En el 2015, el Estado Peruano le devolvió 67 millones de dólares a la constructora brasilera Odebrecht por decisión de Alfredo Dammert Lira, un polémico funcionario público, que coincidentemente, es uno de los directores de Ositran y el mismo hombre que le dio el visto bueno a la adenda del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.
Alfredo Dammert Lira aseguró que el aeropuerto de Chinchero del consocio Kuntur Wasi era importante para el país, sin embargo, lo que no se sabía era que su carrera se relaciona con otro proyecto llamado ‘Kuntur’.
‘Kuntur’, es la empresa que en el 2008 ganó la concesión del Gasoducto Sur Andino, en Cusco, por 1200 millones de dólares. A la firma del contrato, entregó un aval de casi 67 millones de dólares y si no cumplía, el Estado peruano ejecutaba esa garantía.
Sin embargo, en el 2011, la historia cambió con la llegada de Ollanta Humala y Nadine Heredia. En el 2012, Odebrecht compró ‘Kuntur’ y con eso logró la concesión de gas en Cusco. 
Fuente: Panorama-www.panamericana.pe

Todas Las Obligaciones
La Resolución Suprema N°040-2008-EM (10/09/2008) para desarrollar el proyecto por un gasoducto de 1,071.5 kilómetros, que partiría desde Camisea, pasando por las ciudades de Quillabamba, Cusco, Juliaca, Puno y Arequipa, hasta llegar a Matarani, Moquegua, Tacna e Ilo.
Señalaba dicha resolución que el concesionario asumiría todas las obligaciones “a su propio riesgo técnico, económico y financiero”. Tanto es así que como compromiso de fiel cumplimiento, Kuntur entregó una carta fianza de 67 millones de dólares.
Para mayores precisiones, en el 2008 Kuntur informaba que el gasoducto costaría US$1,330 millones; de la noche a la mañana, después de las elecciones generales en que ganó Ollanta Humala, candidato apoyado por el Partido de los Trabajadores de Luis Inacio Lula da Silva; y después que Odebrecht asumiera el 100% de las acciones de Kuntur, resulta que el 6 de julio de 2012 esta operadora informaba a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) que el valor del proyecto se había quintuplicado a la astronómica cifra de 6,004 millones de dólares.
Fuente: Gato Encerrado.

Los árbitros de Odebrecht

Por MARÍA TERESA GARCÍA- Diario Expreso.
Las empresas brasileñas -entre ellas Odebrecht- que acudieron a los centros de arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), contaron con árbitros aliados que le permitieron obtener del Estado unos S/581’095,695. En el caso de PUCP fueron 19 árbitros que ganaron los procesos a favor de las compañías brasileñas y en el de la CCL, fueron 14, según información enviada a la Comisión Lava Jato.
PUCP
El abogado Sergio Tafur Sánchez representó hasta en tres oportunidades a las brasileñas. Dos veces al Consorcio Túnel Callao, integrado por Constructora Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales. Asimismo, una vez al Consorcio Vial Quilca Matarani cuyos miembros son Obras de Ingeniería S.A., Constructora OAS y Cosapi S.A.
Otro caso es el de Marco Paz Ancajima, quien representó al Consorcio Cajamarca 2 en dos ocasiones.
Mario Paz Salazar fue el abogado de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción en su demanda arbitral contra Provias Nacional.
En tanto que Manuel Aramburú Yzaga defendió los intereses del Consorcio Cajamarca 2, Ramón Huapaya Tapia del Consorcio Túnel Callao, Rolando Eyzaguirre Maccan del Consorcio Túnel Callao, Elvira Martínez Coco del Consorcio Vial Santa Rosa, integrado por OAS, Mota Engil y Upaca.
De igual forma representaron a las empresas cariocas Oscar Herrera Giurfa, quien tuvo a su cargo el proceso arbitral del demandante Consorcio Cajamarca 2; Horacio Cánepa Torres  defendió los intereses del Consorcio Vías de Cusco, integrado por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción y Constructora Norberto Odebrecht;  y Daniel Linares Prado, abogado del Consorcio Cajamarca 2.
También Javier Dolores Torres representó al Consorcio Cajamarca. Finalmente, Miguel Avilés García asumió el proceso de Queiroz Galvao.
CÁMARA DE COMERCIO
Un abogado favorito de la empresa Odebrecht fue Horacio Cánepa Torres, quien lo representó innumerables veces en los procesos arbitrales de la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. y en los de la Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.
Jesús Iván Galindo Tipacti fue el abogado de la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que tuvo a su cargo Odebrecht, en el proceso arbitral iniciado contra Provías Nacional.
Asimismo, José Luis Simonetti Brayso llevó el proceso de la Concesionaria IIRSA Norte S.A. (Odebrecht); Natale Amprimo y Albert Forsyth Solar hicieron lo mismo en el caso de Intersur Concesiones S.A. (Odebrecht)
José Humberto Abanto Verástegui representó al Concesionario IIRSA Norte SAC (Odebrecht) en su proceso arbitral contra el Estado.
En el caso de Justo Kahatt Katan, defendió los intereses de la Constructora Andrade Gutiérrez S.A. hasta en dos oportunidades.
El abogado Luis Felipe Pardo Narváez fue el árbitro de Andrade Gutiérrez S.A. durante la controversia entre el Consorcio Nueva Gambetta y el Gobierno Regional del Callao y el MTC. De igual forma Alfredo Zapata Velasco representó a Odebrecht en el proceso presentado por Consorcio Vial Carhuaz y el Gobierno Regional de Áncash.
En tanto que Elio Otiniano Sánchez hizo lo propio con el Consorcio Nueva Gambetta y el Gobierno Regional del Callao, mientras que Randol Campos Flores fue árbitro de Queiroz Galvao en la “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma–Yaután-Huaraz, tramo Pariacoto-Yupash” en la región Áncash.
Trabajó en el Congreso
Horacio Cánepa Torres laboró en el Congreso de la República en la Comisión de Transportes y Comunicaciones como miembro del Consejo Consultivo.
SIEMPRE GANADORA
Según IDL Reporteros, “en los últimos trece años, Odebrecht -sola o en consorcio- demandó arbitralmente 41 veces al Estado peruano, mientras que el Estado lo hizo solo una vez. De los 42 laudos emitidos (…) Odebrecht ganó 35 veces, mientras que el Estado solo ganó siete arbitrajes. Mediante arbitrajes, Odebrecht ganó al menos 254 millones 656 mil 753 dólares entre los años 2003 y 2016”.

