Por Miguel Lagos- Diario EXPRESO.
El último 30 de septiembre se cumplieron cinco años del golpe de Estado vía el cierre del Congreso perpetrado por la coalición caviar que dio soporte político (y mediático) al impune Martín Vizcarra. La actual presidente del Tribunal Constitucional lo ha señalado como un indiscutible golpe de Estado. Hoy muchos se preguntan si Vizcarra debería estar también encarcelado como el golpista Pedro Castillo por este acto antidemocrático.
En 2019 realizábamos algunos comentarios sobre este evento (ver: “30/S, el golpe gris”. M. Lagos 10/10/2019. Expreso) que podríamos traer al presente.
En aquel momento acertaba Enrique Ghersi al afirmar que el ilegal cierre del Legislativo –por “denegación fáctica de la confianza”– fue un golpe de Estado. Y resaltaba un aspecto que pasó casi desapercibido: “Los golpes de Estado, como todas las sociedades, cambian. (…) Este es un golpe muy interesante porque utiliza las zonas grises de la ley. Es el primer golpe en el que la Policía toma el control de la acción política del Ejecutivo. Es una prueba del golpe de Estado que la Policía no haya dejado entrar a los parlamentarios al Congreso. (…) No hay tanques, los militares han querido ponerse de perfil; esas 19 horas que pasó Vizcarra esperando la foto (de apoyo) con los comandantes generales deben haber sido las 19 horas más angustiantes de su vida. Los militares solo se han dejado tomar una foto que es muy parecida a la que se tomó Alberto Fujimori el 5 de abril” de 1992 (Perú21. 6/10/2019).
Ghersi llamaba la atención sobre el rol policial en la pugna por cambiar la pauta de poder político y en la administración de las tensiones que se estimularon calculadamente para vencer a los enemigos del Ejecutivo sin importar cancelar una institución vital como el Congreso de la República. Así, una especie de inédito golpe policial en el Perú obró el 30/S sin el estruendo de los tradicionales blindados castrenses de la prepotencia política del pasado. Ciertamente pues no se vieron tanques en el evento; pero la acción intimidatoria y neutralizante, casi quirúrgica –pre y posgolpe– de cierto manipulado sector policíaco y politizado, hizo lo suyo a favor de Martín Vizcarra y su coalición caviar. Decir esto en ese momento era impopular pero no debe olvidarse que las técnicas para alcanzar poderes ilimitados vía “putsch” o golpes políticos, desmontajes o copamientos antiinstitucionales progresivos se han modernizado con los años.
Bolivia fue con Evo Morales –y hoy ecualizadamente también con Luis Arce– un ejemplo de ese exitoso modus operandi de infiltrar o quebrar instituciones sin tener que usar la acción abierta de las fuerzas armadas ni el descerraje o el bombardeo de los palacios presidenciales y legislativos. Casi siempre moviéndose dentro de las “zonas grises” y “remendando” las líneas legales cuando las rompe. El partido MAS probolivariano y dictatorial en la práctica tuvo y tiene hoy bajo su batuta a casi todas las instituciones bolivianas relevantes. Basta solo una democracia inadvertida para asesinar a esa misma democracia. Solo es cuestión de tiempo, de “salami tactic”, de paciencia estratégica y de precisos sondeos lentos. Así de simple.
Perú ha sido un destacado innovador en estos menesteres de la lucha por el poder, vía el famoso autogolpe del 92 y vía el “golpe fáctico” o “golpe de zona gris” vizcarrista del 2019 que –guardando las distancias de forma pero no de fondo– se vio desenvolverse también entre aplausos populares y presidido por el conflicto. Aquella zona opaca donde se opera, se juega al límite de la legalidad, pero que en este caso llegó a sobrepasar la línea constitucional sin escrúpulos políticos.
Si el autogolpe de 1992 dejó un precedente nefasto, brutal y bullicioso, el “golpe gris” y policíaco del 2019 bajó la valla ya que lo cometido se presentó –maquillado y sutil– como si solo fuese producto de un simple “estiramiento interpretativo” de la Constitución. O a lo sumo, un “error político” o una mera “infracción” fácilmente solucionable con solo pasar la página nombrando un gabinete ministerial “que no asuste” sobre todo a los agentes económicos (muchos de ellos y no pocos mercantilistas se pusieron después “De Pie” por el vacado Vizcarra). Para no pocos funcionales fue incluso “democráticamente impecable”.
En realidad lo cometido por el otrora “popular” Vizcarra y asociados dejaba una receta peligrosa para que cualquier prospecto de dictador pretendiera repetirlo sin consecuencias. Sin importar de qué lado del espectro político surja un posible agresor antirrepublicano, se instaló un riesgo latente muy difícil de bloquear de ser activado, otra vez, como parte del irresponsable juego político de poder.
Volviendo a aquella coyuntura, mientras el vizcarrismo era presentado como el “ganador” de la contienda contra el Parlamento, las celebrantes izquierdas aliadas –incluyendo a las sucursales prochavistas en suelo peruano– se preparaban para ampliar su influjo desde las regiones hacia la capital (lo cual se dio en 2021 con el triunfo de Castillo). Así, no se podía descartar que el gris fuese tornándose cada vez más oscuro para el país.
Y en efecto. Ese afán de interpretación inconstitucional se volvió a dar tres años después con Pedro Castillo y su premier Aníbal Torres quienes en noviembre de 2022 plantearon una cuestión de confianza ante el Parlamento buscando remedar la forzada “denegación fáctica”. Contra ello el Tribunal Constitucional zanjó el asunto el 19 junio de 2023 estableciendo como inconstitucional este autoritario proceder “interpretativo”. Bloqueó así la posibilidad de su nefasta repetición a voluntad de potenciales pillos y tiranuelos incansables de degradar el proceso político democrático a conveniencia.