Los legisladores Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso y Silvana Robles de la Bancada Socialista disputaron la presidencia del Congreso, al presentarse como líderes de lista N° 1 y 2, respectivamente, para la Mesa Directiva periodo 2024-2025.

Congreso elige mesa directiva

La lista N°1 está conformada por Salhuana como candidato a la presidencia, seguido de Patricia Juárez, de Fuerza Popular, en la primera vicepresidencia; de Waldemar Cerrón, de Perú Libre, en la segunda vicepresidencia, y de Alejandro Cavero, de Avanza País, en la tercera vicepresidencia.
Además, cuenta con el respaldo de las bancadas Magisterial, Acción Popular, Somos Perú y Podemos Perú, cuyos voceros firmaron también la inscripción de esta lista para las elecciones de la Mesa Directiva.
La lista de la bancada Socialista, en tanto, estuvo liderada por Silvana Robles Araujo, como candidata a la presidencia del Congreso; acompañada de Pasión Dávila Atanasio, en la primera vicepresidencia; de Jaime Quito Sarmiento, en la segunda vicepresidencia, y de Alex Flores Ramírez, en la tercera vicepresidencia.
Para la elección de la Mesa Directiva se ha requerido del voto mínimo de la mitad más uno de los 127 parlamentarios que votaron en las elecciones, es decir 64 votos.
Fuente: Diario El Peruano.

Coordinadora de Eficcop quería ascender, pero no alcanzó puntaje en evaluación de conocimientos

Por César Rojas– Diario EXPRESO.
Solo el 26% del total de postulantes aprobó la evaluación de conocimientos de los concursos de la Junta Nacional Justicia. Entre estos no aparece Marita Barreto, polémica fiscal que coordina el mediático Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.
La representante del Ministerio Público, famosa por su tesis de que los procesados deben probar “que son inocentes”, aspiraba a ser fiscal adjunta suprema.
Antecedente
En dos convocatorias similares de la JNJ, el puntaje mínimo fue 67.5. La más destacada fue Kelly Roxana Ramírez Vera, actualmente superior adjunta, quien llegó a los noventa puntos.
Solo quienes hayan pasado esta etapa podrán ser evaluados en su récord académico y laboral. Hasta el momento, la JNJ no define las fechas finales del cronograma para este proceso.
De esta manera, Marita Barreto, quien iniciara las investigaciones a la red del delincuente condenado Rodolfo Orellana, sigue los pasos de otro mediático personaje del Ministerio Público: José Pérez. El miembro del Equipo Lava Jato es fiscal de nivel provincial, y quería ser superior, pero también reprobó la prueba de conocimientos.

Tribunal Constitucional rechaza reposición de Inés Tello en la JNJ y le da la razón al Congreso

El máximo intérprete de la Constitución declaró improcedente el recurso de reposición de la magistrada, quien ya no cumpliría con los requisitos para ocupar el cargo en la JNJ.

Por ALVARO TRENEMAN– Diario Perú21.
El Tribunal Constitucional declaró IMPROCEDENTE el recurso de reposición como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentado por Inés Tello, y de esta manera le dio la razón al Congreso, que destituyó a la magistrada por tener más de 75 años de edad, cuando la Constitución no lo permite.
Como se sabe, después de haber sido suspendidos por el Congreso, la Primera Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Lima ordenó reponer a Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este hecho obligó a llevar la controversia a las instancias del Tribunal Constitucional.
El pasado 7 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó, con 67 votos a favor, inhabilitar por 10 años a Inés Tello y Aldo Vásquez, titulares de la Junta Nacional de Justicia.
A ambos magistrados se les acusó de haber infringido la Constitución, ya que mantuvieron a Tello De Ñecco como titular pese a exceder la edad permitida.
Por otro lado, María Zavala, Guillermo Thornberry, José Ávila, Antonio de la Haza e Imelda Tumialán, se salvaron de ser destituidos de su cargo, ya que el Pleno no logró alcanzar los votos necesarios para aprobar sus inhabilaciones.
El TC, en su resolución publicada hoy por Perú21, señala que “no puede ignorar el comportamiento público de la defensa técnica de la solicitante (Inés Tello), José Omar Cairo Roldán, respecto de este órgano de control constitucional y la obligatoriedad de sus resoluciones”.
LE LLAMA LA ATENCIÓN A ABOGADO CAIRO
Esto, porque —según la resolución— “el abogado que ahora recurre a este Tribunal Constitucional para que emita una resolución a favor de su defendida, manifiesta públicamente que espera que los jueces del Poder Judicial no acaten las resoluciones del Tribunal Constitucional, a fin de no permitir lo que él considera la consumación de una inconstitucional interferencia”.
“Abogar por el desconocimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional —indica el texto— es un comportamiento contradictorio por parte de un abogado que acude a esta instancia en busca de tutela para los derechos de su defendida. Resulta paradójico e incongruente en el mejor de los casos, o evidencia la utilización de un doble estándar en el peor, pretender que las resoluciones de una instancia jurisdiccional sean válidas, constitucionales y obligatorias cuando les dan la razón a los propios intereses, e inválidas, inconstitucionales y no acatables cuando les dan la contra (cuando no les son favorables)”.
“Las referidas manifestaciones pueden ser entendidas y toleradas en ejercicio de la libertad de expresión en el contexto de una opinión académica o política. Pero los abogados que acuden a este Tribunal Constitucional e interponen recursos se encuentran sujetos a lo dispuesto en el artículo 109.4 del Código Procesal Civil, que sí resulta de aplicación supletoria al presente proceso y a la presente circunstancia”, señala otra parte de la resolución.

Jorge Salas Arenas con las horas contadas: tiene dos denuncias por nombramientos ilegales

En 15 días presentan informes finales sobre titular del JNE que podría ir preso por presuntos favores a Fernando Tuesta, a Walter Ríos y Pavel Cárdenas

Por Harold Salinas– Diario EXPRESO.
En 15 días la situación legal del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, estará complicada, luego que la Subcomisión de Acusaciones Constituciones (SAC), delegara a los congresistas Arturo Alegría (Fuerza Popular) y José Cueto (Honor y Democrácia) la elaboración de los informes finales respecto a dos denuncias constitucionales (DC).
La primera DC N°352 estará a cargo del legislador Alegría, es decir la presentada por su colega Rosselli Amuruz (Avanza País) contra el titular del JNE. Salas Arenas. por presuntamente haber contratado irregularmente al politólogo Fernando Tuesta Soldevilla como consultor de este organismo electoral entre los años 2021 y 2022.
En la segunda (DC N°469), el legislador José Cueto investigará a Salas Arenas por la denuncia presentada por el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, quien concluyó que el titular del JNE cometió el delito de negociación incompatible.
Esto por haber utilizado su cargo de juez supremo para recomendar a Pavel Vladimir Cárdenas Peña, un exasesor suyo, para un puesto en la Corte Superior del Callao cuando Walter Ríos era presidente de esta institución en 2017.
En enero de 2023 EXPRESO reveló que Tuesta Soldevilla habría sido contratado por diversas instituciones electorales, hecho corroborado por un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
Se trata del Informe de Auditoría N°017-2023-2-0280-AC, “Contratación de Locadores de Servicios como Especialistas y Asesores para Procesos Electorales”, aprobado en agosto del 2023, por lo cual, la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz (Avanza País) lo derivó a la SAC.
Amuruz indicó que dicho informe emitido por el órgano de control, determinó que Tuesta Soldevilla no cumplió con uno de los requisitos formales claramente especificado en el contrato que le hizo el JNE, lo cual exigía una experiencia específica de tres años en labores o prestación de servicios de asesoría en materia electoral.
“La auditoria de la Contraloría afirma que la contratación de Tuesta fue irregular, pues éste no cumplía con el perfil requerido, y que, a pesar de todo, bajo la misma modalidad , hasta el año 2023, el JNE lo ha seguido contratando. No hay duda que es una trama dirigida por Salas Arenas para favorecer indebidamente a su amigo, el señor Tuesta”, expresó Amuruz en agosto del 2023.

Incendio en unas instalaciones de combustible en el puerto de Hodeida provocado por un ataque israelí AFP.

Los rebeldes hutíes de Yemen, afines a Irán, han prometido una «enorme» represalia contra Israel tras el ataque al puerto yemení de Hodeida donde han fallecido, al menos, seis personas, tres desaparecidos y más 80 han sido heridas según informaron las autoridades sanitarias en un comunicado difundido por los medios de comunicación hutíes.
«La respuesta de los rebeldes a la agresión israelí contra nuestro país está inevitablemente próxima y será enorme», dijo el portavoz militar hutí Yahya Saree.
Mientras que Washington habla en términos de paz y espera un acuerdo pronto entre Israel y Hamás, el ejército israelí denunció que había interceptado un misil disparado desde Yemen que propicia su ofensiva sobre la Franja de Gaza.
Además, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajará a Estados Unidos y se reunirá con el presidente Joe Biden. Posteriormente, hablará en la Cámara de Representantes en Washington donde recibirá presiones para alcanzar un alto el fuego con Hamás.

