El Congreso de la República aprobó el Informe final de la Comisión legislativa que investigó la venta de las acciones de la empresa PetroTech Peruana S.A., que señala que esta transacción hizo perder al Estado más de 482 millones de dólares.
El documento fue aprobado con 75 votos a favor, 16 en contra y una abstención. El Informe, de 440 páginas, será remitido al Presidente de la Corte Superior de Justicia, “para que actúe conforme a sus atribuciones”, señaló un comunicado del Congreso.
El Presidente de la comisión que investigó a PetroTech, Jhony Peralta, explicó a CPN Radio que el Informe recomienda la intervención de la Contraloría y solicitar a la Fiscalía que denuncie a los que resulten responsables en el caso.
El Gobierno peruano pidió al Congreso que investigue la transferencia de la filial peruana de la estadounidense PetroTech a un consorcio colombo-coreano por la presunta participación de la empresa en un caso de espionaje telefónico, unos días después de conocerse la venta de las acciones.
La operación de transferencia, por un total de 900 millones de dólares, se hizo en Estados Unidos pero fue anunciada en Lima por los directivos de la empresa colombiana ECOPETROL y la Compañía Nacional de Petróleo de Corea (KNOC).
PetroTech ha sido implicada en un gran escándalo de espionaje telefónico y de corrupción en el que han sido comprendidos altos funcionarios y ex ministros del gobierno peruano, que se destapó en septiembre de 2008. El escándalo, que motivó la caída del gabinete del entonces primer ministro, Jorge del Castillo, reveló irregularidades en la concesión de lotes petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum.
PetroTech, que explota 80 plataformas en el mar peruano, fue una de las empresas que perdió esa concesión y ha sido señalada, en las investigaciones judiciales, como una de las que presuntamente contrató los servicios de la empresa de seguridad Business Track, que realizó una serie de escuchas telefónicas ilegales conocidas como los “petroaudios”.
Asimismo el Informe aprobado, plantea que se investigue al ex Ministro de Trabajo de este gobierno, Mario Pasco, por el supuesto delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de funcionarios. También se involucra a Rafael Samaniego Bogovich, Jorge Chamot Sarmiento y Miguel Celi, por el presunto delito de colusión. La denuncia comprende además al ex Ministro Jaime Quijandría Salmón en su condición de ex Presidente de CEPRI-Petromar.
Asimismo, el informe recomienda solicitar al Ministerio Público y la Contraloría que formalice una denuncia en contra de los que resulten responsables, específicamente entre 1993 y el 2010.
Fuente: Diarios El Comercio y La República.
William Kallop debe pagar US$270 millones de Impuesto a la Renta
Por Humberto Campodónico
Ayer martes, en aviso pagado, los compradores de Petro-Tech afirman que la operación de compra-venta de las acciones de Offshore International Group, realizada en el extranjero, no tiene que pagar impuestos porque así lo dispone la legislación peruana. Como la empresa se vendió por US$900 millones, el impuesto a la renta de 30% asciende a US$270 millones, cifra que los peruanos vamos a dejar de recibir.
¿Por qué sale ahora este aviso pagado? Porque la Comisión Investigadora del Congreso sobre la venta de PetroTech acaba de dar a conocer su informe final, en el que se establece que dicha venta sí debe pagar impuestos en el Perú. Eso es lo que tiene preocupados a Ecopetrol (estatal de petróleo colombiana) y a la coreana KNOC.
Los argumentos de la Comisión tienen sólidos fundamentos jurídicos que no es posible tratar extensamente en este artículo. Dice el Informe de la Comisión que es incorrecta la cesión contractual (en cristiano, la venta de Petro-Tech) porque no se respetaron los derechos de Petroperú (después sustituida por Perupetro). Afirma la Comisión que conforme al Art. V del Código Civil este acto jurídico carece de validez porque contraviene normas de orden público. Importante.
Con respecto al no pago de impuesto a la renta en el Perú, dice la Comisión que “resulta a todas luces infundado desde una perspectiva jurídica sostener que una transferencia indirecta del capital accionario con derecho a voto dentro del propio Contratista pueda ser el medio eficaz y eficiente para enervar o anular la potestad estatal de soberanía en el aprovechamiento de los recursos naturales”. Aquí la Comisión alude a las maniobras de Kallop para lesionar los derechos del Estado. Solo cabe agregar que existen funcionarios del Estado cómplices de esta ilegal y dolosa situación.
El Informe también describe cómo PetroTech, durante varios años, utilizó el IGV –que le era reembolsado por Perupetro– como un crédito fiscal ante Sunat para disminuir el pago del impuesto a la renta (¿pueden creer que hiciera eso una empresa?). Esto cuesta al fisco nada menos que US$ 78 millones, lo que ha sido ya acotado por Sunat. También dice la Comisión que los montos que declara pagar PetroTech a Sunat por impuesto a la renta desde 1994 al 2007 “no cuadran” por lo que hay “una considerable suma registrada a favor de Petro-Tech”.
Podríamos seguir con los hallazgos de la Comisión, pero estos serán ampliamente discutidos en los próximos días. Desde nuestro punto de vista, sus argumentos debieran ir más allá de la propuesta de renegociación del contrato y plantear su nulidad, de tal manera que Petroperú pueda volver a la explotación de petróleo y a la necesaria integración vertical.
