JNE le enmienda plana al Gobierno de Vizcarra

Hace unas semanas, el gobierno del presidente Martín Vizcarra sentó postura contra la reelección de los congresistas disueltos para los comicios del 2020 y 2021. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), le dio un revés y decidió que exparlamentarios si podrán participar en el proceso entrante.
Cabe recordar que el premier Vicente Zeballos afirmó que “consideramos que no está permitida la postulación para enero, ni mucho menos para las elecciones del 2021″.
A Zeballos se le aunó el presidente Martín Vizcarra cuando mencionó que “lo que se votó el 2018 y fue ratificado en el referéndum es que no hay reelección congresal. Y los periodos congresales son de cinco años. Entonces, el Jurado tiene que interpretar si esto es para las elecciones del 2021 o son para estas, que son fruto de una decisión constitucional que termina un periodo corto de un Congreso”.
Sin embargo, la situación cambió cuando el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió que los congresistas que formaron parte del ahora disuelto Congreso, podrán participar en las elecciones parlamentarias del 2020.
La decisión del referido colegiado consideró que la regla establecida en el artículo 90-A de la Constitución Política no se puede aplicar al presente proceso electoral por su naturaleza extraordinaria. El acuerdo adoptado esta tarde es producto de un amplio y profundo debate en el que se revisó de manera técnica los alcances de la normatividad constitucional y la legislación electoral.
De esta manera, el JNE respondió a la brevedad la consulta efectuada por dicho organismo de primera instancia en materia de justicia electoral, que se encontraba facultada para realizar requerimientos jurisdiccionales de carácter genérico sobre los comicios, de acuerdo con la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.
Los JEE instalados deben considerar lo resuelto por el supremo tribunal electoral al momento de calificar las solicitudes de inscripción de listas de candidatos, cuyo plazo de presentación por los partidos políticos vence el próximo 18 de noviembre de acuerdo al cronograma electoral.
Fuente: Diario EXPRESO.

Crédito: Alfredo Sabat.

¿Un “golpe” contra un golpista?

Por Andrés Oppenheimer– Diario La Nación de Argentina.
Los presidentes de México, Cuba y Venezuela y el presidente electo de la Argentina, que avalaron el fraude electoral realizado por el expresidente boliviano Evo Morales el 20 de octubre, ahora están denunciando lo que llaman un “golpe” en Bolivia. Pero ¿fue la renuncia forzada de Morales un “golpe”? ¿O fue una restauración legítima del Estado de Derecho después de que un presidente inconstitucional se robó una elección? En otras palabras, ¿puede haber un “golpe” contra un golpista?
Estas son preguntas importantes por razones que van mucho más allá de la crisis de Bolivia. Plantean la cuestión de si una potencial exigencia militar de que se realicen elecciones libres en Venezuela, Nicaragua, Cuba u Honduras sería un golpe de Estado o, todo lo contrario, una medida legítima para restaurar el orden constitucional. Para ser claros, contrariamente a quienes admiran al difunto dictador chileno Augusto Pinochet o a Fidel Castro, creo que no existe tal cosa como un “buen” golpe o un “buen” dictador.
Es por eso que a lo largo de los años he criticado los golpes tanto de derecha como de izquierda, incluidos el de Pinochet, el del dictador argentino Jorge Rafael Videla y el de 2002 contra el difunto hombre fuerte de Venezuela, Hugo Chávez. Pero en todos esos casos, los militares derrocaron o forzaron la renuncia de presidentes democráticamente elegidos. Comparativamente, Morales era un presidente inconstitucional, que cometió fraude en las elecciones del 20 de octubre.
Aquí están los hechos. Primero, según la Constitución vigente cuando Morales asumió el cargo en 2006, solo podía servir dos términos consecutivos. Pero Morales cooptó el sistema de justicia para cambiar las reglas y postularse para un tercer mandato. Esa fue su primera gran violación del Estado de Derecho. En segundo lugar, en 2016 celebró un referéndum para poder postularse para un cuarto mandato consecutivo. Morales perdió el referéndum, pero ignoró sus resultados. Esa fue su segunda gran violación de la voluntad del pueblo.
Tercero, después de haber perdido el referéndum, Morales esgrimió el insólito argumento de que impedirle postularse para un cuarto mandato violaría sus derechos humanos. Hizo que el Tribunal Constitucional, repleto de adeptos suyos, validara su argumento. Esa fue su tercera gran violación del Estado de Derecho. Cuarto, Morales se robó las elecciones del 20 de octubre, tal como lo confirmaron los propios observadores electorales extranjeros invitados por su gobierno y la empresa privada contratada por el régimen para auditar los resultados electorales.
A las 8 de la noche del día de las elecciones, el Tribunal Electoral dejó de anunciar misteriosamente los resultados cuando estaba claro que Morales no ganaría en la primera vuelta. Era vox populi que Morales no ganaría en una segunda vuelta, porque la mayoría de los candidatos de la oposición se unirían en su contra.
El sistema permaneció caído durante las siguientes 23 horas. Cuando se reanudaron los resultados oficiales al día siguiente, Morales había revertido milagrosamente la tendencia de los votos y se perfilaba como ganador en la primera vuelta. Esa fue la gota que rebasó el vaso y motivó que la gente saliera a protestar.
Una misión de observación electoral de 92 miembros de 24 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el propio Morales había invitado al país, determinó que los resultados oficiales eran dudosos y recomendó que se realizara una segunda vuelta.
Morales disputó el fallo de la misión de observación de la OEA y acordó permitir una nueva misión de auditoría de la OEA de 30 miembros, que la oposición de Bolivia denunció como parcializada a favor de Morales. Sin embargo, la nueva misión de auditoría también concluyó que Morales no había ganado limpiamente.
En resumen, si los militares que recomendaron que Morales renunciara para evitar un derramamiento de sangre permanecen en el poder, será un golpe de Estado. Pero si se respeta la línea de sucesión constitucional y un nuevo presidente interino convoca nuevas elecciones en 90 días, será una medida para restablecer el orden constitucional que había violado Morales.

