Caso Convenios golpea a subsecretaria de Culturas: Andrea Gutiérrez renuncia y Gobierno ordena sumario

Luego de conocerse su salida de la cartera, Andrea Gutiérrez emitió una declaración, donde dejó en claro que “reconozco que cometí un error, actuando de buena fe y sin intención maliciosa, al firmar dos convenios en los que tenía la obligación legal de abstenerme“.
Por Cristián Meza– El Dínamo.cl
Andrea Gutiérrez presentó su renuncia al cargo de subsecretaria de Culturas y las Artes, en el marco del llamado caso Convenios, mientras que desde La Moneda anunciaron un sumario administrativo en su contra.
“El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha ordenado la instrucción de un sumario administrativo a la Subsecretaria de la Cultura y las Artes, Andrea Gutiérrez. Asimismo, la Subsecretaria ha puesto su cargo a disposición y su renuncia se hará efectiva el día lunes 31 de julio”, detalló Presidencia.
El nombre de Gutiérrez salió a la palestra, luego que se informara que firmó convenios con la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile, cuyo representante legal es Teresita Ugarte, pareja de su jefe de gabinete, Pablo Casals, al momento de la firma de los respectivos acuerdos.
No obstante, desde el Ejecutivo explicaron que su salida no guarda relación con esta situación, sino que la propia subsecretaria concedió dos proyectos a una institución de la cual fue directora.
En esta línea, el Gobierno aseguró que si bien las iniciativas fueron bien ejecutadas, Andrea Gutiérrez debió inhabilitarse de esta decisión, por lo que dejó su puesto y además se ordenó un sumario administrativo.

La versión de la ex subsecretaria de Culturas

Luego de conocerse su salida de la cartera, Andrea Gutiérrez emitió una declaración, donde dejó en claro que “reconozco que cometí un error, actuando de buena fe y sin intención maliciosa, al firmar dos convenios en los que tenía la obligación legal de abstenerme”.
“Ambos acuerdos fueron con la Corporación de Desarrollo de Santiago, lugar donde trabajé justo antes de asumir mi cargo. Uno de ellos autorizaba el traspaso de fondos por la adjudicación de un concurso público, mientras que el otro se refería a nuestras facultades para realizar convenios de colaboración con diversas entidades. Lamentablemente, no me abstuve de participar en ambas situaciones”, detalló.
Gutiérrez se justificó señalando que “ambos convenios otorgados por la Corporación de Desarrollo de Santiago se ejecutaron adecuadamente, cumpliendo con todas las disposiciones establecidas en los acuerdos institucionales. Uno de ellos destinó los fondos al proyecto de reparación del Teatro La Cúpula en el Parque O’Higgins, mientras que el otro se enfocó en la realización de una Exposición de los y las Artistas Urbanos de la Plaza de Armas”.

El presidente de Democracia Viva Daniel Andrade Schwarze. (Facebook)

Democracia Viva ante controversia por devolución de dinero: “El Ministerio de Vivienda y Urbanismo nunca nos solicitó boletas de garantía”