Dicho esto, seguramente se pondrá en marcha una maquinaria política para desprestigiar a la Comisión con el objetivo de que sus conclusiones, así como las responsabilidades políticas que establece queden en nada. No olvidemos, además, que la Comisión ha mostrado vínculos entre Petro-Tech y Business Track (viajes de Giselle Gianotti), todo lo cual tiene relación con el escándalo de los petroaudios, por lo que se quiere barrer bajo la alfombra. Veremos qué sucede en la discusión en el Pleno del Congreso dentro de unos días, aunque parece que ya las decisiones están tomadas.
Defraudación de PetroTech es un delito
El Presidente del Congreso descartó tajantemente lo dicho por la conductora Rosa María Palacios en el sentido que la aprobación del Informe de la Comisión que investigó la venta de acciones de la empresa PetroTech, –de la cual Alberto Varillas Cueto, esposo de Palacios, fue representante legal–, sea una persecución política en su contra por sus constantes denuncias sobre actos de corrupción.
“Rosa María Palacios tiene todo el derecho de dar su opinión, pero nosotros también descartamos cualquier persecución, cualquier mala intención. Los congresistas que forman parte de esa comisión me merecen el mayor de los respetos y además son legisladores que han sido designados por sus grupos políticos, de modo que allí están todos y más de 70 votos a favor no es poca cosa”.
El Presidente del Legislativo señaló también que “en el Informe se habla de un delito muy serio como el de defraudación tributaria, lo que tampoco es cosa menor. Ahora hay que recuperar el dinero que nos pertenece a todos los peruanos y estoy seguro que la SUNAT lo va a hacer”.
Acción Popular
Por su parte el legislador de Alianza Parlamentaria Víctor Andrés García Belaúnde sostuvo que es importante la aprobación de este informe porque le va a permitir al Estado resarcirse legalmente, económica y moralmente de las irregularidades que ha cometido PetroTech desde que se asentó en el Perú.
“Es clarísimo que ha habido delito de defraudación tributaria y aquí hay un tema interesante porque el Estado le pagaba el IGV a PetroTech y sin embargo esta empresa utilizaba ese IGV como crédito fiscal, o sea, ya demasiada frescura. Yo creo que esta empresa ha saqueado y rascado la olla del Estado peruano hasta dónde han podido”, manifestó.
Unidad Nacional
El Vicepresidente del PPC, Javier Bedoya de Vivanco, opinó que a Rosa María Palacios le conviene contar con el apoyo de América Televisión-Canal 4 para seguir con su programa y a través de él defender a su esposo y a las personas involucradas.
Solidaridad Nacional
“Rosa María Palacios no es la catedral del periodismo para señalar que existe una persecución en contra de los medios de comunicación sólo por el hecho de que su esposo Alberto Varillas será investigado por la Fiscalía”, sostuvo Walter Menchola.
El legislador le recomendó a la periodista dejar que su cónyuge aclare su participación en el caso Petro-Tech y no inventar falsos hostigamientos.
Opinó que para Palacios, el mundo es ancho para investigar a otros personajes y funcionarios pero cuando se toca a su esposo se convierte en angosto, con lo cual criticó la utilización de un medio de comunicación para fines particulares.
Alianza por el Futuro
La primera Vicepresidenta del Congreso, Cecilia Chacón, dijo que le suscita una sonrisa que Rosa María Palacios denuncie una persecución política en su contra porque van a investigar a sus esposo, pero no le escuchó decir que los familiares no pueden ser investigados cuando se trataba de casos fujimoristas.
“Además la investigada no es ella sino Varillas que es su esposo, pero no por ser su esposo sino por haber sido el representante legal de una empresa que a todas luces ha estafado al Estado”, indicó.
Petro-Tech incumplió pago de impuestos
La Ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, saludó la decisión del Pleno del Congreso de aprobar el informe final de la investigación por la venta de acciones de la empresa PetroTech y dijo que ésta no es el tipo de inversión que espera el país.
Preguntada sobre si la SUNAT, entidad adscrita al MEF, incidirá en el cobro de los tributos que la empresa petrolera no ha cumplido, Aráoz Fernández señaló que “vamos a trabajar en eso, porque ése es el mandato que nos da la ley”.
Alberto Varillas y Rosa María Palacios aparecen como fundadores de tres ‘services’ de Petro-Tech
William Kallop las habría creado para que SUNAT no conozca sus reales utilidades y así pagar menos tributos.
La sociedad conyugal conformada por el representante legal de PetroTech, Alberto Varillas Cueto, y la periodista Rosa María Palacios figura, según información de Registros Públicos, como los fundadores de tres empresas que actuaron como ‘services’ de la cuestionada Petro-Tech. En la ficha registral de IMI del Perú SAC, empresa constituida por escritura pública el 3 de febrero de 2000, puede leerse claramente que aparecen como socios fundadores Alberto Varillas Cueto, casado con Rosa María Palacios McBride, junto a Manuel Gastañeta. Puede verse además que de un total de 35 acciones, la sociedad conyugal Varillas Palacios contaba con 34 y Gastañeta con una.
