El fraile dominico Tomás de San Martín fundó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y otro religioso fue su primer Rector: Juan Bautista de la Roca. San Marcos fue creada por Real Cédula del emperador Carlos V en 1552 con el nombre de Real Universidad de la Ciudad de los Reyes. En 1571, una Bula del Papa Pío V le otorgó el grado de Pontificia. Adquiere la denominación de Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los Reyes de Lima, después Real y Pontificia Universidad de San Marcos.
Según la Real Cédula, su misión original fue “adoctrinar a los vecinos de estas tierras en la fe cristiana y el sometimiento al Rey”. Nació en el Convento de Nuestra Señora del Rosario, de la Orden de Santo Domingo.
En 1876, durante el gobierno del primer presidente civil Manuel Pardo, San Marcos pasa a ser Universidad Mayor; deja de usar el título de Pontificia. La secularización de San Marcos no implicó la pérdida de sus bienes. La universidad conservó todo su patrimonio, que incluía la Casona del Parque Universitario, expropiada a la Compañía de Jesús por la monarquía española. Incluso mantuvo la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima hasta tiempos de Leguía.
La larga historia de las universidades ha sido la búsqueda de la autonomía tanto del gobierno civil como religioso señala el Doctor Manuel Burga, historiador y Vicerrector de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya.
El Vaticano interviene y la universidad se rebela
Por Andrés Beltramo Álvarez
La Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede presiona para que haya una aceptación completa de las instrucciones que llegan desde Roma.
El Vaticano intervino para cerrar una vieja polémica en la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP). Pero las autoridades de esta institución han decidido rebelarse una vez más; no están dispuestas a aceptar las instrucciones de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, y menos aún, del cardenal arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani Thorne. Una revolución que puede costar caro.
El 19 de agosto pasado, el arzobispo de Lima difundió una carta del Vaticano en la que figuran las órdenes para hacer que la casa de estudios cumpla con las leyes de su país y con la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, es decir, el documento que rige a todas las universidades católicas del mundo.
La PUCP representa un caso raro y único. De las nueve universidades católicas que se encuentran en el país sudamericano, ocho se rigen por la Constitución Apostólica. Sólo una no lo hace: la Pontificia.
Por este motivo, y para cumplir con las indicaciones romanas, deberá adecuar sus estatutos, reforma que su rector, Marcial Rubio, y la Asamblea Universitaria parecen no estar dispuestos a hacer, a pesar de haber sido precisamente ellos quienes enviaron el documento a Roma para su aprobación. Prefieren no cambiar nada y continuar como hasta ahora, con independencia absoluta de la arquidiócesis de Lima, último garante de la catolicidad de este centro de instrucción.
De hecho, y a pesar de ser formalmente el Gran Canciller, el arzobispo Cipriani hasta ahora no ha podido mostrar su autoridad, algo similar a lo que vino sucediendo con sus predecesores desde 1972.
El enfrentamiento de esta llamada «universidad rebelde» con las autoridades eclesiásticas tiene un largo pasado, construido en los últimos 50 años. En sus aulas han estudiado personajes representativos de la disidencia social y política de Perú, de la izquierda radical y del «progresismo católico».
Además, la institución ha acogido conferencias en las que se criticaba abiertamente la doctrina católica, cargando contra sus defensores o polemizando en público sobre los salarios de los obispos y cardenales.
Uno de los catedráticos «estelares» fue Gustavo Gutiérrez Merino, sacerdote dominico conocido como el padre de la «teología de la liberación», y cuya obra estuvo, en varias ocasiones, bajo la mirada atenta del Vaticano, aunque nunca fue condenado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Con este precedente, durante los años setenta del siglo pasado, nació un nuevo modelo para la Universidad Católica: autonomía absoluta, sobre todo ideológica y doctrinal. Un concepto que no se alineaba con los últimos estatutos autorizados por el Vaticano (desde 1967).
Pero en 1999, Juan Pablo II aprobó la Ex Corde Ecclesiae y pidió a todas las universidades católicas que adhirieran al documento. La PUCP se tomó más de diez años para enviar su texto a Roma y en noviembre del 2009 entregó el documento que ahora la Santa Sede le ha pedido que modifique.
Entre otras cosas, la carta de la Congregación para la Educación Católica pidió que el Gran Canciller (el arzobispo de Lima) tenga la potestad de designar al rector de la universidad, después de haber recibido tres propuestas de la Asamblea Universitaria.
