Por Antonio Zapata Velasco- Diario La República.
Al inaugurar la COP20, el gobierno enfrenta una complicada agenda ambiental interna. En primer lugar se hallan los jefes ashaninkas asesinados por taladores ilegales del bosque amazónico. Como ha mostrado Mirko Lauer, el caso ha llegado a la prensa internacional y coloca al gobierno contra las cuerdas. A continuación, hace pocos días se han incendiado los pantanos de Villa, sin que los bomberos puedan apagar el siniestro durante varias horas. Como consecuencia, la única reserva limeña para aves migratorias ha quedado seriamente dañada. En ambas situaciones, el país luce sin previsión ni capacidad de reacción.
Finalmente, la semana anterior ha estado marcada por la polémica entre Hernando de Soto y Javier Pulgar Vidal sobre la minería informal. Este tema es uno de los ejes de la cuestión ambiental peruana porque los mineros informales son muchos, aproximadamente 200 a 300 mil personas; además, su labor degrada el medio ambiente en grado incluso superior a la gran minería; y luego, ha sido foco de tensión social durante la década anterior y todo indica que ha de continuar en el futuro.
Según el líder del ILD, la ley actualmente vigente está mal diseñada y no es atractiva para lograr lo que pretende: la formalización de los trabajadores mineros. La prueba de esta debilidad sería que solo cinco mineros han completado los trámites y ahora son formales.
Cabe destacar que el ministro negó pero sin ofrecer cifras, solo dijo que de Soto mentía. Por su parte, según el Útero de Marita, los mineros recientemente formalizados apenas son 16. Si esto es así, este punto crucial sería a favor de Hernando de Soto.
Otro tema es la propuesta del ILD, que suena poco meditada, como bien sostuvo Pulgar. Sin ser completamente claro, de Soto estaría proponiendo abolir las restricciones y formalizar al ilegal sin mayor trámite. De hecho, participó en un evento de mineros informales presidido por la consigna “Conga va, pero con nosotros”.
El peligro que subrayó el ministro es la clásica confusión del economista del ILD, que mete a todos en el mismo saco. En la minería informal se mueve mucho dinero y junto al contrabando y el narcotráfico constituye la fuente de la economía ilegal.
Para evitar errores en esta delicada materia es preciso distinguir entre trabajadores y capitalistas mineros informales. Los obreros informales laboran en condiciones muy duras y sus ingresos apenas son de sobrevivencia. Por su lado, los dueños de las plantas procesadoras informales se llevan la parte del león y se benefician de la ilegalidad, depredando cuánto quieren y pagando salarios de hambre. 
Una segunda consideración es el deterioro ambiental de la actividad. Los mineros de socavón trabajan en lugares agrestes y bajo tierra; aunque su actividad no es limpia y soportan condiciones sanitarias paupérrimas, son menos peligrosos que los mineros de aluvión en ríos de la selva. Ellos contagian con mercurio áreas muy extensas y van eliminando el bosque amazónico. Por ello, la norma ideal debería facilitar la legalidad del trabajador de socavón, imponiendo reglas estrictas a la minería en la selva y al conjunto de dueños de procesadoras.
Por último, la ley debería colaborar con el minero una vez formalizado. Además de obligar al pago de impuestos, la norma debería abrir opciones para que la minería en pequeña escala sea respetuosa de la naturaleza y de la salud de los operarios.
Ninguno de los participantes del debate adelantó mayores ideas al respecto. Pero, Pulgar sabía que estaba ante una papa caliente, mientras que de Soto lucía confiado. Lo suyo era ceder y que el mercado se encargue de la disciplina. El líder del ILD parecía defender derechos sin preocuparse por obligaciones. Con razón el ministro lo encontró irresponsable.
Así, la COP20 encuentra debilitado al anfitrión. El gobierno ha sido débil ante la agenda ambiental, incluso ha retrocedido en el último paquete promotor de inversiones. Por ello, en la puerta del horno saltan los problemas.