El Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñeiro, invocó a la Asamblea Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) que confíe en la Iglesia Católica.
En entrevista con Radio Vaticano, el religioso se pronunció sobre el pedido del Vaticano para que la PUCP adecue sus estatutos a la Constitución Apostólica, requerimiento que ha despertado gran polémica en la comunidad universitaria.
“Lo que se les pide es muy sencillo, que la Asamblea elija tres candidatos, una propuesta de tres docentes idóneos, y de esos tres la Sagrada Congregación de Educación Católica designará al rector“, comentó.
“Entonces, estamos conjugando lo democrático, la decisión de la Asamblea, y por otra parte también que la Iglesia es jerárquica y que no queremos intervenir en la cuestión económica de sus bienes“, añadió Piñeiro.
Piñeiro aseguró que la Iglesia no pretende intervenir ni poseer los bienes de la Universidad Católica, sino que espera tener un diálogo y acuerdo con las autoridades universitarias.
Usted ha participado en una reunión importante sobre la situación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué nos puede adelantar al respecto?
He estado muy contento porque el cardenal Bertone nos ha recibido al cardenal Cipriani, al segundo vicepresidente del episcopado peruano, monseñor Del Río y a mí. Con qué sencillez, como buen educador salesiano y antiguo rector de la universidad de su congregación, nos ha hecho recordar la constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae del beato Juan Pablo II, y cómo la universidad católica la cumple; por eso yo no sé por qué hay ese temor a aceptar la normatividad de la Iglesia. El título de esta constitución es tan hermoso: “En el corazón de la Iglesia”, porque allí nacieron las universidades y por eso hay que cuidarlas para que tengan esa identidad católica. Había dos temas que eran aparentemente de conflicto. Uno es que la universidad quiere que la asamblea elija al rector, pero debemos saber que en la vida de la Iglesia hay la parte jerárquica y democrática. Entonces lo que pide la Iglesia es que la asamblea denomine una terna con tres posibles rectores, como sucede en todas las universidades católicas. Pido a nuestra universidad católica que comprendan el cariño que le tiene el papa a esta institución y que sus autoridades serán elegidas por la Sagrada Congregación para la Educación Católica dentro de los tres candidatos que presente la asamblea. Y el otro tema de conflicto -en que mucho daño ha hecho la interpretación de alguna prensa sesgada-, es que el arzobispo de Lima quiere acaparar la economía…¡No señores!, la Iglesia también cuida los bienes que con tanto sacrificio se han labrado en esta querida universidad católica del Perú. Por eso nos ha dicho el cardenal Bertone que de alguna manera lo supervise la Conferencia Episcopal Peruana. Y así será, con mucho gusto, veremos el presupuesto y si hay que dar algunas autorizaciones para algunas ventas, podemos trabajar en eso. Yo creo que va a haber una solución y que estamos por un buen camino de entendimiento.
Confío que el señor rector será el mejor comunicador a la asamblea de esto que pide la Santa Sede: que se acojan a las enseñanzas de la Iglesia. Porque es una universidad pontificia que quiere mucho al papa, al cual también honró dándole el grado de doctor honoris causa cuando visitó el Perú siendo el cardenal Ratzinger.
Cuando saludé al papa en la audiencia general, me envió una bendición especial para Ayacucho y para la Universidad Pontificia Católica del Perú.
Alfonso Rivero
En medio de la polémica por lo que será la decisión de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en torno al pedido de modificar sus estatutos, el ex embajador del Perú ante el Vaticano Alfonso Rivero se pronunció a favor de la demanda de la Santa Sede.
Rivero terminó sus funciones diplomáticas en Roma en noviembre del año pasado y, según considera, las diferencias entre la Iglesia y la PUCP son un tema que le pertenece en estricto interno al Vaticano.
Rivero habló con El Comercio sobre el acuerdo de 1980, vigente entre el Perú y el Vaticano, y su relación con la Ley Universitaria, en la que se ampara la Universidad Católica para argumentar el concepto de autonomía universitaria.
El ex embajador señaló que si bien la Ley Universitaria dice que la asamblea es la que elige al rector, el tratado que tiene el Perú con la Santa Sede, firmado en 1980, prima sobre esta. Indicó que los artículos I y XIX de ese tratado le dan a la Iglesia plena autonomía para crear y manejar los centros educativos privados de todo nivel. Su artículo 1 dice: “La Iglesia Católica en el Perú goza de plena independencia y autonomía”; y en el artículo 19 señala que “la Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo nivel, de conformidad con la legislación nacional, en el ámbito de la educación particular”.
De otro lado, sostuvo que las divergencias por la adecuación de los estatutos han llegado a un nivel muy alto en el Vaticano.
“El que la Secretaria de Estado haya hecho suyo el caso implica que pasa a ser materia de decisión más cercana al Santo Padre”, dijo.