Además, indicó que los profesores deben respetar la doctrina y la moral católicas en su investigación y en su actividad docente, mientras que el Episcopado peruano debe participar en la vida universitaria a través del Gran Canciller que, en un cierto sentido, sería el representante vaticano.
La decisión del Vaticano llegó como un balde de agua fría para Marcial Rubio, que sostuvo la independencia de la Asamblea Universitaria como la única que puede designar a la persona que ocupará el rectorado de la institución y anunció que se creará una comisión que evaluará las «propuestas» del Vaticano antes de emitir un nuevo comunicado en el plazo de 30 días. Además, Cipriani fue acusado de «hacer un escándalo» porque «se encuentra huérfano de poder».
«Desde el punto de vista canónico, es verdad que el arzobispo puede negar el derecho a una institución de llamarse a sí misma católica. En todo caso, la institución decidirá si quitar o no el nominativo. Pero nosotros somos la Pontificia Universidad de Perú y deseamos continuar siéndolo, pero si nos quitan los nombres, veremos qué decide la Asamblea», dijo el rector.
Entre los estudiantes y profesores se creó una campaña según la cual el interés del arzobispo de Lima es el de «expropiar millones» a la universidad y permitir que el «Opus Dei pase a dirigirla». Esto como una clara citación de la afiliación del purpurado con «La Obra».
No obstante, la realidad es muy diferente: la PUCP se fundó en 1917 gracias a la herencia de un adinerado pensador peruano, José de la Riva-Agüero y Osma, que ofreció su apoyo para el establecimiento de una universidad católica. Por este motivo, hay un artículo de la «Constitución» de esta institución, aún en vigor, que prevé, en el caso de que esta desaparezca, que todos los bienes pasen al arzobispado de Lima, que debería destinarlos a otra obra de instrucción.
Así las cosas, si los dirigentes actuales continúan desoyendo las instrucciones vaticanas, existe el riesgo de que se queden sin nada: perderían los títulos de «pontificia» y «católica», los recursos y los terrenos.
Hemos pedido, indicó el arzobispo de Lima «acatar una decisión. Yo no acuso a nadie de nada, pero tampoco acepto gustosamente que quieran reducir la identidad de una universidad a ciertas intervenciones desafortunadas de sus autoridades».
¿Qué hace Católica a una Universidad?
Por Ricardo Antoncich SJ
Se discute en estos días el problema de la Universidad Católica. Como antiguo alumno y profesor deseo expresar algunas reflexiones.
Siguiendo el Evangelio, lo que hace “católica” una universidad es ante todo que sea “cristiana”. Tal afirmación parece banal pero es profunda. La Iglesia no puede ser comprendida sin su relación permanente con Jesucristo, así como una esposa y un esposo solo se comprenden en la unidad de un solo amor. Por eso podemos afirmar que “lo católico” no puede contradecir “lo cristiano”, es decir, el seguimiento de la doctrina de Jesús y de los valores que nos enseña, tal como se encuentran en los Evangelios.
Mucho de lo que llamamos “católico” viene de la autoridad de la Iglesia expresada en forma normativa en el Derecho Canónico. Pero debemos interpretar el derecho siempre a la luz del Evangelio y no al revés. Jesús no nos dejó sino un solo mandamiento, el del amor. La ley del amor equilibra siempre lo normativo de la ley y lo espontáneo de una libertad que se expresa en lo que ama. La ley sin amor no es el mandato de Jesús, como tampoco lo es el amor sin la referencia al modo de amar de Dios.
El debate sobre la Universidad Católica es una ocasión para pensar el conflicto en forma “cristiana”. Los Evangelios no se inician por un acto formal y jurídico de otorgar la autoridad a los apóstoles, sino por la convocación de amigos para una vida fraterna de discípulos que serán enviados a anunciar el mensaje del Reino. Hay una realidad comunitaria entre Jesús y discípulos anterior al establecimiento de la jerarquía institucional Y cuando esta función de autoridad comienza a aparecer, hay un mandato expreso de Jesús para ejercitar el poder que los apóstoles reciben en función de la comunidad, poder distinto del poder de las instituciones de este mundo. Lo institucional de la Iglesia debe ser vivido bajo la obediencia a la acción del Espíritu. Es institución “para” y “con” el Espíritu y no simplemente institución.
