BNDES: Préstamos sin control socioambiental y por afinidad política

Por Elizabeth Salazar y Hamer Arteaga– Ojo Público.
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil destinó millones de dólares de los contribuyentes de este país para financiar proyectos de infraestructura en América Latina sin contar con parámetros socioambientales ni criterio técnico. La mayor parte de estos préstamos respondieron a afinidades políticas con los presidentes de los países receptores. El resultado: obras polémicas, sobrecostos y escándalos de corrupción.
Las principales obras de infraestructura que transformaron América Latina en los últimos 14 años tuvieron un denominador común: los millones de dólares que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil prestó al club de constructoras que ahora son investigadas por corrupción y lavado de activos en el caso ‘Lava Jato’. Parte de ese dinero terminó en el Perú, en al menos dos importantes proyectos que estuvieron en manos de las constructoras Odebrecht y Andrade Gutierrez.
Se trata de la construcción de la central hidroeléctrica Chaglla, en la zona amazónica de la región Huánuco; y la planta desalinizadora Bayóvar, en Piura, que sirve para el proyecto minero del mismo nombre, que opera la subsidiaria brasileña Miski Mayo. El financiamiento obtenido por ambas bordea los US$ 398 millones y se ejecutó sin directrices de política socioambiental y en medio del secretismo que impera en el banco estatal brasileño.
EL PRESTAMISTA SIN NORMAS
El análisis de una base de datos elaborada por Ojo-Publico.com con información del BNDES entre el 2002 y el 2016, revela que el banco usó dinero de los contribuyentes brasileños para entregar 1.381 préstamos en 22 países de América, África y Europa. Sus fondos terminaron respaldando a grandes constructoras brasileñas para ejecutar centrales hidroeléctricas, gasoductos, carreteras, parques eólicos, entre otros.
DINERO ESTATAL. El BNDES destinó sus préstamos para financiar obras de las empresas implicadas en el caso Lava Jato.
Pero la poca transparencia con la que se desenvuelve esta financiera solo permitió conocer los detalles y montos de 583 de estos préstamos. El resto se encuentran protegidos por un absoluto secretismo.
La base de datos revela que 60 créditos tuvieron como destino el Perú, pero solo en dos de estos casos se ha logrado identificar a las empresas beneficiadas y a qué construcciones se destinaron.
Uno de esos dos proyectos corresponde a la hidroeléctrica de Chaglla, la central más grande del Perú después del complejo del Mantaro, y que está a cargo de la Empresa de Generación Huallaga S.A., subsidiaria de Odebrecht.
El BNDES no tiene protocolos socioambientales para obras fuera de Brasil
Esta obra, de 456 MW de potencia que aportará el 6% de la producción nacional de energía, recibió el 2013 -según la base de datos- un financiamiento de US$ 340 millones del BNDES. Sin embargo, el área de prensa de Odebrecht dijo a Ojo-Público.com -en una comunicación por correo electrónico- que el valor del préstamo fue menor y ascendió a US$ 289 millones, “lo que representó el 19.96% del total del monto de inversión” de la hidroeléctrica.
El proyecto también contó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual aportó US$ 150 millones adicionales. Pero, mientras esta institución cuenta con protocolos para preservar la calidad del aire, agua y tierras en las obras de infraestructura que financian, el BNDES no los tiene para las inversiones fuera de Brasil.
PROYECTO BAYÓVAR. La empresa Andrade Gutierrez obtuvo préstamo para financiar la desalinozadora que es de utilidad para la minera Vale/Andina.
Las directrices del banco brasileño incluyen políticas de regulación ambiental que asegure que los préstamos sean usados en obras que no dañen el entorno, sin embargo, esta medida solo tiene injerencia dentro de su país, no en los créditos que se destinan en proyectos de infraestructura en el exterior.
El segundo proyecto en el que intervino el BNDES en el Perú fue la desalinizadora Bayóvar, construida por Andrade Gutierrez en la Bahía de Sechura, Piura, para proporcionar agua a la mina de fosfato que le pertenece a Vale S.A. Fueron US$ 58 millones 231 mil los que desembolsó el banco estatal el 2010 para ayudar a esta minera, la misma que ocupa el tercer lugar en la lista de las empresas brasileñas que más se favorecieron con préstamos dentro de Brasil, con un total de US$ 6.101 millones en créditos recibidos.
Daniel Melo, director general de Andrade Gutierrez en el Perú, confirmó a Ojo-Publico.com que el banco les financió un proyecto. “Solo existió una operación con el BNDES que contó con la participación de nuestra empresa. Este financiamiento contó con garantías de las empresas involucradas en la transacción y fue una operación de carácter privado”, agregó.