La fundación investigada por fraude al fisco abordó la dificultad que tendría el gobierno para obtener la devolución de los fondos no ejecutados de los 3 convenios por $426 millones suscritos entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Plantearon que fue el gobierno el que no les solicitó entregar boletas de garantía, situación que el ministro Luis Cordero de Justicia calificó como un “error”. El antecedente se conoció luego de que el presidente de la organización, Daniel Andrade, presentara 3 recursos pidiendo que se calculara nuevamente el monto a devolver, que estima sería de casi $97 millones menos de lo solicitado por la secretaría regional.
Qué observar. Se conoció que el Primer Juzgado Civil de Antofagasta accedió a retener los fondos depositados en la cuenta corriente de la fundación Democracia Viva, como lo había solicitado el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La solicitud la realizó el CDE, que no es querellante en la causa, a través de una medida prejudicial precautoria.
Según explicaron en una declaración, la solicitud se realizó dada “la existencia de un riesgo evidente de que ésta no cumpla con la obligación de restituir la cuantiosa suma debida al Fisco de Chile”.
La acción fue presentada luego de que el ingeniero Daniel Andrade (ex RD), presidente de la fundación investigada por fraude al fisco, presentara 3 recursos en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta oponiéndose a devolver $391 millones por concepto de partes no ejecutadas de los convenios por $426 millones suscritos entre la Seremi y la fundación en 2022.
Según argumentó en el escrito, el proceso violó la igualdad ante la ley e incurrió en injusticias contractuales, ya que no se consideraron las rendiciones realizadas por la fundación desde febrero en adelante.
“No vamos a aceptar irregularidades, vamos a poner todas las condiciones que tengamos para asegurar que estos recursos se restituyan y se destinen para mejorar las condiciones de vida de los campamentos”, dijo el ministro Carlos Montes de Vivienda.
La fundación respondió en una declaración que “una correcta revisión, a nuestro parecer, de las rendiciones de nuestros trabajos a junio de este año, establece que el monto a devolver sería de $294’384,230”.
Adjuntaron a la declaración el pantallazo de una cartola de una cuenta corriente en Banco Estado que mostraba un saldo total de $294’957,312 a las 6:45 pm del martes 25. Es decir, casi $97 millones menos de los que la Seremi les pide devolver.El problema de las boletas de garantía. El medio Timeline de Antofagasta reveló que -independientemente del monto que se zanje finalmente que Democracia Viva debe devolver- había un problema para ejecutarlo: no había boletas de garantía involucradas.
“Cuando se pasó al modelo de instituciones sin fines de lucro, se mantuvo la inercia y no se exigieron boletas de garantías, y creo que eso fue un error”, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, a Radio Duna.
Qué dijo Democracia Viva. “Frente a los hechos conocidos en la opinión pública, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nunca nos solicitó boletas de garantía, cuestión que sí hicimos como fundación respecto de las constructoras que contratamos para dar cumplimiento al convenio”, consignó su declaración.
“Respecto a la solicitud del Consejo de Defensa del Estado sobre la retención de los fondos transferidos, no nos opondremos, dado que siempre hemos estado disponibles a devolver los fondos efectivamente no ejecutados”.
Panorama general. Los 3 convenios -por un total de $426 millones- son los que dieron origen al denominado caso Democracia Viva y que repercutió en investigaciones que actualmente se extienden por 9 regiones, involucrando a diferentes fundaciones.
En este caso se indaga el eventual fraude al fisco ocurrido en los traspasos autorizados por el entonces Seremi de Vivienda Carlos Contreras a la fundación liderada por Andrade, en circunstancias de que ambos militaban en Revolución Democrática (RD) y tenían cercanía con la diputada Catalina Pérez. El primero fue su asesor y Andrade era entonces su pareja.
Mientras RD suspendió la militancia de Pérez, tanto Andrade como Contreras fueron expulsados del partido (Andrade había comunicado antes su renuncia).
Fuente: Ex-Ante.cl

El presidente de Democracia Viva Daniel Andrade. (Facebook de Daniel Andrade)

Convenios: Democracia Viva pide que Vivienda acepte la devolución del 75% de lo que demanda (y la advertencia de Andrade sobre los fondos)