La precedencia de la realidad comunitaria sobre la institucional es recordada en el Documento de Aparecida al hablar de la Iglesia como “discípulos y misioneros”. Se equilibra así la falsa imagen de Iglesia que la identifica exclusivamente con sus autoridades jerárquicas. Todos los bautizados somos Iglesia y los que en ella tienen autoridad deben ser servidores conforme el modelo del propio Señor Jesús.
De allí que la identidad católica de la universidad no puede ser vista exclusivamente desde las normas canónicas del régimen de sus autoridades, sino principalmente desde los frutos de la vida de la comunidad universitaria. Y en este sentido hemos de recordar toda su tradición.
La Universidad se inicia mucho antes del Concilio Vaticano II, dentro de los marcos conceptuales de aquella época. Para juzgar su fidelidad a la fe cristiana hemos de hacerlo tal como aparece en nuestros días, con fidelidad a la historia viva de nuestra fe bajo la acción del Espíritu.
La V Conferencia Episcopal en Aparecida considera a la Iglesia como una comunidad de discípulos-misioneros que escuchan el evangelio y lo llevan a sus ambientes de vida. La Iglesia no se reduce a su aspecto institucional -también necesario, como en toda institución humana- porque sabe que la garantía de su fidelidad al Evangelio depende sobre todo de la acción del Espíritu Santo. La garantía de fe cristiana de una universidad no depende exclusivamente del nombramiento de su Rector. Esta perspectiva es poco feliz para garantizar la fidelidad al Evangelio de Jesús por los controles jurídicos de las autoridades. Si por iglesia entendemos ante todo la comunidad de personas que viven su fe, fieles al mensaje y obra de Jesucristo, entonces hay que examinar las vivencias de la comunidad universitaria, la relación entre docentes y alumnos, egresados y actuales estudiantes. Se trata de una fidelidad viva y no meramente jurídica.
Los frutos de una universidad se manifiestan en la presencia de sus egresados en la vida de la nación; en el bien realizado por sus abogados, ingenieros, educadores, filósofos, sociólogos, artistas. Con una amplia visión de la Iglesia, tal como lo enseña el Vaticano II, su acción está en asumir las alegrías y tristezas de la humanidad haciéndolas propias. No cabe duda de que el Perú real ha sido siempre el eje de las preocupaciones universitarias. Y que esta fidelidad a nuestros problemas y a nuestra historia ha inspirado el actuar de la Universidad, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, y de las Conferencias Episcopales desde Medellín hasta Aparecida. En efecto, es la fidelidad a estos momentos luminosos de nuestra fe la que ha marcado el pensamiento de la Universidad. Acogió con entusiasmo el Documento de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo y el reciente de Aparecida. En la Universidad se han estudiado estos documentos y se ha tratado de ponerlos en práctica.
El lema mismo de la Universidad, la luz que brilla en las tinieblas nos remite al profeta Isaías que dice “Si apartas de ti todo yugo […], repartes a los hambrientos tu pan… resplandecerá en las tinieblas tu luz (Is.58, 9-10). Y más arriba: “¿No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa? ¿Que cuando veas a un desnudo lo cubras y de tu semejante no te apartes? Entonces brillará tu luz como la aurora (id. 7-8). No olvidemos que Jesús remite a estos textos al explicar su misión en la sinagoga de Nazaret (Lc, 4,, 16-22). Una universidad será tanto más “católica” cuanto más fiel sea a la predilección de Jesús por los excluidos de este mundo.
Una universidad católica tiene que ser un espacio de encuentro entre la razón y la fe. Constatamos en el mundo un alejamiento cada vez más creciente entre la ciencia y la fe. Entender la fidelidad a la fe en forma cerrada a todo diálogo, aferrada a sus principios y valores como si fueran un tesoro privado y no un bien para compartir con el mundo entero, no ha sido una característica de la universidad a la que se achaca, por el contrario, el ser “demasiado abierta”. Esta apertura se ha manifestado por el esfuerzo de hacer asequible la educación universitaria a estudiantes de pocos recursos; a abrir espacios para la docencia a personas competentes con valores humanos de rectitud y amor a la verdad sin discriminar sus convicciones religiosas; en la atención pastoral a los estudiantes con espíritu ecuménico. Es característica de los tiempos actuales la vocación ecuménica y de diálogo entre la razón y la fe, del diálogo interreligioso y con todas las personas de buena voluntad. La Universidad ha sido espacio de libertad para ese diálogo fuera y dentro de ella misma. Esto es posible por el clima de respeto mutuo de los que dialogan, la confianza en la buena voluntad y la búsqueda de la verdad.
