Odebrecht registró a Susana Villarán como ‘Careca’ en planillas para recibir pagos ilícitos de Caja 2

El exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reveló una serie de ‘codinomes’ con los que habrían registrado pagos ilícitos a funcionarios peruanos a través de las planillas de la Caja 2 de su empresa.
Durante un interrogatorio realizado por el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, Barata reveló que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue registrada con el ‘codinome’ de ‘Careca’ para realizarle el pago de US$ 500 mil para el financiamiento de su campaña contra la revocatoria.
De acuerdo con información de IDL Reporteros, este pago se realizó mediante la empresa PEL-Project Engineering & Logistic, el 28 de agosto de 2014. Sin embargo, no es el único pago que realizó Odebrecht para la campaña del ‘No’, pues también entregaron US$350 mil al exgerente municipal José Miguel Castro identificado con el ‘codinome’ de ‘Budian’.

Payasa barata

El apelativo que le dieron a Susana Villarán fue dado a la exalcaldesa debido al parecido que tiene con el popular payaso brasileño ‘Carequinha’ (George Savalla Gomes).

Vinculación a funcionario de Castañeda

Las revelaciones de Barata sobre los pagos de la Caja 2 no solo involucran a la gestión de Villarán, quien afronta 24 meses de prisión preventiva, sino que también incluyeron a Martín Bustamante, funcionario durante la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio.
Según la declaración del exhombre fuerte de Odebrecht en Perú, Bustamante recibió dos depósitos por un total de US$75,000 por la concesión de Rutas de Lima y fue registrado con el ‘codinome’ de ‘Bigode’.
Estos pagos se realizaron en efectivo mediante la empresa Construmaq y según apunta el portal corresponderían a la campaña de Castañeda Lossio para llegar a la Municipalidad de Lima en 2014.

Sobre Cánepa

Quien también fue mencionado por Barata durante su declaración a los fiscales peruanos fue el abogado Horacio Cánepa, quien actuó como árbitro en favor de procesos de Odebrecht.
Él aparecía registrado con el ‘codinome’ de ‘Almofadinha’ para recibir más de US$ 4 millones de la constructora brasileña con el fin de que la favorezca en los procesos arbitrales.
Fuente: Radio Programas del Perú, Diarios Correo y El Comercio.

