo que dirigirme como Gran Canciller. En los estatutos que actualmente tiene la PUCP en el artículo 6 habla de mi persona. Quien está hablando hoy por RPP a toda la comunidad, el pueblo del Perú, es el Gran Canciller de la PUCP, el Arzobispo de Lima y Primado del Perú, ¿cuáles son mis atribuciones?, ejercer la presidencia de Honor de la universidad.
No está hablando el enemigo de la Iglesia, el que quiere capturar la universidad, no está hablando la ambición del dinero, el retrógrado que quiere cambiar, todo eso queridísimos alumnos es falso. No está hablando la persona que quiere usufructuar el patrimonio, porque no puede.
Y dice aquí -en los estatutos- junto a ejercer la presidencia, el Gran Canciller tiene que velar para que la PUCP cumpla sus fines institucionales, ejerciendo las funciones que las normas de la Iglesia prescriben en lo referente a la enseñanza de la teología, a las cuestiones de fe y cuidado pastoral dentro de la sociedad. El estatuto dice claramente cuáles son mis funciones. No mezclemos el tema de la herencia de Riva Agüero en la que hay una persona designada por mí.
Pido desde aquí que los directivos deben no confundir al alumnado, yo soy el Arzobispo de Lima que tengo que buscar la fe y debo llevar la fe a todos los rincones y en este campo concreto de la universidad tengo una atribución de Honor en la que yo he heredado y justamente se dice de una manera poco acertada que nunca han tenido problemas con ningún Arzobispo, solo con el actual.
Quiero recordarles con dolor la situación por la que pasó el Arzobispo Cardenal Juan Landázuri Ricketts que tuvo que retirarse de la PUCP, porque uno de los directivos, hoy asesor legal de la universidad no quiso aceptar una indicación sobre temas de moral personal, lo sabe él, lo sabe la universidad.
El siguiente Cardenal Augusto Vargas no tuvo ninguna dificultad porque la junta fue funcionando mientras él era el Cardenal y cuando se toma ese acuerdo (1994), que no tenemos ningún documento donde el Cardenal Vargas lo aprueba.
Yo tranquilo en mi casa, procurando el bien, yendo al PUCP los primeros años me encuentro de pronto demandado, tengo estas responsabilidades que muy claramente señala el artículo 6º.
Cómo puede decir el Rector de la PUCP, en esta reunión de alumnos el día de ayer, que esto es la ambición de la Iglesia, que el Ingeniero Walter Muñoz es una persona fracasada, que lo que busca él es la libertad, ¿de quién se quiere liberar? Tiene dos lenguajes.
Impecable sentencia del TC
El TC ha hecho una impecable sentencia, de la que casi no se habla, y sin embargo se quiere manchar la dignidad de estos magistrados hablando de presiones, que las denuncien. Pero sí puedo decir que algunos de los asesores de la PUCP han dormido prácticamente en el TC hasta media hora antes de la sentencia, señores un poquito más de honradez.
La transparencia con la que ha trabajado nuestro asesor legal, el Dr. Natale Amprimo, no sé si ha sido igual en el caso de algunos otros miembros de la asesoría legal de la PUCP. Creo que la Universidad se equivocó en este planteamiento jurídico y que al haberse equivocado tiene que asumir una sentencia que no tiene más recursos, puede hacer mil triquiñuelas, pero me parece que deberían cambiar la orientación para buscar los puntos de encuentro, que se darán en la medida que haya un solo lenguaje. Está abierta la posibilidad si hay sinceridad y se acata las normas de la sentencia.
Cumplir con el deber moral que Riva Agüero impone
Tengo una intencionalidad que es cumplir con el deber moral que Riva Agüero impone al Arzobispo de Lima para siempre, y nada más. Cualquier otra sospecha e intriga es falsa de toda falsedad.
El testamento 50 años ha funcionado perfectamente y no ha habido ninguna interferencia ni la habrá. Sí me pregunto ¿el itinerario histórico de lo que hizo el padre Dintilhac y todo ese grupo de gente maravillosa estaría satisfecho de ver hoy cómo se está manejando el criterio de igualdad, de justicia en relación a los sueldos, de pensiones, de diferencia entre los directivos y los demás?
La comunidad universitaria de la PUCP está integrada por miles de alumnos, profesores, ex alumnos, ex profesores y todos tenemos el deber de permanentemente ayudar para que esta universidad siga siendo una gran universidad.
