Por Aarón Salomón- Diario EXPRESO.
Fuentes de EXPRESO detallaron, por ejemplo, que desde un inicio, desde el Gobierno, trataron de evitar que la fiscal de la Nación formule una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte y el premier Otárola, investigados por las graves afectaciones a los derechos humanos de ciudadanos durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Según dicen, para este cometido habrían captado a la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Marita Barreto. Irónicamente, fue la propia Benavides quien la puso en el cargo.
También, al coordinador del Equipo Lava Jato, Rafael Vela, recientemente suspendido por la Autoridad de Control del Ministerio Público por ocho meses, y al fiscal provincial José Domingo Pérez, conocido por sus sendas alocuciones cuando algo le resulta incómodo. Según los voceros, ellos desde sus tribunas habrían pretendido evitar investigaciones que involucran a grupos de poder político y económico.
“Desde allí, el hilo de la madeja se llegaría a enrollar, porque actuaron bajo un complot para la remoción de la fiscal Benavides y posteriormente, estos puedan actuar con total impunidad, inclusive buscaron cesar las investigaciones en curso”, dijo la fuente.

Factor Colchado

Otro protagonista que tendría supuesta participación en esta historia y nexos con el gobierno, sería el coronel PNP Havey Colchado, quien le habría solicitado al premier Alberto Otárola; ¿qué pidió? Pues, ascender al grado de General de la Policía.
Por sus buenos oficios, Colchado le habría dicho a Otárola intermediar, a través de Barreto, generar una crisis institucional que conlleve a la salida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como se hizo con Pedro Chávarry.
El operativo Valkiria V tenía un cometido; ¿cuál sería? La oportunidad del tan ansiado ascenso de Colchado, quien habría ofrecido a Otárola y a Boluarte sacar del Ministerio Público a Benavides, siempre y cuando se le “asegure” su puesto.
Este estilo, dicen, fue usado por Colchado durante el gobierno de Ollanta Humala cuando ofreció a personas del entorno del exjefe de Estado, destruir los audios del caso Madre Mía, siempre y cuando se le “nombre” como coronel PNP, hecho que el exmandatario rechazó porque se trató de un abierto chantaje.

“Dile al filósofo”

En los pasillos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se dice que Otárola es conocido por tener una actitud de frescura y elocuencia, y, como no puede con su “genio”, bien suelto de huesos, casi mandó besitos volados, durante unas declaraciones a un reportero de Panorama. “Dile al filósofo, que todo está bien. Que todo está tranquilo”, en alusión al detenido exasesor Jaime Villanueva.
Refirieron que Otárola sabía lo que se avecinaba: el operativo secreto Valkiria V contra Villanueva. Recordaron que la esposa de Colchado es Marcelita Gutiérrez, persona de confianza y muy cercana a Zoraida Ávalos, fue antes fiscal para casos de terrorismo y derechos humanos. Luego dejó el cargo porque fue ascendida al pool de fiscales de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien la llevó al equipo de Enriquecimiento Ilícito y Acusaciones Constitucionales, pero fue removida por Benavides.

El archivo

Las fuentes aseguran que el archivo de la investigación contra 37 congresistas que habrían recibido dinero para no votar a favor de la censura del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, durante el gobierno de Pedro Castillo, fue realizado en mérito a un informe emitido por la fiscal superior provisional Marita Barreto, entonces coordinadora del Eficcop.
Las evidencias, dicen las fuentes, saltan a luz. El primer indicio es que Otárola al ser abordado por un periodista del dominical Panorama, dijo: “Dile al filósofo que todo está bien. Al filósofo que todo está tranquilo”, el abordaje al premier fue para recoger su versión por los contratos de sus amigas en el Ejecutivo.
En esa línea, durante una entrevista a un canal por cable, Otárola indicó: “Pediremos se aparte a la fiscal Benavides de la investigación, que se realiza a la presidenta y a mi persona (…) reclamamos que se esclarezca todo para que el Perú retome su cauce”.
Y por último, el ascenso del oficial Colchado se habría visto afectado por la Ley 31873, que impide el ascenso a los mejores oficiales de la PNP que hoy combaten organizaciones criminales y a la delincuencia.