El factor Chávarry
Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Menos de la mitad del Congreso le dio el voto de confianza al nuevo gabinete. Un respaldo deslucido y ralo. La exposición del Premier no afrontó los acuciantes problemas del Perú, tampoco planteó alternativas concretas para enfrentarlos. Del Solar –alguien sin experiencia de gobierno– perdió la oportunidad de mostrarse como un político con capacidad de gestión.
A dos años y medio de gobierno ‘pepekausa’ los buenos deseos de un Ejecutivo débil no sirven ni bastan. Y nuestro país, tal vez el Premier no lo ha notado, se cae a pedazos: sus colegios, sus hospitales, su bienestar.
Vaya usted a saber quién aconsejó al primer ministro ser confrontacional en su presentación. Grave error. Si quiso acercarse a la izquierda, una parte de esta lo ‘choteó’ y le retiró la confianza. Ser urticante con el fujimorismo y el APRA ‘le devolvió’ al Premier una votación anoréxica. Los asesores que rodean al régimen creen que este se puede pasar cinco años denigrando a la oposición, sepultando la única alternativa viable: la concertación.
Pero la gente ya está cansada y tonta no es. El raído apoyo en el Congreso se reflejará en las encuestas donde ya comenzó ‘el cuesta abajo’. Que el Premier no incidiera sobre Las Bambas, la informalidad o las millonarias consultorías fue un error político. Y criticar la decisión del Congreso de archivar la acusación constitucional contra el fiscal Pedro Chávarry, un despropósito.
Al primer ministro no le gustó esta votación de otro poder del Estado, piña pues. La democracia son votos. No se rige por caprichos ni intenciones oscuras. Resulta evidente la injerencia política en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Lo que no se lee bien es por qué el Ejecutivo reactiva el ataque contra Chávarry, a quien obligaron a renunciar a la Fiscalía de la Nación.
En los videos que muestran el ingreso a las oficinas lacradas en la Fiscalía, Chávarry no participa. Aparece cuando deja su despacho. Nadie es tan tonto como para no saber que hay cámaras en sus pagos. Pero cierta prensa ya lo condenó. Ahora es, nuevamente, el demonio de Tasmania, el monstruo de la laguna. Todo muy siniestro.
¿Por qué demoler más a quien ya se masacró? El caso Cuellos Blancos es una historieta de poca monta, donde Chávarry no tiene arte ni parte. El inventado vínculo con el fujimorismo no se puede demostrar. Pero Chávarry sigue siendo peligroso para el régimen.
Tal vez la razón esté en el caso Chinchero, donde está involucrado el Presidente. Cuando dirigió la Fiscalía, Chávarry retiró del caso al fiscal Pérez por su lentitud en los resultados, encargándoselo a otro magistrado. Esperemos que no haya presiones. En la Fiscalía hay miedo para actuar y se pierde la independencia.
Gobierno se reunió con la empresa y comuneros de Fuerabamba
Por parte de la empresa participaron el Ing. Edgardo Orderique, gerente general de Minera Las Bambas; Marco Santos, gerente de asuntos corporativos regionales y Edwin Amoretti, gerente de relaciones comunitarias.
Fuente: Radio Programas del Perú.
Melanie Stutsel, una ejecutiva radicada en Melbourne (Australia) que trabaja para la compañía MMG, hojea libros en la tienda Kramerbooks en Washington, DC. Stutsel es la Directora General de Seguridad, Medio Ambiente y Desempeño Social de MMG, la empresa china propietaria de Las Bambas. “En mis informes semanales al comité ejecutivo, no puedo recordar la última vez que informé sobre el incumplimiento de un problema ambiental. Sabemos que se necesita hacer más. Tomamos todas las reclamaciones con seriedad, especialmente las que afectan el medio de vida de los locales”. Stutsel explica que los impuestos y regalías han aumentado significativamente el presupuesto del gobierno local desde que Las Bambas comenzó a operar. “El gobierno no tiene la capacidad de lidiar con esta cantidad de dinero. Sin embargo, tenemos cero tolerancia con la corrupción. No hemos encontrado ninguna validez en ninguna acusación de soborno o corrupción contra Las Bambas “.
Fuente: Diario El País.
Caso Las Bambas: ¿habrá un efecto contagio?
Por ALVARO RONCAL-Semana Económica.