En ficha registral
Lo mismo se observa en la ficha registral de Consolidated Group del Perú SAC, creada el mismo día que IMI del Perú SAC, donde también el matrimonio Varillas Palacios tenía 34 acciones mientras Gastañeta contaba con una.
Para mayor coincidencia, ambas sociedades domiciliadas en Talara se constituyeron con un capital social de S/3 mil 500, cada una.
De otra parte, por escritura pública del 2 de abril de 2003 se constituyó la empresa Procesadora de Gas Pariñas SAC, con un capital social de S/10 mil y también domiciliada en Talara. En esta Petro-Tech Peruana S.A. aparece como la propietaria de 99 acciones mientras el matrimonio Varillas Palacios figura con una.
Posteriormente la sociedad conyugal Varillas Palacios transferiría las acciones de esas empresas a Petro-Tech.
El modus operandi
Cuando el año 1993 se le adjudica la explotación del lote petrolero en Talara a William Kallop, éste creó ex profesamente para participar en esta licitación a la empresa Petro-Tech Internacional INC, empresa que postularía ante el Estado.
A los cuatro meses, es decir 120 días después de habérsele otorgado la buena pro, en julio de 1993, Kallop crea otra empresa, Petro-Tech Peruana, con el propósito de evadir el pago del 10% de impuesto con el que se gravaba a las empresas no domiciliadas en el país y que remesaban sus recursos al exterior’ como, era el caso de la empresa original, Petro-Tech International.
Estrategia
Es decir, ni bien ganó el concurso, y antes de la firma del contrato de adjudicación, Kallop ya había planeado incumplir y sacarle la vuelta a la ley peruana y al contrato, haciendo firmar el convenio a otra empresa distinta a la que había ganado.
Kallop se valió de ese argumento hasta el año 2000 para evitar el pago del impuesto que estuvo vigente a la fecha de la firma del contrato y de la adjudicación.
Luego Kallop empieza a crear una serie de empresas, con la aparente la finalidad de triangular pagos y contratos, con el fin de dificultar el control tanto de quien administraba el contrato por parte del Estado, es decir Perupetro, como a la Sunat. Y alrededor de todo esto operaban las empresas subcontratistas de las que era accionista el matrimonio Varillas Palacios.
Es preciso aclarar que a Petro-Tech le convenía tener mayores gastos y menores ingresos, con el propósito de mantener la escala de retribución establecida en el contrato a un nivel que le permita quedarse con el 84 por ciento de regalías, reconociéndole sólo 16% al Estado.
Al tercerizar de esta manera sus servicios Petro-Tech y no comprender, como parte de sus ingresos, las ganancias de las compañía subcontratistas, en la práctica lo que hacía era reducir los ingresos de la principal al incorporarle gastos a través de las facturas que emitían las empresas tercerizadoras a nombre de Petro-Tech, disminuyendo la tributación de la compañía madre que era la contratista con el Estado.
¿Qué hacían?
Petro-Tech, por ejemplo, tercerizó el servicio de seguridad a través de la empresa Risk Control que ya existía en Talara.
Luego forma una empresa que brindaba alimentos a todos los trabajadores, la compañía Catering, también de propiedad de Petro-Tech.
Asimismo existía una empresa –que venía de los años ’80– llamada IMI International, Sucursal Perú; pero en el año 2000 Kallop crea IMI del Perú S.A.C –donde aparece como accionista la sociedad conyugal Varillas Palacios– con el fin de subcontratar a personal que manejen las plataformas y los barcos que eran propiedad del Estado.
Esta compleja telaraña la urdió Kallop con el objeto de evitar declarar ante Perúpetro sus verdaderos ingresos, lo que le permitió obtener una rentabilidad mucho mayor.
Lo reconoció
Incluso Alberto Varillas Cueto reconoció ante la comisión investigadora –que presidió el congresista Jhony Peralta–, que fue él quien, por encargo de Kallop, constituía estas empresas.
De otro lado, en el caso de Procesadora de Gas Pariñas (PGP) –una planta para procesar gas natural– está demostrado que la empresa obtuvo irregularmente sus licencias, tanto del Ministerio de Energía y Minas como de Perupetro; aunque de paso violó el contrato de concesión, ya que éste prohibía que una filial de Petro-Tech procese el gas que le pertenecía al Estado o Perupetro y que extraía Petro-Tech. Este “sistema” operó entre los años 2005 y 2008.
Fue recién en febrero del 2008 que Daniel Saba, presidente del Directorio de Perúpetro, toma conocimiento de esta violación contractual e inicia un duro proceso de cobranza y, además, denuncia la evasión de impuestos.
Procesadora de Gas Peruana PGM se vio obligada a cancelar cerca de US$ 32 millones por regalías a Perupetro, reconociendo asimismo que, en efecto, había violado el contrato. Como puede apreciarse, se trata de un conglomerado empresarial creado ex profesamente para transgredir el contrato, la ley y los tributos correspondientes.
¿Coincidencia?
