Por Ada Gallegos Ruiz-Cornejo. Directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP)
La nueva Ley Universitaria nos deja una gran lección: los votos por mayoría en el Congreso de la República son insuficientes para legitimar las políticas públicas. El debate y la búsqueda de consensos entre todos los actores hoy es un imperativo, de lo contrario cualquier reforma corre el riesgo de nacer con un reloj de arena que coincide con el período del gobierno que lo impulsa.
Esto se hace más complejo cuando, amparados en la Ley Universitaria, se da vida a un organismo omnipotente llamado Sunedu, que –lejos de orientarse por la calidad educativa– parece ser la dependencia fiscal de Ministerio de Educación y amenaza con prisión preventiva a quienes cuestionen su accionar. Esta entidad puede cesar autoridades universitarias aun con mandatos vigentes y digitar a los nuevos rectores interinos ante conflictos generados por sus propias disposiciones arbitrarias, como el cese de autoridades al 31 de diciembre del 2015.
El artículo 15 de la Ley Universitaria otorga a la superpoderosa Sunedu una serie de facultades. Cuando el Ministerio de Educación presentó a la Comisión de Educación del Congreso la propuesta de creación de la Sunedu, ¿habrá calculado cuántos programas de estudio evaluarán en todo el país y cuánto personal altamente especializado necesitaría para cumplir sola estas funciones?
Con la nueva norma, la Sunedu tenía ya un exceso de atribuciones. No obstante, poco antes de la Navidad, fue aprobado el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) de esta entidad. Con ello ahora la convierte en la todopoderosa Sunedu, con más poderes que el propio presidente de la República y el Poder Judicial. Introduce en el artículo 6 la figura de “medidas preventivas”, las cuales no han sido reguladas expresamente por la Ley Universitaria. Por eso, este reglamento pretende otorgar al Consejo Directivo de la Sunedu la facultad para decretar el cese de actividades, sin el inicio de un procedimiento sancionador, ni cumplir con el debido proceso para suspender una serie de actividades universitarias.
Por ello, lo que se tenía como sospecha, ahora es una realidad. La autonomía de las universidades consagrada en la Constitución, protegidas por la libertad de pensamiento, independiente de cualquier poder político de turno, ya no lo es más. Ahora está siendo abiertamente violentada provocando conflicto y divisionismo en las universidades. Los grandes olvidados una vez más son nuestros estudiantes con la ansiada calidad de la educación por el fracaso de esta nueva ley.
Diversas opiniones de destacados constitucionalistas advertían acerca del inminente riesgo a la violación de la autonomía universitaria. La realidad hoy les da la razón. Así, confirma el voto principista de los magistrados José Luis Sardón y Ernesto Blume.
Por esta razón, con gran olfato político, casi todos los candidatos a la presidencia se han manifestado respecto a la existencia de la Sunedu. Sin duda, el próximo gobierno deberá hacer realidad la ansiada reforma universitaria que hasta hoy es solo un sueño. Tendrá que revisar, en primer lugar, el impacto e inventario de daños y perjuicios en las universidades, ocasionados por la todopoderosa Sunedu, que, como una versión moderna del caballo de Troya, habrá consumado la vulneración de la autonomía universitaria y con ello la libertad de pensamiento.