El conflicto puede ser vivido de otra manera si quienes representan a la Universidad y al Arzobispado de Lima buscan la pacífica solución de los problemas. En este sentido la advertencia del Episcopado en su conjunto nos recuerda el respeto debido a la autoridad eclesiástica pero no nos obliga a considerar como acertados los actos jurídicos de dicha autoridad que no son ejercicio de su magisterio sino cuestión sometida al juicio de un tribunal civil. Lo que está en debate es un juicio civil sobre la voluntad del donante, conforme al derecho de la nación peruana y ante el cual las personas son libres, según su conciencia, de opinar qué lado de los contendientes tiene argumentos más sólidos. No hay por tanto ofensa a la autoridad eclesiástica por tener la opinión contraria, y mucho menos voluntad de dividir a la Iglesia.
La Católica en jaque
Por Federico Salazar
La asamblea universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú va a decidir si se adecua sus estatutos a las indicaciones del Vaticano. Entre otras cosas, el Estado pontificio establece que el rector debe ser aprobado por el Gran Canciller; es decir, por el Arzobispo de Lima; es decir, por Juan Luis Cipriani.
Parecería tratarse de una cuestión sencilla. La asamblea universitaria no aceptaría una autoridad mayor a sí misma o a los estatutos actuales. Para los actuales estamentos universitarios, sin embargo, las cosas no son tan sencillas.
La Pontificia Universidad Católica perdería su nombre si no se allana a lo indicado por el Vaticano. Su nombre lleva un título y ese título corresponde darlo al Vaticano. Lo más probable es que si la asamblea decide que el Vaticano no tiene autoridad sobre ella, este le retire los títulos.
Si la dicha universidad dejara de llamarse “pontificia” o “católica” o “pontificia y católica”, tendría que cambiar de nombre. Si cambia de nombre, entre otras cosas, tendría que devolver una herencia que recibió de José de la Riva-Agüero.
Los bienes heredados de Riva-Agüero son el fondo de la disputa. Su última voluntad, legalmente registrada en su testamento, señala que sus bienes son para una universidad “católica”. Si la universidad deja de lado este vínculo con la Iglesia Católica, tendría que devolver los bienes legados.
Es una situación que en lenguaje ajedrecístico equivale a un jaque. Particularmente, no me parece que una universidad deba ser católica o budista o musulmana. O es “universal” o se vincula parcialmente a una religión o a una iglesia.
Desde el punto de vista patrimonial, sin embargo, cualquiera tiene derecho a fundar una entidad educativa para promover, defender o hacer respetar su visión educativa. Ese derecho lo ejerció Riva-Agüero. Para eso donó sus bienes.
La actual asamblea universitaria de la hasta ahora llamada Pontificia Universidad Católica puede decidir no hacerle caso al Vaticano. Tal decisión, sin embargo tendría consecuencias jurídicas, legales y patrimoniales en relación al legado de Riva-Agüero.
Contradecir la voluntad del legador, haciendo usufructo de sus bienes, equivaldría a apropiarse de tales bienes. Cuando alguien se apropia de los bienes de otro contra su voluntad comete usurpación; o sea, robo.
Ojalá el destino de la hasta ahora llamada Pontificia Universidad Católica no sea el de convertirse en usurpadora de bienes testados. Ojalá sus autoridades y su asamblea encuentren la luz para salir de este jaque sin desmedro del derecho, la propiedad y la justicia.
Entrevista al Dr. Luis Gaspar: Para crear la PUCP se recurrió a las leyes de la Iglesia
El debate sobre la personalidad jurídica de la PUCP se ha convertido en una suerte de “arroz con mango” para la opinión pública. ¿Es la PUCP una asociación civil?
Cuando se funda la PUCP, en 1917, la legislación peruana no admitía la figura de las asociaciones civiles. La PUCP es inscrita en Registros Públicos en 1937, pocos meses después de que el Código Civil de 1936 permitiera crear las asociaciones civiles, pero ello no es un acto determinante para fijar su personalidad jurídica, pues el título que se utiliza para obtener ese registro es la misma acta de fundación de 1917. Para poder crear lo que hoy es la PUCP se tuvo que recurrir no a las leyes de la República del Perú, sino al derecho canónico, por eso es una persona jurídica de derecho canónico o eclesiástico.