Precisamente el año 2008 –el de la denuncia de Saba a PGP y el reconocimiento por parte de esta de la violación contractual- coincide con el surgimiento de los inefables ‘petroaudios’, dirigidos –al principio- a comprometer a Daniel Saba y al ex ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, en un supuesto acto de corrupción en torno a la concesión de pozos petroleros.
Saba inició la cobranza de los conceptos contractuales –y de los impuestos que Procesadora de Gas Pariñas (PGP) debería al Estado– para evitar que Petro-Tech alegara que no estaba obligada a pagarlos al amparo de presiones y apelaciones de todo orden.
No faltan quienes piensan que el verdadero fin de los llamados ‘petroaudios’ no fue causar el terremoto político que han generado, sino más bien sacar del camino a Daniel Saba, quien tuvo el atrevimiento de cobrarle a la poderosa PetroTech las regalías y los impuestos que debía pagar.
Antecedente
Un antecedente de esta conducta reprochable por parte de Petro-Tech se dio el año 2000, cuando dada su cercanía con el gobierno de Alberto Fujimori (cabe recordar que Alberto Varillas Montenegro, padre de Alberto Varillas Cueto, fue ministro de Educación durante el gobierno de Fujimori y luego embajador en Costa Rica), Petro-Tech consiguió que el ministro de Energía y Minas de entonces, Jorge Chamot Sarmiento, destituya al entonces presidente de directorio de Perupetro, Juan Assereto, quien había demandado judicialmente a Petro-Tech para que pague los tributos que le correspondía.
Paradójicamente, Asseretto fue reemplazado en la presidencia del directorio de Perupetro por Rafael Samaniego Bogovich, nada menos que renunciante ex gerente de Petro-Tech Peruana.
Finalmente dos interrogantes válidas, tras toda esta conducta reprochable de Petro-Tech y de sus más altos funcionarios, ¿acaso puede decirse que el Estado peruano no está en su derecho de reclamar los dineros que se le adeuda esa empresa y pedir sanciones penales para quienes incurrieron en el fraude y delito de defraudación tributaria? ¿Tiene este tema algo que ver con el ataque a la libertad de expresión, como aprovechó Rosa María Palacios para denunciar, escandalosamente, usando un medio de comunicación para defender un asunto personal, y haciéndolo además con la intención de perjudicar al gobierno acusándolo de violar la libertad de expresión en el preciso momento en que se encontraba en Lima una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa? Saque usted sus propias conclusiones
Varillas lo confirma
EXPRESO tuvo acceso al acta de la Comisión Peralta del martes 21 de abril del año pasado. En ella, el propio Varillas Cueto reconoce haber formado las empresas antes mencionadas y el destino posterior de las mismas. A continuación transcribimos textualmente lo que allí señaló Varillas: “El señor VARILLAS CUETO. – Buenos días congresista. Lo que quedó pendiente fue una precisión, que era el número de acciones con las que originalmente se constituyeron dos compañías: Consolidated Group del Perú SAC e IMI del Perú SAC, y el número de acciones es la siguiente.
Cuando se constituyen ambas compañías se constituyeron con 35 acciones, el capital era de 3 mil 500 soles, y 34 acciones las suscribí yo, una la suscribió el doctor Manuel Gastañeta, que es socio mío en el Estudio García Sayán, y una vez que quedó constituida la compañía esas acciones se transfirieron a los accionistas Offshore Foreign Group y Offshore International Group.
Las dos compañías tienen exactamente el mismo conjunto de accionistas, a diferencia de Consolidated Group del Perú que no ha aumentado su capital. IMI del Perú sí ya, posteriormente, aumentó su capital y hoy día su capital es de 160 mil soles y ya los números de las acciones cambiaron completamente. Pero esa era la información que había quedado pendiente”. Más claro ni el Pisco Portón.
Fuente: Diario Expreso.
En el Perú del cholo y el país baratos
Parte de la extensa investigación realizada en el Congreso contra Petro-Tech descubrió que Kallop creó empresas subsidiarias para “reducir” la carga impositiva, de planillas y beneficios sociales en Petro-Tech. La madre del cordero fue International Marine Inc. del Perú (IMI), que brindaba servicios navieros a través de maquinarias y especialistas supuestamente propios.
Los únicos clientes de IMI eran Petro-Tech y la empresa de remolque marino Sertemar. El gerente de IMI era Daniel Valdizán Montenegro, que también lo era de Talara Catering Service, que a su vez les suministraba alimentación a los trabajadores de IMI. Valdizán Montenegro también participaba en la gerencia de Consolidated Group del Perú SAC, Diving del Perú SAC y Risk Control SAC.
IMI, que era una empresa naviera, llegó a contar con unos mil trabajadores, mientras que la propia Petro-Tech del Perú, que era la productora, tenía alrededor de 600. El Ministerio de Trabajo dio cuenta de la situación y en junio del 2008 ordenó a IMI y Petro-Tech que 980 trabajadores contratados por la primera pasen a las planillas de la segunda.