Por tanto yo no tengo que inmiscuirme en si voy a quitar o poner o cambiar, estamos en un estado de derecho en donde hay estatutos, un TC, un testamento, son documentos e instituciones. ¡Levantemos el nivel!
Pienso que en algunos casos hay ironía o cinismo en gente que quiere enfrentarme con la PUCP. Dejemos de lado sospechas, intrigas, movimientos de masas, amenazas, venganzas, ideologías.
Hablemos del hecho medular, hay un patrimonio inmenso legado por Riva Agüero que debe ser trabajado con absoluta transparencia de acuerdo al pensamiento del testador. Si se respeta eso la PUCP no tiene porqué preocuparse sino al revés estar feliz, hacer un buen examen de conciencia para retomar un camino de diálogo en el marco de ir hacia delante. Y dejar de lado una intolerancia que me ha sorprendido. Esperaba una conversación, pero no un lenguaje que azuza y maltrata la figura del Arzobispo, Gran Canciller.
Yo no tengo más que un solo lenguaje, yo no quiero más que lo que se ha dicho en el testamento. Los estatutos de la PUCP, con bastante claridad, señalan el camino de lo que tiene que ser la identidad católica de esta institución y por tanto son dos planteamientos completamente coherentes y armónicos. Desde aquí saludos a los alumnos, profesores y directivos. Y les pido que por respeto a la tradición de 90 años de la universidad se respete la voluntad del testador y la identidad católica de esta universidad.
Si soy el que preside de Honor la universidad me extraña que las autoridades no enseñen a respetar el honor de las autoridades. Un día esos mismos alumnos podrán irse en contra de sus mismas autoridades si no se les enseña a respetar las normas, educación y dignidad a la que todos tenemos derecho”.
La luz brilla en la oscuridad
Con la Constitución “Immensa” de 1588, el Papa Sixto V erigió la “Congregación pro universitate studii romani” para supervisar los estudios en la Universidad de Roma y en otras importantes universidades de esa época, incluidas las de Bolonia, París y Salamanca.
León XII creó en 1824 la “Congregatio studiorum” para las escuelas del Estado Pontificio, que desde 1870 iniciaron a ejercer autoridad en las Universidades Católicas. La Reforma de San Pío X en 1908 confirmó esta responsabilidad. Siete años más tarde, el Papa Benedicto XV erigió en la Congregación la sección para los seminarios que existían dentro de la Congregación del Consistorio, uniéndola a la “Congregatio studiorum”, con la denominación de “Congregatio de seminariis et studiorum universitatibus.”
En 1967, Pablo VI la llamó “Sacra Congregatio pro institutione catholica“. El nombre actual: Congregación para la Educación Católica (en seminarios e institutos de estudio), data de 1988 con la “Pastor Bonus” de Juan Pablo II.
Como todas las Congregaciones, tiene un Prefecto, un Secretario y un Subsecretario, que son respectivamente el Cardenal Zenon Grocholewski, el Arzobispo Jean-Louis Bruguès y Monseñor A. Vincenzo Zani. Tiene 31 Miembros -Cardenales, Arzobispos y Obispos- un equipo de 25 personas y 31 Consultores. Pertenece a esta Congregación la Pontificia Obra de las vocaciones sacerdotales, cuyo Presidente es el Cardenal Grocholewski.
Este Dicasterio tiene autoridad en tres sectores distintos: en los seminarios (con la excepción de los que están bajo la jurisdicción de las Congregaciones para la Evangelización de los Pueblos y para las Iglesias Orientales) y casas de formación de religiosos e institutos seculares; en todas las universidades, facultades, institutos y escuelas de estudios superiores eclesiásticas y civiles que dependen de eclesiásticos; en todas las escuelas e instituciones educativas que dependen de autoridades eclesiásticas.
La actividad de la Oficina para los Seminarios incluye visitas apostólicas a instituciones católicas, preparación para recibir a los obispos cuando realizan las visitas “ad limina”, nombramientos de Rectores y erección de seminarios. Ha elaborado “Directrices sobre la preparación de los formadores en los seminarios” y ha instituido la Comisión Interdicasterial Permanente para una distribución más justa del clero en el mundo. También publica la revista “Seminarium”.
La segunda sección de la Congregación, la Oficina para la Universidad, es responsable de aprobar los Estatutos de centros educativos nuevos o ya existentes, del nombramiento o confirmación de rectores y decanos, de la aprobación o concesión de doctorados “honoris causa”. Debido a una creciente solicitud, ha publicado normas para institutos o universidades que deseaban unirse.