‘Magali’, coimas y Gasoducto

Por Romina Mella- IDL Reporteros.
En la mañana del lunes 22 de julio hubo una reunión muy importante en un estudio de abogados de largo membrete: Philippi Prietocarrioza Ferrero DU & Uría. Es un estudio multinacional, cuyos socios peruanos constituían antes el estudio Delmar Ugarte.
Los socios sabían que enfrentaban una crisis y dejaron encargada a la parte peruana, donde se había originado, dar los primeros pasos que la situación demandaba.
Esa mañana, los dos socios principales de Delmar Ugarte recibieron a otro socio del estudio, el abogado Miguel Ángel Ronceros Neciosup, que acababa de retornar del extranjero. En otros lugares y circunstancias, la atmósfera hubiera tenido, probablemente, una carga dramática visible y fuerte. Pero la que hubo, según fuentes con conocimiento de causa, fue una atmósfera de casi solemne seriedad notarial.
Los ejecutivos del Estudio indicaron a Ronceros que, como sin duda sabía, el escándalo del caso Lava Jato, específicamente en cuanto a actuaciones irregulares en el proceso de concesión del Gasoducto del Sur, había afectado al estudio, al haber sospechas sobre algunos de sus miembros. El Estudio había decidido, en consecuencia, iniciar una investigación interna muy rigurosa como parte de las políticas de compliance.  Se contrataba a la compañía Control Risks para que lo hiciera, y todos los miembros del Estudio deberían allanarse a ella. Eso incluía, por supuesto, a Ronceros. ¿Estaba dispuesto?
No, dijo Ronceros. No estaba dispuesto. Así que presentaba en forma inmediata su renuncia al Estudio. Presentó la carta, se hizo el acta, la firmaron y Ronceros abandonó el Estudio al que había ingresado por última vez como socio.
Nadie expresó emociones. Ni tampoco nadie pronunció la palabra que todos ellos ya conocían y que resumía lo que había pasado y, sobre todo, lo que pasará.
Magali.
Sí, Magali. El codinome o seudónimo misterioso que había aparecido en las planillas del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht como parte de un conjunto de pagos ilícitos relacionados con la concesión del Gasoducto Sur y que fueron reveladas en la investigación continental “División de sobornos” del ICIJ, en la que participó IDL-Reporteros.
Algunos codinomes habían sido revelados hasta ahora. Pero no el de Magali.
Ahora, IDL-Reporteros ha podido confirmar que Miguel Ronceros aparece en las planillas del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht bajo el seudónimo de ‘Magali’, precisamente en los pagos vinculados al proyecto del Gasoducto del Sur, adjudicado al consorcio conformado por Odebrecht Latinvest y Enagás en junio de 2014.
‘Magali’ (Ronceros) recibió un total de 450 mil dólares, en cuatro pagos, entre el 24 de octubre y el 23 de diciembre de 2014, de acuerdo con el registro de las planillas que IDL-R publicó el 26 de junio pasado.
Los dos primeros pagos, cada uno de 50 mil dólares, se hicieron el 24 de octubre de 2014, a través de la offshore PEL Project Engineering & Logistics, controlada por un doleiro del departamento de sobornos de Odebrecht. Para esta transacción, el dinero fue provisto por la notoria offshore Klienfeld Services, creada exclusivamente para el pago de sobornos y el movimiento clandestino de dinero, a cargo del doleiro Olivio Rodrigues.
En las planillas figura un tercer pago a ‘Magali’ de 300 mil dólares, del 28 de octubre de 2014, vinculado a la offshore panameña Manning Investment Company S.A., bajo el concepto de “consultoría financiera y de inversiones”. El pago fue ordenado por la compañía Yangai Trading Limited (Hong Kong) – controlada por Olivio Rodrigues –, y se hizo a través del Meinl Bank, de Antigua. Desde 2010, ejecutivos del Sector de Operaciones Estructuradas tenían el control de esa sucursal bancaria porque habían comprado el 51 por ciento de sus acciones.
El último pago a ‘Magali’, es decir Ronceros, es del 23 de diciembre de 2014,  por 50 mil dólares, a través de la offshore PEL Project Engineering & Logistics.
Sobre este pago hay dos documentos adicionales a la planilla, que demuestran cómo fue tramitado internamente por el Sector de Operaciones Estructuradas. El 4 de noviembre de ese año, Flavio Faria (entonces director superintendente de Odebrecht en Argentina) le envió a Angela Palmeira, funcionaria encargada de los pagos en el exterior, un correo electrónico con el siguiente mensaje:  “A continuación las direcciones para las liquidaciones de noviembre”, con una relación de siete codinomes, de los cuales los cinco primeros correspondían a pagos por el Gasoducto del Sur.
El ejecutivo de Odebrecht detallaba que debía desembolsarse 50 mil dólares a ‘Magali’ la semana del 24 de noviembre, a través de PEL Project Engineering & Logistics, a una cuenta en el Hang Seng Bank Limited, de Hong Kong. Esto se condice con la planilla de “programación semanal” del 24 al 28 de noviembre de ese año, donde el monto aparece cargado al Gasoducto del Sur, dentro de la lista de pagos asignados por Flavio Faria, que tuvo liderazgo real de la obra por su conocimiento experto en la construcción de ductos.
En el mail también figuraba la programación de un pago de 200 mil dólares (para ser pagados en euros) a ‘Novatos’, codinome asignado al exejecutivo de Odebrecht en Argentina Daniel Díaz, un experto en gas y energía, beneficiario final de la offshore uruguaya Fortune Active. Ese pago es el que figura en la planilla del Sector de Operaciones Estructuradas publicada por IDL-R.
Aparecen otras órdenes de pago vinculadas a dos codinomes ya conocidos: ‘Gaza’ (Constantino Galarza Zaldívar, actual vicegobernador del Callao, y representante legal de la offshore CGZ Ingenieria Corp); y ‘French’ (Juan Brignardello Vela, accionista de la offshore panameña Chirag Grand Power y amigo cercano de Manlio Alessi, quien fuera country manager de la empresa francesa GDF Suez para Perú y Colombia entre el 2007 y el 2016).
El informe
Si bien el efecto catalizador de esta historia se había dado con los allanamientos al Estudio y a los domicilios de dos de sus socios (Mariana Simoes y Luis Peschiera), esta se remonta a 2014, cuando el estudio Delmar Ugarte asesoró legalmente al comité de Proinversión a cargo del proyecto del Gasoducto del Sur para, fundamentalmente, elaborar contrato de concesión y hacer informes legales, entre los cuales destaca uno que recomendó descalificar al postor competidor de Odebrecht Latinvest (que actuó en consorcio) hacia el tramo final del proceso.
