Por César Romero- Diario La República
La red de Rodolfo Orellana había copado la Superintendencia de Registros Públicos, sobre todo durante el gobierno aprista. Las piezas claves de esta infiltración serían, según testigos y colaboradores eficaces, el ex jefe de la SUNARP y el registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina.
Hoy ambos están con orden de detención preventiva, a pedido de la fiscal especializada en lavado de activos, Marita Barreto. Guzmán Molina ya fue capturado en su departamento de la avenida Santa Rosa, en La Perla, Callao.
Álvaro Delgado no fue ubicado en su casa de la calle 3 número 172 de la urbanización Valle Hermoso, en Surco, y tampoco llegó a su trabajo habitual. La policía lo está buscando y se espera su próxima captura.
El ex superintendente de registros públicos dio diversos dispositivos internos que relajaron los controles, permitiendo que se inscriban los laudos arbitrales y otros documentos promovidos por la red Orellana.
En octubre del 2011, la congresista de Gana Perú Esther Saavedra Vela denunció diversas irregularidades cometidas por Delgado Scheelje en las sedes de Moyobamba, Chiclayo, Huancayo, Lima y otras localidades, en contratos publicitarios y supuestas obras sin las licitaciones correspondientes por más de US$26 millones.
En tanto, el nombre del registrador Guzmán Molina era recurrente en las inscripciones de la red Orellana. Él aparece en el registro realizado por Consorcio Gerencial SAC de un inmueble en San Borja despojado a Gilberto Orosco.
También aparece en los casos de la comunidad de trabajadores de la ex CPT (Cervatel), la plaza de toros “Sol y Sombra” de Giovanni Paredes, y la cochera del estadio de Alianza Lima, en La Victoria.
Las investigaciones determinaron que muchos expedientes de inscripción eran derivados a este registrador y, en otros casos, se le daban comisiones especiales o se les destacaba por días a atender prediales adicionales a su despacho. Tanto Álvaro Delgado como Guzmán Molina habrían recibido pagos por estos servicios especiales.
Provincias
En diversas ciudades del interior del país, la policía estaba buscando a otros colaboradores de la red Orellana, entre abogados, ex magistrados y árbitros de derecho.
Magistrados
Los jueces, fiscales y servidores que habrían recibido dinero de Rodolfo Orellana serán investigados tanto por la Fiscalía Suprema de Control Interno como por la OCMA, que definirán su situación.

Región Ucayali

Rosario Aronés C.- Diario El Popular
Cuatro jueces del Poder Judicial de la Región de Ucayali son buscados por la Policía Judicial, tras ser acusados por su estrecha relación con la organización criminal liderada por el abogado Rodolfo Orellana.
El Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar de los jueces de Atalaya, Luis Palomino Morales y Jorge Reátegui Pisco, de la provincia de Yarinacocha, Ricardo Castro Belapatiño y de la provincia de Campoverde, Wenceslao Portugal Serruchi.
Mientras que la fiscalía solicitó la prisión preventiva para el ex presidente de la Corte Superior de Ucayali, Francisco Boza Olivari.
NO PUEDEN SALIR
La fiscal de lavado de activos, Marita Barreto, formalizó la investigación preparatoria contra los jueces por los delitos de  lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Pidió el impedimento de salida del país y la prisión preventiva.
En conferencia de prensa con el fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde y los fiscales superiores Víctor Cubas y Jorge Chávez, la fiscal Barreto dijo que el 90% de la organización fue desbaratada, se recuperaron inmuebles, joyas y dinero por 100 millones de soles.
Al presidente del Poder Judicial de Ucayali se le acusa de designar jueces para que resolvieran las medidas cautelares a favor de la red criminal de Orellana. Ellos son: Palomino Morales quien anuló la orden de captura contra el ex dirigente de Alianza Lima y socio de “El Gordo”, Guillermo Alarcón, emitida por el 36 Juzgado Penal de Lima.
Reátegui Pisco ordenó a la fiscalía contra el Crimen Organizado excluir a Orellana de la investigación por el delito de lavado de activos. Wenceslao Portugal dispuso devolver un cargamento de oro por 10 millones inmovilizados por la Sunat. Este oro era de Pedro Pérez Miranda (a) Peter Ferrari.
15 DÍAS DETENIDOS
El ex juez supremo Robinson Gonzales Campos admitió ante la Comisión del Congreso que trabajó para Orellana.
Gonzales, su hija y la abogada Blanca Paredes fueron trasladados al Juzgado de Investigación Preparatoria para la audiencia de control de identidad y luego fueron llevados a la Dirandro donde permanecerán 15 días detenidos para ser investigados. Mientras que  la madrugada de ayer, la fiscal y la policía incautaron abundante documentación valiosa en su vivienda de Surco.