Por Miguel Neyra– Diario El Comercio.
Un grupo de desconocidos incendiaron las instalaciones del proyecto minero Utunsa de la empresa Anabi S.A.C., ubicada en el distrito de Quiñota, en el límite de las provincias de Chumbivilcas (Cusco) y Haquira (Apurímac).
Según informó la Policía, el pasado jueves 10 de noviembre, aproximadamente a las 8 de la noche un grupo de personas ingresó a la sede de la mina y procedió a incendiar el área administrativa y dos camionetas.
No hubo detenidos porque de acuerdo a la versión de los agentes, cuando llegaron el lugar estaba vacío. El acceso a la mina por vía terrestre también estaba bloqueada. Tampoco se reportaron heridos.
Esta no es la primera vez que la mina sufre un atentando contra sus instalaciones, en el 2012 parte de la mina también fue saqueada e incendiada.
El hecho ha ocurrido a escasos días de la toma de la mina Hudbay, ubicada en el distrito de Chamaca, también en la provincia de Chumbivilcas, por lo que la Policía presume que sería comuneros los que estarían detrás del atentado.
La Defensoría del Pueblo informó en su último reporte de conflictos sociales que este proyecto está en fase de exploración pero según varias denuncias estarían realizando explotación minera, lo cual habría generado impactos ambientales y sociales, entre ellos, la contaminación del río Colchaca.
Además, los detractores del proyecto consideran que la empresa ha incumplido compromisos con las comunidades de influencia directa.
Campamento incendiado de Minera Utunsa en Apurímac.
Por César Prado- Revista CARETAS | Estallidos de violencia en la sierra sur y la selva norte ponen a prueba la capacidad de diálogo del Ejecutivo.
Lo ocurrido en la localidad de Saramurillo (Loreto) el 13 de octubre pasado auguraba el clima de conflicto que hoy se respira en buena parte del país. Los ‘apus’ de las organizaciones indígenas de Aconakku, Fepiaurc, Feconat, Oriap y Aidecos aceptaron reunirse con representantes del Ejecutivo para establecer una futura mesa de diálogo que ponga fin a la contaminación petrolera en la cuenca del río Marañón.
Este es uno de los 212 conflictos sociales heredados del anterior gobierno, 72% de ellos en estado latente al iniciarse la gestión de Pedro Pablo Kuczynzki, según datos de la Defensoría del Pueblo. La escalada de estos conflictos comparte signos preocupantes: bloqueos de carreteras, atentados contra la propiedad privada y enfrentamientos con la Policía que, para algunos, serían señal de una concertación.
Felipe Ferraro, gerente general de Horizonte, responsabiliza a líderes de la comunidad por conflicto en Pataz. “Nos dieron un ultimátum”, afirma sobre sucesos que dejaron un muerto.
“Es un error explicar los conflictos por una teoría conspirativa. Recuérdese que durante anteriores gobiernos se hablaba de una “telaraña del mal”, de “la conexión chavista”, de una “conspiración ecoterrorista” y de oenegés o países que podrían estar financiando los conflictos. Es una manera torpe y macarthista de negar la realidad”, afirma, por el contrario, Marco Arana, titular de la comisión de Energía y Minas del Congreso.
Los nueve atentados contra el Oleoducto Norperuano y el consecuente derrame del crudo en aguas fluviales ya habían causado en octubre un daño ambiental considerable y afecciones de salud entre las poblaciones Urarinas y Parinari. Armados con lanzas y flechas, los locales expulsaron de la cita a un alterado asesor presidencial Jorge Villacorta, que de tanto impacientarse terminó perdiendo el puesto a los pocos días.
Nativos de Saramurillo, Loreto. El oleoducto como rehén.
En medio de ese clima hostil y sin hacer concesiones de ninguna clase, los hombres encabezados por José Fachin, James Rodríguez y Daniel Saboya despacharon también a Rolando Luque, titular de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS). Un mes después, previo traslado de esos mismos dirigentes a Lima para una cita con el premier Fernando Zavala, el diálogo ha vuelto a establecerse. Por ahora.