Sangriento fin de semana

Los rebeldes hutíes lograron que un avión no tripulado penetrara a través de las defensas aéreas israelíes y matara a un civil en Tel Aviv.
Como respuesta, la aviación de guerra israelí bombardeó el sábado el puerto de Hodeida, cuyo objetivo era, según indicó el alto funcionario hutí Mohammed Abdulsalam, «instalaciones de almacenamiento de combustible y una planta de energía» para disuadir a Yemen de que siga apoyando a los palestinos en la guerra de Gaza.
«Se ve en todo Oriente Próximo y su significado es evidente», declaró el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, respecto al gran incendio provocado por los ataques contra el puerto de Hodeida, controlado por los rebeldes, cuyas imágenes fueron difundidas por el canal yemení Al Masirah.
Asimismo, el ejército israelí confirma también atacó durante la madrugada del domingo instalaciones de almacenamiento de armas pertenecientes al grupo Hizbolá en el sur de Líbano.
El trío de grupos militantes -los hutíes de Yemen, Hizbolá en Líbano y Hamás en Gaza- ha prometido mantener los ataques contra Israel hasta que una tregua ponga fin a la violencia en Gaza, que yace en ruinas, con la mayoría de los residentes obligados a huir de sus hogares.
Fuente: www.abc.es
El desempeño del presidente Joe Biden en el debate abrió la puerta a la incertidumbre política de cara a la convención de nominación demócrata en agosto. The New York Times.

Biden renunció a la reelección. ¿Cómo elegirán los demócratas a su candidato?

El presidente de EE. UU. despejó el camino para un sucesor. Respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris, pero aún podría haber una contienda para determinar quién será el nominado.
Por Adam Nagourney y Jennifer Medina
Ahora que el presidente Joe Biden se retiró de la contienda presidencial, la cuestión que se plantea el Partido Demócrata ya no es si puede ser sustituido como candidato. La pregunta es cómo hacerlo.
El proceso es complicado y abre la puerta a la incertidumbre política de aquí a agosto, cuando los delegados demócratas se reúnan en su convención para votar por un nominado.
Biden tiene el poder de liberar a todos los delegados comprometidos que haya acumulado. Cuando lo haga, esos delegados serán libres de votar por quien quieran. Eso podría llevar a una convención abierta, una situación inusual en la política estadounidense moderna.
Esa perspectiva plantea muchas preguntas.

¿Y ahora qué?

No hay una respuesta clara. Pero, según las entrevistas con dirigentes y estrategas del Partido Demócrata, hay dos posibilidades.
En primer lugar, el partido podría unirse en torno a Kamala Harris, la vicepresidenta, como fuerza unificadora en tiempos de crisis. Ese sería el camino más fácil. Ha sido investigada y es bien conocida entre los demócratas. Ya ha participado en una campaña nacional. Y podría hacerse cargo del aparato de campaña y de la cuenta bancaria de la campaña Biden-Harris.
Algunos demócratas han argumentado que nombrar directamente a un candidato es arriesgado, y dicen que el partido estaría mejor con una competición y un proceso de selección más democrático. Eso requeriría que otro candidato ingresara en la contienda. Si eso ocurriera, podrían celebrarse foros en todo el país con la anuencia del partido, en los que un moderador interrogará a los candidatos ante una audiencia televisiva. A falta de eso, los candidatos podrían embarcarse en una campaña nacional de un mes, recorriendo el país para solicitar el apoyo de los delegados y delegaciones estatales.

¿Qué demócratas podrían lanzarse a la contienda?

La persona clave para tener en cuenta es Harris. Si se convierte en la candidata de consenso, respaldada por Biden y otros líderes demócratas, los posibles competidores con ambiciones a la Casa Blanca tendrán que tomar una gran decisión: desafiarla, en una maniobra arriesgada que podría provocar divisiones perjudiciales dentro del partido, o mantenerse al margen en nombre de la unidad demócrata.
El Partido Demócrata cuenta ahora con un amplio abanico de jugadores emergentes. Entre los posibles candidatos a considerar hay un puñado de gobernadores: Gretchen Whitmer de Míchigan, Josh Shapiro de Pensilvania, Gavin Newsom de California, J. B. Pritzker de Illinois y Andy Beshear de Kentucky. Otros posibles candidatos son Pete Buttigieg, secretario de Transporte, y los senadores Amy Klobuchar, por Minnesota, y Cory Booker, por Nueva Jersey.

¿Biden puede elegir directamente a su sucesor?

Biden puede recomendar a sus delegados lo que deberían hacer y, dada su posición en el partido, tiene mucha influencia. Pero no controla a sus delegados: no puede decirles por quién votar el mes que viene. Y siendo la política del partido lo que es, lo más probable es que se decanten por quien crean que tiene más posibilidades de derrotar a Trump.
Y cualquier intento de nombrar directamente a su sucesor podría desencadenar batallas ideológicas y generacionales en el partido, debilitando potencialmente al candidato final en su enfrentamiento contra Trump.

¿Qué pasa con el dinero que consiguió la máquina de recaudación de fondos Biden-Harris?

Biden y Harris han recaudado cientos de millones de dólares en fondos de campaña en los últimos dos años. Ese dinero se ha destinado a la campaña de Biden, al Comité Nacional Demócrata y a varias organizaciones demócratas estatales. Al 30 de junio, esas organizaciones disponían de 240 millones de dólares. La mayor parte de ese dinero podría ponerse al servicio del próximo candidato.
Hay una gran excepción. La campaña Biden-Harris tiene, al 30 de mayo, 91 millones de dólares. Si Harris es la candidata, ese dinero es suyo. Si es otro candidato, el dinero de Biden-Harris podría devolverse a los donantes (algo muy poco probable) o transferirse a un súper PAC federal, que podría gastarlo en nombre de la candidatura demócrata. Uno de los candidatos que se libraría de estas trabas es Pritzker, un multimillonario que podría financiar la campaña por su cuenta.

¿Cuánto tiempo tiene el Partido Demócrata para resolver esto?

El Partido Demócrata está a punto de ver si puede imitar al Reino Unido: organizar unas elecciones de enormes consecuencias en poco más de un mes. Los demócratas se reunirán en Chicago el 19 de agosto para su convención de nominación; está previsto que el nominado pronuncie su discurso de aceptación el 22 de agosto. El partido establece las reglas y nada es inamovible, pero todo tiene que estar decidido antes del 22 de agosto. Una complicación más: el Comité Nacional Demócrata había estado presionando para que se celebrara antes una votación nominal virtual con la esperanza de resolver cualquier duda sobre Biden antes de la votación oficial.
Fuente: Maggie Astor colabora como reportera.
Adam Nagourney es reportero de política nacional para el Times y cubre la campaña de 2024. Más de Adam Nagourney
Jennifer Medina es reportera política del Times radicada en Los Ángeles. Se centra en las actitudes políticas y el cambio demográfico. Más de Jennifer Medina

Caso Gasoducto provocaría el quiebre de la colaboración eficaz de Odebrecht

A punto de caer. Jorge Barata ha cambiado de versión y ya no reconoce responsabilidad penal en la adjudicación de la megaobra, postura que sería adoptada por la empresa brasileña. Compañía se arriesgaría a ser procesada en Perú por ganar millonario arbitraje al Estado.

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú21
En su colaboración eficaz homologada en 2019, Odebrecht reconoce haber cometido delitos en cuatro obras; es decir, admite haber pagado coimas a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse proyectos. Sin embargo, desde aquella vez, la empresa brasileña ha confesado que incurrió en más ilícitos. Uno de ellos es en el caso Gasoducto.
Perú21 conoció que el equipo especial Lava Jato, liderado por el fiscal Rafael Vela, tiene en sus despachos más de cinco actas de culpabilidad firmadas por la compañía que aún no han sido presentadas al Poder Judicial para su control.
Una de esas actas corresponde al Gasoducto. La imputación de la Fiscalía es que, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), la constructora coordinó la adjudicación del megaproyecto -valorizado en US$7 mil millones- a través de su entonces superintendente, Jorge Barata, con la entonces primera dama Nadine Heredia y el propio mandatario.
La expareja presidencial, de acuerdo a la teoría fiscal, se habría sentido comprometida a colaborar con la compañía por los US$3 millones que esta abonó a su campaña presidencial del 2011.
En 2019, Barata confesó las coordinaciones con los Humala. Incluso detalló que preferían la comunicación con Heredia porque para el exmandatario era casi imposible comprender los procesos de licitación.
No obstante, como reveló Perú21, Barata cambió esa afirmación en junio de 2023. Sucedió durante un interrogatorio que le realizó la fiscal Geovana Mori en Sao Paulo. De pronto, el exejecutivo se desentendió de lo que declaró cuatro años antes.
La nueva postura del empresario contradice, además, lo declarado hasta el momento por Odebrecht.
Fuentes consultadas por este diario indicaron que la compañía, contrariamente a lo manifestado por Barata, se ha reafirmado ante el equipo de Vela en su culpabilidad. Aunque ello puede variar en las próximas semanas.
Millonarias razones
La firma brasileña está contra el tiempo. En setiembre vence el plazo de investigación preparatoria por el caso Gasoducto y hasta ese momento tiene para cerrar la inclusión de sus nuevas confesiones en la colaboración eficaz.
Luego de ese plazo, la fiscal Mori deberá presentar la acusación contra los investigados y la constructora deberá definir su posición final: si se alinea con lo dicho por Barata o se reafirma en sus delitos.
Por un lado, mantener el acuerdo le permite a Odebrecht no ser procesada penalmente. Pero si persiste en ello, podría traer abajo el arbitraje internacional millonario que le inició al Estado peruano en 2020 ya que admitiría actos de corrupción.
Odebrecht ha demandado al Perú por más de US$1 mil 200 millones por la paralización de la obra en 2017. La gestión de Pablo Kuczynski resolvió el contrato debido a una “insolvencia económica” por parte de la empresa.
El acuerdo comercial, eso sí, estipulaba que el Estado debía convocar a una nueva licitación y ello no ha sucedido hasta hoy.
La compañía brasileña se quedó en el aire porque buscaba negociar la transferencia de bienes con la nueva concesionaria y con ello tener ingresos. De ganar la contienda arbitral le permitiría recuperar los gastos.
En el portal web del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) se corrobora que desde febrero de 2024, Odebrecht ha presentado nuevas evidencias para ganar el conflicto.
La nueva postura de Barata, que representa los intereses de la compañía, marcaría el nuevo camino a seguir.
El abogado del exejecutivo en Perú, César Nakazaki, también expresó a este diario que “hay gran probabilidad” de que se quiebre el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.
El otro indicio que conduce a esta conclusión es la suspensión de la cooperación judicial internacional dictada por Brasil a pedido la empresa que, tras el escándalo de corrupción, cambió su nombre a Novonor.
De esta forma, los fiscales peruanos ya no recibirán información desde ese país para los procesos. Y ello ya quedó demostrado con la inasistencia del exejecutivo Luiz Antonio Mameri, el pasado 10 de julio, al juicio por el caso Alpha Consult.
Desde el Ministerio Público ya se preparan para si se concreta la rebeldía de Odebrecht.
Los cuatro casos en los que Odebrecht reconoció delitos inicialmente son: Interoceánica, Vía Costa Verde tramo Callao, Metro de Lima y Vía Evitamiento Cusco.
El Poder Judicial absolvió al exfuncionario de Proinversión, Edgar Ramírez Cadenillas, y la exrepresentante de Odebrecht, Claudia Hokama, de una supuesto colusión para favorecer a la empresa con la adjudicación del Gasoducto.

