Por Martin Hidalgo Bustamante-Diario El Comercio.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe final del Caso El Frontón donde se pide la destitución del magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, y la suspensión de sus colegas Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda.
El informe, elaborado por el fujimorista César Segura, acusa a los magistrados del TC por haber modificado el fondo de la sentencia del Caso El Frontón, del 14 de junio del 2013, la cual tiene calidad de cosa juzgada.
El documento acusador recibió el respaldo de los fujimoristas (8 votos) y del aprista Javier Velásquez Quesquén. En contra votaron los legisladores de Peruanos por el Kambio (2), Alianza para el Progreso (1) y el Frente Amplio (1). Las acusaciones contra los cuatro magistrados se votaron por separado, pero en todas se tuvo la misma correlación de fuerzas.
Antes de llegar al pleno del Congreso, el informe final debe pasar por la Comisión Permanente, donde puede ratificarse la acusación constitucional o archivarse.
De proceder con la acusación, la Comisión Permanente nombrará una subcomisión acusadora que se encargará de sustentar el informe en el pleno, donde los acusados también podrán repetir sus descargos.
Dado a que el informe acusa a los magistrados por infracción constitucional y por comisión de delitos hay que tener en cuenta que cada caso requiere una votación especial.
En el caso de Eloy Espinosa-Saldaña se recomienda acusarlo por el delito de prevaricato. Para la aprobación de esto en el pleno se requieren 53 votos como mínimo. Para el mismo magistrado se pide la destitución por infracción constitucional, para lo cual se necesitan 69 votos como mínimo.
El fujimorista César Segura, autor del informe final, especificó que la suspensión contra los magistrados Ledesma, Ramos y Miranda se hará efectiva durante el periodo de receso del Tribunal Constitucional.
-Sanción múltiple-
A los cuatro magistrados en cuestión se les imputa haber cambiado el sentido del voto de un magistrado del TC -Manuel Miranda- mediante el cual se resolvía que la matanza de El Frontón no constituía un delito de lesa humanidad.
En el discusión de fondo, el aprista Javier Velásquez Quesquén saludó las conclusiones del informe pero afirmó que los magistrados acusados deberían tener la misma sanción.
“Debería darse la inhabilitación y la imputación de delito de función para todos los acusados, se tiene que aplicar el principio de razonabilidad. Invocando hechos falsos, han cambiado la voluntad de un magistrado, y aprovechándose que se encuentro en un estado de salud que no le permite ahora declarar”, alegó.
Para Velásquez Quesquén, los magistrados acusados actuaron en base a un “fundamento ideológico y no una razón constitucional”.
Marisa Glave (Nuevo Perú) también expresó su discrepancia con la diferencia en las sanciones contra los magistrados, pero en su opinión “si se dice que uno es inocente, todos son inocentes”.
“¿Por qué solo se quiere destituir a Eloy Espinosa-Saldaña? ¿Es porque está llevando la causa de Fujimori?”, cuestionó la legisladora, cuya bancada tiene voz pero no votó en la subcomisión.
El oficialista Gino Costa tomó distancia de este informe final, pues indicó que existe un procedimiento que no ha concluido en el mismo Tribunal Constitucional sobre el caso. “Mal haría el Congreso de pronunciarse sobre un asunto que está al voto en el propio TC”, manifestó.
También recordó que la Constitución protege a los magistrados -y congresistas- con la inviolabilidad de sus decisiones. “Y no se concluye que exista dolo en el accionar de los magistrados. No hay evidencia”, acotó.
Este último argumento fue apoyado por la representante de Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza. “Hay que respetar el principio de inviolabilidad y respetar la imparcialidad”, dijo.
Quien también se mostró en contra fue el legislador del Frente Amplio Marco Arana, quien acusó un “golpe a la institucionalidad” supuestamente impulsado por la bancada aprista.
“A Alan García no le bastó con la prescripción que ahora viene, apoyado de la mayoría, a buscar una segunda prescripción por delitos de lesa humanidad”, afirmó tras resaltar que el informe inicial planteaba diferentes sanciones y que el aprista Velásquez Quesquén propuso destituir a todos.
