“La señora Susana Villarán tiene muchas cosas que explicar a las autoridades”. (Foto: Archivo El Comercio).

El ‘caso Odebrecht’ salpica a la exalcaldesa de Lima

Por JACQUELINE FOWKS-Diario El País.
El caso Odebrecht continúa estremeciendo la política peruana. El pasado lunes, un juez prohibió a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, quien gobernó la ciudad entre 2011 y 2014 como representante de una coalición de izquierdas, que saliera del país durante ocho meses por la investigación de la trama corrupta. La fiscalía había abierto el pasado viernes un proceso preliminar contra la política por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo. Acusan a Villarán del supuesto cobro de tres millones de dólares en sobornos de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht para financiar su campaña para evitar su revocación del cargo en 2013.
Jorge Barata, exdirector ejecutivo de la constructora Odebrecht en Perú, ha asegurado ante la justicia que la exalcaldesa le pidió el dinero para la campaña. El juez Richard Concepción eliminó el martes un obstáculo a las investigaciones del caso Odebrecht en el país andino al excluir a Barata de la investigación preliminar que le seguían por haberse confabulado para adjudicar los contratos de la carretera Interoceánica Sur, caso en el que también está involucrado el expresidente Alejandro Toledo, acusado de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. El Gobierno de Toledo aprobó en 2005 la concesión de tres tramos la carretera y facilitó, mediante adendas, que la compañía cobrara millones de dólares adicionales a lo pactado en el primer contrato.
El juez suspendió además el embargo de dos autos y un departamento de Barata, así como el congelamiento de una cuenta bancaria que la Procuraduría había solicitado para asegurar el pago de la reparación civil al Estado. El exdirector ejecutivo se negaba a declarar ante la fiscalía y a proporcionar las pruebas de los aportes a casi todos los ex jefes de Estado y principales excandidatos presidenciales peruanos de este siglo mientras se mantuvieran las medidas en su contra.
La época en la que Barata asegura haber entregado el dinero a Villarán, según la declaración difundida por IDL-Reporteros, coincide con el periodo en que la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó un proyecto de infraestructura vial propuesto por Odebrecht. Barata respondió a preguntas de fiscales brasileños en el marco de una colaboración con la justicia de ese país, a mediados de diciembre, y afirmó que el gerente municipal lo había llamado primero para pedir el dinero. “Acto seguido recibimos la llamada de la misma alcaldesa pidiendo esa contribución”, sostiene el exdirector ejecutivo. “Ella afirmó la necesidad y la importancia de la continuidad. Entonces esa señora tenía una proyección política muy grande. Había una expectativa importante de que ella continuase en la política peruana y con un nivel de destaque bastante alto”, atestiguó.
“Teníamos ya un contrato asignado con la municipalidad de Lima”, continua la declaración, “de una concesión urbana de 177 kilómetros que eran justamente la entrada y salida de la ciudad de Lima y teníamos una preocupación que con la salida [de Villarán] se pudiera generar alguna dificultad con nuestro contrato”.

Banca Privada de Andorra

Susana Villarán, quien también es activista de derechos humanos, se ha presentado a la fiscalía dos veces en los últimos días y en Facebook ha asegurado que no hizo tales llamadas telefónicas a Barata. Pero el Equipo Especial Anticorrupción que dirige el fiscal Hamilton Castro ha comprobado, con un reporte de llamadas, que, en el primer trimestre de 2013, hubo comunicación de Villarán y Castro con Barata.
Otro exfuncionario municipal de la gestión de Villarán, el exgerente de seguridad ciudadana Gabriel Prado, también es investigado por una cuenta a su nombre abierta en 2013 en la Banca Privada de Andorra en la que Odebrecht depositó 3,000 euros. Prado asegura que no tuvo relación con la cuenta, desactivada en 2016.

Golpe letal

Por Karina Valencia-Diario Correo.
La situación de Susana Villarán ha estallado esta semana al punto de crear un panorama de incertidumbre entre los grupos de izquierda que apoyaron la gestión de la exalcaldesa de Lima antes, durante y después del proceso de revocatoria de 2013. Al respecto, analistas políticos cuestionan la imagen que Villarán de la Puente demostró al frente de la Municipalidad de Lima y el hecho de que haya sido incluida en las investigaciones del caso “Lava Jato”.

EMBARRADOS

Para el politólogo Diethell Columbus, Susana Villarán practicó una postura de “superioridad moral en materia política” al impulsar la imagen de una izquierda moderada desde su cargo como máxima autoridad edil de Lima. Si bien asegura que la corrupción “debe ser condenada sea de izquierda o derecha, de arriba o abajo”, los grupos simpatizantes de la exministra de Promoción de la Mujer siempre tuvieron “esa fascinación por levantar el dedo acusador y siempre en mirar lo peor, lo feo y lo cochino de la política peruana a los apristas, fujimoristas y al castañedismo”. “A diferencia de ellos, que presumen la culpabilidad de sus adversarios, nosotros debemos presumir la inocencia de si sabían o no el origen del dinero (para la campaña). Lo que sí no puedo presumir es que sean gestores políticos eficientes, porque sus propias declaraciones han demostrado que son incapaces”, afirma sobre las relaciones entre la política practicada por Villarán frente a los grupos de derecha.

