Jesuitas de Bolivia aclaran lo que sucedió con el sacerdote Luis Tó
Comunicado a la Opinión Pública
El pasado día domingo 9 de diciembre, en una nota de prensa del periódico español El País, se publicó acerca del caso de abuso sexual a una menor cometido por el fallecido sacerdote jesuita Luis Tó, el año 1992 en Barcelona y que luego fue enviado a Bolivia; la prensa nacional ha reflejado dicha información sobre la base de dicha nota.
La Curia Provincial de la Compañía de Jesús en Bolivia desea comunicar a la opinión pública que el caso referido siempre fue de conocimiento de las autoridades competentes y que, como señala la misma nota, se realizó el proceso judicial correspondiente con una sentencia establecida por la justicia española.
Durante el tiempo que Luis Tó estuvo en la provincia y hasta su fallecimiento en 2017 los superiores de la Orden tomaron los recaudos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido judicialmente, por la vía civil, por lo que se tuvo una supervisión y acompañamiento constantes. En tal sentido, los cargos y funciones que desarrolló el Padre Tó en todo este período estuvieron enmarcadas en aspectos administrativos o ejecutivos y no así en acompañamiento pedagógico o en relación con menores en centros educativos.
En algunas publicaciones de prensa se menciona su trabajo en el Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE) y en escuelas populares Fe y Alegría, pero cabe aclarar, como se señala anteriormente, que en el CEMSE participó en el directorio de la institución y en Fe y Alegría como parte del equipo de planeamiento, responsable de estadísticas y bases de datos, además de colaborar en la revisión de equipos de computación.
Asimismo, el Padre Tó recibió acompañamiento psiquiátrico y psicoterapéutico en los años posteriores, tanto en España como en Bolivia y en el Perú.
Los superiores jesuitas en Bolivia no han recibido posteriormente a lo ocurrido en España denuncias sobre abusos a menores y en caso de presentarse alguna, sobre el caso referido o cualquier otro se actuará con la política establecida por la Santa Sede de “tolerancia cero” frente a estos actos condenables, con el fin de hacer justicia las víctimas.
Los jesuitas reconocemos que las decisiones asumidas no siempre pueden haber ayudado a un manejo más atinado de la situación, pedimos perdón por todo daño ocasionado a menores, y si se presentase cualquier nuevo caso nos comprometemos a actuar con la transparencia y rigurosidad que estos casos exigen, coadyuvando con la investigación y las posibles sanciones por la vía civil y canónica correspondientes.
COMPAÑÍA DE JESÚS EN BOLIVIA
Jesuita condenado por abusos en Barcelona, fue luego profesor de ética sexual en Bolivia
Tras las protestas en el colegio de Casp, exalumnos del Sant Ignasi piden aclarar el caso del religioso, ocultado por la orden en 1992 y que siguió en contacto con menores en América. Otros seis docentes están señalados en el mismo centro
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, había citado entre los acusados al mismo Pedrajas, fallecido en Cochabamba el 5 de septiembre de 2009, y a Antonio ‘Tuco’ Gausset Capdevila (+), Alejandro Mestre (+) y Luis María ‘Lucho’ Roma Padrosa (+). Tres jesuitas más se habían sumado a la lista, Francesc ‘Chesco’ Peris y Carlos ‘Vicu’ Villamil (+).
El 28 de septiembre de 2022, la orden religiosa terminó la investigación de un caso de violación en 1961 atribuido a Mestre, fallecido en 1988. La víctima era un estudiante del colegio San Calixto de La Paz.
Otro director del Juan XXIII (1988-1992) implicado fue Francisco ‘Pifa’ Pifarré. Pedro Lima dijo que era muy “íntimo” de Pedrajas.Sin embargo, hay otros nombres, pero aparecen como encubridores. El “más corrupto” es el sacerdote Marcos Recolons, dice Pedro Lima. Éste permitió la llegada a Bolivia del sacerdote Luis Tó González, quien en 1992 fue sentenciado en España por violar a una niña de ocho años.
También Ramón Alaix. Cuando denuncié los abusos, éste me dijo: “Los trapitos sucios se lavan en casa, no haces bien en ventilar estos temas”, recordó Lima.
La Compañía de Jesús dio a conocer la denuncia en contra del jesuita Jorge Vila Despujol, quien falleció en Barcelona en 2012. Él habría realizado toques impúdicos a un menor de 13 años a principios de la década de los 90.
Vila fue fundador de Defensa de Niños y Niñas Internacional en Bolivia (DNI-Bolivia).