“El gobierno no está teniendo un sistema de alertas que funcione y ponga el diálogo con capacidad resolutiva, puesto que en todos ellos (comuneros) están exigiendo que no los sigan meciendo una vez más”, comenta Arana.
ADMINISTRANDO EL CAOS
Pero así como el paso de un escenario de conflicto a uno de negociación en Saramurillo se vio amenazado por el secuestro de cuatro efectivos de la Marina de Guerra el 9 de noviembre, otros episodios de violencia han sido la punta de lanza de comuneros en La Libertad y Cusco. La muerte de Pedro Valle Sandoval tras un enfrentamiento entre la comunidad de Alpamarca (Pataz) y la Policía es, con seguridad, el más grave de todos.
La madrugada del 6 de noviembre, según PNP La Libertad, cerca de 100 efectivos ingresaron a los campamentos de la minera Horizonte para expulsar a un grupo de comuneros que habían tomado sus instalaciones. Ellos demandaban a la empresa aurífera la entrega de una quinta área para la explotación artesanal, en cumplimiento de un convenio de colaboración firmado por ambas partes el 14 de abril del 2014.
Chumbivilcas en ebullición. Primero fue la mina Constancia; ahora Utunsa.
Luis Valdivieso, presidente de la comunidad, y Pedro Santiesteban, jefe de la ronda campesina, asistieron a una reunión con la alta gerencia de Horizonte en Lima el 27 de octubre, apenas una semana antes de los sucesos. Ahí, según informó a CARETAS el propio gerente general Felipe Ferraro, “nos dieron un ultimátum de tres días o que nos atuviéramos a las consecuencias”. La cita ha quedado registrada en un video.
“Más que un conflicto social; este es un conflicto comercial”, afirma Ernesto Bendezú, gerente legal de la empresa. “Ellos ingresaron con violencia a nuestros campamentos, golpearon a nuestros trabajadores y manipularon una válvula originando un derrame de relave”. Este, según ha informado el OEFA, habría afectado a la vecina laguna de Pías.
Dos días después, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, cinco mil pobladores de las localidades de Chamaca, Livitaca y Velille tomaban la zona de Sayhualoma, perteneciente a la mina Constancia. Al igual que en el primer caso, los manifestantes exigían el cumplimiento de los acuerdos del convenio de cooperación suscrito con la minera canadiense Hudbay en el 2013, además de un plan de remediación ambiental.
La mina Constancia, cuya inversión se estima en 1,800 millones de dólares, pertenece al corredor minero del sur junto a otros proyectos de envergadura como Antapacay (Cusco), la ampliación de Cerro Verde (Arequipa) y Toquepala (Tacna), así como Las Bambas (Apurímac).
Pese a la suspensión de esta medida de fuerza, gracias al establecimiento de una mesa de diálogo con la empresa, dentro de la misma provincia pobladores de la localidad de Quiñota tomaron por asalto y quemaron las oficinas de la mina Utunsa el 11 de noviembre.
Los responsable de este acto, como ha sido una constante en estos días, exigieron la presencia del presidente del Consejo de Ministros para solucionar dicha controversia. La próxima parada podría ser Amazonas, donde el inicio de operaciones de la minera Afrodita viene causando zozobra dentro de la comunidad awajún.
¿Nuevo conflicto con Ecuador?
Por Miguel E. Santillana- Instituto del Perú.
La Cordillera del Cóndor no solo preocupa por el contrabando de oro y madera que sale del territorio peruano, sino que bajo el concepto de “territorio ancestral”, el denominado Centro Shuar “Suntak”, conformado por personas identificadas con número de cédula ecuatoriana, ahora reclama ubicarse en unas siete mil hectáreas de suelo peruano, en el valle de Chinapintza, en la provincia de Condorcanqui. Aquí el informe.
Las relaciones entre Perú y Ecuador (fundado como país independiente del Perú y la Gran Colombia el 13 mayo de 1830, con la unión de las provincias de Ecuador, Guayaquil, Cuenca, Loja) se han caracterizado por el conflicto territorial (reclamo de parte de Tumbes, Jaén de Bracamoros y Maynas -en estas dos últimas, básicamente la frontera sería el río Marañón y el río Amazonas-).