“Claves para entender el caso Barata”

La revocatoria de los beneficios penales del exdirectivo de Odebrecht ha destapado más acontecimientos que estaban detrás del telón Lava Jato.

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú21.
Jorge Barata, el confeso coimero de Odebrecht, está consiguiendo lo que todo delincuente desea: impunidad. Su negativa a seguir colaborando con la justicia peruana ha complicado los casos Lava Jato cuando han empezado los juicios, justo la etapa en la que se decide todo. La empresa Odebrecht no dice nada, pero hay más de un indicio que lleva a pensar que puede seguirle los pasos a su exdirectivo estrella. Uno de ellos es la suspensión de intercambio de información desde Brasil que ya está trabando los procesos.

1. Así se acabó la relación con Jorge Barata

El 11 de octubre de 2023, Jorge Barata decidió no declarar en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala por los aportes que, en 2011, hizo Odebrecht a la campaña del Partido Nacionalista.
El acuerdo estipulaba que Barata debía ratificar en el juicio que la constructora entregó US$3 millones para las actividades proselitistas.
Sin embargo, el exejecutivo, a través de su abogado Carlos Kauffman, comunicó que estaba impedido de compartir información debido a una orden judicial emitida por la justicia de su país.
Esa resolución prohibía usar las evidencias extraídas de Drousys y Mywebday, las plataformas digitales en las que Odebrecht registraba el desembolso de sobornos.
El ahora excolaborador asumía que, para hablar en este y otros casos, inevitablemente tendría que hacer referencia a los datos que contienen esas herramientas.
Pese a que los jueces peruanos informaron a su defensa que ese fallo solo afectaba en fueros brasileños, y que tenía obligaciones legales que cumplir con el Perú, el exdirectivo de la constructora no se presentó al juicio y de esa manera violó el acuerdo que suscribió en 2019.
Posteriormente, el fiscal José Domingo Pérez pidió a la jueza Margarita Salcedo que revoque los beneficios penales de los que gozaba Barata.
Salcedo accedió y dictó su veredicto el 4 de julio. El 10 de este mes, la Fiscalía solicitó dictar 36 meses de prisión preventiva contra el excolaborador eficaz. El Poder Judicial debe pronunciarse.

2. Quiere nuevas reglas

Jorge Barata ha mostrado un nuevo rostro desde que las investigaciones por Lava Jato han llegado a juicio. No solo ha sucedido con Humala; también en el caso Alpha Consult, una empresa supervisora de obras que, según la Fiscalía, recibió coimas de Odebrecht para avalar el avance de sus construcciones.
El 4 de julio último, el abogado Carlos Kauffman se presentó de forma virtual al juicio y anunció que su patrocinado no hablaría hasta tener garantías legales a su favor.
Kauffman exigió que, en adelante, las audiencias se realicen acatando las leyes brasileñas. Explicó, en esa línea, que un juez de su país debía estar presente en las diligencias para ejercer control.
Ese tipo de diligencias se efectúan bajo el amparo de la cooperación judicial internacional, que amerita una coordinación previa entre las autoridades de ambos países. Sin embargo, hoy este mecanismo está suspendido por disposición de Brasil.
Asimismo, requirió que se restablezca el acuerdo de colaboración eficaz de Barata para que este continúe declarando ante los jueces peruanos.
“Si no existen esas garantías, Jorge Barata no podrá presentarse. Él está dispuesto a colaborar con las autoridades brasileñas y peruanas”, expresó el letrado.
Mientras tanto, el empresario brasileño vive sin restricciones en Sao Paulo. Incluso viaja al extranjero con frecuencia, sobre todo a Australia, para visitar a una de sus hijas.

3. Brasil del lado de Odebrecht: suspendió cooperación con Perú

Los fiscales del equipo especial Lava Jato han sentido esta semana las consecuencias de un golpe provocado por Odebrecht: la suspensión de la cooperación judicial internacional con Brasil.
Luiz Antonio Mameri, exdirectivo de Odebrecht, debía declarar el miércoles 10 de julio en el caso Alpha Consult, pero sorpresivamente no se presentó en la audiencia virtual.La jueza Lorena Sandoval indicó que se había tramitado la convocatoria de Mameri vía cooperación; sin embargo, no hubo respuestas de parte del testigo ni de los funcionarios brasileños.
La cooperación judicial internacional es el mecanismo formal para que las autoridades judiciales intercambien información y documentos en un proceso penal.
Bajo esta estructura legal, por ejemplo, se coordinaron los interrogatorios a Barata y otros directivos de Odebrecht cuando confesaron el pago de coimas a funcionarios peruanos.
No obstante, no era conocido que la Fiscalía brasileña había suspendido este sistema de colaboración en abril pasado a pedido de la empresa.
En el escrito firmado por la fiscal Anamara Osório Silva, al que accedió Perú21, se indica que el congelamiento se debe a que la constructora alegó que las autoridades de Perú han usado información proporcionada por Odebrecht contra la misma compañía.
Se refieren a decisiones tomadas por la procuradora ad hoc Silvana Carrión, quien ha incluido a la compañía en algunos procesos para el cobro de reparación civil.
Según Osório, de esa forma se estaría vulnerando el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht, que estipula que esta no puede ser procesada con datos que ella compartió con el Ministerio Público.
La otra opción es que Mameri no se haya presentado porque la compañía brasileña se lo haya ordenado. Si así hubiera sido, ello generaría un terremoto en el caso Lava Jato.

4. En riesgo la colaboración eficaz de Odebrecht

Lo sucedido con Barata puede ser un preludio de lo que pasaría con la colaboración eficaz de la empresa Odebrecht.
En la audiencia de Alpha Consult, a la que no se presentó Luiz Mameri, la fiscal Geovana Mori comunicó que han pedido explicaciones a la empresa por la inasistencia de su exdirectivo.
Y es que, señaló Mori, el acuerdo de colaboración obliga a la compañía a poner a disposición a todos sus exejecutivos cuando sean requeridos.
Incumplir ese requisito motivaría a la Fiscalía peruana a pedir la revocatoria de los beneficios penales de los que goza aún Odebrecht. Es decir, seguiría el mismo camino de Jorge Barata.
Perú21 conoció que, en el equipo especial Lava Jato, ya han proyectado un escenario en el que la compañía se niegue a seguir colaborando.
Y es que hay otro indicio que hace creer a los fiscales en ese escenario. Barata ya no reconoce responsabilidad en el caso Gasoducto. Lo expresó a la fiscal Mori en un interrogatorio de junio del año pasado, realizado en Sao Paulo.
En otras palabras, el exejecutivo está negando la manifestación que dio en 2019, cuando dijo que coordinó con la ex primera dama Nadine Heredia la adjudicación del megaproyecto durante el gobierno de Ollanta Humala.
¿Qué efecto tiene ese cambio de versión? Que Odebrecht sea exculpado del proceso Gasoducto, que no es parte de la colaboración eficaz que suscribió la empresa.
Sin embargo, si la Fiscalía demuestra que la compañía influye en sus exejecutivos para boicotear las investigaciones, entonces el acuerdo se rompería y Odebrecht tendría que ser enjuiciada.

5. Hablan los expertos

El caso Lava Jato en el Perú está camino al abismo. Hay más de un panorama posible después de la rebeldía de Barata y es difícil creer que, en alguno de ellos, el equipo especial de la Fiscalía salga bien parado.
Para el penalista Andy Carrión, lo hecho por el exdirectivo brasileño no está desconectado de los intereses de la empresa, por lo que es probable que la compañía pueda seguir el mismo camino de Barata.
“Barata ha sido un hombre fuerte de Odebrecht, no se puede creer que él intente perjudicar a la empresa más allá de que negoció su colaboración eficaz por su cuenta. Entonces, si ya se le revocaron los beneficios, y uno va a seguir la suerte del otro, la pregunta es ¿por qué solo uno de ellos debe sacrificarse?”, comentó a Perú21.
En esa línea, advirtió que todo eso llevaría a que los acuerdos de colaboración eficaz se vulneren y que deje en evidencia un endeble y pobre trabajo de los fiscales por no prevenir este desenlace.
Por esa razón, Carrión criticó que el Ministerio Público permitiera a Barata cautelar su dinero e irse a Brasil y a la empresa poder vender sus activos.
“El principal el error de la Fiscalía y la Procuraduría ha sido no atar al Perú a Barata y a Odebrecht, les dieron todas las facilidades para irse sin sujetarlos legalmente”, alegó.
Su colega Fernando Silva, en tanto, explicó que existe un “vacío legal” para procesar a Barata debido a que fue condenado para convertirse en colaborador eficaz pero no se le impuso pena.
“Con Barata hay un problema mayor. Si bien ha sido declarado culpable, se suspendió la pena porque se le dieron beneficios, pero, ahora que esos beneficios se han revocado, entonces el proceso que viene es para determinar la pena, ¿pero cómo se determinará ello si nunca lo han acusado? En este país nadie puede ser condenado sin una acusación”, expresó a este diario.
Silva explicó que lo que tendría que hacer la Fiscalía es formular acusación en los cuatro casos que Barata reconoció delitos (Metro de Lima, Vía Evitamiento Cusco, Interoceánica Sur y Vía Costa Verde tramo Callao) y esperar que el Poder Judicial evalúe una pena que se traduciría en años de cárcel.