La Oficina para las Escuelas Católicas colabora con otros dicasterios de la Curia Romana sobre cuestiones de interés mutuo, mantiene contactos con obispos y con representantes pontificios fuera de Italia para estar siempre al día sobre los sistemas educativos de todo el mundo, y se relaciona con organizaciones católicas nacionales e internacionales en relación con la educación católica.
Algunas de las cuestiones que estudia esta oficina se refieren a la educación sexual en las escuelas católicas, a problemas relacionados con la enseñanza moral o religiosa en las escuelas públicas, al cierre de escuelas católicas en algunos países y, en otros, al reconocimiento jurídico de las escuelas católicas y de los bienes y propiedades eclesiales.
La Congregación publica todos los años estadísticas sobre las ordenaciones de seminaristas y sacerdotes en todo el mundo, que aparecen en “Actividades de la Santa Sede” y en el “Anuario Pontificio”.
La PUCP en Roma
El Rector y los tres Vicerrectores de la Pontificia Universidad Católica del Perú se reunieron con el Cardenal Zenon Grocholewski, Prefecto de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano, la entidad encargada de los institutos de enseñanza vinculados a la Iglesia Católica en el mundo.
En una reunión cordial, se informó al Cardenal Grocholewski de la situación de la Universidad y de sus tareas como entidad académica y católica. El Cardenal agradeció la visita e hizo varios comentarios sobre la importancia de algunas facultades y sobre el espíritu católico que debe guiar a las Universidades Católicas. Finalmente, el rector lo invitó a visitar nuestra Universidad en un futuro próximo y le entregó un conjunto de documentos institucionales que explican las actividades y avances de la Universidad en materia académica, de investigación y de difusión cultural.
“Estamos muy agradecidos al Cardenal Grocholewski por su amabilidad y por el interés que ha demostrado por nuestra Universidad. Ha sido una reunión muy importante para nosotros como universidad Católica y Pontificia”, dijo el Rector Marcial Rubio Correa tras la entrevista.
Declaraciones del Secretario General de la PUCP
¿Qué significa ser una Universidad Católica?
Una Universidad Católica hace posible el encuentro de la ciencia con la fe y viceversa, sin que ninguna restrinja el desarrollo de la otra. Esto es lo que nos distingue como Universidad Católica.
¿Cómo se manifiesta la identidad católica en nuestra Universidad?
No somos una Universidad Eclesiástica y por eso no contamos con una Facultad de Teología ni impartimos grados o títulos en Teología.
Y en lo político…
En lo político, tenemos representantes de la Iglesia que hacen parte del gobierno de la Universidad: cinco obispos en la Asamblea Universitaria y el director académico de Relaciones con la Iglesia -que es un profesor ordinario designado por la autoridad eclesiástica- en el Consejo Universitario. Como en toda universidad católica, el vínculo mayor lo representa el cargo de Gran Canciller que, siendo propio de la Universidad, lo ejerce el obispo cabeza de la jurisdicción eclesiástica de la sede de la Universidad, es decir, en nuestro caso, el Arzobispo de Lima.
Finalmente, la identidad católica está presente en las normas de la Universidad que definen los fines esenciales de nuestra casa de estudios como institución universitaria católica. Conforme al estatuto universitario, aprobado por la Asamblea Universitaria, nuestra casa expresa su voluntario compromiso institucional con la Iglesia Católica y con su misión. Esto se hace palpable en disposiciones administrativas como, por ejemplo, en el documento que suscribimos todos los profesores que somos incorporados como docentes ordinarios. En él manifestamos nuestra adhesión o respeto a los fines esenciales de la Universidad como institución católica.
¿Qué significa ser una Universidad Pontificia?
Para ponerlo en palabras sencillas, una Universidad Pontificia es una Universidad Católica que ha sido creada o reconocida por la Santa Sede y establece, por tanto, un vínculo privilegiado con el Sumo Pontífice; es ante todo un honor. Esta vinculación se hace patente en dos actos importantes: el de aprobación del Estatuto y el de confirmación del Rector. Estos los realiza la Santa Sede, por medio de la Sagrada Congregación para la Educación Católica que cumple un papel en la Iglesia equivalente a un “ministerio de educación”.
¿Qué es la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, promulgada por la Santa Sede?