Aclaración sobre informe “Los árbitros de Odebrecht”

En respuesta a las cartas notariales y rectificatorias con respecto a la nota periodística titulada “Los árbitros de Odebrecht” publicada el pasado domingo 26 de marzo, se expone lo siguiente:
En la carta notarial de Dwight Falvy Bockos con DNI Nº 09535097, aclara que no ha sido y no es abogado de la empresa Odebrecht y/o de sus subsidiarias o sucursales y tampoco ha sido elegido árbitro ni participado en arbitraje alguno.
Indica que fue elegido como uno de los tres miembros de tribunales arbitrales destinados a resolver controversias entre entidades del Estado y la Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú, en tres como tal y en otro la empresa participó como miembro de un consorcio.
Aclara que estos arbitrajes han sido y/o son administrados por el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica.
De acuerdo con la solicitud de rectificación enviada a este medio de comunicación, el abogado Randol Edgard Campos Flores (CAL 47033) rechaza haber sido designado como árbitro por la empresa Queiroz Galvao ni por ninguna otra empresa brasileña en ningún arbitraje.
En la carta enviada, Campos Flores dice no haber participado en el arbitraje sobre la “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma–Yaután–Huaraz, tramo Pariacoto–Yupash” en la Región Áncash” iniciado por la Constructora Queiroz Galvao S.A. contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional–Provias Nacional.
Además, asegura no haber estado vinculado a la empresa brasileña Odebrecht, ni a ninguna otra empresa brasileña y tampoco ha sido designado ni patrocinado intereses de las mismas. Más aún, indica que en otros procesos donde ha intervenido, ha emitido laudos contra Odebrecht declarando infundada una controversia de US$ 51’155,176.06.
Por su parte, sobre el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, Horacio Cánepa Torre, identificado con DNI 22408696, señala que no ha representado a la empresa Odebrecht al haber sido elegido como árbitro, no como abogado, y los casos fueron 17 en siete años.
Estimó oportuno destacar que los 17 casos no fueron favorables al contratista, sino que hay tres de los casos en que participó que fueron favorables al Estado, y los casos favorables al contratista lo fueron en forma parcial y no en la totalidad de la pretensión.
Añade que todos los procesos tuvieron una duración aproximada de dos a tres años, e incluso algunos de los laudos al ser recurridos en anulación fueron expresamente ratificados por el Poder Judicial; es decir, ninguno de ellos ha sido anulado.
También asegura que no ha trabajado en el Congreso ni ha recibido emolumento por trabajar en ninguna comisión, pero sí integró una Comisión Consultiva el año 2016 ‘ad honorem’.
A su turno, Alberto Montezuma Chirinos, identificado con DNI Nº 08735219, sostiene que no ha sido jamás árbitro de Odebrecht, pues en casos como los que son materia de investigación, no fue designado por la indicada compañía.
Señala que es inexacto indicar que su actuación ha sido “defendiendo los intereses de la Constructora Queiroz Galvao, el Consorcio Huaura, compuesta por la Constructora Andrade Gutierrez y JJ Contratistas Generales y el Consorcio Cajamarca 2”, ya que es un imposible jurídico y moral.
Jorge Vega Soyer, con DNI 09389217, afirma que es impreciso indicar que haya sido contratado por el Consorcio Cajamarca 2 como árbitro en dicho arbitraje; pues, en rigor, son las dos partes en litigio las que hacen el encargo al árbitro para que defina la controversia, no una de ellas, y siempre atendiendo a los principios de independencia e imparcialidad con los que se conduce en los arbitrajes a su cargo.
En el caso de Miguel Grau Quinteros, identificado con DNI 07875055. aclara que jamás ha participado como árbitro u abogado en ningún proceso arbitral cuya parte sea Odebrecht. De igual forma precisa que en el proceso arbitral seguido por el Consorcio Cajamarca contra el MTC , participa como árbitro y aún se encuentra en trámite.
Asimismo, sostiene que en el proceso arbitral seguido por el Consorcio Vial Huaura contra el MTC, participó como árbitro y el laudo arbitral que se emitió por unanimidad, no ordena pago de dinero alguno a favor del consorcio ni de las empresas que lo integran.
En el caso de Paolo del Águila Ruíz de Somocurcio, con DNI 08880007, asegura que no es ni ha sido abogado de Odebrecht, ni de sus empresas subsidiarias, ni sucursales, y tampoco ha tenido representación o cargo alguno en dichas empresas.
Añade que nunca ha sido designado árbitro por esas empresas, ni ha participado en tribunales arbitrales relacionados con casos de estas.
Indica que los cuatro arbitrajes referidos se encuentran en trámite, es decir, en ninguno se ha emitido laudo, por lo que mal podría afirmarse que el Estado ha “ganado” o “perdido” tales arbitrajes.
Fuente: Diario EXPRESO 30.03.2017