Para Rivero, el plazo que ha dado el Vaticano a la Universidad Católica es un llamado a la reflexión, a pensar en la importancia de la transmisión de los valores católicos en este centro.
Fuente: Diario El Comercio y ZENIT.org
Rebelión contra el Papa y el Estado Vaticano
Por Federico Salazar
Un atentado contra la autonomía universitaria. Esto es lo que denuncian las actuales autoridades de la hasta ahora Pontificia Universidad Católica del Perú.
El Estado Vaticano le ha dicho a esta universidad que se adecúe a la constitución apostólica del sumo pontífice Juan Pablo II sobre las universidades católicas. Las autoridades actuales de la PUCP se rebelan.
En 1917, el padre Jorge Dintilhac fundó la Universidad Católica “con la aprobación de la autoridad eclesiástica”, como señala el preámbulo histórico de los estatutos de la PUCP, publicado en su página web.
“La Pontificia Universidad Católica del Perú –dicen esos estatutos– es también persona de derecho eclesiástico, erigida canónicamente por el Santo Padre Pío XII”.
Si es persona de derecho canónico, ¿no se somete a las normas de ese derecho? No, dicen las autoridades actuales de la PUCP. “Nuestra universidad”, sostiene en su respuesta al Vaticano, “se rige por la Constitución Política del Perú, la legislación peruana y su estatuto”.
La Constitución establece que los tratados tienen fuerza de ley y, además, que los tratados priman sobre las leyes comunes.
Hay un tratado internacional entre el Estado Vaticano y la República del Perú. Ese tratado reconoce a la Iglesia Católica el derecho de organizar sus instituciones según sus propias normas.
La Ley Universitaria, además, reconoce que cada universidad se gobierna según las peculiaridades “propias de su condición jurídica”. La condición jurídica en este caso es la canónica, como reconoce la propia PUCP.
La pretensión del Vaticano, entonces, no contraviene ni la Constitución ni las leyes peruanas. Solo contradice, como es evidente, las partes de los estatutos que fueron modificadas sin su consentimiento.
Lo que pretenden las actuales autoridades de la PUCP es sacarles la vuelta a los fundadores de la universidad. Pretenden rebelarse contra la “Ex Corde Ecclesiae” de Juan Pablo II y contra la autoridad del papa Benedicto XVI.
Es fácil burlar a los muertos. No creo que lo sea tanto, en cambio, evadir las obligaciones jurídicas derivadas de la fundación canónica de la PUCP.
Universidad rebelde
Por Andrés Beltramo Alvarez- Vatican Insider
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se resiste a cambiar su estatuto, pese a la solicitud expresa del Vaticano. Representantes de profesores y alumnos se manifestaron en las últimas horas contra el ultimátum impuesto por la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que puso al 8 de abril como límite para presentar enmendada la normativa interna universitaria. Las autoridades de la casa de estudios están ante una encrucijada: cumplir las peticiones de Roma o mantener su rebeldía y exponerse a una drástica sanción.
“Nuestra universidad se rige por la Constitución Política del Perú, la legislación peruana y su estatuto”, declaró el vicerrector Efraín González de Olarte en un video publicado este lunes 21 de febrero en el sitio de internet de la PUCP. Con esas palabras el funcionario mantuvo la postura ya decretada por la Asamblea Universitaria el 23 de septiembre de 2011: una posición de rechazo a la solicitud vaticana de adherir formalmente a la constitución apostólica “Ex Corde Ecclesiae”.
La PUCP debió cambiar sus documentos internos más de 10 años atrás, para incluir en los mismos una serie de indicaciones desprendidas de dicha constitución emanada por Juan Pablo II en 1991. Pero nunca lo hizo y, por el contrario, se enfrascó en una controversia con el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani Thorne, quien al mismo tiempo funge como “gran canciller” de la institución.
Pero los tiempos del diálogo y la negociación tuvieron su punto final este lunes 21 en Roma, cuando el rector Marcial Rubio fue recibido por el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone. La audiencia duró apenas 15 minutos, en un ambiente para nada amistoso. El cardenal se limitó a entregar al funcionario una carta en la cual le instó a modificar el estatuto “por el bien de la misma PUCP y de la Iglesia en el Perú”.
En la capital peruana la reacción al ultimátum fue negativa. La presidenta de la Federación de Estudiantes del centro educativo, Sigrid Bazán, dijo a la estación de radio RPP Noticias que los alumnos rechazan cualquier reforma.
“La postura de los estudiantes es no aceptar las reformas si siguen siendo las que presentó el cardenal Cipriani el año pasado. Es un rechazo a todas las reformas que planteo él, pero en todo caso, la posible pérdida del título honorifico de Pontificia no afectaría a cuestiones como la calidad académica”, aseguró.