El fujimorista Héctor Becerril refutó a Arana asegurando que el tema de fondo es que “defienden a los terrucos”. “Los miembros del TC tienen que estar sujetos al control político que manda la Constitución”, añadió tras un fuerte intercambio de palabras con Arana.
Del debate se recogió la recomendación de Becerril para también suspender al magistrado Manuel Miranda. El informe inicial solo proponía una exhortación en su contra.
La sesión terminó con una ironía de Velásquez Quesquén: “quiero que se registren mis reservas, no vaya a ser que después me cambien el voto”.
No renunciará
Mensaje a la Nación:
Buenas noches, queridos compatriotas.
Estoy aquí para dar la cara. Ni me corro ni me oculto ni tengo motivos para hacerlo. Estoy aquí porque ustedes merecen una explicación y yo tengo la obligación de darla.
El día de ayer, integrantes de la comisión Lava Jato han presentado reportes de la empresa Odebrecht de supuestos pagos por servicios que yo habría prestado a favor de dicha empresa. Eso es falso. No nos dejemos confundir. Yo les quiero explicar lo que está pasando.
Dice este tendencioso reporte que yo habría recibido más 4 millones de dólares. Falso. Vayamos punto por punto.
Lo que tenemos aquí son dos páginas completas listando supuestos depósitos y una tercera con solo siete de ellos.
Toda esta primera página y toda esta segunda, toda, se refieren a la empresa First Capital. Una empresa con la que ya he declarado no tener ninguna relación como socio ni como ejecutivo.
Aquí pueden ver la constitución de esta empresa, de propiedad exclusiva del señor Gerardo Sepúlveda.
De todos estos depósitos incluidos en estas dos páginas, el único que tiene relación conmigo es el que ya mencioné el sábado pasado en RPP. Se trata de un servicio de asesoría financiera que presté a esta empresa, de manera absolutamente legítima, mientras no ocupaba ningún cargo público.
Aquí pueden ver la factura, presentada por mí a First Capital. Ninguna relación mía con la empresa Odebrecht. Estos ingresos los declaré públicamente y pagué mis impuestos por ellos, como corresponde, en el año 2012. Porque nunca he tenido ni la menor intención de ocultar nada.
En conclusión, de todos los depósitos de estas dos páginas, de los 4 millones de dólares que supuestamente habría recibido, salvo por esta factura, ninguno, absolutamente ninguno tiene que ver conmigo.
Pasemos ahora a los otros siete depósitos de esta última página. Estos ya no se refieren a la empresa First Capital, sino a la empresa Westfield Capital.
Esta empresa, lo digo con total claridad, y así lo hice en mi declaración de intereses del 31 de enero de este año, sí es de mi propiedad. Sin embargo, nunca he estado a cargo de la gestión ni administración de la empresa cuando he ocupado un cargo público.
Podemos ver en detalle los pagos. Todos corresponden a contratos que celebró y firmó el señor Sepúlveda, no yo. Yo no tuve nada que ver con la firma de estos contratos.
Todo se hizo públicamente. Como pueden ver, no es mi firma, sino la del señor Sepúlveda la que aparece en este y en todos esos contratos.
Dicho todo esto, es indispensable que expliquemos lo que está pasando aquí: la corrupción sistémica pretende amenazar a nuestro gobierno y a nuestro sistema democrático. Es así de claro y así de grave.
Compatriotas: no me voy a dejar amedrentar.
Soy un hombre honesto y lo he sido toda mi vida.
Estoy dispuesto a defender la verdad ante la comisión Lava Jato, ante la fiscalía, a la que le voy a pedir el levantamiento de mi secreto bancario, lo digo muy claro: pido el levantamiento de mi secreto bancario para que revisen todo lo que quieran, y ante todos los peruanos. Y asumo todas las responsabilidades que se deriven de mis actos.
Estoy aquí para decirles: No voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como Presidente de todos los peruanos.
Invito a todos los actores políticos a hacer lo mismo. Nos costó mucho recuperar esta democracia. No la volvamos a perder.
Buenas noches.