Han pasado más de 60 días del bloqueo de la carretera que conecta la mina Las Bambas con el llamado corredor minero del sur. MMG ya siente los primeros efectos de algo muy similar a un asedio medieval: el desabastecimiento hace hoy imposible que la segunda mina de cobre del Perú -responsable del 18% de la producción cuprífera nacional- opere en su total capacidad.
“Siguiendo la suspensión de personal y de la logística interna, se espera que la producción sea impactada progresivamente a partir de esta semana. Como consecuencia, declararemos bajo fuerza mayor nuestros contratos de venta”, señaló la minera en un comunicado publicado el 26 de marzo. Lo que hace dos meses comenzó como una chispa sobre pólvora mojada hoy hace estallar la preocupación tanto del gigante chino, cuyos resultados al 1T19 podrían verse afectados, como la del sector minero en su conjunto, que ya comenzó a poner en marcha planes de contingencia para no salir quemado.
Ya no es un problema aislado. Las protestas en Las Bambas podrían tener un efecto de contagio que afectaría las buenas perspectivas del sector minero para este año. La forma en la que se alcance una solución –ya en camino– marcará un punto de quiebre para el resto de la industria: si el conflicto se resuelve de forma limpia y en un plazo corto, podría darle un espaldarazo al Gobierno que le permitirá tener el capital político para sacar adelante proyectos como Tía María; de lo contrario, tanto ésta como otras inversiones podrían retrasarse.
“La situación en Las Bambas es delicada y esperamos se resuelva favorablemente por el bien del país. Caso contrario, se podrían afectar futuras decisiones empresariales en la industria”, señaló Raúl Jacob, CFO de Southern Copper, antes de que el gobierno anunciara un acuerdo firmado con Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, producto de las rondas de diálogo. A la noche del domingo, el acuerdo todavía no era ratificado por los miembros de la comunidad, y el desbloqueo de la vía era incierto.
¿SE INCENDIA LA PRADERA?
Apurímac es la segunda región del Perú en términos de monto de inversión de su cartera de proyectos mineros: alberga siete de ellos por más de US$10,000 millones de inversión, con empresas tanto nacionales -como Buenaventura o Southern Copper- como internacionales -como First Quantum Minerals- al frente de iniciativas mineras ahí. A ellos se les suma Las Bambas, que en su momento fue un proyecto que en solitario demandó dicha cifra para su construcción.
La resolución final del conflicto podría marcar también el tipo de relación que conduzcan las demás mineras con las comunidades en su zona de influencia. “Toda esta región tiene altas expectativas y un desarrollo de infraestructura social menor. Por ello, va a ser más atractivo un cheque a la mano [que promesas de inversión a largo plazo]”, señala Víctor Gobitz, CEO de Buenaventura, empresa que desarrolla el proyecto Trapiche, en Antabamba. Un ejecutivo minero que prefirió no ser citado al tener proyectos mineros encaminados a que inicien construcción comentó que una mala resolución del conflicto podría ser un elemento que conduzca a su empresa a volver a pensar en su estrategia en el Perú.
Si bien las mineras vienen sofisticando sus estrategias desde hace algunos años para evitar un esquema ‘transaccional’ de relacionamiento comunitario (SE 1606), el Estado ya ha anunciado que pagará entre S/300 millones y S/350 millones a las comunidades de la zona por los terrenos utilizados para la construcción de la carretera que sale de la mina. “Hay que dosificar los pagos. Se ha criticado que luego de la huelga del 2016 se hizo un pago a la comunidad de S/16 millones, y que eso genera un incentivo para que todos los años se pida un pago. Estábamos un poquito contra la pared, por la violencia y el bloqueo. Fuimos, quizás, demasiado generosos”, reconoce Pedro Pablo Kuczynski, expresidente del Perú, a SEMANAeconómica.
Ante ello, algunas mineras con proyectos en Apurímac han intensificado sus conversaciones con las comunidades de su zona de influencia para evitar que una solución transaccional en Las Bambas genere un precedente que busque ser replicado. “Ese modelo no funciona. Ya estamos tomando medidas preventivas como reforzar el mensaje de que el dinero que se invierte en la zona debe enfocarse en un mayor desarrollo colectivo [a largo plazo]”, indica Gobitz.
