Admiten moción

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Se aprobó la admisión de la moción de vacancia presidencial por 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones.
El Pleno del Congreso acordó el día 18 de setiembre a las 10am para el debate y votación del pedido de vacancia mediante una sesión especial. El Presidente Vizcarra cuya vacancia es materia del pedido puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta minutos.
El acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución, requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso (87 votos) y consta en Resolución del Congreso.
La resolución que declara la vacancia se publica en el diario oficial dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso. En su defecto, el Presidente del Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
La resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al vacado, al Presidente del Consejo de Ministros o se efectúa su publicación, lo que ocurra primero.
Fuente: Diario El Comercio y Convoca.pe

QUIEN A HIERRO MATA: LA VACANCIA

Por Aníbal Quiroga León, Jurista. Profesor Principal PUCP- Guik.pe
Nuevamente vivimos momentos convulsos en nuestra política doméstica y en nuestra estabilidad constitucional. Un jueves ordinario se tornó en frenético cuando, como antaño, el Congreso de la República (CR) exhibió de pronto comprometedores audios nada menos que para el Presidente de la República, en donde resulta evidente que ha sido traicionado y grabado subrepticiamente por su entorno más cercano, probablemente con un inocente y moderno celular, en situaciones comprometedoras a partir de las tibias investigaciones del CR por el presunto favorecimiento a un personaje inverosímil, como el ahora famoso “Richard Swing”, a quien se habría favorecido de modo grosero para recibir dinero del Estado por la vía de presuntas órdenes de servicio emitidas por sus eminentes servicios profesionales, como “doctor honoris causa”, en nada menos que el Ministerio de Cultura, como si fuera un verdadero exponente de la cultura nacional, habiendo sido las últimas contrataciones en plena emergencia nacional declarada por la inclemente pandemia del COVID-19.
No deja de ser bochornoso y patético, que nos pinta de cuerpo entero y nos desnuda en nuestra desinstitucionalización política y constitucional, que la Presidencia de la República y sus relaciones con el CR se vean severamente afectadas por la aparición de un curioso personajillo como este, aparentemente favorecido por “órdenes e influencias superiores”. Todo ello a costa del erario nacional, es decir, de nuestros impuestos: de los suyos y de los míos que deberían tener mejor destino en la crisis de salubridad más severa en el último siglo, y una crisis económica que nos tiene fondeados, habiendo logrado dudoso mérito de ser el primer país del mundo en el peor manejo público de la pandemia y de su economía.
Pero, como bien se preguntó Zavalita: ¿Cuándo se jodió la cosa? La crisis empieza en verdad en el 2016, cuando PPK gana las elecciones en segunda vuelta a KFH arrebatándole un triunfo que consideraba cantado. La tozudez política, la no aceptación de la derrota y la sangre en el ojo -siempre mal consejera- determinaron que la mayoritaria representación congresal fujimorista -tipo Panzer- se enfrentara a PPK no dejándole gobernar -más allá de su presidencia naif y de su pobre liderazgo- quien además adolecía de una bancada importante y, sobre todo, verdaderamente cohesionada, pues no pasaba de ser un conjunto de patas inconexos que ni se terminaban de conocer, ni de pasar, que no tenían mucho en común y que competían por sus personalísimas ambiciones.
Así las cosas, el pleito se llevó hasta llegar a dos pedidos de vacancia presidencial del PPK, el segundo firmemente alentado por César Villanueva, con la anuencia y beneplácito del Vicepresidente Vizcarra, a quien tales escarceos le sirvieron la presidencia de la República en bandeja, una vez que un abrumado y cansado PPK se viera forzado a renunciar viendo desfilar, delante de su puerta, traiciones y traidores. También en aquel entonces hubo audios y videos clandestinos de dudosa legalidad, pero por los que nadie reclamó y la renuncia de PPK llegó casi un bálsamo político, en una crónica de una muerte anunciada. Por eso la máxima bíblica: quien a hierro mata, a hierro muere…