El 2015 la minera Vale protagonizó la mayor catástrofe ambiental de Brasil
Pero Vale S.A. arrastra una serie de denuncias ambientales. Las más reciente ocurrió el 5 de noviembre del 2015 en la minera Samarco, controlada por Vale y BHP Billiton, y es considerada la mayor catástrofe ambiental en la historia de Brasil. Dos diques que contenían agua y residuos mineros tóxicos se rompieron causando una avalancha de lodo contaminado que dejó 19 muertos, barrió del mapa al poblado de Bento Rodrígues y daños incalculables a lo largo de unos 650 kilómetros de la cuenca del río Doce.
Al menos 30 movimientos sociales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Mozambique, donde opera Vale, han denunciado a esta minera por faltas ambientales y laborales que han costado la vida a sus propios trabajadores.
En el Perú, desde el 2011 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha encontrado infracciones en su subsidiaria Miski Mayo, que es quien controla Fosfatos Bayóvar.
La última resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA (N° 018-2016) es del 5 de abril de este año, donde se confirma la sanción a la minera por mal manejo de sus desmontes, no construir canales de coronación en el botadero y carecer de sistema de control de polución, y se le declaró reincidente.
DINERO PARA LOS PAÍSES AMIGOS
El análisis de la base de datos construida por Ojo-Publico.com da mayores evidencias sobre cómo se gestionaban y aprobaban los créditos en países gobernados por personajes con afinidad política a los mandatarios brasileños.
Los 583 créditos que entregó el BNDES en el exterior, y que se hicieron públicos, representan un total de US$ 14,585 millones y se destinaron a obras en 11 países. En América Latina, Perú ocupa el quinto lugar con los US$ 398 millones que se invirtieron en Chaglla y Bayóvar; pero el favorito fue Venezuela, pues recibió US$ 3,231 millones, el 22% del total desembolsado por el banco.
Fueron cinco los préstamos conocidos que se entregaron a este país durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, y las empresas que recibieron el dinero fueron Odebrecht, OAS y Camargo Correa. A través de su equipo de prensa, Camargo Correa indicó que “el financiamiento fue aprobado por el BNDES. Sin embargo, este no logró realizar el desembolso de este aporte a la constructora”.
Los créditos fueron recibidos en la gestión de Hugo Chávez, aliado político de Lula da Silva, y entre los proyectos que se construyeron con estos fondos están el Metro de Caracas, la siderúrgica José Abreu de Lima y el astillero del Alba.
AMIGOS. República Dominicana fue el segundo país latino favorecido por el BNDES. Su presidente, Danilo Medina, era cercano a Lula da Silva./Flirck de Danilo Medina.
El segundo destino de estos créditos fue República Dominicana, gobernada desde el 2004 por el partido Liberación Dominicana y cuyo presidente, desde el 2012, es Danilo Medina. El BNDES aprobó 16 desembolsos para esta isla por un total de US$2,597 millones.
La constructora que acaparó el 77% de este millonario financiamiento fue la corporación Odebrecht, quien los derivó a 11 proyectos que hoy están bajo sospecha de irregularidades. El presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, está hoy preso por soborno, y en mayo se conoció que, al menos, en la licitación de la termoeléctrica Punta Catalina el presidente dominicano Danilo Medina le proporcionó información privilegiada para ganar la buena pro.
Medina es amigo público de Lula da Silva y Dilma Rousseff, incluso compartieron el mismo publicista en sus campañas presidenciales: Joao Santana, quien también asesoró con éxito la candidatura de Hugo Chávez.
Las conexiones entre todos estos personajes se tornaron delictivas en febrero pasado, cuando el denominado gurú de la publicidad fue detenido bajo sospecha de estar incluido en la cadena de sobornos de la petrolera estatal Petrobras, hecho que fue la punta del iceberg para destapar el caso Lava Jato. Un banco suizo que colabora con la justicia brasileña entregó documentos que detallaban los depósitos de US$ 11,7 millones que recibió Santana de Odebrecht en una cuenta offshore que tenía en dicho país, y que habrían tenido como fin solventar la campaña de Rousseff el 2010.
Santana está procesado por el juez federal Sergio Moroso por aparentemente formar parte de un esquema de coimas liderado por Odebrecht y se le acusa corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso Lava Jato.
GURÚ PROCESADO. Joao Santana, asesor de campaña de Lula da Silva, Dilma Rousseff, Hugo Chávez y Danilo Medina, es hoy procesado por corrupción/Andina.