Los conflictos en torno a la sindicalización también fueron permanentes mientras Petro-Tech fue propiedad de William Kallop. El dirigente Leonidas Campos cuenta que el primer sindicato se formó en 1995. Todos sus afiliados, unos 200 trabajadores, fueron despedidos. “Hasta el momento ninguno ha sido repuesto”, cuenta Campos. Hubo dos intentos infructuosos más de formar un sindicato, en 1999 y el 2002. El último lo encabezó el propio Campos, que fue despedido con los otros 34 trabajadores que se atrevieron a seguirlo.
El 6 de enero del 2003, el gerente legal de PetroTech Peruana, Alberto Varillas Cueto, solicita ante la Dirección de Trabajo la cancelación del registro sindical e inicia acción penal contra Campos, a quien acusaba de falsificar firmas para conformar el sindicato. La Dirección de Trabajo ratificó el registro sindical un mes después y también reiteró que Campos era el secretario general, a pesar de estar despedido.
“La Corte de Talara me absuelve de la denuncia penal de falsificación de firmas en agosto del 2003 y Varillas apela ante la Corte de Sullana, que ese mismo año devuelve el expediente pidiendo un nuevo juicio. En el 2004 la Corte de Talara insiste en mi inocencia y Sullana otra vez pide que se haga una sentencia. Talara archiva la denuncia un año después y Varillas llevó al caso hasta la Corte Suprema de Lima. La Sala Penal Permanente ordenó el archivamiento definitivo de mi caso y demandó a PetroTech Peruana por daños y perjuicios, solicitando medio millón de dólares”, dice Campos.
El 14 de marzo del 2004, Campos gana su derecho a la reposición en dos instancias. La compañía lo reincorporó en setiembre de ese año. Hasta el momento la empresa no le paga los devengados por el tiempo perdido de su despido nulo.
“Kallop era una persona que violaba los derechos laborales”, señala Campos. “Nosotros los denunciamos ante la Embajada de los Estados Unidos y ante la OIT por la violación de los derechos laborales, lo que motivó que ellos manden observadores al país para que vean cómo Varillas metía temor a los trabajadores. Mandaba a sus funcionarios a las casas de los trabajadores para que hablen con sus esposas, señalando que si se afiliaban al sindicato lo despedían o lo cambiaban de puesto de trabajo en condiciones perjudiciales para ellos. Había un atropello total a los derechos laborales”, finaliza el dirigente.
Fuente: Revista CARETAS.
Comisión del Congreso recomienda renegociar contrato con SAVIA
La Comisión Parlamentaria que investigó la venta de las acciones de PETRO TECH a SAVIA Perú SA, un consorcio colombiano-coreano; recomendó la renegociación del contrato.
El referido documento fue firmado a principios de la década de 1990 para la exploración y explotación del lote petrolero Z 2B, y la recomendación surge a partir de las presuntas irregularidades encontradas.
El informe final de la referida comisión también determinó que el perjuicio económico generado al Estado por dicha empresa asciende a la fecha a 480 millones de dólares.
Johnny Peralta, presidente de ese grupo investigador, dijo que se planteó a la SUNAT y a los organismos judiciales que inicien las investigaciones dirigidas a denunciar a los funcionarios William Kallop Moore, Alberto Varillas y Rosy Gadea por defraudación tributaria y corrupción, al haber favorecido presuntamente a dicha firma.
Asimismo, que se remita todo lo actuado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, a fin de determinar si procede el juicio político y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez años, para los ex ministros Jaime Quijandría, Jorge Chamot y Carlos Herrera Descalzi, presuntamente comprometidos en el tema.
Peralta precisó que a lo largo de las pesquisas se encontraron elementos que establecerían que Petro Tech habría financiado en 2008 el pago de pasajes de avión a la ciudad de Piura de Giselle Giannotti y Martín Alberto Fernández Virhuez, quienes están comprometidos en el caso de las interceptaciones telefónicas.
De igual manera, que algunos funcionarios y trabajadores de Petroperú recibieron pasajes aéreos y viáticos de la referida empresa.
Peralta explicó que las supuestas irregularidades referidas a Petro Tech se generaron desde inicios del decenio de 1990, cuando se estableció el contrato de servicios que se firmó entre el Estado peruano y la misma, para la exploración y explotación del mencionado lote, que se encuentra ubicado en el zócalo continental, frente a Talara.
Añadió que, en ese entonces, se halló responsabilidad en algunos funcionarios de Petroperú que no aplicaron los mecanismos de control necesario a fin de garantizar los intereses del país.
Sostuvo que también se ha certificado que la referida firma se dedica al procesamiento de gas a través de otra empresa (Procesadora de Gas Pariñas), violando una serie de normas y sin pagar los debidos impuestos.
Peralta indicó que la mala administración del contrato, traducida básicamente en la falta de mantenimiento de las plataformas petroleras que opera la empresa, le ocasionó al país una pérdida de siete millones de dólares.
“Osinergmin ha establecido también que por efecto de los mecanismos sancionadores y las multas a las que se ha hecho acreedora la empresa, ésta debe pagar un monto ascendente a 54 millones de dólares.”
Agregó que Petroperú ha estimado que Petro Tech adeuda 66 millones de dólares por el no pago de una compensación; y la Sunat ha realizado reparos a dicha empresa por un uso indebido del IGV como crédito fiscal, por 78 millones de dólares.