Odebrecht-Novonor: Brasil suspendió cooperación en caso Lava Jato y robo quedará en el olvido

Fiscalía brasileña determinó que justicia peruana incumplió trato con Odebrecht de no utilizar en su contra información proporcionada por la empresa.

Por Plinio Esquinarila– Diario EXPRESO.
Los juicios por el caso de megacorrupción que involucran a la empresa de construcción brasileña, Odebrecht (hoy llamada Novonor), conocido como ‘Lava Jato’, parecen tener las horas contadas para convertirse finalmente en un nefasto antecedente de -probablemente- uno de los más grandes fracasos en la historia del Ministerio Público peruano.
Más aún cuando hace unas horas se hizo público que la Fiscalía de Brasil suspendió  en abril de este año la cooperación judicial internacional que debía brindar dicha compañía y sus ex altos mandos investigados en este caso, como Marcelo Odebrecht (ExCEO de la empresa) y Jorge Barata (exdirector ejecutivo en Perú de Odebrecht), testigos claves en este entramado de licitaciones públicas ilegales y coimas a funcionarios peruanos que provocaron millonarias pérdidas al Estado peruano.
La disposición de suspender la cooperación internacional fue firmada por la fiscal  brasileña Anamara Osório Silva, quien en el documento alegó que la medida fue adoptada debido que la constructora denunció que las autoridades de Perú han usado información proporcionada por Odebrecht contra la misma empresa.
Entre los argumentos expuestos por los exfuncionarios de la empresa brasileña para sustentar esta denuncia, mencionaron medidas como la inclusión de la compañía brasileña en algunos procesos para el cobro de reparación civil.
En el documento firmado por la fiscal Osório, al que el diario Perú 21 tuvo acceso e hizo público,  la magistrada brasileña remarcó que este tipo de disposiciones estarían vulnerando el acuerdo de colaboración eficaz firmado con Odebrecht, en el cual se estableció que la empresa no podría ser procesada con datos que ella compartió con la Fiscalía.
Este hecho se hace conocido tan solo días después de que el miércoles 10 de julio, durante la audiencia virtual por el caso Alpha Consult (empresa que habría recibido dinero de Odebrecht para hacer el pago de coimas a funcionarios peruanos), el exdirectivo de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, no se presentó a dicha citación para testificar en el caso.

Fiscalía incluye a Jorge Barata en caso Gasoducto Sur y pide 36 meses de prisión preventiva

Tras la revocación del acuerdo de colaboración eficaz, la Fiscalía se pronunció sobre la situación jurídica del exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata y lo sindicó como cómplice del delito de colusión agravada en agravio del Estado.
El Segundo Despacho del Equipo Especial Lava Jato dispuso incluir a Jorge Henrique Simoes Barata  la investigación preparatoria del caso denominado Gasoducto Sur Peruano y solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra.
El despacho a cargo de la fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez emitió un pronunciamiento el último 8 de julio respecto de la situación jurídica del imputado y lo sindicó como cómplice del delito de colusión agravada en agravio del Estado.
Esta decisión llega luego de que el Poder Judicial revocara el acuerdo de colaboración eficaz que mantenía el exsuperintendente de Odebrecht en Perú a petición del Ministerio Público por haber incumplido en ofrecer su testimonio en el juicio seguido contra el expresidente Ollanta Humala.
Dicha decisión fue emitida por la jueza Margarita Salcedo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional tras denuncia del fiscal José Domingo Pérez Gómez, por lo que dispuso que se acuse a Jorge Barata, determinando la forma y circunstancias de la comisión del delito, así como el grado de responsabilidad que le corresponde.
Al respecto, el abogado penalista  Caro indicó que lo que diga o no diga Jorge Barata no resultaría tan importante, pues la Fiscalía ya ha armado el caso con las declaraciones como colaborador.
«Allí la norma habla de la desaprobación del acuerdo a nivel de la Fiscalía y a nivel del Poder Judicial en la etapa de homologación. La norma no se refiere expresamente a una revocatoria. Habría que interpretar que incluye la revocatoria, porque se está perdiendo el beneficio, con lo cual todo lo declarado no podría ser usado en su contra. Sin embargo, recordemos que la Fiscalía ya ha armado los casos, para bien o mal, con información del colaborador, de manera que lo que diga o no diga el colaborador no es tan importante para continuar con este proceso», dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Tribunal Constitucional: José Domingo Pérez abusó con abogado investigado por caso Cócteles, se sienta precedente para todos los procesados

Arsenio Oré no será enjuiciado por obstrucción a la justicia. Se revela presunto intercambio de favores entre Vela y exministro que lo defiende mediáticamente.

Por César Rojas– Diario EXPRESO.
Por seis votos a uno, el Tribunal Constitucional consideró que el fiscal José Pérez atentó contra los derechos de Arsenio Oré, destacado abogado incluido en el juicio por el caso “Cócteles”. Se determinó que lo incluyó irregularmente como acusado por presunta obstrucción a la justicia.
“El fiscal Pérez fue quien… entrevistó a cada uno de los supuestos testigos amenazados e inducidos… lo que claramente condujo en sus términos que haya identificado lo que calificó como el delito de obstrucción a la justicia… por su propia iniciativa, decidió investigarlo y no derivarlo a otro despacho fiscal que sí pueda cumplir con la objetividad constitucionalmente exigida”, fue el sustento del experimentado litigante.

“Falta de respeto”

El portal Gato Encerrado difundió esta noticia, precisando que en la audiencia ante el Tribunal Constitucional ni siquiera apareció el procurador del Ministerio Público. “Esta ausencia es una falta de respeto a este tribunal”, sostuvo el magistrado Pedro Hernández.
“La última firma que venía demorando la resolución era la del vocal Manuel Monteagudo, que a falta argumentos para avalar la conducta del fiscal, habría retrasado la firma de esta causa según una fuente cercana al TC”, agregó Gato Encerrado.
Por otro lado, el letrado Wilber Medina reveló indicios de que Rafael Vela habría intercambiado favores con Mariano González. Una resolución del juez Jorge Chávez Tamariz (casado con una fiscal cuyo puesto depende del coordinador del Equipo Lava Jato) y una disposición confirman que se sobreseyó (archivó) los cargos de lavado de activos y tráfico de influencias al “ministro del amor”.
Esto sucedió en 2022, a pesar de que los mismos funcionarios del Ministerio Público consideraron que González sí había trasferido 69 mil soles de Odebrecht al partido Peruanos por el Kambio.
Esto se confirmaría porque el exministro de Pedro Pablo Kuczynski aparece en medios de comunicación afines al delincuente José Graña –cómplice de Odebrecht– defendiendo a los polémicos fiscales, incluso a Harvey Colchado, polémico exjefe de la Diviac.

Lava Jato

Como si fuera poco, Guilherme Roman Borges, del 13 Juzgado Federal de Curitiba, suspendió una acción penal del caso Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. El sustento fue la decisión de mayo último, del ministro del Tribunal Supremo Federal, Dias Toffoli.
El empresario constructora había sido condenado en 2016 por el entonces juez Sergio Moro a 19 años de prisión. Se le imputaron “corrupción activa, lavado de dinero y asociación delictuosa”, pero luego se confirmó la politización del fondo del proceso afectaría a Perú.
“En el ámbito peruano, es probable que alguna circunstancia sí ocurra. Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, es posible que, al llegar a la Corte Suprema, veamos anulaciones similares a las que estamos observando en Brasil hoy en día”, declaró a un medio local Fernando Silva (abogado de uno de los procesados) precisando que todo el proceso en Brasil empieza de nuevo.

“Tú me apoyas y yo te archivo”

“Bingo. Tú me apoyas y yo te archivo. Rafael Vela dio conformidad al archivo definitivo de denuncia de lavado de activos contra González. Ahora sí entendemos por qué actuaba como vocero del Equipo Lava Jato”, sostuvo Medina.
El juez constitucional José Camargo realizó audiencia sobre el pedido de Vela para anular su suspensión.

Caso Cócteles: José Domingo Pérez no podrá probar lavado de activos, asegura Gladys Echaíz

Aunque traiga a Barata, el fiscal debe acreditar que dinero fue otorgado para blanquear dinero de campañas de 2011 y 2016, sostuvo la legisladora.