El tercer país latinoamericano elegido por el BNDES fue Argentina, al que se le destinó US$ 2,061 millones en créditos durante los gobiernos de los esposos Néstor Kirchner y Cristina Fernández para solventar proyectos a cargo de Odebrecht, OAS, Camargo y Correa, y Bureau de Projetos.
La plataforma de investigación BRIO develó que la justicia argentina y el FBI de Estados Unidos investigan la compra de 20 aviones a la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) que se hizo en representación del gobierno argentino y con financiamiento del BNDES. Este banco habría asumido el 85% del valor de la compra estimado en US$ 729 millones, un negocio aparentemente sobrevaluado y en el que hay indicios de pago de sobornos a políticos de Argentina.
Finalmente, el cuarto país favorito de la prestamista brasileña es Cuba. En total ingresaron a este país US$ 846 millones, el 98% de los cuales terminó, una vez más, en manos de Odebrecht y sus subsidiarias.
Los préstamos los aprueba un directorio nombrado por el presidente de la República.
¿Cómo se autorizaban estos créditos? Según la estructura administrativa del banco, la decisión final de su aprobación recae en el directorio, un órgano cuyos miembros son nombrados por el propio presidente de la República.
Pedro Bara, exconsultor del BNDES, lo explica con claridad en una entrevista con Ojo-publico.com: “El banco entregaba dinero para cualquier proyecto que tuviera licencia final del gobierno. Eso está mal porque el banco tenía que tener su propia política de salvaguarda”, señaló.
El segundo destino de estos créditos fue República Dominicana, gobernada desde el 2004 por el partido Liberación Dominicana y cuyo presidente, desde el 2012, es Danilo Medina. El BNDES aprobó 16 desembolsos para esta isla por un total de US$ 2,597 millones.

Marco de Moura Wanderley: planta de tratamiento de Huachipa

La Contraloría de la República ha detectado que Sedapal permitió al Consorcio liderado por la empresa Camargo Correa hacerse de la buena pro de la construcción de la obra, cobrar por la misma y entregarla sin haberla terminado, dejando como consecuencia final que la planta nunca llegase a operar a la capacidad que debió por contrato.
El ex presidente García publicó un tuit responsabilizando a Ollanta Humala de la situación actual de la planta de Huachipa; pero omitió decir que fue el 8 de julio del 2011, solo 20 días antes de dejar Palacio de Gobierno, que fue él mismo quien inauguró la planta que se suponía abastecería por los próximos 40 años de agua potable a casi 2 millones y medio de habitantes de los distritos de Carabayllo, Los Olivos, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y Comas. La planta había sido construida en un punto del río Rímac más elevado que el de la Atarjea, por lo que no necesitaría de bombeo de agua, generando un significativo ahorro durante su operación. Sin embargo, cuando García inauguró la obra esta no había sido concluida.
Contraloría recuerda irregularidades encontradas en planta de Huachipa
En octubre del 2015, Cuarto Poder denunció el estado en que la empresa contratista le había entregado la obra a Sedapal luego de construirla, operarla y darle mantenimiento durante los 4 años que estipulaba el contrato. Ya durante el gobierno nacionalista,  los muros de la bocatoma lucían derruidos, con los fierros expuestos y oxidados.
La primera irregularidad detectada por la Contraloría tiene que ver con el proceso de licitación de la obra. Sedapal convocó a la licitación pública en diciembre del 2007, en el gobierno aprista.  Y al año siguiente le adjudicó la buena pro al Consorcio Huachipa, conformado por la brasilera Camargo Correa, hoy implicada en el escándalo de corrupción Lava Jato, y la francesa OTV. El contrato se firmó pasada la fecha límite, entregándole al consorcio la buena pro de una obra de 304 millones de dólares, fuera del plazo legal.
Pero esa es solo la primera irregularidad. La Contraloría también ha detectado que en un momento de la construcción, la empresa señaló que no podía construir dos de los reservorios de agua exigidos por el contrato. Y Sedapal, sin sustento técnico ni justificación legal decidió que debían reemplazarse por uno nuevo que terminó generando un sobrecosto de más de 21 millones de soles.
Pero quizás la irregularidad más grave es que después de los 3 años que duró la construcción, “El comité de recepción de obras de Sedapal aprobó y recibió partes de las obras de la Fase 1 sin haber verificado que estas operaban satisfactoriamente y de acuerdo con el contrato, generando que no se entregue agua potable a octubre de 2011 con los estándares de calidad contractual”. Los funcionarios de Sedapal aceptaron la infraestructura sin siquiera comprobar que estaba operativa. Documentación emitida por el mismo Sedapal y por el supervisor con posterioridad a la fecha de recepción dan cuenta de que la calidad de agua producida no era la adecuada y existían filtraciones en las líneas de construcción.