“Al estar retenidos los fondos en favor del Fisco de Chile y disponibles para éste, es el propio Fisco el que deberá realizar las gestiones para concretar la devolución correspondiente” dijo el ingeniero Daniel Andrade, presidente de Democracia Viva, en un email enviado a la Seremi de Vivienda de Antofagasta. En una declaración publicada este lunes a propósito del vencimiento del plazo para devolver recursos, la fundación ligada a RD dijo que “ya se encuentra en manos del Estado el 75% de los fondos. Le hemos solicitado al tribunal que acepte la devolución al fisco de los $295 millones que están en sus manos”. El ministro Cordero dijo que el CDE presentará acciones civiles.
Qué observar. El ingeniero civil Daniel Andrade, presidente de la fundación Democracia Viva, envió un correo a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, al cumplirse el plazo de 30 días dado por la cartera para que restituyeran los fondos no ejecutados de los 3 convenios, por $426 millones, que suscribieron el año pasado.
La restitución fue instruida luego de que en junio estallara el caso que golpeó a Revolución Democrática (RD) y al oficialismo, y diera paso a las indagaciones que se extienden por 12 regiones, involucrando a diferentes fundaciones y corporaciones.
Las responsabilidades políticas que la oposición atribuyó en el caso al cofundador de RD Giorgio Jackson, derivaron este viernes en la renuncia del hasta entonces ministro de Desarrollo Social.
El origen de los cuestionamientos se remonta a que el entonces seremi Carlos Contreras -quien suscribió en 2022 el acuerdo con una fundación con meses de existencia y sin experiencia en el área-, fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, quien era pareja de Daniel Andrade al cerrarse el trato.
Contreras y Andrade fueron expulsados de RD (Andrade había anunciado antes su salida) y la militancia de Pérez fue suspendida por el partido.
La fiscalía indaga el caso como un eventual fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Según dijo Andrade a Chilevisión, Contreras lo contactó para firmar el convenio.
“No vamos a aceptar irregularidades, vamos a poner todas las condiciones que tengamos para asegurar que estos recursos se restituyan y se destinen para mejorar las condiciones de vida de los campamentos”, dijo el ministro Carlos Montes (PS) el 25 de julio, ante las impugnaciones de Democracia Viva a la devolución.
Por la vía administrativa plantearon tanto a la Seremi de Vivienda como a la subsecretaría del ramo que el monto que les pedían devolver no consideró las rendiciones de febrero en adelante, por lo que calcularon que debían restituir $294’384,230 en vez de los $391 millones que les pedía Vivienda. Es decir, cerca de $97 millones menos. Ambas reclamaciones fueron rechazadas.
Por la vía judicial presentaron un recurso de protección cuestionando un hecho anterior: la legalidad del término anticipado de contrato. Éste fue declarado admisible, por lo que la Corte de Apelaciones de Antofagasta ahora deberá resolver el fondo del caso.
Qué dice la carta a la Seremi de Vivienda. “Sres. SEREMI MINVU Antofagasta. Presente”, consignó la carta enviada por el presidente de Democracia Viva al correo institucional de la Seremi.
“Como es de su conocimiento y conforme a las Resoluciones Exentas del 14 de julio de 2023, N°299, 300 y 301 de esa repartición, se le otorgó a la Fundación Democracia Viva -entidad que represento- el plazo de 30 días para restituir los fondos no utilizados en los proyectos que cada resolución citada se refiere. Lo anterior, conforme la liquidación que se aprueba en cada caso y que esta parte ha impugnado en su oportunidad”.
“Sin embargo, en forma paralela a lo anterior, el Consejo de Defensa del Estado solicitó la retención de los dineros que la Fundación mantenía en su cuenta corriente, dineros destinados a los proyectos y que deben ser restituidos a la SEREMI, según la orden administrativa del 13 de agosto de 2023”.
“Por medio de esta comunicación, pongo en su conocimiento que hemos hecho presente al tribunal que tramita la medida precautoria nuestra voluntad de restituir los fondos y también la imposibilidad de realizar la transferencia dentro del plazo otorgado por las referidas resoluciones 299, 300 y 301 de 2023”.
“Esto último considerando el hecho de que, al estar retenidos los fondos en favor del Fisco de Chile y disponibles para éste, es el propio Fisco el que deberá realizar las gestiones para concretar la devolución correspondiente”.
La declaración. Paralelamente, Democracia Viva sostuvo en una declaración pública que los fondos retenidos por el estado ya corresponden a tres cuartas partes de lo que Vivienda busca sea devuelto a la cartera.
“Respecto del vencimiento del plazo de devolución de los fondos no utilizados en los convenios celebrados con Minvu, ya se encuentra en manos del Estado el 75% de los fondos. Le hemos solicitado al tribunal que acepte la devolución al fisco de los $295 millones que están en sus manos”.
“Como es de público conocimiento, respecto del monto restante, que hemos gastado en los objetivos del convenio, hemos solicitado una corrección de las liquidaciones efectuadas por Minvu para que estas se apeguen a las consideraciones legales y técnicas correctas y poder poner fin adecuado y definitivo a los convenios celebrados”.
La respuesta del gobierno. “El CDE (Consejo de Defensa del Estado) en los próximos días interpondrá acciones civiles respectivas y si Democracia Viva no quiere reintegrar los fondos faltantes, las acciones legales y civiles serán muy claras”, dijo el ministro Luis Cordero de Justicia, desde San Antonio.
Fuente: Ex-ante.cl

Agencia Uno.