Por María Teresa García– Diario EXPRESO.
La congresista y exfiscal de la Nación Gladys Echaíz consideró que el fiscal José Domingo Pérez no podrá probar el delito de lavado de activos en el caso Cócteles que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, porque tendría que demostrar que el aporte económico que recibió para la campaña le fue otorgado para blanquear dinero sucio.
“Ahora sí podemos decir que el fiscal ha expuesto su caso, y no sé en qué lo sustentó porque no lo hemos oído hablar de dinero no bancarizado, sino al contrario, dinero que sale de una banca para una campaña. Entonces, ¿cómo se va a lavar el dinero que está en el banco?”, cuestionó la legisladora de Honor y Democracia.
Al ser consultada sobre la pretensión que tiene el fiscal José Domingo Pérez, de traer a Jorge Barata, ex-CEO de la empresa Odebrecht para que declare por este y otros casos, la congresista dijo que aun así se tendría que probar el delito de lavado de activos.
“No sé cuál es el razonamiento de él (Domingo Pérez). Bueno, así lo traiga (a Jorge Barata) lo que se tiene que probar es que ese dinero fue dado con la finalidad de blanquearlo a través de los depósitos bancarios. Si eso no se prueba, así vengan cien gentes”, manifestó Echaíz.
El caso se remonta a los procesos electorales de 2006 y 2011, durante los cuales se efectuaban cenas organizadas por el partido político Fuerza Popular con el propósito de recaudar fondos para su campaña electoral. Estas reuniones fueron denominadas por el Ministerio Público como el ‘caso Cócteles’, por el que solicita una condena de 30 años y 10 meses de prisión efectiva para Fujimori Higuchi y otros procesados, entre ellos, su exesposo Mark Vito.
Echaíz dijo que su posición siempre fue contraria a la tesis fiscal, ya que, por esos años, no constituía delito recibir aportes de campaña.
“Yo, desde un comienzo tuve una posición clara, por lo que se decía que se habían recibido aportes para la campaña, porque así empieza esta investigación por la campaña 2011-2016, es decir que no era delito en ese momento y si no estaba tipificado como delito, ¿qué se investigaba? Esa investigación carecía de objeto; no había algo que investigar porque no estaba tipificada la conducta como delito”, indicó la parlamentaria.
Añadió que otros de los delitos que se le imputan a Fujimori y a otros procesados, es falsa declaración en procesos administrativos, sin embargo, este ya habría prescrito.
“Luego, creo que se cambió la tipificación, para poder continuar con la investigación. Y entre ellos se involucraba siempre la falsa declaración en proceso administrativo, que en el peor de los casos ese hubiera sido el tipo penal, pero la pena es bien baja y ya prescribió”, acotó.

Por Miguel Lagos- Diario EXPRESO.
Como anotábamos en “Pugna política y de poder en la Fiscalía“. 28/11/2023. M. Lagos. Expreso, el país continúa siendo testigo de la incesante pugna política y de poder en torno al control del Ministerio Público (el Poder Judicial también es campo de disputas). Un proceso desgastante que por momentos otorga “triunfos” a tirios y luego a troyanos. Lo cierto es que quienes creen que el asunto es solo resultado de “valiosas luchas contra la corrupción” está cayendo en una obvia ingenuidad. Lo que se presencia son escenarios creados (vía filtraciones y medios activistas) donde algunos caen y otros sobreviven dentro de un selectivo juego político. Y nada indica que el juego se frenará. Por eso, hay que repetirlo, la opinión pública debe estar muy alerta viendo quiénes terminan imponiéndose en esta confrontación y a qué impunidades escogidas beneficia finalmente.
A estas alturas no está demás recordar que -de un lado- los asesores de la otrora Fiscal de la Nación Patricia Benavides la terminaron de comprometer seriamente en esa pugna de la “justicia” politizada que en realidad la precedía, que no se originó con ella precisamente. Hay quienes señalan que para contener a sus antagonista los operadores de Benavides solo replicaron las malas artes de una dinámica anterior que favoreció convenientemente a personajes hasta el momento intocados como Martín Vizcarra (un auspiciador de la hoy repuesta y “triunfante” exfiscal Zoraida Avalos quien consideró casi como intocables tanto a Vizcarra como a Castillo). Poco a poco se sabrá mucho más sobre cómo estas pulsiones desde varios sectores en competencia han dado forma al actual tóxico contexto de judicialización política.
Por su parte Vizcarra brinca muy fresco de vez en cuando -entre tik toks y parrillas domingueras- exigiendo “el fin de la corrupción con fines políticos” y continúa celebrando el arrinconamiento de Benavides, mientras las fuerzas extremas pro-Castillo exigen su liberación y que se le repare ante la “injusta prisión” y el “abuso” por parte de la exfiscal de la Nación.
Como ocurrió con Keiko Fujimori, aunque infructuosamente con Alan García, la Diviac (División de Investigación de delitos de Alta Complejidad) se hizo presente en la detención de los asesores de Benavides. Un ente policial creado en 2016 y al que no pocos han catalogado como una suerte de “policía política” selectiva y funcional a los intereses de poder del denominado sector “caviar” de la política peruana. Una pregunta surge en ese sentido entre cada vez más sectores ciudadanos: ¿Algún día se le presentará a la Diviac la oportunidad de enmarrocar también a Vizcarra envuelto en serias acusaciones de corrupción, como a Susana Villarán y todos sus cómplices?
Hoy la Diviac se encuentra ante serios cuestionamientos en el terreno operativo, administrativo y de manejos presupuestales (entre 2019 y 2024 recibió S/72 millones. Ver: “La siniestra Diviac”. 29/6/2024. M. Balbi. Expreso). Las exigencias de una investigación a fondo van instalándose en relación a su posible actuar dentro de una red que también involucra a fiscales y jueces (y a periodistas y oenegés) altamente politizados.
La famosa “lucha contra la corrupción del poder” debe tener como norte el verdadero caiga quien caiga y no la selectividad que favorece a ciertos impunes elegidos. Los casos de la coalición de Vizcarra y de la red Villarán son cien por ciento evidentes.

Por Mario Ghibellini- Diario El Comercio.
Hubo una época en la que Magaly Medina hacía escarnio de Gisela Valcárcel llamándola “la seis puntos”. Era una forma de enrostrarle a quien alguna vez fuera “la reina del mediodía” lo bajo que andaba su rating y sugerir, de paso, que la corona había mudado de testa. Luego las cosas entre las dos divas criollas cambiaron, pero el apodo quedó. Y resulta que hoy le viene de perillas a la señora Boluarte. En la última encuesta nacional de Ipsos, en efecto, la presidente ha obtenido un 6% de aprobación, confirmando lo que otras empresas que se dedican a hacer ese tipo de mediciones ya habían registrado: que los ‘waykis’ de la gobernante entre los peruanos de a pie andan escasos. No es que antes navegase ella sobre una marea de popularidad, pero ahora todo indica que está por explorar la napa freática que se esconde debajo del cero.
La mandataria, por supuesto, finge que el asunto no le produce desvelo, pero lo hace bastante mal. “El desarrollo de nuestro querido Perú no se basa en encuestas”, proclamó días atrás frente a un auditorio compuesto esencialmente por escolares que aplaudían contentos por haber podido faltar a clases de matemáticas, mientras una mueca de pesadumbre ensombrecía su rostro: la claque de ocasión no conseguía engañar a nadie, empezando por ella misma.
El Gabinete Ministerial, sin embargo, bulle de espontáneos que se ofrecen a maquillar retóricamente la situación en un aparente empeño por convertirse en los favoritos de la nueva “seis puntos”. Los titulares de Interior y Cultura, por ejemplo, han visitado en ese afán tópicos tan inmortales como fuleros: el Gobierno no trabaja para buscar popularidad y el verdadero resultado de las encuestas lo recogen los representantes del Ejecutivo cuando viajan al interior del país y entran en contacto con la población agradecida… El premio gordo, no obstante, lo disputan dos auténticos gladiadores de la lustrada y el agasajo.

–¿Franela o fajín?–

Nos referimos, claro está, al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y a ese epígono de Leonidas Carbajal que hoy ocupa el despacho de Educación: don Morgan Quero Gaime. Estos dos esforzados funcionarios darían la impresión de estar entregados a la escenificación de un nudo de guerra en el que, a diferencia de lo que ocurre en kermeses y gincanas, lo jaloneado no es una soga, sino un pedazo de tela en el que predominan los tonos bermejos. Unos dicen que es solo una franela; otros, en cambio, sostienen que se trataría del fajín que corresponde a quien ejerce el premierato.
Sea como fuere, desde su esquina, Adrianzén ha lanzado una tesis bizarra. “Pronto las encuestas tendrán que mostrar lo que ahora ocultan”, ha dicho. Y si bien alguien podría argumentar que se refería a la napa freática de la que hablábamos antes, lo más probable es que haya querido dar a entender que existe una devoción ciudadana por la señora Boluarte que, con ardides estadísticos, las encuestadoras mantienen camuflada. Es desde luego un lance de vida corta, pero cargado de incienso.
Quero, por su parte, ha querido ser ingenioso y ha ensayado la teoría de que, si quien lidera los sondeos para la presidencia del 2026 merodea el 2,9% de la intención de voto, la mandataria con su actual 6% no está tan mal. En un arrebato extático, además, ha soltado la especie de que, a lo mejor, la idea de la reelección presidencial merecería una reconsideración. Y, con ello, debe de haber escalado hasta la cima del ‘ránking’ de la chochera palaciega. El pobre Adrianzén no termina de sacudirse la sombra que sobre él proyecta el “vocero de la presidencia” Fredy Hinojosa y ahora encima tiene que lidiar con la competencia de este verbo florero y mucho menos pudoroso que el suyo.
No todo, sin embargo, está perdido, don Gustavo. Saque usted fuerzas de flaquezas, tire de esa franela con denuedo y que gane el peor.