ACLARACIONES

Asimismo, afirma que, dada la complejidad de la situación de la exalcaldesa, se debe observar una responsabilidad compartida entre quienes apoyaron la campaña del No en la revocatoria. “Si tienes una campaña millonaria, lo mínimo que puedes hacer, y si sabes de gestión pública, es preguntar de dónde vienen los fondos. No pueden ahora los rostros visibles del No decir que desconocían ello”, sostiene en referencia a las dubitativas respuestas que exregidores, como Marisa Glave y Augusto Rey, expresaron en los últimos días sobre el tema. “Si a (Keiko) Fujimori debemos aplicarle la presunción de culpabilidad, como lo hace (Marisa) Glave de izquierda, ¿por qué le tendríamos que aplicar la presunción de inocencia a Villarán?”, manifiesta. “Los aportes (de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht) casi coinciden con las fechas de los contratos y las adendas que se han suscrito. Ahora, quienes se lavan las manos se olvidan de que fueron funcionarios o asesores en el tema de contrataciones con estas empresas. (…) Se lavan tanto las manos que ya no creo que tengan huellas digitales. Hay que esperar que las investigaciones sigan su curso”, asevera.

DIFERENCIAS

Por su parte, el especialista Fernando Tuesta asegura que lo acontecido con Villarán “ha sido un duro golpe para la izquierda”, pese a que su caso específico “ya se veía venir” con las indagaciones en torno a los megaproyectos licitados con firmas brasileñas.En esa línea, recalca que la principal fortaleza y debilidad de la izquierda ha sido su aspiración a mantenerse unida. Ello ha generado, en diversos casos, que lo que dañe la imagen de una de sus principales figuras comprometa el valor del resto. “La izquierda aspira a ser unida. Lo que le ocurre a uno, le afecta a todos. Esa es su fortaleza y su tremenda debilidad. No es lo mismo que sucede en el otro lado. Lo que ocurre en la derecha, no es que comprometa a todos. Eso es propio de lo que ocurre en Perú”, detalla. Asimismo, puntualiza que Villarán de la Puente “dejó de ser la imagen de izquierda cuando pierde la reelección y postula en la lista de (Daniel) Urresti en el 2016”, porque ahora “lo que está en juego es su gestión y los grupos que la apoyaron”. “Si hubiera sido actualmente la lideresa visible, todo hubiera sido mucho más impactante”, afirma.

Anel Townsend se “limpia” y ahora dice que Susana Villarán se equivocó

En comisión “Lava Jato” del Congreso. Asegura que exalcaldesa de Lima cometió un error al señalarla como tesorera de la campaña del No.
Por Aaron Salomón-Diario Correo.
Como ha sucedido en sus recientes apariciones públicas, Anel Townsend descartó ayer, ante la comisión “Lava Jato”, tener conocimiento acerca de los supuestos aportes de $4 millones de Odebrecht y OAS, según la Fiscalía, a la campaña del No a la revocatoria de la excaldesa Susana Villarán.
Es más, Townsend señaló que la exburgomaestre se equivocó al señalar que ella era la tesorera de la cruzada que la mantuvo en el sillón municipal. “Yo no era la tesorera, era la regidora María Julia Méndez. Susana Villarán cometió un error (al sindicarme como tal)”, enfatizó.
En este sentido, remarcó que la recolección de dinero era tarea de la Asociación Amigos de Lima y de Méndez.

CRISPADA SESIÓN

Durante la sesión del equipo de trabajo liderado por la fujimorista Rosa Bartra se produjeron momentos de alta tensión. Por ejemplo, la excolaboradora de Villarán acusó que Karina Beteta (FP) la tildó de “miembro de una banda criminal” y que el aprista Mauricio Mulder, por su parte, la calificó de “operadora” de Luis Favre.
Ante ello, Bartra interrumpió su alocución, la reprendió y le consultó si tenía algún problema en responder ante la comisión, lo que -por supuesto- Townsend negó.

ENCUENTRO CASUAL

Momentos después, la también excongresista aseguró que no tenía idea del pago de los costosos “spots publicitarios”, tarea que, según se sabe, estaba a cargo del publicista brasileño Luis Favre. “No contraté spots publicitarios. Estaba concentrada en la tarea política. (…) No conocía el aporte de 4 millones de dólares”, remató.
Para sustentar su versión subrayó que los encuentros con el experto en marketing político eran “esporádicos” y -añadió- que solo vio en una oportunidad a Valdemir Garreta, el hombre que dio a conocer al Ministerio Público los oscuros aportes de las constructoras cariocas a Villarán. “Vi una vez al señor Garreta, cuando Favre estaba mostrando los diseños de la campaña”, manifestó.
Asimismo, Townsend contó que aceptó apoyar a Villarán, pues -según dijo- “Lima no podía parar”. “Se había iniciado una reforma del transporte”, agregó.
Por último, rechazó haber recomendado a César Acuña que contrate a Favre para la campaña electoral del 2016.

NO HUBO RESPUESTA

Horas antes, Marco Zevallos, responsable del equipo legal de la campaña del No y quien presentó los documentos con los gastos realizados durante la revocatoria contra Susana Villarán, reveló que se reunió con Anel Townsend y María Julia Méndez, y fue ahí donde le entregaron tal información.
Sin embargo, no se atrevió a sindicar quién de las mencionadas fue la que le alcanzó la documentación. “No tuve ninguna injerencia económica en la campaña del No”, afirmó.