Marisol Espinoza, congresista por Piura del Partido “Nacionalista”
El congresista nacionalista Cayo Galindo reveló ayer que la bancada humalista fue prácticamente obligada por una cuestión de “disciplina” a votar en contra del informe Petro-Tech, pero que “muchos no estaban de acuerdo con esta decisión, yo particularmente creo que se debió votar a favor de este trabajo realizado”.
“Particularmente creo que se debió votar a favor de este informe por más que tenga algunas inconsistencias en su contenido y que no hayan sido lo suficientemente profundos en la investigación realizada. Lo importante es que no podemos dar una imagen negativa a la opinión pública, que ha creído que hemos querido blindar a algunos personajes del actual y anterior régimen por este tema de Petro-Tech”, consideró.
Asimismo, Galindo Sandoval exhortó a la vocera de la bancada nacionalista Marisol Espinoza para que brinde las explicaciones del caso, las cuales puedan ser ofrecidas a la ciudadanía para que no se forme ideas distorsionadas.
Del silencio de los inocentes a la alharaca de los culpables
Por Humberto Abanto Verástegui
A propósito de la campaña mediática de financistas de “chuponeadores” contra la Comisión Peralta.
I. Orígenes de una investigación
El escándalo de las escuchas ilegales en el caso Discover Petroleum puso en evidencia que el virus del montesinismo ha provocado una pandemia, caracterizada por la pérdida total de escrúpulos y reparos morales en el logro de los objetivos, que viene causando terribles estragos en amplios sectores de la sociedad peruana, especialmente en una significativa porción del empresariado y de sus consejeros legales.
A tal grado llega el mal que, en el caso Petro-Tech, las escuchas ilegales alcanzaron el teléfono de Allan Wagner, representante diplomático encargado de preparar la demanda peruana que persigue ponerle fin al diferendo marítimo con Chile, e inclusive escaló a la formación de una alianza entre interceptores de comunicaciones, cierto sector político de gran presencia mediática y una prensa sedienta de escándalo, que tuvo el propósito de traerse abajo al gobierno de AGP.
Intereses petroleros, avezados consejeros legales, sepulcros blanqueados de la izquierda caviar y periodistas ambiciosos tejieron una telaraña que pretendió envolver el mismísimo Palacio de Gobierno, ahogando a sus ocupantes. Pero el chasco fue inmenso. No sólo el Jefe de Estado no estaba en la colada, sino que cargó con ferocidad contra quienes pretendieron hacer de su política y su gobierno un vil negociado culpable, por decirlo en palabras del joven Haya.
Ello no obstante, fue imposible evitar la sensación de que algo se pudría en Dinamarca y, lamentablemente, también en el Perú. El Congreso en una de las maniobras defensivas más audaces y peligrosas de los últimos tiempos, puso en marcha –por ajustado margen, es cierto– una comisión investigadora sobre las razones de la venta de las acciones del grupo empresarial al que se acusaba de promover el espionaje y de las contingencias tributarias y demás que pudiese haber provocado.
II. Un trabajo prolijo
La investigación fue encargada a los congresistas Jhony Peralta, Aldo Estrada, Cecilia Chacón y Wilder Ruiz. Los investigados, por supuesto, guardaron la esperanza de que el grupo de trabajo parlamentario honrase la tradición congresal y concluyera su tarea con un informe que ni pinchase ni cortase. Menudo desengaño deben haber sufrido, pues al terminar el apretado plazo que se le concedió, la Comisión Peralta evacuó un demoledor informe que podría hacer que más de un empingorotado personaje vaya a dar con sus huesos a la cárcel y sus bienes al Tesoro Público para resarcir tan colosal defraudación al Estado peruano.
El informe final cuenta una historia desoladora. Un voraz empresario petrolero tejano –una especie de J.R. Ewing, para quienes recuerdan la famosa serie Dallas–, con la desenfadada complicidad de consejeros legales y funcionarios peruanos, se hizo de un suculento lote petrolífero en explotación –es decir, sin arriesgar nada– y de más de una veintena de plataformas petroleras. Al cabo de quince años, el lote petrolífero producía casi la mitad de lo que producía antes de ser sacado a concurso y las plataformas petroleras son hoy mucho menos de veinte; y el audaz tejano, que sólo debía recibir una retribución por su trabajo, acabó arrojando unas cuantas monedas al platillo de un Estado sometido a sus caprichos, y cargó con el santo y la limosna.
Ministros de Estado, presidentes de empresas públicas, directivos de procesos de privatización y hasta funcionarios de segunda y tercera línea desfilan horripilantes por el informe, obedeciendo no los dictados del Estado peruano, sino los del voraz e insaciable petrolero tejano. Una historia que pone al Perú a la altura de cualquier republiqueta africana y hace evidente el poder que adquirió William Kallop con el auxilio de los felipillos de lujo que arrendó junto con las plataformas petroleras y que llegó a ser tan grande que puso PETROPERÚ bajo su control, a través de sus ex empleados de confianza. Mejor, imposible.