Ministerio de Vivienda de Chile ha ordenado la restitución de más de $1,012 millones transferidos a fundaciones

Por Alexandra Chechilnitzky- Ex-Ante.cl
Las investigaciones internas que ha realizado el Minvu por los traspasos a fundaciones bajo el Programa Asentamientos Precarios ha significado que la cartera liderada por Carlos Montes realice, en tres meses, seis denuncias a la fiscalía y que haya entregado antecedentes de 4 fundaciones, además de Democracia Viva, al Consejo de Defensa del Estado. En particular, se trata de Arquiduc, EnRed Social, Acción Digital y Red Integral y Comunitaria. Todas las fundaciones involucradas están siendo investigadas por la fiscalía y sólo se han iniciado 3 sumarios administrativos.
Cifras generales. Han transcurrido tres meses desde que estalló el caso Fundación Democracia Viva y con ello se destaparan una serie de irregularidades en el traspaso de fondos desde las Seremi de Vivienda de distintas zonas del país a organizaciones sin fines de lucro. Por ello, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) inició una investigación interna enfocada en el Programa Asentamientos Precarios.
Lo anterior ha significado, hasta ahora, que el Minvu ha realizado seis denuncias ante fiscalías regionales, ha enviado 5 casos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicie las acciones que estime pertinentes, ha iniciado 3 sumarios administrativos y ha realizado 4 solicitudes de restitución de fondos por más de $1,012 millones.
Los datos detallados en un documento del Minvu, al que tuvo acceso Ex-Ante, muestran que la investigación incluye a 7 regiones del país y 7 organizaciones. Entre ellas, la Fundación Democracia Viva a la que se le solicitó restituir más de $391 millones y que tiene una demanda del CDE en curso.
A continuación el detalle de las otras 6 fundaciones:
1. Arquiduc.Una de las fundaciones a las que el Minvu le ordenó la restitución de dineros fue Arquiduc, por convenios firmados en la Región de O’Higgins. Dentro de la información que consideraron está que uno de los fundadores “era jefe de gabinete del director del Serviu de la época (2021) al momento de suscribirse el convenio”, dice el documento, sin especificar el nombre de dicha persona.
El Minvu explicita que “se le contrata para instalación de postes de alumbrado de acero galvanizado. Sin embargo, se utiliza fierro, lo que no resiste el óxido”, que la fundación “no tenía ni el giro ni la experiencia en la instalación de luminarias”, y que estas últimas “son compradas a una empresa del propio Carlos Acuña Arévalo, la sociedad Abbott, Acuña y Compañía Limitada”.
Carlos Acuña (ex militante de RN), es otro de los fundadores de Arquiduc.
El Serviu de O’Higgins interpuso una querella por posibles delitos de negociación incompatible y tráfico de influencia. Además, se inició un sumario administrativo y se ordenó la restitución de $121 millones, es decir, el total de los fondos entregados.
Y en la Región de Valparaíso se firmó en 2020 un convenio por $71 millones. “También se utiliza el esquema de contratar a sociedades del propio Acuña como proveedores”, explicita el documento. Además, se interpuso una denuncia y se acompañaron antecedentes al CDE.
2. Acción Digital. En la Región de Los Lagos se investigan los traspasos realizados a la Fundación Acción Digital. “Si bien los servicios se prestaron, quedó un saldo sin utilizar, por lo que Seremi solicitó el 20 de marzo de 2023 la restitución de $74’930,000”, señala el documento.
Sin embargo, según consigna el Minvu, la organización no ha respondido por lo que el 29 de junio se enviaron antecedentes al CDE y que según se informó, “el CDE está analizando la interposición de recursos judiciales”.
La fundación tiene convenios en 2 regiones con transferencias realizadas en 2021 y 2022 por un total de $264 millones.
3. Red Integral y Comunitaria. En la Región de O’Higgins se autorizaron dos traspasos por más de $214 millones. En el primero de ellos se presentaba un avance del 23% al mes de julio, y en el caso del segundo un 12%. Además, presentan rendiciones observadas y rechazadas por “gastos en honorarios de personal por no ser aptos para el trabajo contratado”.
Por ello se puso término a los convenios y se ordenó la restitución de más de $172 millones.
El 19 de agosto, el Minvu presentó una denuncia ante la fiscalía y se acompañaron los antecedentes al CDE, dentro de los cuáles están el que la “fundación se constituye a inicios de 2022, solo meses antes de la celebración de convenio con la región”.
4. Enlace Urbano.En la Región de Tarapacá se interpuso una denuncia contra la Fundación Enlace Urbano. Según el documento del Minvu, la organización “presenta como rendición factura por compra de luminarias, con un costo unitario de UF 68.58 IVA incluido. Sin embargo, según análisis de precios unitarios elaborado por la División Técnica del Minvu, el valor unitario referencial es UF 18.65 IVA incluido, por lo que existiría un sobrecosto de 267%”.
La fundación tiene convenios en 7 regiones con transferencias entre 2021 y 2023. El total de transferencias para los 24 convenios es de $2,144 millones, según dice el documento.
5. Urbanismo Social. A comienzos de julio renunció el seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, luego de que se diera a conocer que en la región se firmaron convenios con la Fundación Urbanismo Social, de la cual fue representante hasta antes de ser nombrado como seremi y que la ex autoridad comunicó su abstención en el proceso luego de la firma del convenio.
Por ello se inició una investigación sumaria. Y pese a que no se enviaron antecedentes al Ministerio Público, la fiscalía inició una investigación de oficio.
En paralelo, el Minvu investiga la firma de un contrato de administración de un edificio de “arriendo justo”, adjudicado a través de licitación, pero que la organización habría sido el único oferente.
6. EnRed Social. Entre 2021 y 2021, la Fundación EnRed Social realizó convenios en 9 regiones por más de $2,200 millones. Sólo en la Región de Tarapacá se autorizaron traspasos por más de $1,060 millones bajo el Programa Asentamientos Precarios.
El director técnico de la fundación era Aldo Bastidas, “quien prestó servicios desde el año 2009 hasta el 31 de mayo de 2022 en el Minvu, particularmente en la unidad de Asentamientos Precarios”, dice el documento.
A eso añaden que en Tarapacá se identifica, dentro de las rendiciones, facturas de la sociedad Inmobiliaria y Construcción Social Igualdad SpA. La particularidad de este hecho es que dicha sociedad es (de) propiedad, en un 90%, de su hermana Lorena Bastidas, quien ejerce como doctora en una clínica privada en la Región de Los Lagos” y que un “socio de la misma sociedad también presenta boletas en las rendiciones de la fundación”.
Todos estos antecedentes fueron puestos a disposición del CDE y de la fiscalía regional.
Y en la Región de Valparaíso, la fundación “no ha ejecutado correctamente los convenios suscritos” por lo que se ordenó la devolución de $254 millones de un total de $508 millones.