Miguel Ronceros es quien estuvo a cargo del equipo legal para asesorar a Proinversión.
De acuerdo con fuentes de IDL-R, hacia fines de 2013, Proinversión invitó al estudio Delmar Ugarte a participar en el concurso para la asesoría legal en el caso Gasoducto del Sur. “Proinversión se contacta con Miguel Ronceros y él propone llevar a cabo la asesoría porque el Estudio podía adquirir una hoja de vida importante. Él capta el caso, capta el cliente. Y él dirige el equipo”,  relataron las fuentes.
Esto se corrobora en parte con las declaraciones de Luis Peschiera, uno de los socios del estudio que integró el equipo liderado por Ronceros, ante la Fiscalía. “Delmar Ugarte se adjudica la buena pro en un concurso convocado por Proinversión para tal efecto en diciembre de 2013. Nuestra participación consistió en la asesoría integral del Comité de Seguridad Energética a lo largo del proyecto, como por ejemplo elaboración del contrato de concesión, elaboración de contratos diversos, elaboración de consultas tributarias, elaboración de consultas regulatorias, absolución de consultas de los postores, y finalmente el informe relativo a la variación de porcentajes de uno de los postores entre otros muchos temas. Yo era uno de los socios asignado por el estudio para liderar el equipo encargado de este cliente”, relató Peschiera a la fiscal Martha Salinas, el 23 de noviembre de 2016, como parte de las investigaciones del despacho del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia.
“¿Quiénes participaron del Estudio Delmar Ugarte en el informe relativo a la variación del porcentaje de uno de los postores?”, preguntó la fiscal Salinas. “Principalmente participó Miguel Ronceros Neciosup y yo, siendo el mismo intercambio de correos con las opiniones legales y Miguel Ronceros era quien revisaba los primeros borradores del informe que yo preparaba”, respondió Peschiera.
“¿En qué consistieron los informes que presentó el estudio Delmar Ugarte por Proinversión y cuál fue su participación?”, le preguntó la fiscal a Peschiera.
“Con fecha 26 de junio de 2014, uno de los postores precalificados presentó una carta variando la composición de los porcentajes de sus miembros, en la misma fecha en la que presentaba los sobres N2 y N3. Se nos consultó por el Comité de Proinversión cuál era la consecuencia jurídica de esto, y nosotros concluimos que la consecuencia era la descalificación del postor (…)”, indicó Peschiera a la fiscal Salinas.
De acuerdo con fuentes de IDL-R, el pedido de Proinversión a Delmar Ugarte para que elaborare un informe sobre si el consorcio Gasoducto Peruano del Sur (integrado por las empresas GDF Suez, Sempra, Techint y TGI) debía ser descalificado o no, llegó vía correo electrónico a Miguel Ronceros, que en ese momento estaba de vacaciones fuera del Perú.
“Se mandó un correo adelantando la posición y otro con un primer bosquejo de un informe formal, haciendo la atingencia, dada la premura, diciendo que es un documento de trabajo y no final”, indicaron las fuentes a IDL-R.
Según las mismas fuentes, Ronceros retornó a Lima hacia la mañana del 29 de junio. Ya en Lima, Ronceros fue acompañado por Peschiera a Proinversión y al ministerio de Energía y Minas para reunirse con funcionarios públicos, discutir el caso y afinar el informe. El informe solo llevó la firma de Peschiera, de acuerdo con las fuentes, porque Ronceros se fue apenas el informe estuvo listo.
Hay un dato relevante que es crucial a estas alturas de la investigación. De acuerdo con fuentes con conocimiento del proceso, en el transcurso de la asesoría a Proinversión, Miguel Ronceros se reunió con un ejecutivo de Odebrecht. Este le pidió, según las fuentes, que colabore con ellos y los mantenga informados con anticipación de cualquier decisión. Ronceros, de acuerdo con las fuentes, rechazó la propuesta. Pero todo indica que hubo por lo menos otra que no rechazó.
En diálogo con IDL-Reporteros, Miguel Ronceros dijo que “no tengo ninguna autorización para reunirme con nadie. No puedo brindar ningún tipo de declaración”.
Separación voluntaria
Quienes sí se allanaron a las investigaciones internas del Estudio fueron Luis Peschiera y Mariana Simoes. Ambos presentaron esta semana cartas de separación voluntaria de la firma; y pusieron a disposición del equipo forense archivos físicos, correos electrónicos, ydocumentos alojados en los equipos y sistemas de la firma.
Entrevistada por IDL-Reporteros, Mariana Simoes indicó que el último lunes 22 de julio envió una carta dirigida al presidente del Consejo de Administración del estudio, Marcelo Armas. “La decisión de mi salida es voluntaria y temporal, hasta que efectivamente quede comprobado que yo no tuve ninguna participación en la emisión del informe o en esta asesoría [a Proinversión, para el Gasoducto del Sur]. Tengo un interés común con el Estudio en este sentido, que es comprobar mi inocencia”, dijo Simoes.
De acuerdo con la abogada, cuando surgió la invitación de Proinversión para que el estudio Delmar Ugarte participe como asesor legal en el proceso para la concesión del Gasoducto del Sur, se opuso.
“Manifesté que no me parecía conveniente tomar la asesoría, no por el hecho de que yo hubiera trabajado en Odebrecht anteriormente, porque los conflictos se evalúan caso a caso. Pero a raíz de que el Estudio asesoraba a Odebrecht en otros casos, y que había asesorado anteriormente a Odebrecht en temas vinculado con otros proyectos, no me parecía conveniente. Yo lo expresé de manera formal en el Estudio. (…) Es importante saber que en ese momento yo no era socia del Estudio. No era parte de la toma de decisiones. Se lo expresé específicamente a Miguel [Ronceros], pero también con conocimiento de los otros abogados”. “Todos sabían que yo me había opuesto a que tomaran esta asesoría”, indicó Simoes.
Esta información fue corroborada por otras fuentes consultadas por IDL-Reporteros.
Si bien Simoes no participó de la asesoría que dio Delmar Ugarte a Proinversión, sí actuó como abogada de Odebrecht para otros casos. “Es importante aclarar que Odebrecht ya era cliente del estudio, antes de que me incorporara al Estudio [sic].  Como abogada del estudio yo he visto otros temas para Odebrecht. Pero nunca he visto temas relacionados al Gasoducto”, dijo Simoes.