¿Pública o privada? Las autoridades de la PUCP sostienen que son privados porque la universidad la fundó el R.P. Jorge Dintilhac y cinco laicos.
Esa diferenciación recién se crea con el Código de Derecho Canónico (CIC) de 1983. En 1917, año en que se promulga el anterior CIC por el papa Benedicto XV, el derecho canónico sólo reconocía personalidad moral a las entidades constituidas por especial concesión de la autoridad competente dada mediante decreto. Los fundadores de la PUCP no tenían en mente un fin educativo laico. En el artículo segundo de la Carta Orgánica (acta de fundación) de 1917, dejan constancia de que el objeto de la universidad sería “la enseñanza de las ciencias y de las letras siguiendo el criterio católico”. Es en atención a ese objeto, que indirectamente coadyuva a los fines espirituales de la Iglesia, que se autoriza la erección de una persona jurídica que llevará la denominación “Católica”. Seamos claros, la ley peruana de entonces no permitía que se crearan universidades privadas. Si la Católica pudo crearse en 1917 es porque lo hizo la Iglesia, a través del arzobispo de Lima, bajo las normas de derecho canónico. Un clérigo como Dintilhac jamás habría podido participar en la creación de una institución sin pedirle permiso al obispo de la zona. El Arzobispado también está inscrito en Registros Públicos y eso no la hace una persona jurídica de derecho privado civil.
¿Y qué consecuencias acarrea ello?
Que su régimen de gobierno está sujeto a la autoridad eclesiástica y sus bienes pertenecen a esa autoridad.
¿Quiere decir que es propiedad no de una asociación sino del Arzobispado de Lima?
Hasta 1942. Ese año la Católica fue elevada a la categoría de Pontificia, a su expresa solicitud. Ese detalle lo remarco, porque sus actuales autoridades lo niegan y sin embargo en los considerandos del res-cripto se dice que fue a su petición. Esta erección a Pontificia, significa que ya deja de depender únicamente de la diócesis de Lima y pasa a vincularse directamente con el Papa, quien delega su representación en el Gran Canciller que para el caso es el arzobispo de Lima. Y desde entonces hasta la actualidad la Santa Congregación para la Educación Católica -digamos una suerte de Ministerio de Educación para el Vaticano- es quien revisa y aprueba sus estatutos.
Hasta 1969. ¿Por qué después de ese año hubo un desentendimiento?
Perdón, la Iglesia siempre ha sido consciente de esta situación irregular. Hubo un momento en que se utilizó como excusa a la Ley Orgánica de la Universidad Peruana aprobado por Velasco, pero hay cartas del entonces rector Mc Gregor donde, haciendo mención a esta situación, reconocía la plena autoridad del Papa sobre la PUCP y sus bienes. Ahora, si la norma de Velasco creó alguna duda, el Concordato de 1980 entre el estado Vaticano y el Perú las despeja de manera definitiva, cuando reconoce que la Iglesia Católica goza en el Perú de plena independencia y autonomía.
¿Si la PUCP solicitó ser Pontificia, también podría solicitar dejar de serlo?
Pero no dejaría de ser Católica ni cambiaría su esencia de persona jurídica de derecho público eclesiástico. Ahora bien, si renunciasen a lo más, que es estar bajo el ámbito directo del Papa, de suyo iría la renuncia a lo menos que es volver a la autoridad del arzobispo de Lima, lo que implicaría una intención de disolverse, decisión que ellos no pueden tomar.
Si la situación de desacato a las normas de la Iglesia persiste, ¿la Iglesia tendría que recurrir al Poder Judicial?
No. Esto se vería ante los fueros propios de la Iglesia, que además puede intervenir de oficio a través del Promotor de Justicia. Este órgano hace una investigación preliminar cuando detecta una situación donde, por ejemplo, se violen derechos de los fieles o se pongan en peligro bienes eclesiásticos. En principio se impondría una amonestación y si la situación de desacato continúa debería intervenir el Vaticano a través del Tribunal Apostólico de la Rota Romana.
¿Y si el Poder Judicial peruano se negase a reconocer la validez de esa sentencia por considerar que los bienes en disputa están en suelo peruano y deben ser vistos por tribunales peruanos?
Bueno, eso ya implicaría un conflicto entre Estados que tendría que verse en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por cierto, sería muy lamentable que la intransigencia de un grupo de fieles termine derivando en un conflicto similar.