Quiénes son las 12 personas de la Seremi de Vivienda de Antofagasta contratadas por fundaciones

Por Juan Pablo Sallaberry- www.ex-ante.cl
Un dictamen de Contraloría detectó a 12 personas de la Seremi de Vivienda de Antofagasta y otras 3 del Serviu, que al mismo tiempo estaban contratadas por fundaciones privadas que recibían transferencias de la repartición estatal. Entre ellos se encuentran figuras de RD, del círculo más cercano a la diputada Catalina Pérez.
Qué observar
En su informe de investigación especial publicado el 31 de agosto, Contraloría presentó una tabla con un listado de 15 personas contratadas por 7 fundaciones privadas que recibieron transferencias públicas y que, al mismo tiempo, cumplían funciones en la Seremi de Vivienda de Antofagasta (12 de ellas) y en las oficinas del Serviu de la región (3 de ellas).
Aunque no eran funcionarios, según la investigación de Contraloría, varios de ellos tenían acceso a escritorio, teléfonos, computadores, correos institucionales y claves e acceso a diversas plataformas contables y de control para revisar rendición de gastos.
Si bien no pueden ser sancionados administrativamente, el informe señala que “dichas personas cumplían irregularmente funciones propias de las reparticiones mencionadas, atendido que fueron contratadas por entidades privadas sin fines de lucro y sus remuneraciones-honorarios fueron financiadas con recursos asignados a aquellas por ambas entidades públicas, para la ejecución de iniciativas de inversión, lo cual incide, además, en la legalidad de las mismas, así como en un eventual manejo de información privilegiada por parte de aquellas”.
La concejal de RD. Uno de los nombres del listado es el de la concejal de RD en la Municipalidad de Antofagasta, Paz Fuica Contreras (36). Ella se desempeñaba en la Seremi Minvu, a la vez que estaba contratada por la Fundación para la Superación de la Pobreza:
– Es licenciada en Psicología de la Universidad Católica del Norte y magister en Gerencia Pública del mismo plantel.
– Según informa en su LinkedIn, fue encargada territorial de la diputada RD, Catalina Pérez, entre 2018 y 2022, a  cargo de “vinculación de la diputación con la comunidad. Atención de casos. Recepción de denuncias y fiscalización”. En redes sociales hay videos de la diputada apoyando la candidatura de Fuica como concejal por Antofagasta.
– Según el informe de Contraloría la Fundación para la Superación de la Pobreza registra 12 convenios con la Seremi entre 2020 y 2022 por un total de $1,009’358,727 de asignación directa, quedando $330 millones por rendir.
– El documento muestra su vinculación con el convenio a la Fundación Democracia Viva, de la ex pareja de Catalina Pérez, Daniel Andrade. “Consta el correo electrónico de 15 de septiembre de 2022, de Paz Fuica Contreras, quien desarrollaba labores de Asistente de Gabinete, dirigido al Jefe del Departamento Planes y Programas Habitacionales, ambos de la Seremi Minvu de Antofagasta, que informa que se habían terminado las conversaciones con las fundaciones nuevas y que se había llegado a acuerdo para la asignación de los convenios faltantes, con lo que se cerraba la etapa de negociación restando cerrar los convenios para firma, resolución y transferencia, citando entre ellos los proyectos relacionados con los campamentos EcuaChilePe e Irarrázabal Etapa I aprobados para ser desarrollados por la Fundación Democracia Viva”.
– También se desempeñaba al mismo tiempo en la Seremi y el Fundación para la Superación de la Pobreza la trabajadora social de la Universidad de Antofagasta, Ignacia Yáñez Arancibia.