Por IVÁN SLOCOVICH– Editorial Diario Correo.
La denuncia formulada por Latina, en el sentido de que la actual presidenta Dina Boluarte habría interferido en alianza con malos miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para alterar el resultado de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2021 que dieron como ganar a Pedro Castillo, es muy grave y merece ser aclarada por los aludidos en el reportaje que en parte da la razón a los que hablaban de fraude en esos comicios.
En estas movidas también aparece metido Richard Acuña, el hijo del dueño de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, quien desde un inicio se mostró como un aliado de Castillo, al extremo que se reunieron en la putrefacta guarida del pasaje Sarratea y más tarde defendió públicamente la validez el mamarracho de tesis de maestría que hizo el profesor chotano en la universidad de su paisano hoy gobernador de La Libertad, la cual era un monumento al plagio, la improvisación y la falta de rigor académico.
El reportaje de Latina se basa en las declaraciones dadas al Ministerio Público por Salatiel Marrufo, quien ya en el gobierno de Castillo trabajó como jefe del gabinete de asesores en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde según este mismo personaje ha dicho, se recibían sobres de dinero que iban a parar a manos del entonces mandatario. Si este sujeto miente en sus declaraciones, se va directo a la cárcel, donde ya ha pasado un tiempo por el rol que jugó en la Chota Nostra.
El testimonio de Marrufo sindica directamente a la actual mandataria, que en ese momento aspiraba a la vicepresidencia en la plancha de Castillo. La señala de haber enviado a dos de sus allegados a fin de pactar con miembros del JNE para evitar que prosperen las impugnaciones presentadas por Fuerza Popular. ¿Qué dirá el presidente del ente electoral Jorge Luis Salas Arenas? ¿Insistirá que su rol en los comicios fue inmaculado y que los cuestionamientos son parte de una campaña en su contra?
Habría que ver qué dicen también los que han defendido a capa y espada la “limpieza” de los comicios que nos dieron como mandatarios a Castillo y luego del golpe de Estado a Boluarte. Lamentablemente, el Ministerio Público no ofrece mayores garantías de investigaciones y acusaciones limpias y profesionales. Veamos lo que sucede con las confesiones de Jaime Villanueva, que valen cuando afectan a algunos, pero no cuando se toca a gente como Rafael Vela y Domingo Pérez. Todo mal.

El fiscal que admiraba al ‘Filósofo’

Por Miguel Ramírez- Diario Trome.
“Yo diría que en la historia que se escriba más adelante, (Jaime) tendrá una presencia en esas páginas como una de las personas que apoyó e impulsó en el interior el cambio en el Ministerio Público. (…) Jaime es una fuente de información, de conocimiento y sabiduría. Quiero decirle a Jaime gracias públicamente, porque él sabe todo lo que ha significado en este proceso de tratar de volver decente a nuestra institución (…)”.
Eso le dijo, en un evento del año 2008, el fiscal José Domingo Pérez a Jaime Villanueva, el exasesor de la defenestrada fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Si alguien me lo contaba, no lo hubiera creído. Tuve que ver varias veces el video para convencerme de que Pérez, el fiscal estrella del Caso Lava Jato, era admirador y consideraba casi ‘héroe’ a Villanueva, también conocido como el ‘Filósofo’.
La cinta fue difundida la semana pasada por la periodista Milagros Leiva en su sintonizado programa de Willax TV. La acuciosa mujer de prensa se ha convertido en un dolor de cabeza y enemiga de dicho magistrado y de su jefe, el fiscal superior Rafael Vela, por sus agallas de difundir las declaraciones de Villanueva sobre ellos, que muchos colegas callan.
Villanueva, en su condición de colaborador eficaz y testigo, cada día revela sucesos inimaginables que ocurrían en el interior del desprestigiado Ministerio Público. Lo que está declarando no solo compromete a Pérez y Vela, sino también a otras personas, entre ellas varios periodistas.
El video difundido demuestra, de manera irrefutable, que el fiscal José Domingo Pérez ha faltado a la verdad sobre la relación que tenía con el ‘Filósofo’. En un primer momento dijo apenas conocerlo, pero la cinta demuestra todo lo contrario.
En otra oportunidad, puso en duda una fotografía en donde él aparecía con su esposa departiendo unos tragos con Villanueva, en la propia casa del exasesor, días después que logró que Keiko Fujimori fuera a prisión por primera vez. Ante las autoridades que actualmente lo interrogan, Villanueva ha confirmado la autenticidad de esa foto. Tan graves son las declaraciones del ‘Filósofo’ que José Domingo Pérez y Rafael Vela solicitaron hace unas semanas, con argumentos falaces, que sus manifestaciones fueran anuladas. Pero el miércoles, el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó su pedido. Por si fuera poco, ahora utilizan maniobras dilatorias para que Villanueva no siga declarando.
Pese a las graves imputaciones que existen sobre ellos, ambos fiscales siguen en sus cargos como si nada pasara. Se sienten poderosos. Pérez por ejemplo está, buscando apartar con falsa acusaciones al fiscal supremo Alcides Chinchay, quien lo investiga.
Es lamentable lo que ocurre con Vela y Pérez, quienes empezaron su labor con buen pie. Eran aplaudidos por muchos, entre ellos este columnista. Pero los flashes, las cámaras, las portadas en los diarios, los marearon de poder y los llevaron a politizar los casos que investigan. Ahora pagan las consecuencias.

Contra asamblea universitaria por abuso de autoridad

Por Paul Pilco Dorregaray- Radio Titanka.
Asimismo, presentó medida cautelar en Juzgado de Trabajo de Abancay contra resolución ilegal firmada entre “gallos y medianoche” que designa como rector interino a Wilson Mollocondo ¿La SUNEDU avalará maniobra de la argolla altiplánica? Habrían reunido generosa “bolsa” para entregar a funcionarios corruptos.
Una denuncia por abuso de autoridad y medida cautelar de no innovar presentó el rector interino Leoncio Carnero Carnero contra los integrantes de la asamblea universitaria de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (Unamba).
La crisis de institucionalidad de esta casa de estudios superiores nuevamente recrudecida por la “argolla altiplánica” y avalada por un grupo de dirigentes mercenarios, se originó a raíz de la intempestiva decisión que puso fin al mandato de Leoncio Carnero como rector interino mediante la Resolución N°022-2024-(2)AU-UNAMBA del 17 de junio 2024 firmada entre “gallos y medianoche” y designando a Wilson Mollocondo Flores en su reemplazo.
A raíz de esta arbitraria maniobra, Leoncio Carnero denunció a Wilson Mollocondo Flores y Mauro Huayapa Huaynacho (vicerrectores); Max Escobedo Enríquez, Abel Mujica Paredes y Fredy Barrios Sánchez (decanos interinos), Edwar Ilasaca Cahuata (Posgrado) por abuso de autoridad y desconocer lo dispuesto por la SUNEDU que registró sus datos para el período 20 mayo al 31 de julio del 2024.
De la misma forma, contra Rogelio Sillo Sillo, Alex Múñoz Cáceres y Dora Yucra Vargas (delegados docentes asociados) y contra Ronal Álvarez Cartolín (delegado estudiantil invitado), este último en esa condición porque a la fecha no existe representación estudiantil formal en dicho órgano de gobierno.
“…sin cumplir con el debido proceso ni la debida motivación del acto resolutivo, es decir, en forma ilegal y abusiva con el único propósito de anteponer sus intereses particulares frente a los intereses de la universidad y comunidad universitaria, así como despojarme del cargo de rector interino que viene impulsando las elecciones universitarias a fin de lograr estabilizar la crisis administrativa, académica y ejecutiva de la Unamba, por ello, y como una forma de frustar las elecciones alegando hechos que no se condicen con la ley universitaria y el estatuto; lo cual corrobora la designación ilegal de Wilson Mollocondo, quien además no cumple con los requisitos establecidos en el estatuto de la Unamba“, señala el documento.
Cabe precisar, la asamblea universitaria controlada por la “argolla altiplánica” debió designar como rector interino al docente principal a dedicación exclusiva o a tiempo completo más antiguo de la universidad, sin embargo, ante el temor de perder el control de la universidad omitieron adrede este procedimiento interno a pesar que existen docentes de mayor antiguedad, vulnerando su propio estatuto.
¿JUGOSA “BOLSA” PARA LA SUNEDU?
Todo puede suceder. Se conoció que la argolla altiplánica está moviendo todos sus hilos para que el superintendente de la SUNEDU, Manuel Castillo Venegas, ordene el registro de datos de Mollocondo, a sabiendas que Leoncio Carnero debe permanecer en el rectorado interino hasta el 31 de julio de este año y cuya encargatura finaliza con la entrega del cargo a las nuevas autoridades universitarias electas.
No se descarta que la argolla altiplánica volvería a recurrir al apoyo de sus congresistas aliados, entre ellos, el legislador Paul Gutiérrez, trascendiendo por medio que habría una generosa “bolsa” económica reunida para lograr ese arbitrario cometido.
Detrás de esta movida, estarían involucrados varios proveedores que serían los financistas de los últimos acontencimientos ocurridos en la universidad por las angurrias de un grupo corrupto acostumbrado a mercenarizar a los estudiantes y que quiere entronizarse en el rectorado, vicerrectorados y demás órganos de gobierno los siguientes años.

ONG: millones como cancha para organizaciones no gubernamentales

La gran prensa y su entorno recibieron de un solo proyecto de IDEA Internacional y de USAID US$2’794,039.