Es curioso como aquello que se dijo antes, ya no se dice ahora; como aquello en que se fundamentó aquello, hoy se discute y contradice buscándole la quinta esencia a la Constitución a fin de casi desaparezca la causal de vacancia por permanente incapacidad moral del Presidente de la República. Si la pudieran borrar de la Constitución, lo harían. Pero mal que les pese, ahí está, tal cual, puesta en blanco y negro, recordando una causal que ha estado en muchas constituciones en el pasado sin que nadie la objetara; la misma que fue aplicada tan solo en dos ocasiones en el Siglo XX: con Billinghurst en 1914 y en el 2000 con gran alegría y sentimiento de justicia a AFF cuando -luego de un Golpe de Estado, un gobierno autoritario, asesores presidenciales harto discutibles y una fuga hacia Brunei desde donde pretendió renunciar por fax- el CR de entonces no le aceptara la misma y, de modo expeditivo, trocara el pedido de renuncia por una de vacancia por “permanente incapacidad moral”, siendo votada en ese mismo en el acto con solo 66 votos (los que entonces exigía el Reglamento del Congreso) e inhabilitado para el ejercicio de función pública por 10 años, el máximo previsto. ¿Alguien dudó entonces, o duda hoy, de que la causal encajaba perfectamente en la conducta de AFF? No, ni entonces ni hoy, a nadie le pareció general, inespecífica, indeterminada, arbitraria o sin tipicidad.
Y es que la vacancia por incapacidad moral permanente prevista en el Inc. 2do. del Art. 113° de la Constitución no pertenece a una categoría jurídica, sino política, que se forma y configura cuando 87 congresistas, cuando menos, consideran con su voto que se ha configurado. Es lo que la doctrina constitucional reconoce como un Impeachment o “juicio político”. Es una determinación política. No vamos a encontrar hospital o institución médica que certifique la “incapacidad moral permanente” de nadie, ni se trata de una afección mental; se trata de una categoría política propia del juego político constitucional que se abre paso cuando un presidente comete, a juicio de la Representación Nacional, graves hechos que comprometen su prestancia y ejercicio en el cargo y afectan a la institución presidencial, y cuando el presidente carece de congresistas en el CR que sean de su agrupación o partido, es decir, cuando carece de bancada propia. ¿Por qué Toledo, Humala o Garcia no pasaron por esa tesitura? Porque tenían una bancada que restaba los votos a la oposición y ejercían su defensa. ¿Por qué PPK, o ahora su sucesor y antaño objetor Martín Vizcarra, estuvieron o están sometidos a ello? Porque tenían muy pocos, o a nadie, en el congreso que le represente. Ello, que forma parte de la forma tan peculiar con que el Presidente de la República concibe nuestra democracia constitucional, con un carácter binario que hace que desprecie al CR y solo tenga como leitmotiv el estar en permanente contención con este: reforma judicial, reforma política, referéndum, muy discutible cierre del Congreso, el abismo hacia elecciones congresales apresuradas e innecesarias para un CR corto y mocho que es su principal creación, como ya lo había señalado en estas páginas digitales (“Padre, he ahí tu creatura”; Guik, 040720). Ahora, cual Urano inverso el hijo decide fagocitarse al padre en un acto de parricidio político.
¿Hay causal para vacar al Presidente de la República? Pues, como en el caso de PPK, dependerá de lo que decida políticamente el Congreso. También en Paraguay Lugo entró a su Congreso en la mañana como Presidente de la República y salió por la tarde como expresidente, luego del impeachment que le aplicaron. Hace poco el Presidente Trump salvó por pocos votos la formación de la causa política del impeachment en su contra, animada por la Congresista Demócrata Nancy Pelosi, que casi logra su destitución en el cargo de la nación más poderosa del mundo. Le faltaron votos, no razones. Si no hay los votos necesarios, no se legitimará el pedido de vacancia y, si los hubiera, esta deberá proceder de modo fulminante.