Con esas palabras Bazán se refirió a dos puntos fundamentales de la actual controversia: por un lado al papel del gran canciller en la administración cotidiana de la universidad y, por otro, a las represalias que podría sufrir la misma si se niega a cumplir las exigencias de Roma.
En su carta entregada al rector Rubio, Bertone indicó que la universidad está obligada a introducir en su estatuto una serie de indicaciones emitidas por la Congregación para la Educación Católica del Vaticano en julio de 2011. Se trata de una lista larga de enmiendas que, ante todo, reservan el derecho del gran canciller de intervenir en la administración cotidiana de la casa de estudios, desde la protección de su identidad católica hasta la elección de futuros rectores.
Las modificaciones exigidas por la Santa Sede buscan terminar con una situación irregular que se arrastra desde hace muchos años, incluso antes de la llegada de Juan Luis Cipriani al arzobispado de Lima. Porque, con el correr de las décadas, la PUCP logró forjar un sistema de gestión interna independiente de todas las estructuras eclesiásticas, que en la actualidad se encuentran totalmente marginadas de su vida institucional.
Mientras el gran canciller es ignorado por todas las instancias, tampoco son tomados en cuenta por la Asamblea Universitaria los cinco representantes del episcopado peruano (diversos obispos del país), quienes desde hace cuatro años optaron por no asistir a las sesiones de trabajo de ese organismo.
A esta situación el rector Marcial Rubio y sus colaboradores la llaman “autonomía universitaria”, que se extiende también al ámbito económico y administrativo. De hecho, paralelamente al conflicto eclesiástico, existe un contencioso jurídico entre las autoridades de la PUCP y el arzobispo limeño por el manejo de los bienes de la institución, especialmente los terrenos heredados a la misma por el poeta y político José de la Riva Agüero en la década de los 40 del siglo pasado.
Al donar esas tierras el benefactor estableció, como una de sus condiciones, que vigilara sobre los mismos una Junta de Administración formada por representantes de la universidad y del arzobispado. El órgano funcionó correctamente por más de 50 años hasta que, en 1994, el entonces rector Salomón Lerner y Carlos Valderrama, nombrado por el entonces Arzobispo de Lima, cardenal Augusto Vargas Alzamora, “convinieron en que la intención de Riva Agüero los conducía a acordar que la universidad debería ser quien administrara sus bienes, y que la junta sólo administraría las mandas testamentarias”.
Este acto también dio independencia administrativa a la PUCP para decidir unilateralmente sobre unas posesiones que, según una auditoría de 2010 realizada por la firma estadounidense Pricewaterhouse Coopers, asciende en la actualidad a 219 millones de euros (unos 290 millones de dólares).
Para defender su control independiente sobre esos recursos las mismas autoridades universitarias abrieron -en 2007- un proceso ante la justicia civil que llegó hasta el Tribunal Constitucional peruano y que, en todas las instancias, dio la razón al arzobispado de Lima. La última sentencia data de diciembre de 2012 y, hasta el momento, no ha tenido cumplimiento efectivo.
Para resolver definitivamente este conflicto, con todas sus aristas, El Vaticano realizó un último esfuerzo y ordenó una visita apostólica, una auditoría que encargó al cardenal húngaro Peter Erdö. La misma tuvo lugar del 5 al 11 de diciembre pasado. ¿Su resultado? Un rotundo fracaso, porque no logró mover ni un ápice la posición de franca rebeldía de quienes dirigen la casa de estudios.
Con todos estos antecedentes no es difícil comprender el ultimátum impuesto por la Secretaría de Estado del Vaticano. El 8 de abril es la fecha límite para que la universidad demuestre su filial adhesión a la Iglesia y al Papa, modificando su estatuto. Si no cumple corre el riesgo de sufrir una sanción drástica: perder sus títulos de “pontificia” y “católica”.
A eso se refería la líder de los estudiantes Bazán. Para algunos en Lima si la Sede Apostólica decide privar a la institución de esos nombres, poco importa. Pero el riesgo, a esta altura del conflicto, es real y las consecuencias serían deplorables, especialmente para los alumnos. Si deja de ser “pontificia”, denominación que ostenta desde 1942, tendría serias dificultades en lo que respecta a su capacidad de otorgar títulos de grado.
Además un desconocimiento oficial de parte del Vaticano provocaría una transferencia de los bienes donados por Riva Agüero al arzobispado de Lima, que se vería obligado a fundar otra universidad.
Por lo pronto el rector Marcial Rubio informará el próximo 26 de febrero de su reunión con Tarcisio Bertone a la Asamblea Universitaria. Ese día quedará clara cuál será la posición oficial de las autoridades universitarias. ¿Mantendrán su abierta rebeldía?