Por Plinio Esquinarila– Diario EXPRESO.
Cuatro días después de llegar al Perú, y un año después de que su antecesora apoyara a Gustavo Gorriti ante cuestionamientos en nuestro país, la actual embajadora de Estados Unidos en el Perú, Stephanie Syptak-Ramnath pretendió pontificar sobre la ley de las ONG que debate el Congreso de la República. Sin embargo, olvidó hacer el “disclaimer” respectivo: usaba como tribuna un medio al cual su nación ha donado indirectamente, 200 mil dólares.
Esto sucedía en RPP Noticias, emisora que figura como beneficiada en un convenio entre IDEA Internacional (Capítulo Perú) y USAID (Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional que depende de la Secretaría del país norteamericano).
Veamos la historia de este debate sobre las ONG en una dimensión mayor.
El Congreso ha dictaminado un proyecto de ley sobre la transparencia del manejo de los fondos de la cooperación internacional por parte de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), iniciativa legislativa que tiene los mismos parámetros de la transparencia de las leyes del primer mundo, pero resulta que en el Perú no quieren que se aplique.
El problema, sin embargo, no se limita a dicha conducta de las principales ONG en el país, sino que incluso unas 16 embajadas, como las de Canadá y de Estados Unidos, se han entrometido en asuntos internos del debate del citado dictamen, lo que ha sido motivo de una reprimenda del canciller Javier González-Olaechea al embajador de Canadá en  Perú, Louis Marcotte, en la ceremonia del 80 aniversario de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
Si el tema central del debate fuera que las ONG tuvieran en la ley peruana un manejo transparente de los recursos que les llegan del exterior, o en el mismo estándar que los países del primer mundo, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, entre otros, “¿de qué se quejan no solo las ONG, sino sus ahora voceros mediáticos, como El Comercio, La República, RPP y los llamados influencers?”, pregunta el legislador Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores que dictaminó la ley en ciernes.
No es para menos. Un seguimiento de las remesas de millones de dólares del exterior en favor de las ONG en diferentes rubros, ahora resulta que tiene su contraparte en pagos a las empresas de la concentración mediática, como se puede ver en varios proyectos de IDEA Internacional y subvencionada por Estados Unidos por un monto de US$7’355,000.
Se trata de solventar la “Actividad de Promoción de los Valores Democráticos y el Diálogo Político en el Perú”, que es un convenio firmado entre USAID y un Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral de IDEA Internacional con el N°72052723GR00001 por el cual deben asistir y “educar” a los peruanos en los ítems antes indicados.

Fraude electoral: el testimonio de Marrufo expone reuniones clandestinas, manipulaciones de votos y una presunta coordinación ilegal con el JNE, bajo la supervisión de Dina Boluarte, actual presidenta de Perú

Por Jazmine Angulo– Infobae.com
En un contexto marcado por la controversia y la sospecha, las declaraciones de Salatiel Marrufo, exfuncionario del gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte, resuenan en el panorama político. Su testimonio, presentado ante el Ministerio Público en mayo de 2023 y revelado por el programa Punto Final, pone en jaque la integridad de las elecciones presidenciales de 2021. Marrufo asegura que Perú Libre, el partido de Castillo, manipuló decisiones clave del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para obtener una ventaja indebida.
Marrufo declaró: “Vengo a decir la verdad, he sido parte de actos de corrupción de los cuales me avergüenzo”. Estas palabras dieron inicio a una serie de revelaciones que involucran a altos funcionarios y políticos peruanos en una supuesta trama para influir en los resultados electorales. Entre los implicados, menciona a Dina Boluarte, hoy presidenta de la República, señalándola como coordinadora de un acercamiento ilegal con el JNE.

El centro de las operaciones

Salatiel Marrufo, exfuncionario del gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte, ha revelado una supuesta influencia de Perú Libre sobre decisiones cruciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante las polémicas elecciones de 2021. Según su testimonio, Marrufo, Perú Libre manipuló el proceso para obtener una ventaja indebida. La confesión de Marrufo sacude los cimientos del sistema electoral peruano.
Junio de 2021. Tras la segunda vuelta electoral y la publicación de los primeros resultados, el Perú se sumió en días convulsos. El estrecho margen entre los votos obtenidos por los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori dio lugar a una etapa de objeción de actas, buscando su nulidad. Ambas partes, bajo la mirada vigilante y desafiante de sus seguidores, iniciaron procesos legales para impugnar los resultados.
Tres años después de oficializar los resultados de las elecciones más reñidas de la historia reciente, un testimonio inédito ha salido a la luz. En manos del Ministerio Público desde mayo de 2023, este testimonio revela una supuesta influencia de Perú Libre sobre las decisiones de tres magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

EL TESTIMONIO DE SALATIEL MARRUFO

Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, ha hecho públicas dos declaraciones hasta ahora desconocidas de Salatiel Marrufo Alcántara, exfuncionario del gobierno de Castillo y Boluarte. Marrufo, en declaraciones oficiales reveladas en Punto Final, afirma que Perú Libre obtuvo una ventaja indebida en las elecciones de 2021. Este testimonio ha iniciado una etapa de corroboración por parte de la policía y el equipo especial de fiscales.
«Quiero pedirle perdón al país», dijo, entonces, Marrufo. Su confesión envió a prisión a un ministro, una empresaria, un periodista y hasta a un presidente de la República. Él mismo también fue encarcelado. A sus 44 años, Marrufo, oriundo de Chiclayo, se ha convertido en el último gran delator de la corrupción en el Perú, provocando un sinnúmero de investigaciones fiscales simultáneas.

REUNIONES Y COORDINACIONES EN BREÑA DURANTE ANULACIÓN DE ACTAS EN EL JNE

Desde hace unas semanas, diversas personas han sido citadas a declarar como parte de la corroboración del testimonio de Marrufo. En su etapa como funcionario, Marrufo habría actuado como el guardián de los votos de Perú Libre, en la etapa más álgida de la definición electoral: la de las solicitudes de anulación de actas ante el JNE.
Marrufo ha señalado a Dina Boluarte, hoy presidenta, como la persona que coordinó un ilegal acercamiento con el JNE. Este acercamiento involucraba a un excandidato presidencial y a Richard Acuña Núñez, de Alianza para el Progreso.

¿QUÉ DIJO MARRUFO EN SU PRIMERA DECLARACIÓN?

En mayo de 2023, Marrufo reveló detalles de una reunión ocurrida el 7 de junio de 2021 en la Av. Bolivia 724, distrito de Breña. Este lugar, en posesión de Grika Asayag, amiga y mano derecha de Boluarte, fue utilizado como base de operaciones durante la segunda vuelta electoral. Marrufo fue presentado a los abogados que se encargaban de las absoluciones y nulidades, todos convocados por Boluarte.
Marrufo relata que el 7 de junio también fue convocado al Jr. Colón en Breña, donde conoció a Pedro Castillo. En esta reunión, Alejandro Sánchez Sánchez afirmó conocer a Richard Acuña, quien supuestamente tenía contactos en el JNE. Marrufo también identificó a Jorge Armando Rodríguez Vélez como uno de los magistrados influenciados por Perú Libre.

¿CÓMO SE INFLUYÓ EN EL JNE?

Según Marrufo, José Nenil Medina y Alejandro Sánchez operaban como intermediarios para influir en los miembros del JNE por órdenes de Dina Boluarte. Marrufo presentó pruebas de que Perú Libre aseguraba votos favorables en el JNE, lo que les permitió anular el plazo para presentar nulidades hasta el 11 de junio de 2021, beneficiando a su partido.
“El miércoles 09 de junio de 2021, Nenil Medina y Alejandro Sánchez, reunidos en la casa Sarratea durante la mañana, confirmaron que ya tenían asegurados los votos de Perú Libre tanto del magistrado Sanginez Salazar Jobian y de Rodríguez Vélez Jorge, asimismo comentó Alejandro Sánchez que el “1” haciendo referencia a Pedro Castillo Terrones, ya aseguró el voto del “1” del JNE, haciendo referencia a Jorge Salas Arenas”, declaró Marrufo a la fiscalía.
Pero, ¿qué preocupaba tanto a Perú Libre? ¿Para qué, según Salatiel Marrufo, necesitaban votos a favor de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué tenían que votar sus integrantes?
El 11 de junio de 2021, el JNE extendió el plazo para la presentación de solicitudes de nulidad de actas.
“Luego de ello Dina Boluarte encabezó una conferencia de prensa denunciando dicho hecho, que consideraba irregular y que favorecía a Keiko Fujimori, siendo que el JNE dejó sin efecto el mismo 11 de junio de 2021 el acuerdo de permitir las impugnaciones hasta ese día, con tres votos a favor y uno en contra (Arce Córdova), debo precisar que Alejandro Sánchez me llama por WhatsApp a las 3 o 4 de la tarde, para comentarme que ya todo se había coordinado y que el acuerdo se dejaría sin efecto por mayoría, con eso demostraba que los amigos estaban ayudando”, contó el colaborador.
Al parecer bajo presión, el mismo 11 de junio el JNE revirtió esta decisión. Marrufo sostiene que esta reversión fue resultado de la influencia ejercida por Boluarte y sus colaboradores.
Añade Marrufo, sobre la influencia de la hoy presidenta Dina Boluarte: “El 11 de junio de 2021 tuvimos otra reunión con José Nenil Medina, Alejandro Sánchez, Dina Boluarte, Pedro Castillo y mi persona. En esa reunión Nenil Medina y Alejandro Sánchez indican que habían contactado a los miembros del pleno del Jurado, a Jorge Rodríguez Vélez y a Jobián Sanginez Salazar. (…) Y, es la doctora Dina Boluarte quien les ordenó, ella no daba indicaciones, ella daba órdenes, ella ordenó a José Nenil y a Alejandro Sánchez para que intercedan con Rodríguez Vélez y Jobián Sanginez Salazar para que obtengan un resultado favorable”.
Salatiel Marrufo se refiere al espacio de tiempo acontecido entre la primera y segunda posición del pleno del JNE sobre el plazo para tramitar nulidad de actas. Momento en el que, según el colaborador, Boluarte ordenó influir sobre los magistrados para dar marcha atrás a su primera decisión.
Dijo: “La orden que dio Dina Boluarte fue primero que debían de dejar sin efecto la ampliación del plazo para presentar las apelaciones hasta el 11 de junio de 2021 y segundo que declaren infundados los recursos impugnatorios presentados por Keiko Fujimori, o sea dos órdenes claras, expresa: ‘dejen sin efecto la ampliación del plazo para presentar apelaciones hasta el 11 de junio y que además se declare infundado los recursos de apelación’”.