No deja de ser candoroso observar cómo se han invertido los papeles: aquel que traicionó a su Presidente para reemplazarle en el cargo complotando con oscuros personajes de la política, hoy perseguidos por la justicia anticorrupción, pactando inclusive con los fujimoristas, hoy podría ser pasado por las mismas horcas caudinas. Aquel que estiró como chicle la letra de la Constitución para justificar un cierre arbitrario e inconstitucional del Congreso, hoy pide que se lea la misma letra de modo restringido y casi inexistente, casi abrogando el texto constitucional; aquel que proclamó la tolerancia cero a la corrupción, acusando a diestra y siniestra, quiere hacer creer que ha tenido inocentes coordinaciones de trabajo con sus subordinados; aquel que habla de la institucionalidad política y de la democracia, se deja pechar por una secretaria personal que lo saca al fresco hasta en 10 oportunidades, mientras aleccionaba a testigos de cómo declarar lo que no era verdad, instigándolos a mentir, ordena al mismo tiempo alterar registros de visitas; y aquel que negó, como Pedro por tres veces, haberse reunido con Richard Swing, faltó groseramente a la verdad al reconocer sotto voce y en la intimidad, que fueron dos, “tal vez tres…”, las reuniones en Palacio de Gobierno.
Es muy probable que salve la vacancia presidencial este viernes 18 por falta de los votos necesarios a la luz de la votación de la admisibilidad del trámite de vacancia de ayer viernes, donde faltan aún alrededor de 20 votos para llegar a los mágicos 87. Mucho dependerá de su defensa y de cómo la ejercite. Y si la ejercita. Pero aun así quedará muy mellado y deslegitimado. Y los mismos que le auparon y aplaudieron en su momento -con excepción de los rentados- se erigirán en severos catones que le demandarán las evidentes responsabilidades penales del caso. No es él a quien corresponde calificar y exculpar el contenido de los audios como carentes de contenido penal, eso es lo dicen todos los investigados: conforme a la Constitución, tal calificación, apreciación y valoración le corresponde autónomamente al Ministerio Público, a un fiscal honesto e imparcial. Es el quien deberá decirlo en senda resolución debidamente motivada.
Entretanto, una entusiasta Ministra de Justicia anuncia que recurrirán de emergencia al Tribunal Constitucional (TC) con una nueva contienda de competencia, cuando ellos mismos se burlaron y denostaron a las autoridades del Congreso disuelto cuando hicieron uso de ese mismo instrumento del derecho procesal constitucional el año pasado. No parece ser una vía procedente, porque la destitución del Presidente no le quita al Poder Ejecutivo ninguna facultad ni le menoscaba competencia o atribución alguna, ya que de producirse, sólo le quitaría la banda presidencial a Martín Vizcarra y se la daría a otro, quien sería el nuevo Jefe del Ejecutivo. Habría de inmediato un nuevo Presidente de la República conforme a la sucesión presidencial ya prevista en la Constitución (véase el 2000 con el Presidente Paniagua), y no parece muy seguro que el conflicto de competencia constitucional pueda usarse para salvar el pellejo de un presidente bajo impeachment. Sin embargo, con este TC, que ya le salvó el cuello en enero pasado con una ajustada mayoría de 4-3 al Presidente Vizcarra con ocasión del indebido cierre del Congreso anterior, nada se puede adelantar y es probable que en estos días de euforia en la Plaza Bolívar ya hayan coordinado algo en la casa de Pilatos con alguno de los más conspicuos como discutibles miembros del actual TC.
Quizás confiado en eso, el Presidente Vizcarra desista de ir al Congreso a hacer su defensa y, quizás, ni siquiera acredite abogado alguno para que lo haga en su representación. Total, está lleno de frases huecas, falsas muestras de valor y promesas no cumplidas. Así que eso de que “aquí estoy” si vienen por mí, “yo no me corro”, “No me van a doblegar” y “pondré el pecho” para afrontar las responsabilidades políticas del caso, está aún por verse. Dime de qué te jactas, y te diré qué te falta, reza el dicho popular. Suelen ser bravatas para la tribuna. Por su propia personalidad y temores, no parece que tenga mucho interés de enfrentar al pleno del Congreso con su defensa. En todo caso, pago por ver.