Esta disputa territorial causó varios altercados diplomáticos y guerras a lo largo de los siglos XIX y XX. Como resultado de esto, Ecuador se prepara teniendo una política de “desarrollo de fronteras” (construcción de carreteras que llegan hasta la frontera con el Perú, construcción de ciudades). Felizmente, todo culmina con el “Acta de Brasilia” (firmada el 26 de octubre de 1998, luego de la Guerra del Cenepa de 1995), donde se cierra en definitiva la frontera en disputa (78 km), básicamente la Cordillera del Cóndor, teniendo de un lado la provincia de Zamora y del otro la provincia de Condorcanqui. En mayo de 1999 se colocó el último hito.
Como parte del acuerdo, se le cedía a Ecuador 1 km2 en Tiwinza y la facilidad de “Centros de Navegación Binacional” (concesión por 50 años de 550 hectáreas) en Saramiriza (sobre el río Marañón, distrito Manseriche, provincia del Datem del Marañón, Loreto).
Problemas en la Cordillera del Cóndor
Hemos obtenido un documento de inteligencia militar del Batallón de Brigada de Selva #21 “Cóndor”, BS 62 Zamora/2016 que describe los problemas de tráfico de oro ilegal (insumos como combustibles, explosivos, taladros) y tala ilegal por diversos puntos de la frontera con participación de peruanos y ecuatorianos. Del lado peruano, el poblado más cercano es la comunidad de Comaina a unos 70 km de la frontera (dos días de camino a pie) mientras que del lado ecuatoriano hay pueblos a las faldas de la Cordillera del Cóndor
En el tema de minería ilegal, la explotación se realiza en ambos lados de la Cordillera del Cóndor, en el sector Chinapintza-La Herradura (hito Dos Banderas), siendo procesado con mercurio del lado ecuatoriano. La explotación del lado peruano se hace sobre una concesión que pertenece a Minera Afrodita. La faena empieza de madrugada (3-4am) y culmina por la mañana, para transportar lo extraído al lado ecuatoriano por la tarde. Para realizar su labor sin ser molestados se paga coimas al personal militar del Puesto de Vigilancia (PV) “Tambo” y al soldado peruano que hace guardia en Dos Banderas. Cada peruano pasa un promedio de 6 bultos (18 gramos de oro) por semana, teniendo una ganancia de US$ 360.
La tala ilegal que pasa del lado peruano al ecuatoriano, se realiza en el cantón de Nangaritza y cantón Paquisha (así llaman los ecuatorianos a los distritos) por la parroquia de Nuevo Paraíso y Nuevo Quito, en especial las ubicaciones San Juan, Miazi y Héroes del Cóndor. Esta madera se procesa en la ciudad de Loja a donde llega en camiones que la trasladan de madrugada para evitar los controles del Ministerio de Ambiente. Los pasos fronterizos no autorizados que se utilizan son La Herradura-Dos Banderas, Shaime-Miazi y La Pangui. Según testimonios recogidos, para sacar la madera por el paso ilegal del sector Shaime-Miazi se tiene la complicidad de militares peruanos del PV “Llave”.
Las operaciones de interdicción del lado ecuatoriano se han centrado más sobre la minería ilegal que sobre la tala ilegal. Se han decomisado armas, carburantes (gasolina, diésel y balones de GLP) pero principalmente insumos (mecha lenta, detonante, TNT granulado, dinamita, explogel, explosivos caseros, nitrato de amonio, ácido nítrico) y maquinaria (dragas, retroexcavadoras, bombas de agua, poleas, winches, generadores y plantas de luz). Del lado peruano no se ha hecho ningún operativo.
Nuevos derechos, nuevos conflictos
Las ONGs han desarrollado los denominados derechos indígenas a partir del Convenio 169 de la OIT (1989), teniendo como principales conceptos los “derechos consuetudinarios” y “territorios ancestrales”.