La analista de Democracia Viva. Uno de los casos más llamativos es el de Gabriela Cisternas Mondaca (35 años), contratada por la Fundación Democracia Viva el 13 de octubre de 2022, a la vez que se desempeñaba en la Seremi de Vivienda, precisamente revisando las rendiciones de esa fundación:
– “Se estableció que estaba contratada por la Fundación Democracia Viva, para llevar a cabo la función de analista de gestión financiera en dicha fundación. Ella se desempeñaba en dependencias del Seremi Minvu de Antofagasta y desarrollaba labores de revisión de las rendiciones realizadas por esa misma entidad privada”.
– “Al respecto, se determinó que la señora Cisternas Mondaca utilizó las dependencias de esa secretaría ministerial, verificándose que, en el referido contrato, se estableció la casilla de correo electrónico institucional de esa repartición pública, a saber, ccisternasmo@minvu.cl, el cual fue utilizado posteriormente”.
– “Lo anterior, implica que tal persona cumplía funciones propias de la repartición mencionada, no obstante, fue contratada por la Fundación Democracia Viva y sus remuneraciones financiadas con recursos asignados a aquella por la misma Seremi”.
– Además de Democracia Viva, el informe la vincula a la asociación Campamento de Ideas.
– Cisternas Mondaca es técnica administrativa en finanzas del CFT Esane del Norte y tiene un diplomado de gestión cultural de la U. Católica del Norte.
– En su Linkedin señala que ha trabajado en Balmaceda Arte Joven y en agrupaciones de tejedoras. En 2020 se adjudicó un fondo del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.
– No registra militancia política, pero es activista en redes sociales y convoca a marchas de colectivos feministas.
Los casos de Procultura. En el listado figuran dos nombres de la Fundación Procultura del psiquiatra Alberto Larraín. El organismo privado registra traspasos por $500 millones:
– Uno de las personas mencionadas es el abogado de la Universidad Católica del Norte, Wilson Ahumada Zepeda.
– El otro nombre  es el de Liliana González Cortés, egresada de Derecho y excandidata por RD para el Consejo Constitucional. En fotos se aprecia el apoyo de Catalina Pérez a su candidatura.
– Cinco personas de Espacio Lúdico, corporación que recibió transferencias por $888 millones, figuran en el listado. Dos de Serviu y tres de la Seremi.
– Una de ellas es la arquitecta Constanza Vilches Gaete, quien postuló como candidata a CORE de Antofagasta por Convergencia Social.
– También estaban contratados por esa corporación Karla Farías, Adolfo Carpio, Camila Ortiz y Jacqueline Véliz, quien además figura contratada por la Asociación Campamento de Ideas.
– Campamento de Ideas también registra a Camila Prado Barrías, quien señala en su currículum que es administradora pública y se desempeña como analista de gestión en Serviu y Diego Exequiel Barrera Venegas, administrador público de la Universidad de Antofagasta, quien figuró como candidato a consejero comunal de Renovación Nacional en las pasadas elecciones de agosto.
– Campamento de Ideas recibió transferencias por $1.6 mil millones de los cuales aún debe rendir $644 millones.
– Vinculados a Movimiento Fibra, que recibió $430 millones, figuran el diseñador gráfico Claudio Cardenas Campillay y Nicole Salinas Rivera, quienes trabajaban en la Seremi.
– Hay dos personas ligadas a Un techo para Chile (transferencias por $528 millones): Camila Ortiz San Martín y la arquitecta Marcela Oyaneder Lara.
Caso fundaciones