Es un documento oficial de la Iglesia dado por el Papa Juan Pablo II en 1990 para regir a las universidades católicas. Tiene dos partes claramente distinguibles: una de naturaleza doctrinal que establece y desarrolla la naturaleza, misión y principios que deben caracterizar y guiar a una universidad católica; y otra, en la que expresa en normas generales los deberes y derechos de quienes participan de la vida de una universidad católica.
Esta constitución se promulgó cuando ya existían universidades e instituciones educativas católicas muy antiguas, ¿cómo se adecuó la PUCP a la Constitución Apostólica?
Cuando entró en vigencia la constitución apostólica, nuestra Universidad estaba regulada por el Estatuto aprobado en 1984 por una asamblea estatutaria en la que participaron representantes del Episcopado Peruano. Pese a que se consideró que nuestras normas eran compatibles con las nuevas disposiciones de la Iglesia, la Congregación para la Educación Católica y el Gran Canciller de la Universidad —entonces el Cardenal Augusto Vargas Alzamora— propusieron algunas modificaciones que fueron examinadas y dieron lugar a la versión del estatuto de 1997. Una de las modificaciones importantes fue, por ejemplo, disponer que en la Asamblea Universitaria participen cinco obispos y no solo tres. Esta composición se mantiene vigente.
Las conversaciones continuaron después de 1997 y no han concluido pese a que consideramos que los temas pendientes conciernen a maneras diversas de entender a la institución universitaria. En todo caso, consideramos que el Cardenal Vargas Alzamora y la Conferencia Episcopal Peruana avalaron el Estatuto con su presencia constante en el documento.
La amplitud de las disposiciones de la Ex Corde Ecclesiae admite diversos modelos de universidad católica. “Cada universidad católica debe desarrollar su identidad específica y su propia misión”, precisa textualmente la misma constitución apostólica. Nosotros estamos convencidos de la legitimidad de nuestra manera de ser universidad católica.
¿Y qué pasa con la normatividad del Estado peruano?
Las normas del Estado y las normas de la Iglesia discurren en planos distintos. En este sentido, en nuestro Estatuto se deja expresa constancia de la naturaleza de persona jurídica de derecho privado de la PUCP pero, también, de nuestra relación con la Iglesia y de las formas en que hacemos patente nuestra identidad católica.
La PUCP debe respetar normas sobre Universidades Católicas
El Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, pidió a las autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), adecuar sus estatutos a lo que pide la Santa Sede a las universidades católicas, y llamó al rector de esta casa de estudios, Marcial Rubio, a no desinformar a la opinión pública.
La semana pasada, Marcial Rubio afirmó que no existe un conflicto con la Santa Sede a raíz del litigio que la PUCP sostiene con el Arzobispado de Lima, y que mantiene buenas relaciones con el Vaticano y con la Conferencia Episcopal Peruana.
En su programa Diálogo de Fe, recordó que todos los Obispos del país le han pedido a esta casa de estudios adecuar sus estatutos a lo que pide la Santa Sede. Indicó que si bien “somos educados, amables y respetuosos (…), no podemos decir que no hay una clara discrepancia con lo que las autoridades de la (Universidad) Católica hacen y con lo que todos los obispos del Perú le hemos pedido”.
El Arzobispo lamentó que el Rector de la PUCP desinforme a la comunidad universitaria y a la opinión pública. Indicó que no se trata de pelear sino de que dicha universidad presente sus estatutos, los cuales también han sido solicitados por el Papa Benedicto XVI “que tiene un ministerio que se llama Congregación para la Educación Católica”.
“Tiene que someterse a la Constitución Ex Corde Ecclesiae, no como a usted le parece, sino como la autoridad de la Iglesia le pide; y si lo aprueba, me parecerá estupendo. Pero no diga que tiene unas excelentes relaciones con la Santa Sede cuando están desobedeciendo desde el año 1991. Y, desde el año 1999, intento animarlos a que vayan por ese camino”, expresó.
El Cardenal Cipriani señaló que la norma emitida por Juan Pablo II no le quita autonomía ni libertad de cátedra a la PUCP, “ni si tienen relaciones internacionales o no”.
Indicó que no existe por parte de la Arquidiócesis un deseo de apropiarse de esta casa de estudios, sino que se cumpla el testamento del intelectual peruano José de la Riva Agüero, quien cedió el terreno donde funciona la PUCP y pidió la conformación de una Junta de Administración a perpetuidad e insustituible que velara por esta herencia.