Jorge Barata declaró que Odebrecht pagó 60 mil dólares a César Villanueva, según IDL-Reporteros

El ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, recibió dos pagos de 30 mil dólares de parte de la constructora brasileña Odebrecht, informó este martes IDL-Reporteros. El ex jefe de la empresa en Perú, Jorge Simoes Barata, declaró esto a los fiscales peruanos en Curitiba (Brasil).
Estos pagos se realizaron cuando Villanueva fue gobernador de la región San Martín (2007-2013) y fueron ordenados por Eleuberto Martorelli. Los depósitos se dieron bajo el seudónimo de “Curriculum vita” por el caso carretera Cuñumbuque–Zapatero-San José de Sisa.
La buena pro de esta obra se dio en 2009, fecha que coincide en el periodo de su gestión. Sin embargo, en anteriores ocasiones el ex jefe de Gabinete negó tener relación con Odebrecht, a pesar de que afirmara que su hijo, César Villanueva Ruiz, trabajaba en Odebrecht, en la Asociación Amazónica de Fomento de la Inversión Privada Amazinver.
Además, Jorge Simoes Barata explicó a los fiscales peruanos que los 60 mil dólares pagados a César villanueva se dieron en efectivo.
Fuente: Radio Programas del Perú.
La obra por la cual la firma brasileña fue sancionada es la carretera en Áncash, por la que pagó US$ 2.6 millones en sobornos al exgobernador César Álvarez. Foto: Difusión.

