Obras que matan
Áncash se nos escapó de las manos”, reconoció Ollanta Humala frente a sus ministros en Palacio de Gobierno. “Hay que actuar rápidamente. Sacudamos Áncash”, ordenó.
El sacudón llegó vía el MEF, que el miércoles 2 congeló las cuentas del Gobierno Regional y del Proyecto Especial Chinecas por S/20 millones bajo sospechas de corrupción y de un uso sin control de los recursos del departamento que más canon recibe en el país.
El domingo 6, el propio Humala arribó a Áncash y exigió “saturar” de policías las calles. Unos 1,500 efectivos arribaron a la región, procedentes de Lima. A ellos se sumaron equipos especializados de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).
Entre las tareas de estos grupos de élite está desenredar las conexiones entre sicarios, empresarios mafiosos y autoridades estatales.
Las investigaciones policiales irán de la mano con aquellas de la Contraloría, las Procuradurías Anticorrupción y la Comisión de Fiscalización del Congreso, que el lunes último realizó una sesión pública ante un auditorio atiborrado en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.
El distrito fiscal del Santa fue declarado en emergencia y se anunció que los casos archivados relacionados con la gestión del presidente regional César Álvarez volverán a ser examinados.
Pero el olor a pólvora aún se respira en las calles.
IMPUNIDAD CRIMINAL
El brutal asesinato del ex consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco, el 14 de marzo pasado, dejó al descubierto el descalabro de las instituciones del Estado para investigar la corrupción y el crimen organizado en Áncash.
“La justicia aquí ha estado comprada”, denunció Fiorella Nolasco, la hija del consejero asesinado, frente al fiscal de la Nación José Peláez y al contralor Fuad Khoury, el lunes último. Llevaba puesto un chaleco antibalas.
La impunidad, facilitada en buena medida por el Ministerio Público y la Corte de Justicia del Santa, permitió que Áncash se convirtiera en lo que el analista político Steven Levitsky definió como un “autoritarismo parecido al régimen fujimorista de los noventa”.
Se han denunciado 10 asesinatos políticos desde el 2010, que incluyen al ex presidente regional interino Luis Sánchez Milla; los alcaldes José Montalván y Pedro Tapia; el fiscal Luis Sánchez Colona; la testigo clave Hilda Saldarriaga, el periodista Pedro Flores y el ex consejero opositor Ezequiel Nolazco.
Algunas de las víctimas habían denunciado irregularidades en las obras de Álvarez y otros tenían información que podía comprometerlo penalmente.
El aludido niega estar vinculado y hasta hoy no afronta ningún proceso judicial por estos hechos. Pero existen evidencias de que el Ministerio Público no tomó en consideración elementos fundamentales que vinculan a Álvarez con el aparato criminal que está detrás de todos estos asesinatos.
LAS LLAMADAS DE ÁLVAREZ
En julio del 2010, cuando Nolasco sufrió un primer intento de asesinato en el que perdió la vida su hijastro, Roberto Torres, la Policía sindicó como autor intelectual al actual alcalde de Chimbote, Luis Arroyo Rojas, 57, miembro de la agrupación Cuenta Conmigo que dirige Álvarez.
El atestado policial N°094-10 de la XII Dirección Territorial Policial de Huaraz, obtenido por CARETAS, revela que para ello Arroyo contrató a un grupo de sicarios vinculado al Sindicato de Construcción Civil del Santa.
Uno de estos sicarios fue identificado por la Policía como Arnaldo Ordinola, ‘Piolín’, un miembro del gremio de construcción civil que dirige Víctor López Padilla, un oscuro personaje muy cercano a Álvarez, según la Policía.
El levantamiento del secreto de las comunicaciones permitió conocer que ‘Piolín’ se comunicó por teléfono hasta en 57 oportunidades con Arroyo, antes, durante y después del crimen. Del mismo modo, Arroyo y Álvarez cruzaron hasta 93 llamadas, entre el 1 de julio y el 28 de agosto del 2010, manifiesta la Policía.
Convenientemente, la Fiscalía del Santa archivó el atestado policial y libró al burgomaestre de Chimbote. El caso se encuentra en apelación en la Corte Suprema.
LA CUNA DEL CRIMEN
Las investigaciones indican que el Sindicato de Construcción Civil es el panal del crimen en Áncash y goza de la protección del presidente regional.
Una hipótesis que ha cobrado fuerza en la Policía es que a Nolasco lo asesinaron sicarios ligados al gremio de construcción civil de López Padilla.
El 20 de junio del 2012, el grupo de López Padilla se agarró a golpes con la facción de Nolasco por la construcción de un parque en Chimbote.
“Te vamos a matar”, le gritaron a Nolasco gente vinculada a López, según testigos.
Ambos estaban enfrentados desde el 2009, cuando disputaron la Secretaría General de Construcción Civil del Santa. Nolasco tentaba la reelección, pero fue derrotado por López Padilla. Entonces, Nolasco fundó su propio Sindicato Histórico de Construcción Civil de Áncash, pero fue marginado.En los últimos 5 años, el Gobierno Regional de Áncash recibió S/7,000 millones por concepto del canon minero. Es la región más rica del país.
Desde el 2010, Álvarez adjudicó las principales obras del Gobierno Regional de Áncash a López Padilla. Nolasco proponía anular algunas de estas obras ya licitadas por S/840 millones con el argumento de que hubo sobrevaloración. Esto ponía en riesgo a Álvarez y también a López Padilla.
Según el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat, Álvarez reparte los cupos en obras del gobierno regional entre las empresas que obtienen los contratos y los trabajadores del gremio que lidera López Padilla.
La relación entre Álvarez y López Padilla se hizo evidente, al punto que el segundo es el que hoy organiza las marchas públicas a favor del presidente regional. También ataca a quienes denuncian las actividades de Álvarez.
“El Sindicato de Construcción Civil es actualmente el brazo armado de Álvarez”, denunció a CARETAS Juan Calderón Altamirano, opositor de Álvarez y dirigente del movimiento político ‘Juntos por el Cambio’.
El ex fiscal anticorrupción César Jiménez, quien investigaba a Álvarez por el famoso caso de ‘La Centralita’, contó a CARETAS que, el 13 de julio del 2011, fue llamado a la oficina del presidente de la Junta de Fiscales del Santa, Dante Farro. Se buscaba presionarlo para que deje de investigar.
“Farro se encontraba reunido con Álvarez, el congresista Heriberto Benítez y con López Padilla”, recordó Jiménez, quien fue separado del caso.
“La impunidad permitió que el crimen organizado floreciera en Áncash”, admitió una alta fuente del Ministerio de Justicia. “Esa es la realidad”.
Tanto el fiscal de la Nación, José Peláez, como el jefe de Control Interno del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, archivaron investigaciones emblemáticas y castigaron a fiscales idóneos que examinaban a Álvarez.
Y ese es el mayor temor porque con Peláez o Ramos al mando de la Fiscalía, no hay razones para pensar que la cosa vaya a cambiar.
Fuente: Revista CARETAS.