Exprocuradores señalan que Fiscalía de la Nación puede iniciar investigación preliminar sobre audios

Dos exprocuradores de la República conversaron con RPP Noticias sobre los audios revelados por el congresista Edgar Alarcón, que involucran al presidente Martín Vizcarra y personajes de su entorno, y analizaron las consecuencias jurídicas.
“Habrían varios delitos”
La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Katherine Ampuero, afirmó que la Fiscalía de la Nación podría iniciar una investigación preliminar o diligencias preliminares a los protagonistas de los audios.
Sin embargo, aclaró que esta pesquisa no podría avanzar a una siguiente etapa del proceso contra el jefe de Estado, Martín Vizcarra, ya que por su alto cargo no puede ser acusado hasta finalizar su mandato presidencial.
“Tendría que esperar que venza, su mandato presidencial, esto es el 28 de julio del 2021 para que pueda formular una acusación por la presunta comisión…porque aquí habrían varios delitos”, explicó.
Katherine Ampuero precisó que por ejemplo en el primer audio se escucha al presidente Martín Vizcarra, Karem Roca, Mirian Morales y Óscar Vásquez ponerse de acuerdo para “distorsionar la verdad de los hechos” ante el Ministerio Público.
“De los tres audios que se han hecho público el día de hoy, en el primero audio es donde he podido sacar las conversaciones y tipificarlas en los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal, obstrucción a la justicia”, dijo.
“Sospecha simple”
Asimismo, el exprocurador Iván Montoya consideró que la Fiscalía de la Nación puede abrir una investigación preliminar al entorno del presidente Martín Vizcarra sobre los audios revelados por el congresista Edgar Alarcón.
“Un pequeño fragmento donde se refiere cuántas visitas (…) ese es el fragmento, el único que puede denotar sospecha simple de un encubrimiento real o delito de obstrucción a la justicia. Ameritaría una pesquisa preliminar”, sostuvo.
Iván Montoya aclaró que una eventual investigación preliminar sobre los personajes vinculados a los audios podría extenderse de nueve meses a 18 meses aproximadamente.
“Con la información que tenemos lo ideal es que la Fiscalía abra una investigación preliminar probablemente para investigar al entorno presidencial, probablemente para hacer algunas preguntas, y probablemente al Presidente como testigo”, dijo.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Fiscalía y la Diviac allanan viviendas de Ricardo Cisneros, Karem Roca y Mirian Morales

El Ministerio Público y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional allanaron esta madrugada las viviendas del cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, así como las de Karem Roca y Mirian Morales.
La medida fue dispuesta por la Tercera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal Janny Sánchez.
La decisión se adoptó con la finalidad de incautar documentos en el marco de la investigación sobre el caso ‘Richard Swing’ y tras la difusión de tres audios en el Congreso de la República.
El operativo en todas las viviendas se realizó de manera simultánea en San Isidro y Miraflores, e incluyó la casa de Lincoln Matos Parodi, director general de la Oficina General de Administración del Ministerio de Cultura.
Como se recuerda, el último jueves Edgar Alarcón, titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, presentó tres audios: los dos primeros son conversaciones grabadas del jefe de Estado con funcionarios de Palacio de Gobierno, y en el tercero se escucha a ‘Richard Swing’.
En el primer audio, el presidente Martín Vizcarra y las funcionarias mencionadas por Alarcón conversan sobre la versión que debería dar Karem Roca respecto a la visita de ‘Swing’ registrada en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno.
El segundo audio es una conversación entre el jefe de Estado y una voz que sería la de Karem Roca. Allí el jefe de Estado se muestra ofuscado, niega y llega a alzar la voz. “Estás llena de odio en tu cabeza, llena de mentiras, ¡ya me hartaste!”, se escucha decirle en el audio.
El tercer y último audio es una conversación entre Karem Roca y el propio Richard ‘Swing’. En este, ‘Swing’ dice que tiene audios de conversaciones con el presidente Martín Vizcarra y Roca hace referencia a otros funcionarios.
El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro realiza una diligencia en ocho inmuebles vinculados a la investigación por las presuntas irregularidades cometidas en la contratación del polémico cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, entre los años 2018 y 2020, por un monto total de S/175,400.
Las viviendas de los funcionarios del Ministerio de Cultura allanadas pertenecen a Jorge Antonio Apoloni Quispe, secretario general; Lincoln Martin Matos Parodi, director general de la Oficina General de Administración; Aura Elisa Quiñones Li, directora general de la Oficina General de Recursos Humanos; Liliana Margot Chaname Castillo, directora general de Recursos Humanos; y Mauricio Manuel Salas Torreblanca, programador del Gran Teatro Municipal.
La medida autorizada judicialmente a pedido de la fiscal provincial Janny Sánchez Porturas se realiza con el apoyo de 8 fiscales, 8 peritos informáticos y 24 efectivos policiales de la División de Alta Complejidad (Diviac), en los domicilios de seis de un total de catorce investigados por el delito de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible en agravio del Estado.
Mediante dicha diligencia, se busca incautar todos aquellos bienes, especies y documentos relacionados al caso; así como ejecutar el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones para visualizar y extraer información, data digital y redes sociales vinculadas al mismo.
Fuente: Diarios Perú21 y EXPRESO.

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