¿QUÉ DIJO MARRUFO EN SU SEGUNDA DECLARACIÓN?

En abril de 2024, Marrufo reafirmó su testimonio inicial, revelando detalles adicionales sobre las reuniones y las órdenes directas de Boluarte para influir en el JNE. Este testimonio ha llevado a que múltiples testigos sean llamados a declarar, incluyendo a Richard Acuña, quien ha negado conocer a Jorge Rodríguez Vélez.
Punto Final solicitó al Jurado Nacional de Elecciones, un pronunciamiento institucional sobre el mismo, solicitud que fue desestimada. Este programa contactó también individualmente a cada magistrado. Salas Arenas hizo saber que no declararía por encontrarse mal de salud, agregando que el jamás se reúne con políticos. Sanginez Salazar prefirió guardar silencio; mientras que Jorge Rodríguez Vélez, hoy fuera de la institución, negó las acusaciones, asegurando no conocer ni tener relación alguna con Richard Acuña Núñez, de Alianza para el Progreso.
Pero hay una persona cuya reciente llegada al Perú no podía ser más oportuna. El testimonio que ofrezca Alejandro Sánchez Sánchez podría ayudar a revalidar, o no, estos supuestos hechos. Y quizá este tema sea el primero por el que deba responder.
Fuente: Frecuencia Latina.

PROCLAMACIÓN OFICIAL DEL NUEVO EQUIPO RECTORAL 2024-2029

El Comité Electoral Universitario, ha proclamado a la lista N°2 como la ganadora en el proceso electoral llevado a cabo el día viernes 21 de junio del 2024, según se muestra a continuación: Julio César del Valle Ballón Rector
Waldo Epifanio Mendoza Bellido Primer vicerrector y vicerrector académico
Anibal Eduardo Ismodes Cascón Segundo vicerrector y vicerrector de Investigación
Mónica Patricia Bonifaz Chirinos Tercera vicerrectora y vicerrectora administrativa
Cabe precisar que el rector y los vicerrectores entrarán en funciones a partir del 9 de julio.
El viernes 21, la Asamblea Universitaria eligió a la lista 2 como ganadora en el proceso de elecciones de rector y vicerrectores. El Comité Electoral Universitario publicará los resultados oficiales el miércoles 26, según el calendario aprobado.

Dr. Julio César del Valle Ballón

Elegido como rector (2024-2029)
Es decano de Estudios Generales Letras y profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Especialidad de Filosofía.
Hizo estudios de Filosofía y Germanística en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Ruprecht-Karls Universität, de Heidelberg, Alemania, donde se doctoró, bajo la dirección de Rüdiger Bubner, con una tesis sobre la determinación de los conceptos de arte y genio en la filosofía de Immanuel Kant.
Sus temas de estudios en filosofía han estado ligados desde un comienzo con el arte y la concepción de la productividad artística. En el área de literatura alemana, que fue su campo de especialización en la Maestría de Germanística, su tema de trabajo fue la obra de dos escritores alemanes: Friedrich Hölderlin y Georg Büchner.
Ha publicado algunos artículos en filosofía, mayormente concentrados en estética y poesía; también tiene publicados dos libros de poemas, llamados Callado Cielo, editorial Pedernal (1994), y El instinto de la memoria, editorial Estruendomudo (2008). Sus poemas han aparecido en diversas revistas y antologías del medio y del extranjero.

Dr. Waldo Mendoza

Elegido como vicerrector académico (2024-2029)
Es doctor en Economía por la PUCP. Profesor e investigador en el Departamento de Economía de la PUCP y miembro del Consejo Directivo del Consejo Fiscal (CF). Ha sido ministro de Economía y Finanzas, miembro del directorio de la Sunedu, presidente del Consejo Fiscal, miembro del directorio del BCRP y viceministro de Hacienda en el MEF. Tiene varias publicaciones. Las últimas son Constitución y crecimiento económico. Perú: 1993-2021, Cómo investigan los economistas. Guía para elaborar y desarrollar un proyecto de investigación, La historia fiscal del Perú: 1980-2020 (con Yuliño Anastacio) y Macroeconomía Intermedia para América Latina.

Dr. Eduardo Ismodes

Elegido como vicerrector de Investigación (2024-2029)
Es ingeniero mecánico por la PUCP, magíster en Comunicaciones PUCP, doctor en Historia de América Latina UPO. Es decano de la Escuela de Posgrado PUCP desde 2021 y fundador de la red interuniversitaria E-Quipu. Ha sido director de Relaciones Académicas de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP (2014-2021), presidente de Sedapal (2011-2014), vicepresidente de Cintecin, miembro de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, Indecopi, decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP (2002-2008), director ejecutivo de Concytec (2001), director académico de Investigación PUCP (1999-2002) y cofundador de la Especialidad de Ingeniería Electrónica (1988 – 1996). Investigador, consultor y promotor de la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento en el Perú. Autor de libros y artículos sobre el tema.

Dra. Mónica Bonifaz

Elegida como vicerrectora administrativa (2024-2029)
Doctora en Gestión Estratégica por la PUCP y el Consorcio de Universidades del Perú, con especialización en Educación Superior (2021), Master of Science in Information Management by The University of Sheffield (UK, 1993), diplomada en Finanzas por Centrum (2006) y licenciada en Ciencias de Información por la PUCP (1988).
Ha sido jefa del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión (2017-2020), directora de Educación Continua– PUCP (2015-2017), decana (e) de la Facultad de Gestión (2009-2015), gerente corporativo de Comunicaciones y Sostenibilidad en HSBC Bank Perú (2008-2009), directora de Negocios en Atento Perú (2000-2006) y gerente de Usuarios en Osiptel (1994-2000). Áreas de interés: gestión de organizaciones, política y gestión universitaria, y desarrollo de la investigación.
Fuente: PuntoEdu PUCP.

Cardenal José Tolentino de Mendonça, ExRector Carlos Garatea Grau y Cardenal Robert Prevost.

¿Tiempos de cambio en la PUCP?

“¡Un sismo de grado 10 ha sacudido a la PUCP! El rector Garatea ha perdido esta semana su reelección, lo que constituye la derrota del ala más caviar que controlaba férreamente ese claustro”.

Por ALDO MARIÁTEGUI– Diario Perú21
¡Un sismo grado 10 ha sacudido a la PUCP! El rector Garatea ha perdido esta semana su reelección, lo que constituye la derrota del ala más caviar que controlaba férreamente ese claustro, vivero de toda esa red “progre” que ha capturado a gran parte del Estado, la política, la prensa y la cultura. El vencedor ha sido el filósofo Julio del Valle, quien, si bien no es un derechista, ya de por sí es una mejora, porque quienes le escoltan -el economista Waldo Mendoza, el ingeniero Eduardo Ísmodes y la tecnócrata Mónica Bonifaz- no integran la galaxia caviar.
Veremos si este claustro se aleja de las doctrinas caviar, feminista radical y ultrawoke que desde de los rectores Lerner Febres (caviarazo), Guzmán Barrón (un débil), Gonzales de Olarte (caviarazo), Marcial Rubio (caviarazo) y Garatea (caviarazo) campean en la PUCP (intensificándose más cada año), porque los antecesores Tola (rector durante 12 años) y Sarabia habían logrado contener bastante el giro a la izquierda que el padre de la caviarada peruana Felipe McGregor había impuesto en los 70 durante sus 14 años de desgobierno.
Un reto particular de esta nueva administración sería contener el tremendo poder de un grupo de profesoras (Pepi Patrón, Francesca Denegri, Marisol Fernández Revoredo, Rocío Villanueva, Patricia Ruiz Bravo y Tesania Velazquez), que, al parecer, influirían desmesuradamente en las posturas ideológicas de la universidad, que se ha radicalizado hacia el wokismo y el feminismo más ultras en los últimos años. Otro punto sería recuperar a la otrora prestigiosa Facultad de Derecho, que ha caído completamente en manos de la caviarada oenegenera y activista.
Todo ese activismo insano (y la lejanía) ha provocado que en la PUCP ya casi no existan estudiantes de los segmentos A y B+, lo que ha medrado mucho sus ingresos. ¿Quién en su sano juicio va a meter a un hijo a una universidad que te lo va a convertir en un rojazo activista woke, obsesionado enfermizamente con el tema homosexual y feminista?

Agenda del Gran Canciller

Que el exrector Garatea tenga su agenda propia, es su problema, pero que el Gran Canciller de la PUCP nombrado por el Papa Francisco, monseñor Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima, acepte esas políticas contrarias a la Iglesia Católica, ha dejado perplejo a un sector de padres de familia de dicha universidad.
¡Qué tal permisividad con el mundo de la agenda proaborto feminista y gay de monseñor Castillo Mattasoglio! Con razón ahora se recuerda en sectores informados de la “nueva izquierda” que era un activista del difunto Partido Comunista Revolucionario (PCR) liderado en los años 70 del siglo pasado por su camarada Manuel Dammert Ego-Aguirre.
Fuente: Diario EXPRESO.