Pero allí no quedó la cosa. Luego de recibir y aprobar la obra sin haber verificado que estaba operativa, dice el informe de Contraloría, “Sedapal aceptó el inicio de la etapa de operación y mantenimiento de la Fase 1 sin que esta contara con las condiciones técnicas y generó que no haya producción ni entrega de agua potable por aproximadamente 37 meses, sin embargo reconoció al contratista el pago de casi 50 millones de soles”. Pese a que la planta no estaba operativa, Sedapal autorizó que se inicie la etapa de operación y mantenimiento el 12 de julio del 2011, pero la planta no pudo procesar ni entregar agua potable a la población durante los siguientes 3 años.
¿Por qué no funciona la planta de tratamiento de agua de Huachipa?
Contraloría señala a una veintena de funcionarios de Sedapal como participantes en los hechos descritos. Entre ellos destacan el entonces gerente general de Sedapal, Jorge José Barco Martínez, el presidente del comité de recepción de obras, Guillermo Eduardo Quezada Távara, el jefe de equipo de inversión y ampliación de la cobertura, Rómulo Javier López Rafael y el jefe del Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima (Promesal), Umberto Olcese Ugarte. El nombre de Olcese Ugarte, coincidentemente aparece en documentación incautada a personajes allegados a la empresa Camargo Correa en el contexto de la mega investigación de corrupción Castillo de Arena, indagación que  reveló presuntos pagos de sobornos de la constructora Camargo Correa a altos funcionarios peruanos durante el gobierno de Alan García precisamente por la planta de tratamiento de Huachipa.
En los documentos incautados al directivo de Camargo y Correa, Pietro Giavina se señala a cuatro funcionarios peruanos como los receptores de las presuntas coimas por las obras de Huachipa: según el documento, el entonces ministro de Vivienda Hernán Garrido-Lecca habría recibido 1 millón de dólares, el fallecido ex vice ministro de Vivienda Juan Sarmiento, 450 mil dólares; el ex presidente de Sedapal, Guillermo León, 1 millón de dólares y el ex gerente de Promesal, 450 mil dólares. En el caso de Juan Sarmiento está acreditado que un pariente político suyo recibió una transferencia de 55 mil dólares a una cuenta en Miami desde la empresa panameña Valdarco Investment, off shore vinculada, según la fiscalía, con los fondos negros de Camargo Correa. Todos los funcionarios peruanos, incluido Garrido Lecca negaron haber recibido sobornos de la brasilera y el caso se archivó en Brasil porque la defensa de los investigados logró que las pruebas se declarasen ilegales.
Fue la denuncia de Cuarto Poder lo que motivó que la Contraloría inicie una investigación cuyo informe final señala que todas las irregularidades encontradas tuvieron un costo de 91 millones de soles para el estado. Además de habernos dejado con una obra que ha venido operando muy por debajo de la capacidad para la que fue diseñada. Recordemos que la planta debía abastecer de agua potable a 2 millones 400 mil habitantes de 6 distritos de Lima, pero hasta antes del huaico de la semana pasada le suministraba agua potable solo a parte de dos.
Actualmente la planta de Huachipa luce con los muros cubiertos por el denso caudal del río Rímac, pero Sedapal y la empresa Camargo Correa aseguran que luego de la denuncia, la empresa refaccionó las partes deterioradas.
Según el contrato, la planta debía tener capacidad para producir y suministrar 5 metros cúbicos por segundo de agua potable de manera continua todo el año. Sin embargo, el jefe de gestión de plantas de Sedapal reconoció que la planta ha venido produciendo menos de la cuarta parte de lo que debería.
El huaico del 16 de marzo de 2017 llenó de deshechos parte del área de captación de agua y rompió una tubería, imposibilitando el tratamiento de agua. Las humalistas acusan a los apristas de haber construido una planta defectuosa. Y los apristas afirman que la responsabilidad es de Sedapal y del gobierno de Humala por no haber continuado con las obras necesarias para ampliar la capacidad de procesamiento de agua de la planta de Huachipa.
La denuncia se encuentra en las manos del fiscal Hamilton Castro, quien ha incluido en su investigación el informe elaborado por la Contraloría que señala responsabilidades en una larga lista de funcionarios de Sedapal. Más de 5 años después de su inauguración, la planta de Huachipa, concebida como una obra indispensable para procesar y suministrar agua potable a buena parte de la población de la capital, sigue llena de agua turbia.
Fuente: América Televisión.