“En este caso, el denunciado es el jesuita Jorge Vila Despujol, fallecido en Barcelona en 2012, quien habría realizado toques impúdicos a la persona denunciante cuando tenía 13 años, al principio de la década de los 90, en una unidad educativa de la ciudad de Cochabamba, donde el sacerdote colaboraba”, se lee en el comunicado que emitió la orden religiosa.
“Ha salido y (lo) sustento con claridad, uno de los mayores depredadores sexuales en Bolivia es el padre Jorge Vila quien fundó (la institución) Defensa de los Niños Internacional, una entidad que debía proteger a los niños, él abusó de muchos niños vulnerables, huérfanos y las víctimas están empezando a presentarse”, enfatizó. “Jorge Vila tiene más víctimas que el padre Pica”, añadió Pedro Lima. Jorge Vila era un sacerdote jesuita español que fundó el DNI Bolivia. Murió a los 71 años por un cáncer de pulmón en Barcelona, España, el 12 de octubre del 2012. De acuerdo a su biografía, Vila era conocido como “defensor de los derechos de los niños vulnerables”.
Lima dijo que en su condición de denunciante y víctima de los hechos de abuso sexual, impulsa de manera voluntaria y con sus propios medios las denuncias, prestó declaración en la fiscalía Departamental de Chuquisaca y dijo que seguirá declarando donde sea necesario.
El exconstituyente del MAS denunció a la jerarquía de la comunidad de jesuitas y otras autoridades eclesiales por no sancionar a estas personas, es más, ni siquiera los denunciaron, y ante las denuncias lo único que hicieron es removerlos del cargo.
EN RESERVA
Lima, como víctima, no quiso brindar más detalles de su declaración porque dijo que el proceso está declarado en reserva.
¿Quiénes los encubrieron? Le preguntaron los periodistas: “Los provinciales Antonio Menacho, Marcos Recolons, Ramón Alaix, René Cardozo, Oswaldo Chirveches e Ignacio Suñol, quienes en su calidad de autoridades podían haber puesto un límite pero no lo hicieron.
El exsacerdote que tiene residencia en Paraguay, informó que hay denuncias por estos hechos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, en los que se presentará a declarar de manera voluntaria.
“A quienes conocen a Jorge Vila les pido a que expresen, es un secreto a voces y muchos huérfanos del hogar de Tacata han sido víctimas, cerca de Qillacollo en Cochabamba, los responsables eran Pica, Vico y Jorge Vila”, puntualizó. En el hogar de Tacata, según el relato de la víctima, Vila tenía el “fetichismo” de ver desnudos a los niños cuando salían de la ducha. En otras ocasiones, Los sacerdotes Cabanac y Villamil al igual que sus pares, dormían con los niños en ocasiones toda una noche, incluso algunos, escogían a sus víctimas.
El denunciante dijo que estas personas que administraban los centros de formación “se disputaban el abuso, es una denuncia que lo hago bajo mi responsabilidad”.
Recordó que Gausset era capellán de la extinta Corte Suprema de Justicia (CSJ) y director departamental de Fe y Alegría.
“Como me decía el padre Pica, mientras al pobre le des techo y comida, el tema sexual no les interesa, eso no puede volver a suceder nunca más”, enfatizó.
El exsacerdote dijo que recordar todo estos hechos fue “terriblemente doloroso”, que afecta a su ánimo, pero asegura que también le alienta que otras personas rompan el silencio y denuncien.
Fuentes: Diarios La Razón, Página Siete y Correo del Sur.
Milicias cocaleras operan en Bolivia y atacaron a policías que habían incautado un cargamento
Un grupo armado que opera en Chapare perpetró el hecho, mientras que otra formación retuvo a un fiscal que bloqueaba una toma de tierras en Santa Cruz
Por Humberto Vacaflor Ganam– Infobae.com
Furiosos narcotraficantes armados asaltaron a un grupo policial para recuperar la droga que les habían arrebatado en Chapare y otra formación de cocaleros capturó a un fiscal que les impedía ocupar tierras ajenas de Santa Cruz donde ellos quieren cultivar la hoja.
La acción contra los policías se produjo a cuatro días de la operación en que fueron intervenidas y destruidas 34 factorías de cocaína en Villa Tunari, cerca de la residencia del ex presidente Evo Morales, aunque, curiosamente, no fue detenida ni una sola persona.
La captura del fiscal Ricardo Cayalo, a su vez, tuvo lugar en la provincia Guarayos de Santa Cruz, donde los “interculturales” de Morales avasallan tierras para convertirlas en cocales, incluyendo haciendas establecidas, como Santagro, donde los asaltantes están ahora cosechando, sin problemas, la soja sembrada por los propietarios en 1.800 hectáreas. Los ocupantes tienen la intención de destinar esas tierras al cultivo de coca.