¿La adecuación de la PUCP a las normas eclesiásticas, tal como ha sido planteado por el Vaticano, no pone en peligro el nivel alcanzado por la universidad? ¿No se comenzará a despedir u hostigar a los profesores ateos, homosexuales, marxistas?
En una universidad católica se puede enseñar a Marx o a Nietzsche, pero simultáneamente se tiene que ofrecer la perspectiva católica. La Ex Corde Ecclesiae puntualmente considera que puedan existir profesores, personal administrativo y alumnos que profesen otras religiones o ninguna y sólo los obliga a respetar el carácter católico de la universidad. Mire, las autoridades actuales dicen que detrás de todo esto está el interés por los millones. La verdadera finalidad de una universidad católica no es enriquecerse o acaparar bienes, sino ayudar a la Iglesia en su misión evangelizadora y en ese alcance llevar la enseñanza a los más necesitados. Entonces debería haber más becas y una distribución de sueldos entre profesores y autoridades más equitativa.
Fuente: Diario Correo.
Universidades Católicas son de la Iglesia
A menos de tres semanas del 23 de setiembre, fecha límite establecida por la Asamblea Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú para determinar su posición sobre la modificación de los estatutos enviada por Roma, el cardenal Juan Luis Cipriani continúa llamando al diálogo.
Esta vez, el arzobispo primado de la Iglesia en el Perú declaró que si el rector de la PUCP, Marcial Rubio, no quiere conversar con él, está dispuesto a que sea otro obispo quien se siente a una mesa con la autoridad universitaria.
Fue durante la conferencia de clausura del séptimo curso de actualización de Derecho Canónico dirigida por monseñor Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos.
“Estoy tan desprendido de mi participación que le podría decir a monseñor Javier del Río, a monseñor Ricardo García, a monseñor [José] Eguren o a cualquier otro obispo que converse con el rector [Marcial Rubio]”, dijo, aunque aclaró que tendrían la misma limitación: “obedecer a Roma”.
Cipriani añadió que la controversia desatada por los estatutos ya no le permite a la PUCP discutir con argumentos.
“Es un ataque a la persona. Las autoridades de la Católica han querido que no se discuta el fondo porque ya la Santa Sede se pronunció y el Tribunal Constitucional también. ¿Entonces, qué podemos hacer?… Echémosle la culpa al cartero, al cardenal. El cartero es tramposo, mentiroso, violento, quiere la plata”, comentó.
El Comercio buscó las declaraciones del rector de la PUCP, Marcial Rubio, pero sus voceros de prensa manifestaron que era imposible ubicarlo.
El cardenal Cipriani también habló con este Diario sobre por qué este conflicto con la PUCP tomaba relevancia durante su gestión, pese a que esta casa de estudios no tiene estatutos aprobados por el Vaticano desde 1967.
“El cardenal Landázuri se fue de la universidad porque fue maltratado. El cardenal Vargas mandó una carta clara diciendo que no estaba de acuerdo con la reforma de los estatutos porque la Iglesia iba debilitando su presencia en la universidad. La única diferencia del cardenal Cipriani es que no les tiene temor. Les molesta que yo insista en llegar a la verdad”, dijo.
En ese sentido, aclaró que los anteriores cardenales de Lima sí intentaron recuperar la identidad católica de la universidad, pero “no lo consiguieron”. Agregó: “Yo también lo estoy buscando y tampoco lo estoy consiguiendo”.
Es por este motivo –según explicó el cardenal– que prefiere no intervenir en el tema. Aclaró que sus funciones como gran canciller de la PUCP no pueden pasar los límites impuestos por los estatutos.
“Lo más importante es que la universidad dialogue con Roma. Conmigo ya no tienen nada que dialogar. Porque si no me creen, entonces hablen con Roma”, dijo.
Para el presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, monseñor Francesco Coccopalmerio, todas las universidades católicas son públicas. “Los bienes de una persona jurídica pública son bienes eclesiásticos”, agregó.
Según monseñor Coccopalmerio, el Derecho Canónico no establece que el rector es elegido por el arzobispo. Todo depende de los estatutos. Pero agregó que una universidad católica no puede dejar de acatar las instrucciones de El Vaticano.