La cereza de la torta en el informe es que, en un giro inesperado del destino, mientras la Comisión Investigadora buscaba identificar el procedimiento por el cual Petro-Tech inflaba los gastos aplicables al Factor R –método de determinación de su retribución como Contratista–, encontró la prueba de los viajes que Petro-Tech, el 2008 –es decir, en el acmé de las escuchas ilegales–, pagó a Giselle Gianotti y Martín Fernández Virgüez, dos conspicuos procesados por las interceptaciones telefónicas en el caso Discover Petroleum.
III. Ladran Sancho…
Hecho público el informe y ya repuestos del susto, William Kallop y sus secuaces han iniciado, con la feliz complicidad de los sepulcros blanqueados de la prensa nacional, una feroz carga mediática contra la tarea de la Comisión Peralta, acusándola de pretender gravar operaciones fuera del Perú, violar la santidad de la cosa juzgada arbitral, arrogarse las potestades de la Administración Tributaria y jugar al Juez Supremo. Obviamente, nada de ello es cierto, pero el aparato propagandístico que suplanta a la prensa en el Perú buscará imponer en la opinión pública la versión del cliente de turno, aunque nada de ello sea verdad.
Ello no obstante, las cosas son lo que son y no lo que se dice que son, según el principio de realidad aplicable al caso Petro-Tech. Así, las preguntas y respuestas de rigor son: ¿Qué contenían, en realidad, las acciones de la matriz del Grupo Petro-Tech? El patrimonio de la matriz del Grupo Petro-Tech está formado por el total de acciones de una off shore que posee el control total sobre otra persona jurídica que, a su vez, posee el control absoluto sobre Petro-Tech International Inc., la que, a su vez, posee el control absoluto sobre Petro-Tech Peruana S.A., la que, a su vez, es titular de las participaciones sobre el Contrato de Operaciones de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Zócalo Continental– Lote Z-2B. ¿Alguna de las sociedades tiene siquiera un valor que no provenga de su relación, directa o indirecta, con el Contrato sobre el Lote Z-2B? Ninguna. En su momento, Petro-Tech y el apoderado de Kallop han admitido que el principal activo era Petro-Tech Peruana. ¿Qué poseía esta persona jurídica? El Contrato sobre el Lote Z-2B y ocho concesiones petrolíferas más. ¿Qué fue, entonces, lo que en realidad se transfirió? Evidentemente, William Kallop transfirió por vía indirecta las participaciones de Petro-Tech Peruana sobre el Contrato de Operaciones de Exploración y Explotación en el Zócalo Continental – Lote Z-2B, una empresa petrolera establecida en el Perú que, según define el artículo 9º, inciso h), de la Ley del Impuesto a la Renta, constituye renta de fuente peruana y, por tanto, su transferencia está gravada con el 30% sobre el valor total de la operación.
Los interesados y los estúpidos querrán ver otra cosa. A los primeros porque les conviene ocultar la verdad. A los segundos porque no pueden encontrarla aunque los muerda. Pero hace mucho tiempo que el Derecho va más allá de las formas para llegar a la verdad material y ésta es que a ECOPETROL y KNOC le fue transferido el íntegro de las participaciones del Grupo Kallop sobre el Contrato de Operaciones de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Zócalo Continental– Lote Z-2B. Nada más, nada menos.
Por otra parte, la deuda tributaria generada por el uso indebido que Petro-Tech dio al crédito fiscal del IGV pagado por PERUPETRO S.A. ya fue determinada por la SUNAT. Otra cosa es que Petro-Tech la haya reclamado ante el Tribunal Fiscal, pero la acotación tributaria está allí innegable. Así que la Comisión no se ha arrogado potestad tributaria alguna. Respecto del arbitraje, debe quedar claro que la cosa juzgada protege las sentencias y laudos firmes que sean fruto de proceso regular y del ejercicio, también regular, de la potestad jurisdiccional. El Tribunal Arbitral que conoció el Caso Petro-Tech Peruana-PERUPETRO se pronunció acerca de que un determinado impuesto no era aplicable a Petro-Tech Peruana y ésa es una materia que concierne directamente a las funciones de imperio del Estado, es decir, un asunto que conforme al artículo 1º, numeral 4, de la Ley General de Arbitraje que rigió el caso, está vedado a los árbitros.
Finalmente, como han resaltado los fieles de la Iglesia de William Kallop de los Santos de los Últimos Días, las conclusiones de una Comisión Investigadora del Congreso no vinculan a los poderes públicos y se realizan con independencia de las actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, aunque en algún momento puedan servirles de derrotero. Así que no es posible entender porqué tanto brinco si el suelo está parejo o, mejor dicho, porqué el sospechoso paso del silencio de los inocentes a la alharaca de los culpables.
Fuentes: La República 16.05.09 y 21.05.09; La Razón 20.05.2009; http://agenciaperu.tv
Declaraciones del Dr. Daniel Saba de PERUPETRO a CARETAS
La breve entrevista se hizo apenas aterrizó de un viaje por China y Corea del Sur. Pero las explosivas revelaciones que hizo durante un diálogo más extenso ameritan la siguiente publicación.
Usted ha dado a entender que sospechaba de Petro-Tech como la empresa que estaba detrás de los “petroaudios”. ¿Qué le molestaba a ellos de Perupetro?
