Por Daniel Coronell
Un juez no puede esperar el favor político de quienes son juzgados por él. Un voto futuro, una decisión favorable a una aspiración, compromete su imparcialidad y hace sospechosa cualquier decisión que toque intereses de su eventual elector. El caso del que hoy les quiero hablar no es sencillo.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un jurista prominente y reconocido mundialmente. Diego García-Sayán ha sido ministro de Justicia y canciller del Perú. Es un hombre brillante y tiene sobrados méritos para aspirar a cualquier cargo.
Lo particular del asunto es que hace unos días la Unidad de Investigación del diario La Razón del Perú, el país natal de García-Sayán, informó que el juez ha tenido la aspiración de convertirse en secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) o, si no se puede, cuando menos secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Asegura el periódico que el plan para llegar a la Secretaría de la OEA se frustró porque el actual secretario José Miguel Insulza decidió a última hora presentarse a la reelección y resultaba imbatible. Ante esto, siempre según la versión del diario, los esfuerzos del juez se concentraron en Unasur.
La aspiración no tendría nada de malo si no fuera porque para cualquiera de esos cargos, el juez García-Sayán requiere del voto de los estados y justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual es miembro y presidente hasta el 31 de este mes, juzga si esos estados han violado los derechos y libertades establecidos en una convención continental.
Un alto asesor del Congreso de Estados Unidos me aseguró, bajo el compromiso de reserva de la fuente, que el presidente Ollanta Humala, en junio pasado, había pedido el voto norteamericano para que un peruano se convirtiera en secretario general de la OEA. Los legisladores estadounidenses presentes en la reunión entendieron que el candidato –no mencionado explícitamente– era Diego García-Sayán: “La lista de posibles aspirantes es corta y en el encuentro estaba presente la exesposa del juez García-Sayán, Eda Rivas, que se estrenaba como canciller del Perú”.
Ante la duda, le envié un correo electrónico al juez Diego García-Sayán, preguntándole si era cierto o no que había aspirado a la OEA, si aspiraba a Unasur, si sabía de las gestiones del presidente Humala, si creía que podía surgir un conflicto de intereses ya que necesitaba los votos de los estados que como juez procesaba en la Corte IDH y si podía asegurar que no aspiraría en el futuro a ningún cargo cuya elección dependiera de esos estados.
La respuesta llegó cinco días después. El juez afirma que no ha aspirado, ni aspira a esos cargos y que desconoce las supuestas gestiones del gobierno de su país. En lo que tiene que ver con aspiraciones futuras la respuesta fue esta: “En cuanto al futuro mediato de mi vida profesional, eso es algo que me corresponderá analizar y decidir a mí y a mi familia en su momento y no es de incumbencia de terceras personas”.
Lamento discrepar del ilustre juez pero si su futuro depende de la decisión de quienes hoy juzga, su decisión nos incumbe a todos. Sencillamente porque no habría garantías para quienes demandan justicia ante la Corte Interamericana.
Hace unos días el juez Diego García-Sayán decidió una demanda a favor del gobierno de Cristina Kirchner (que vota en la OEA y en Unasur). Su papel fue fundamental para que una escasa mayoría cambiara la doctrina de la Corte sobre la libertad de expresión dándole la razón al gobierno argentino en contra de un periodista que denunció un caso probado de corrupción tolerado por las autoridades de ese país.
Resulta preocupante también que el juez García-Sayán vaya a tomar decisiones en el caso de las familias de los desaparecidos en el Palacio de Justicia contra el Estado colombiano. El gobierno de Colombia tiene voto en los organismo continentales y las víctimas no.
Fuente: http://www.semana.com