En defensa de la PUCP
Por Henry Pease García
Escribo tras ver lo que El Comercio informa sobre los valores de la herencia de don José de la Riva Agüero, algo importante pero que no puede ser visto como si eso fuera la Universidad Católica. Quiero decirle al país que lo más valioso de la universidad no es esa herencia, una enorme chacra -el fundo Pando- y muchas propiedades en el Centro de Lima que siguen como tales, usadas pero sin venderse o reinvertir en ellas, como ocurre con la mayoría de solares del centro de la ciudad. ¿Eso hizo a la PUCP la más prestigiosa del Perú, la única que aparece en los ránkings internacionales?
En marzo cumpliré 40 años enseñando en la PUCP ininterrumpidamente. La docencia allí es parte esencial de mi vida y sus alumnos siguen dándome fuerza para estudiar la sociedad peruana. Varios de mis maestros cumplieron más de 50 años entregados a la universidad, como Luis Jaime Cisneros o Máximo Vega Centeno, y no lo compartieron, como yo, con la función pública. Dieron toda su vida y para mi arzobispo eso no vale nada. Por eso quien él designó reclama todos los bienes de hoy que —entiende— provienen de la herencia y no de nuestro trabajo. Somos 500 profesores a tiempo completo y casi 2.800 sumando otras modalidades. Muchas veces se dijo, hablando de nuestros sueldos, que los profesores pagamos los “diezmos y primicias a la Iglesia” por lo bajos que eran. Han mejorado, pero son más bajos que varias universidades privadas que no son mejores y no nos quejamos.
Mi arzobispo quiere “recuperar” la PUCP. Lo declaró en 1997 sosteniendo que se la quitó Velasco. Pero la ley de esa época solo hizo que en las universidades decidiéramos los profesores, mayoritariamente, y los estudiantes en parte. Dejó un espacio para los promotores, pero no permitió que fueran “propietarios privados de la actividad académica ni de las ideas”. La ley no tuvo el mismo efecto en universidades estatales, que ya estaban destrozadas por la corrupción que se escudaba en la política partidaria, pero poco tenía que ver con los partidos políticos propiamente dichos. Pero en la PUCP funcionó y los resultados son objetivos, se pueden medir internacionalmente.
Decirle “mi arzobispo” a monseñor Cipriani es un acto de respeto a pesar del poco respeto que él nos tiene. Lo respeto como obispo, pero no puedo respetar su intervención más allá del campo pastoral. Una universidad no puede sobrevivir a una autoridad que pretenda excluir y reducir al silencio a un profesor, como él hizo con un sacerdote muy apreciado de mi parroquia. La libertad es condición elemental de la vida académica que este arzobispo no comprende como no comprende, a pesar de todo lo dicho en la doctrina social de la Iglesia, que hay valor económico que se origina en el trabajo y no en el capital heredado o invertido.
No hay más remedio que litigar y es un escándalo. Me duele demasiado, pero recuerdo que su apreciado predecesor me dijo una vez con firmeza: “Los católicos solo tenemos a Jesús como líder, nunca permitas que el error de un sacerdote te aparte de Jesús”. No lo hará el arzobispo, pero la cruz que soportamos muchos católicos de esta sede existe y agobia. Distinguir planos era en mi juventud la manera de resolver algunos problemas, pero el integrismo no lo admite.
Invito a revisar los grandes temas por los que la PUCP se ha jugado en los años recientes, además de poner toda su atención en formar integralmente a sus alumnos: la verdad como condición de la justicia y de la paz, la democracia en el régimen político y la reforma del Estado para servicio de la ciudadanía, el cambio climático, la pluralidad y el diálogo como ejercicio cotidiano que no entroniza ideologías y pone a la persona humana como centro de su interés.
Dialogamos y ponemos por delante nuestra fe cuando no aceptamos la exclusión del otro, crea o no en lo que profesamos, y así hacemos avanzar la historia. Esta es la universidad que tiene la confianza de sus alumnos y de los padres de familia que los apoyan para crecer como profesionales. Es una universidad que se abrió a todas las clases sociales con un sistema escalonado de pensiones que propusimos los entonces alumnos —con el inolvidable liderazgo de Armando Zolezzi—, y que por eso, sin subsidio del Estado, enseña a compartir porque comparte lo que tiene. No nos creemos ni perfectos ni mejores que los demás. Podríamos ser mejores si nos dejan, pero hay quienes creen que la educación solo es posible sometiéndose a un mandato de un dueño, de una idea o de un dogma. Así no se hace universidad seriamente.
Fuente: Diario El Comercio.