Al respecto, otro ejecutivo minero cuya compañía desarrolla un proyecto en la zona confirmó que, si bien no hay cambios de estrategia para su proyecto, están a la expectativa de una resolución para “entender qué es lo que pasa y cómo crea alguna dificultad [para su proyecto]”. “Se está alimentando un régimen de privilegio, y no se dan cuenta de ello. Si hoy se le da plata a un grupo, mañana se le tendrá que dar también a otros tantos más”, señala Marita Chappuis, consultora minera y bloguera de SEMANAeconómica.
DAÑOS COLATERALES
Las protestas en Las Bambas podrían tener un impacto que vaya más allá de la región de Apurímac. Dos proyectos mineros podrían ser los principales afectados por la situación actual: Integración Coroccohuayco, de Glencore, y Tía María, de Southern Copper. Más allá de que las protestas en Las Bambas no tengan relación directa con los problemas que en su momento -o actualmente- pudieran enfrentar las mineras que desarrollan dichos proyectos, éstas protestas podrían conducir a que, por razones sociales y políticas, respectivamente, presenten retrasos en su construcción.
El caso de Integración Coroccohuayco por el momento no ha pasado a mayores. El proyecto ubicado en la provincia de Espinar, en Cusco -parte del corredor minero del sur-, que contempla la ampliación de la mina Antapaccay, carga con una demanda de amparo de parte de las comunidades originarias Huini Coroccohuayco y Pacopata. El objetivo de ésta es que el Senace inicie un proceso de consulta previa como parte de la modificación al estudio de impacto ambiental del proyecto, que actualmente está en evaluación por parte de la entidad ambiental.
“No existe normativa que respalde la demanda. Tampoco está contemplado en el convenio 169 de la OIT [que establece el derecho a consulta previa]”, indica Francisco Tong, socio del estudio Rodrigo, Elías & Medrano. De acuerdo a la normativa ambiental minera, la consulta previa se debe hacer como parte previa al otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto y es conducida por el MEM. La evaluación por parte del Senace de la Modificación de la Evaluación de Impacto Ambiental (MEIA) debería culminarse en mayo del 2019.
Una probable resolución favorable para la minera podría empujar a las comunidades a una mayor oposición al proyecto, coinciden fuentes con conocimiento del caso. Si bien la minera ya se ha acercado a las comunidades para explicar que sí realizarán la consulta previa en el momento en que se haga la solicitud de la licencia de construcción -de acuerdo con fuentes cercanas a la empresa sin autorización para declarar-, éstas no han retirado su demanda.
En Tía María la situación es distinta. Tras años de trabajo con las comunidades de los distritos de Islay, Southern Copper habría logrado tener suficiente respaldo hacia el proyecto como para recibir su licencia de construcción, permiso pendiente para que la minera inicie su desarrollo. Incluso tras el anuncio de Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas, de que era probable que se entregue dicha licencia antes de agosto, las protestas en contra de la decisión fueron poco considerables.
Una prolongación del conflicto en Las Bambas -escenario que se aleja cada vez más puede podría concretarse una solución esta semana- le restaría capital político al gobierno, con lo que sería difícil que se impulse un proyecto controversial como Tía María, sostiene Arturo Maldonado, socio de la consultora política 50+1. En ese línea, optar por una solución ‘transaccional’ podría abrir la puerta a nuevas exigencias de parte de las comunidades en la zona de influencia del proyecto. “¿El gobierno va a tener temor? Sería una pésima señal”, afirma Gobitz, de Buenaventura.
¿BAJARÁN LA TEMPERATURA?
La expectativa del sector minero es que el gobierno logre una solución lo antes posible y que ésta no involucre el desembolso de dinero. “Es un pico de inflexión, porque el presidente Vizcarra ya llegó a un pico de popularidad y está disminuyendo. Queremos ver cuál es la muñeca política del presidente y del premier”, asegura Maldonado.
Al cierre de la edición de este artículo, funcionarios del gobierno y Gregorio Rojas, de la comunidad de Fuerabamba, firmaron un acuerdo que todavía no ha sido reconocido por sus representados. El fin del bloqueo de la carretera y del estado de emergencia en la zona todavía no es seguro. En acta, firmada por el premier Salvador del Solar, indica en su segundo punto que la comunidad de Fuerabamba y la empresa MMG llegaron a un “acuerdo económico mutuamente satisfactorio que pone fin a toda controversia respecto al Fundo Yavi Yavi”, sin mencionar cifras.
En paralelo, las mineras ya comienzan a tantear el terreno y se van preparando para apagar cualquier incendio.