Contra el Estado peruano

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Demanda

La PUCP denunció al Estado ante el Sistema Interamericano el 2013, tras el fallo que dictó el Tribunal Constitucional que favorece al Arzobispado de Lima en un litigio por la administración de dicha universidad.
Un grupo de miembros de la comunidad universitaria de la PUCP integrado por autoridades, profesores y estudiantes; liderado por el rector Marcial Rubio, presentó una demanda contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.
El Estado peruano hizo pública la designación de su procurador ad hoc ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la demanda planteada por la Pontificia Universidad Católica (PUCP). Se trata del abogado David Miguel Dumet, quien reemplaza en ese cargo al hoy ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén.
En tanto, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) eligió a ocho nuevos miembros para ocupar cargos en los dos organismos del sistema interamericano de derechos humanos.
En votación, los 35 países miembros de la OEA eligieron a cuatro nuevos comisionados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que asumirán en enero de 2016.
Se trata de los juristas Esmeralda Arosamena de Troitiño, de Panamá; Francisco Eguiguren Praeli, de Perú; Enrique Gil Botero, de Colombia, y Margaret May Macaulay, de Jamaica.
Otros dos candidatos, Douglas Mendes, de San Kitts y Neivis, y Sandra Soriano Bascopé, de Bolivia, no alcanzaron los 18 votos que requería su elección.
La Asamblea también eligió a cuatro nuevos miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo el actual presidente de la Primera Corte Constitucional de Ecuador, Patricio Pazmiño Freire, quien tuvo la mayor de las votaciones de los cinco candidatos.
También fueron electos para la Corte IDH Elizabeth Odio Benito, de Costa Rica; Eduardo Vio Grossi, de Chile, y Eugenio Raúl Zaffaroni, de Argentina.
Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), se dijo sorprendida por la ausencia de un mecanismo que permitiera a las organizaciones de la sociedad civil hacer una valoración y conocer a los candidatos.
“Hubo un retroceso brutal desde el último proceso de selección que hubo hace dos años donde todos los candidatos se presentaron aquí (en la sede de la OEA), expusieron sus puntos de vista y recibieron preguntas y comentarios de la sociedad civil y gobiernos” recordó.
Fuente: Diario La República y www.eleconomista.com.mx

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