Lucha sobre lodo

Por Mario Ghibellini– Revista SOMOS del Diario El Comercio.
Todos los políticos lo dicen: ahora que el Perú vive una situación de emergencia, hay que meter el hombro. Nunca aclaran, sin embargo, entre las costillas de quién. Porque, dejémonos de cosas, declamaciones épicas aparte, el único ingrediente que los huaicos le han añadido a la secular lucha por la notoriedad y el poder en nuestro país es el lodo. Alcaldes, congresistas y candidatos presidenciales en potencia continúan en estos días arremetiendo unos contra otros, como lo hacían antes de que el cielo y los puentes se desplomaran sobre el suelo patrio; solo que ahora lo hacen entre bufidos y resbalones. Pero, eso sí, sin perder el gesto grave, porque siempre puede haber una cámara acechando.
¿UNA SOLA FUERZA?
El caso más clamoroso es, por supuesto, el de Luis Castañeda Lossio, cuyos sabios votos de silencio uno entiende en el instante mismo en que él decide romperlos. Sintiéndose misteriosamente aludido por una frase presidencial acerca de cierta infraestructura defectuosa en Trujillo, el alcalde de Lima, en efecto, le soltó al mandatario una andanada de proverbios vilipendiosos que incluían las expresiones ‘ladrón’ y ‘rabo de paja’, y que resultaron algo así como el ejemplo de manual de lo que debe entenderse por la locución ‘tiro por la culata’. Porque el que terminó pringado fue el gratuito denostador y el jefe de Estado, redimido por esa solidaridad ruidosa que despiertan siempre las víctimas inocentes, consiguió más bien que pasaran al olvido sus propias metidas de pata de cuando todo este lodazal recién empezaba. A saber, la sugerencia a los vecinos de un distrito de Sullana de que revocasen a su alcalde y la soberbia declaración de que ‘desconocía deliberadamente’ la propuesta del nuevo presidente de la Confiep sobre un posible mejor uso de los recursos destinados a los Panamericanos. Si, como tanto se ha dicho en estos días, toda crisis es una oportunidad, PPK, fiel a su estilo, se ha encargado de demostrar también que toda oportunidad puede ser una crisis.
Desde las redes sociales, por otra parte, ha dejado escuchar su palabra iluminadora la señora Verónika Mendoza, quien ha aprovechado la ocasión para responsabilizar de la catástrofe al ‘modelo de desarrollo’ que infructuosamente trató de derrocar en las últimas elecciones. Total, uno nunca sabe: lo que niegan las urnas, a lo mejor puede conquistarse a fuerza de ‘likes’.
Nadie, sin embargo, ha sabido sacar manteca política de la actual circunstancia mejor que Kenji Fujimori. En medio de la refriega con su hermana por el liderazgo del fujimorismo, el joven congresista se apareció este miércoles en Palacio llevando un donativo personal (que hace pensar inmediatamente en los que no han tenido un gesto semejante, empezando por la líder del partido) y dejándose retratar al lado de la sonriente esposa del presidente. En la imagen, que todos los medios han recogido, los dos sostienen, además, un letrero que dice “Una sola fuerza” y que tiene resonancias un tanto cachacientas, pues en realidad constituye la prueba de que, por lo menos en Fuerza Popular, hay dos.
La lista podría continuar, pero los ejemplos señalados bastan para probar que quienes dicen que las luchas sobre lodo las inventó un tal Paul Boesch el siglo pasado en Estados Unidos mienten. Ellas son, más bien, una orgullosa tradición de las élites gobernantes peruanas que, según parece, hunde sus raíces en los tiempos de los señoríos Moche y quién sabe si más allá.