Primer domicilio declarado por Democracia Viva es casa que arrienda diputada Catalina Pérez en Ñuñoa

Por Lun Lee y Camilo Solís- Interferencia.cl
Interferencia conversó con la familia del propietario del inmueble, quien confirmó que desde 2019 la diputada RD arrienda la casa. Vecinos aseguran que la jefa de gabinete de la municipalidad de Ñuñoa, Valeska Ramírez, también vivió en esa dirección, y que la casa funcionó como un centro de reuniones políticas durante la campaña presidencial de Boric.
El 30 de septiembre de 2021, en la 15° Notaría de Santiago comparecieron Daniel Andrade Schwarze, Doris Pinto Manquenahuel y Catalina Guzmán Cáceres para constituir la fundación de derecho privado Democracia Viva. Esa fue la primera de las gestiones oficiales que estos incumbentes realizaron para crear la fundación que hoy se encuentra en el centro de la polémica debido a los dineros públicos que recibieron desde reparticiones gubernamentales.
Debido a errores formales en el escrito, Daniel Andrade y compañía tuvieron que rectificar en varias ocasiones este documento antes de poder inscribir la fundación en la Municipalidad de Ñuñoa. Entre estas rectificaciones, figuran otros domicilios, pero poco se ha hablado del domicilio declarado en la primera constitución de Democracia Viva.
“(…) tendrá como domicilio en Avenida Grecia mil quinientos XXXX casa X, Comuna de Ñuñoa, Provincia de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las sedes, filiales y establecimientos que pueda formar en otros puntos del país”, menciona el acta de constitución del 30 de septiembre verificada por el notario Ramón Martín Illanes [los datos fueron tachados por Interferencia].
“Ella [Pérez] la tiene arrendada desde 2019, eso es lo único que sabemos. No tenemos mayor contacto con ella, salvo cuando renovamos contrato una vez al año. Nosotros dimos con ella a través de una corredora de propiedades que seleccionó varios candidatos para arrendar la casa, y finalmente quedamos con ella”, mencionó un familiar del propietario en conversación telefónica con Interferencia.
Consultadas por Interferencia, fuentes ligadas al Frente Amplio y que han trabajado en municipios de la Región Metropolitana del mismo sector político, señalaron que en dicha casa de Avenida Grecia no solo se constituyó inicialmente Fundación Democracia Viva, sino que además vivió durante un prolongado tiempo la propia diputada Catalina Pérez (RD) y también Valeska Ramírez Palominos (RD), la actual jefa de gabinete de la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD).
“La primera casa donde se constituyó Democracia Viva. No el departamento que ha salido [en la prensa], sino que la casa. Es la casa donde vivía la diputada Pérez, y la jefa de gabinete de la alcaldesa de Ñuñoa”, mencionó una de esas fuentes.
Luego de buscar en fuentes abiertas, y concurrir al sector, Interferencia consiguió comunicarse con el propietario de dicha casa. En conversación telefónica, un familiar de dicho propietario confirmó que la diputada Catalina Pérez arrienda el inmueble.
“Ella la tiene arrendada desde 2019, eso es lo único que sabemos. No tenemos mayor contacto con ella, salvo cuando renovamos contrato una vez al año. Nosotros dimos con ella a través de una corredora de propiedades que seleccionó varios candidatos para arrendar la casa, y finalmente quedamos con ella”, mencionó en conversación con Interferencia.
Este diario consultó si Pérez continúa en la vivienda, ante lo cual señaló que “debiera estar ahí, porque nada ha cambiado desde que iniciamos el contrato en 2019. Entendemos que ella viaja a su región también, pero está arrendada. Se renueva anualmente y se paga en cheques mensuales”.