SIN TRANSPARENCIA ALGUNA

Por Manuel Romero Caro.
De como el gobierno, los fiscales y el procurador desinforman a la ciudadanía afirmando que fue la jueza Álvarez la que autorizó la devolución a Odebrecht de los 524 millones de soles.
Cuanto todavía continúan las críticas contra la noticia sobre la autorización de la Jueza Álvarez Camacho para devolver a Odebrecht los 524 millones del saldo de la venta de Chaglla, el diario La República del 10.11.19 anunció que la jueza NO ordenó devolver dicho dinero.
Asimismo, según LR, de la lectura total de la resolución de la jueza, queda claro que la devolución del dinero fue producto de un pacto entre el procurador ad hoc Ramirez y Odebrecht. Y que la definición si se devuelve o no el dinero, se debería efectuar sin requerir una orden judicial. De lo anterior surgen varias interrogantes: ¿ por qué el Premier Zevallos desinformó a la ciudadanía al asegurar que la devolución del dinero a Odebrecht fue decisión autónoma del Poder Judicial? Asimismo, si todos los medios informaron que la jueza Álvarez ordenó la devolución de los 524 millones, ¿ por que el Fiscal Vela permitió dicha desinformación? Inclusive en una entrevista a Vela en El Comercio 05.11.12 ante una pregunta concreta, ¿quiere decir que la jueza ha determinado que se desembolse a la empresa Odebrecht el dinero que quedó pendiente por la venta de Chaglla? , Vela en lugar de aclarar lo dispuesto por la jueza, se va por las ramas y no contesta la pregunta.
Si el asunto estaba tan claro para la jueza Álvarez, los fiscales y el procurador , ¿por qué permitieron que el asunto de si se devolvían o retenían los 524 millones se prolongara durante meses, al afirmar reiteradamente que le correspondía a la jueza decidir sobre dicho asunto? Asimismo si el procurador Ramirez conocía que en el Acuerdo con Odebrecht (ACO) él ya había aceptado devolver el dinero; ¿ por qué en una primera etapa afirmó que no procedía devolver los 524 millones? ¿Es que los fiscales, la procuraduría y el gobierno pueden desinformar a la opinión pública y no explicar las razones para los cambio de actitudes?; ¿ y porque el Poder Judicial no se tomó la molestia de aclararlo?.
Todas las interrogantes anteriores no hubieran sido necesarias formularlas si es que el equipo especial del lava Jato Peruano (LJP) hubiera autorizado la publicación del ACO suscrito en febrero del 2019. ¿ A que temen los fiscales al negarse a publicarlo?; ¿quizás a quedarse sin un arma para poder responder algunos de los cuestionamientos que le efectúan? Por ejemplo, los fiscales nunca se habían tomado la molestia de informar a la ciudadanía que el ACO era progresivo y abierto. Solo cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación anunció que existían numerosos proyectos en los que Odebrecht había pagado sobornos y que NO estaban incluidos en el ACO, los fiscales explicaron que el Acuerdo permitía que se incorporaran esos proyectos en los que Odebrecht había hecho todo lo posible por ocultar sus sobornos. ¡Y para colmo se le otorgarían los mismos beneficios que recibieron los 4 proyectos incluidos en el Acuerdo, en los que sí aceptó haber otorgado sobornos! ¿Y como sabemos que eso realmente estuvo en el ACO original y no fue producto de una adenda posterior?
Es que así como todos sabemos que la impunidad es el principal motivador de la corrupción; la transparencia es la principal herramienta para prevenirla. Otro aspecto que tampoco no se ha informado a la opinión pública, es a cuanto ascienden la deudas totales de Odebrecht en el Perú, por todo concepto. Por lo que resulta indispensable que el procurador Ramirez, que aunque no lo parezca, su principal función es defender los intereses del Estado, informe al respecto. Asimismo hay que insistir, una vez más, para que se publique de una buena vez el publicitado, pero desconocido, Acuerdo con Odebrecht.