Morales había anunciado desde Buenos Aires, en 2020, que se proponía crear las “milicias armadas” del Chapare y ahora ha optado por no hacer ningún comentario sobre las acciones violentas de sus seguidores, mientras el gobierno de Luis Arce calla y la justicia no interviene.
El grupo armado que recuperó la droga que había sido capturada por la policía actuó con el estilo de un comando guerrillero, dicen los oficiales. Un ataque sorpresa, captura de la carga buscada y fuga inmediata hacia el bosque. El sargento Sergio Miranda Tórrez recibió un balazo y fue llevado a un hospital de Santa Cruz.
Emma Lola, presidente del comité cívico femenino, que defiende al fiscal agredido por los avasalladores, dijo: “Esto ya es el colmo; Ascensión de Guarayos parece un pueblo sin Dios y sin ley” y Fernando Paz, de la Federación de ganaderos, opinó: “Hoy es la Fiscalía, mañana será la Alcaldía y pasado quién sabe qué otra institución”.
En el departamento de Santa Cruz hay mucho temor desde que el gobierno ordenó a los jueces detener al gobernador Fernando Camacho, que fue llevado por la fuerza a una cárcel del altiplano, donde su salud se deteriora todos los días. Ahora, los jueces acaban de decidir que debe permanecer seis meses más en detención preventiva, aunque no haya una sola sentencia en su contra.
Jeanine Áñez, a quien el parlamento dominado por el MAS puso en el cargo de presidente cuando había huido Morales, en noviembre de 2019, lleva 800 días detenida, también sin sentencia alguna, y acaba de decir que los verdaderos asesinos de Bolivia están libres y gobernando.
El senador opositor Rodrigo Paz dijo esta semana que el ministro de gobierno es bueno para detener a los gobernadores elegidos democráticamente, pero muy malo para capturar a los narcotraficantes, que siempre escapan a tiempo de todas las redadas que hace la policía.
Los policías que fueron agredidos por los narcos informaron que las factorías que encontraron tienen todas las comodidades, sistemas de comunicación satelital, decenas de lavadoras, de microondas que usan la energía de diez equipos de generación cada una de ellas, a pesar de estar en medio de la selva.
En el departamento de Santa Cruz hay mucho temor desde que el gobierno ordenó a los jueces detener al gobernador Fernando Camacho, que fue llevado por la fuerza a una cárcel del altiplano.
El hecho de que no hubiera sido detenida ni una sola persona en la toma de las 34 factorías intervenidas ha provocado que el ex ministro de gobierno, Carlos Romero, de la gestión de Morales, asegure que el gobierno de Luis Arce está controlado por la droga: “Estamos inundados de cocaína”.
Y el diputado Héctor Arce, del ala de Evo Morales, sostuvo: “Esto es una clara muestra de que el órgano ejecutivo estableció un lineamiento desde el nivel más alto para encubrir, proteger y dar impunidad a hechos de corrupción y al narcotráfico (…) Yo me ratifico: la corrupción y el narcotráfico van a ser la tumba de este gobierno si no pone mano firme para luchar y erradicar estos flagelos que dañan a nuestra sociedad”.
La organización de militares jubilados mantiene una postura crítica sobre la situación actual y ha denunciado que el actual comandante del ejército, general Juan Carlos Zúñiga, estaría involucrado en operaciones de contrabando de combustibles que Bolivia importa pero que son llevados de contrabando a países vecinos.
Mientras tanto, las exportaciones de gas en el primer trimestre del año sumaron 575 millones de dólares, pero las importaciones de combustibles costaron en ese mismo lapso 711 millones y las inversiones petroleras se han frenado.
Las empresas petroleras que operan los campos de producción de gas en rápido proceso de agotamiento siguen esperando que la empresa estatal les pague 150 millones que les debe y acaban de rechazar la propuesta del gobierno de pagarles en moneda nacional, devaluada por el surgimiento de un mercado negro para el dólar. Si aceptaran esa propuesta, las petroleras perderían 25% de lo que deben recibir, porque el dólar paralelo está en 8.10 y la cotización oficial en 6.96.
La pelea de Arce y Morales para saber quién de ellos será el candidato del partido MAS en las elecciones de 2025 es mirada con indiferencia por los ciudadanos, ahora preocupados por la falta de dólares y la inflación que ha comenzado a mostrarse.