Se tiene una idea que los pueblos indígenas de la Amazonía peruana (330,000 personas según el censo del 2007) se encuentran desamparados cuando eso no es cierto. Desde la Constitución de Leguía de 1920 se protegen los derechos territoriales indígenas, lo que se complementó con la Ley de Comunidades Campesinas y Nativas de 1975. Se estima que 11 millones de hectáreas, de un total de 77 millones de hectáreas que tiene la Amazonía peruana, pertenecen y están inscritas en los Registros Públicos. Existen todavía reclamos de distintos grupos indígenas para que se le reconozca y registre su propiedad sobre más territorios para lo cual existe una negociación con el Estado peruano.
Pero cuando las ONGs traen el concepto de “territorios ancestrales”, los indígenas pueden reclamar como propio extensiones que están más allá de la propiedad que se les reconoce. Eso causa un problema para el Estado peruano, pues en el campo los indígenas –siguiendo este concepto- toman como suyo esa mayor extensión.
Lo que no se han percatado las ONGs es que este concepto nos puede traer un nuevo conflicto con Ecuador. Sucede que del lado peruano se tiene a los awajún- wampis (aguaruna-huambisa) que suman de 67,772 habitantes. Los awajún se encuentran en las provincias de San Ignacio y Jaén (Cajamarca), Rioja (San Martín) pero se concentran principalmente en las provincias de Condorcanqui, Bagua y Bongará (Amazonas). Los wampis se encuentran en la provincia de Condorcanqui (Amazonas) y Datem del Marañón (Loreto). Con el paso del tiempo los awajún y wampis se han convertido en una sola etnia. Ambos grupos pertenecen al grupo lingüístico jíbaro.
Del lado ecuatoriano (desde Provincia de Zamora a la Provincia de Sucumbios a lo largo de la frontera con el Perú) se tienen a los Shuar (unos 120 mil habitantes) que también pertenecen al grupo lingüístico jíbaro. Serían como “primos hermanos” de los awajún. Los shuar son mucho más organizados que los awajún teniendo distintas organizaciones como la Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar de Ecuador (FINAE), Organización Shuar de Ecuador (OSHE), Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador (FIPSE) y Centro Independiente Shuar de la Amazonía Ecuatoriana (CISAE) que participan del proceso político en el Ecuador.
El problema que se nos presenta a partir del concepto de “territorios ancestrales” es que se ha constituido el 15 de febrero del 2014 el Centro Shuar “Suntak” con 21 miembros identificados con número de cédula ecuatoriana, que reclama ubicarse en la Cordillera del Cóndor sobre el valle de Chinapintza, teniendo 7,000 hectáreas de territorio peruano (Provincia de Condorcanqui). Lo interesante es que se constituyen bajo la Constitución del Perú y los tratados internacionales que haya ratificado nuestro país. El centro “Suntak”, reclama que los Shuar no tienen fronteras y que se debe afiliar a la Organización Indígena del Alto Comainas (ODECUAC).
Los miembros del Centro Shuar “Suntak” se reclaman descendientes del guerrero Shuar (del lado ecuatoriano) Martín Ujukan quien recorría las “tierras ancestrales” del valle Chinapintza (lado peruano) y se casó con una awajún llamada Suntak. Es por ello que reclaman “defender sus propiedades ancestrales… y las que llegare a adquirir de cualquier forma, las mismas que son inalienables, indivisibles e imprescriptibles, que por cualquier motivo sean pretendidas o detentadas maliciosa o temerariamente”.
Entre los fines del Centro está “constituirse en unidad ejecutora capaz de ejecutar proyectos en el campo de la salud, educación, artesanal, la producción agrícola, pecuarios, ictiológicos, minería, la producción en general, el comercio, la conservación de la flora, fauna, medio ambiente; el uso, aprovechamiento y la explotación de recursos renovables y no renovables (entiéndase madera, hidrocarburos y minería) existentes en sus territorios ancestrales y en las que llegare a obtener de cualquier forma”. Además busca “promover programas de lotización y vivienda para resolver el déficit de vivienda de sus socios”.
Frente a esto ¿Cuál será la respuesta del Estado peruano?, ¿Cuál será la posición de la Cancillería que tiene un departamento para el desarrollo en las fronteras? Ya han pasado dos años de la fundación del Centro Shuar “Suntak” ¿cuándo vamos a reaccionar?
Fuente: Revista Velaverde.