Defender la verdad
Por otro lado, durante la Misa dominical, el Arzobispo pidió a los feligreses defender la verdad y proponerla con el ejemplo. “No sacrifiques la verdad nunca. Procuremos reflexionar en esta tarea. La verdad te hace libre, te enseña a amar y construye, la mentira destruye“, afirmó.
En ese sentido, dijo que la nueva encíclica “Caritas in veritate”, enseña con claridad a defender la verdad como respuesta al proyecto personal que Dios tiene para cada uno de nosotros. “Aceptando el proyecto de Dios, uno acepta la verdad de su vocación. Y si acepto la verdad, te haces libre”, señaló.
Entrevista al Dr. Marcial Rubio, Rector de la PUCP
Pasando a la disputa con el Arzobispado, está claro que la PUCP defiende su autonomía y el derecho a administrar libremente los bienes que por mandato testamentario recibió de José de la Riva Agüero. Este último es el que se encuentra disputado.
Sí. Somos universidad Católica y Pontificia, y eso no ha sido discutido ni cuestionado. Lo que está en litigio con el señor Muñoz Cho –persona nombrada a la junta administradora– es si él tiene, como miembro de la junta, la atribución de disponer de los bienes de la universidad. Hemos dicho que no, y por lo dicho en el último comunicado del Arzobispado estamos convencidos de estar ante un intento de copar –y no solo económicamente– a la universidad. Vamos a defender en todos los espacios, no solo la propiedad de los bienes, sino la autonomía de la PUCP.
Ese será un proceso largo…
Implica una discusión judicial larga, porque si bien hay una acción de amparo que la PUCP ha interpuesto hace dos años y que se verá este año en el TC, han comenzado otros dos procesos de los que llaman “de conocimiento” ante el PJ, en los que habrá que probar diversas cosas que ellos argumentan.
Si bien el cardenal Cipriani sostiene que su único interés es hacer cumplir la voluntad de Riva Agüero, en el expediente se llega a cuestionar la administración, por las autoridades de la PUCP, de lo que han sido esos bienes.
Sí. Hay un tono en los comunicados, sobre todo en el último del Arzobispado, que da la impresión de que la PUCP está al garete porque la Junta no funciona, y eso no es cierto. Si se cotejan los últimos resultados de la PUCP a nivel internacional, estamos bien ubicados en los cuadros de méritos serios del mundo. Además, tenemos un sistema de evaluación interna y externa de las cuentas sumamente exigentes, y un sistema de gobierno que es el de la Ley Universitaria.
¿Puede la PUCP tener excelentes relaciones con el Vaticano y muy malas con el Arzobispado?
Parece paradójico, pero sucede así. Tenemos buenas relaciones con muchos obispos del Perú, la Conferencia Episcopal y el Vaticano, donde nuestro anterior rector estuvo varias veces invitado en su condición de rector de la PUCP. Siempre fue todo muy cordial. Nuestra posición se encuadra dentro del Estatuto actual de la PUCP, que no pensamos cambiar, y si hay un arreglo será en los términos que dicho Estatuto establece.
“En la Católica seguiremos diciendo lo que pensamos…”
Cuando se han dado coyunturas difíciles, la PUCP se ha pronunciado. ¿Seguirá haciéndolo?
Sí. Tenemos un deber con el Perú. La parábola evangélica dice que debes devolver el doble de lo que recibes, y estamos dispuestos a hacerlo, primero colaborando con nuestro Estado, y luego diciendo lo que pensamos como entidad que reflexiona sobre el país, a fin de crear una imagen consistente del mismo y una política de largo plazo que nos haga viables. Pero siempre nuestros pronunciamientos serán en la idea de crear consenso sobre el progreso del Perú.
Estatutos de la Pontificia Universidad Católica del Perú
PREÁMBULO HISTÓRICO
La Universidad Católica fue fundada, con aprobación de la autoridad eclesiástica, por el R. P. Jorge Dintilhac SSCC y un grupo de laicos comprometidos quienes, con él, firmaron la Escritura de Constitución: los señores Carlos Arenas y Loayza, Guillermo Basombrío, Víctor González Olaechea, Raymundo Morales de la Torre y Jorge C. Velaochaga. La Universidad fue reconocida por el Estado mediante Decreto Supremo de veinticuatro de marzo de mil novecientos diecisiete.
Además de los Superiores de la Congregación de los Sagrados Corazones y del Sr. Arzobispo de Lima, Pedro Manuel García y Naranjo, tuvo conocimiento y alentó la creación de la Universidad el Delegado Apostólico de Su Santidad Monseñor Ángel Scapardini.