ODEBRECHT NO PODRÁ CONTRATAR CON EL ESTADO POR TRES AÑOS Y CUATRO MESES POR PRESENTAR DOCUMENTOS FALSOS

Por Óscar Libón y Alejandra Canchanya- Convoca.pe
El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) sancionó a la constructora brasileña con la inhabilitación hasta noviembre de 2022, al presentar documentación falsa relacionada a la carretera Callejón de Huaylas Chacas-San Luis, obra en Áncash por la cual se pagó US$ 2.6 millones en sobornos al exgobernador regional César Álvarez.
La empresa Odebrecht no podrá participar en licitaciones, concursos públicos ni contratar con entidades estatales del país hasta noviembre de 2022 debido a que fue inhabilitada por tres años y cuatros meses por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), al presentar documentos falsos para renovar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, según documentación oficial a la que accedió Convoca.pe.
De acuerdo con la Resolución N° 1943-2019-TCE-S1, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado confirmó su decisión de “imponerle [a la constructora brasileña] sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por el periodo 40 meses”. El documento fue emitido el 10 de julio último, pero había pasado inadvertido hasta ahora.
Con esta disposición, el tribunal de OSCE declaraba infundado la apelación presentada por Odebrecht a la anterior resolución de la misma instancia, del 10 de junio reciente, y además se estableció “dar por agotada la vía administrativa” al respecto.
El Tribunal de Contrataciones del Estado estableció la sanción para Odebrecht en la última instancia administrativa. Foto: Difusión.
¿Cuáles fueron los fundamentos para sancionar a la firma brasileña investigada por corrupción en el Perú y otras naciones al haber pagado millonarios sobornos a cambio de adjudicaciones o concesiones de proyectos de infraestructura?
Según documentación en poder de OSCE, la “Constructora Norberto Odebrecht S.A. sucursal Perú” presentó documentos falsos relacionados a la obra pública “Rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de Huaylas Chacas-San Luis”, adjudicación otorgada por el gobierno regional de Áncash durante la gestión de César Álvarez.
Como se recuerda, ex directivos de la constructora brasileña tuvieron que reconocer haber pagado 2,6 millones de dólares a cambio de la buena pro de esta obra -cuyo costo inicial de 404 millones de soles se elevó a 559 millones de soles-, hecho por el cual el exgobernador Álvarez fue sentenciado a 8 años y 3 meses de prisión, en junio pasado. En esta nota de Convoca.pe se detalla cómo fue el proceso de la coima.
Dos veces
En la resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado se indica que se trata de dos casos en los que Odebrecht presentó documentación falsificada ante el OSCE con el fin de renovar su registro como “ejecutor de obras”, uno en enero de 2015 y el otro en abril de 2017.
El primer documento falso es la Acta de Recepción Parcial de Obra, del 25 de setiembre de 2013, suscrita de forma aparente por los ingenieros Marco Maguiña Bustos, Consuelo Jaramillo Henostroza y Mario Peralta Gibaja. Los tres conformaron el Comité de recepción de la obra “Carretera Callejón de Huaylas Chacas-San Luis”.
Y el segundo, es la Carta Nº 003-2017-CJH, del 4 de marzo de 2017, cuya autoría fue atribuida a la misma ingeniera Consuelo Jaramillo, integrante del mencionado comité, en el que supuestamente cambiaba de versión a favor de la postura de la constructora brasileña reconociendo su firma en la acta de 2013. Odebrecht alcanzó esta misiva al OSCE para cuestionar la nulidad de su inscripción como proveedora del Estado, en su recurso de reconsideración.
Resolución que sustenta la inhabilitación de Odebrecht como proveedora del Estado.
Jaramillo ha negado reiteradamente ante el tribunal de la entidad estatal la autenticidad de su firma en ambos documentos presentados por la empresa brasileña. Lo hizo de manera formal en enero, febrero y noviembre de 2017.
“(…) Se tuvo la manifestación expresa de la propia ingeniera Jaramillo, quien a través de la Carta N° 003-2017-CJH del 29 de noviembre de 2017 desconoció la carta con la misma nomenclatura presentada por el proveedor (Odebrecht) como una prueba de parte”, se lee en la resolución rubricada por los vocales Héctor Inga, Mario Arteaga y Carlos Quiroga, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado.
En tanto, la constructora brasileña en su apelación, interpuesta el 17 de junio reciente, sostuvo lo siguiente: “Los cuestionamientos expuestos son prueba de que existe una intencionalidad manifiesta de imputar responsabilidad a su representada de cualquier forma, y desacreditan la neutralidad e imparcialidad del Tribunal; situación que lo deslegitima incluso para resolver el presente recurso de reconsideración”.
Después, el 1 de julio pasado, los representantes de la empresa no asistieron a la audiencia pública programada por el tribunal de contrataciones para que sustentaran la apelación que habían presentado dos semanas antes.
Consultados al respecto, voceros de Odebrecht indicaron a Convoca.pe que “no haremos comentarios”.