Interferencia concurrió al inmueble ubicado en las cercanías del Estadio Nacional en más de una ocasión, donde pudimos conversar con un total de cuatro vecinos de la misma cuadra en que está ubicada la casa. Allí nos señalaron que en efecto en esa casa vivió la diputada junto a Daniel Andrade, y también la jefa de gabinete de la municipalidad de Ñuñoa, Valeska Ramírez (RD).
Aseguran que la casa ha estado vinculada al partido Revolución Democrática desde hace algunos años y que incluso durante la campaña presidencial de Gabriel Boric fue utilizada como un centro de reuniones políticas. “Aquí ha venido [Gabriel] Boric, el [Giorgio] Jackson, eso fue para la campaña de Boric, ahí se juntaban y se hacían reuniones muchas veces”, afirma una de estas vecinas a Interferencia.
“Sí, aquí vivió la Catalina Pérez, la diputada, la que sale en la tele”, comentaron dos vecinos en referencia a los últimos eventos conocidos. Respecto a Andrade, no lograron identificarlo a través del nombre, pero con una fotografía inmediatamente señalan que vivió allí y lo recuerdan, pues comienzan a describirlo. Respecto a Ramírez, al ser una autoridad local, la identifican con mayor facilidad, e incluso comentan haber visto también a la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD).
Aseguran que la casa ha estado vinculada al partido Revolución Democrática desde hace algunos años y que incluso durante la campaña presidencial de Gabriel Boric fue utilizada como un centro de reuniones políticas. “Aquí ha venido [Gabriel] Boric, el [Giorgio] Jackson, eso fue para la campaña de Boric, ahí se juntaban y se hacían reuniones muchas veces”, afirma una de estas vecinas a Interferencia.
Otro vecino mencionó: “Sí, la diputada, la he visto en el XXXX [la dirección]”. Consultado sobre si ha visto a Gabriel Boric en la casa, señaló que no recuerda, pero “es que aquí se ha visto a tanto político… al [Giorgio] Jackson, a la alcaldesa [Emilia Ríos], varios más… ahí, de esa dirección sacaban las palomas [carteles políticos], las banderas en época de campaña y todo”, agregó.
Un cuarto vecino mencionó a nuestro medio que sabía que dicha casa está relacionada con un partido político, aunque no supo decirnos cuál. Sin embargo señaló que varias veces había escuchado celebraciones relacionadas a cuestiones políticas en ocasiones anteriores.
Este medio consultó también con militantes de Revolución Democrática, desde donde no quisieron mencionarnos más antecedentes. Sin embargo, un alto militante del partido señaló en conversación con nuestro medio que “le sonaba” esa casa por haber sido invitado a “alguna reunión o carrete”.
Interferencia llamó a la diputada Catalina Pérez y también le dejamos mensajes de Whatsapp con las consultas del caso, sin embargo, al cierre de esta edición, no había contestado.
Este medio también se contactó con la Municipalidad de Ñuñoa para consultar si Valeska Ramírez, jefa de gabinete de Emilia Ríos, vive o vivió en ese inmueble. También consultamos directamente a la jefa de gabinete a través de Whatsapp. Desde ese municipio quedaron de responder a nuestras consultas, pero luego de dos días de espera, no hubo respuesta.
Interferencia también consultó directamente a la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, si alguna vez concurrió a dicho domicilio, pero tampoco contestó a nuestras preguntas.
Los vecinos consultados señalaron que al parecer el domicilio se subarrienda, de manera que han visto ahí a distintas personas. Desde la familia del propietario señalaron que “no tenemos idea de nada de lo que ella hace con la casa, solo nos contactamos para renovar el contrato anual. El trato fue con la diputada”.