–Era todo junto, porque la empresa estaba en venta pero en US$ 2 mil millones, y termina vendiéndose en US$ 900 millones. El negocio se cae de una manera importante. Hay otro detalle, cuando se hizo el pago se retuvo US$ 150 millones por contingencias que pueda haber. Supongo que de encontrarse que Petro-Tech estaba detrás del chuponeo ese dinero tendría que pasar al Estado peruano. Lo peor que les puede pasar a ellos es que una persona que no está tachada por nadie, como era yo, los acuse. Como decía Camus, solo cuando todos seamos culpables habrá democracia. Es la democracia que les gusta a ellos, me tienen que culpar de algo para que yo esté en su mismo nivel. Se trata de enlodar a todo el mundo y lo hacen con los audios, solo que se está poniendo más patético porque este asunto (que lo involucra con Julio Vera Gutiérrez y Jorge del Castillo) no tiene ni pies ni cabeza.
¿Cuál era la relación de Perupetro con Petro-Tech antes que usted llegara a la entidad?
–Para los que están vinculados al mundo del petróleo lo de Petro-Tech no era ningún misterio. Todos sabían que hacían lo que les daba la gana, desde su misma creación y cuando se adjudican el lote Z2B allá en el 93. Hubo mucha gente muy vinculada a ellos, también vinculada al gobierno (de Fujimori), que ayudó a que esta empresa gane ese lote. En el período de Toledo hay una tolerancia especial. Lo de la planta de gas de PGP es una de las cosas más escandalosas que se ha dado en el Perú, porque era un robo directo al Estado. Le robaba sus hidrocarburos con la anuencia del Estado peruano. Cuando se inaugura esa planta donde se consuma el robo, van representantes del gobierno a festejar. Es una vergüenza, pues.
¿Cómo conoció a William Kallop?
–Cuando entró a Perupetro y se lanza el primer proceso de licitación, uno de los primeros viajes que hago es a Houston y allí Petro-Tech invita a toda la delegación peruana y a otras personas a una comida. A la salida de la comida, cuando me despedí de Kallop, me dijo con una sonrisa realmente mafiosa, “cualquier cosa que necesites me avisas”. Después fuimos viendo todas las cosas que se llevaban mal y empezamos a ajustarlos. Primero les cobramos el impuesto a las utilidades empresariales, que era un caso que ellos no querían ver, durante todo el gobierno de Toledo se habían negado sistemáticamente a pagar y la verdad sea dicha, Perupetro tampoco cobraba con mucho entusiasmo. Después vino el tema de PGP. En los dos casos decíamos, “o lo solucionamos o te rescindo contrato”. La resolución de contrato implicaba un juicio previo, pero si eso sucedía no iban a vender. ¿Cómo vendían si eran una empresa que estaba en juicio con el Estado? Cuando le planteamos lo de PGP, una persona de Petro-Tech les dijo a los técnicos nuestros: “esta nos las pagan una por una”, y parece que sabía de qué estaba hablando. Finalmente pagan lo de PGP e incluso se allanan a no reclamar más, pero después sale el escándalo de los petroaudios.
¿Lo de ahora sería una nueva vendetta?
–O es una vendetta o es una protección para los US$ 150 millones, pero viniendo de esta gente no me extraña. Kallop es un sujeto sin mayores escrúpulos, es conocido por eso. No es de las personas que reparan en qué daño están haciendo. Él sigue adelante.
¿Lo volvió a ver después del evento de Houston?
–Aquí, cuando le dijimos que íbamos a ir a juicio en el caso del impuesto a las utilidades, vino acá a plantear un arbitraje internacional. Se le dijo que se iba a consultar al directorio y ellos dijeron que no.
Ya le había ido bien en otro arbitraje muy cuestionado.
–Ese es el otro caso típico de Kallop, poner a un presidente del directorio que venía de Petro-Tech en Perupetro.
La sutileza no era su fuerte.
–Es tejano, pues. Y, mira, cuando el directorio le dijo que no, el que más me apoyó en esa decisión fue Quimper. Como había trabajado en Petro-Tech los conocía y creo que le habían quedado debiendo plata.
¿Cuál era el papel del abogado Alberto Varillas?
–Era el representante legal.
¿Pero era solo un abogado?
–No, mucho más que eso. Era algo así como el alter-ego de Kallop.
¿Qué declaró usted en el juicio del “chuponeo”?
–Me llamaron como testigo y cuando me preguntaron quién creía que era, dije que Petro-Tech. Al otro día sale Giselle Giannotti diciendo que el lobbista Rómulo León está preso y los demás sueltos. ¿Quién le dicta lo que tiene que decir? Hay gente que trabajaba acá que ha estado metida en esto. No sé si recuerdas cuando (Fernando) Rospigliosi saca el documento del puntaje cero (la calificación que recibió Petro-Tech antes de asociarse con Petroperú) en la televisión, ese documento no lo tenía nadie, salió de Perupetro. La persona de la que sospechaba ya no está en la empresa.
Hablemos de Alberto Quimper. En el audio parece que de alguna forma usted supiera que él trabajaba para los noruegos de Discover.
–Cuando pasa lo del audio yo no sabía que Quimper trabajaba para los noruegos, pero sí sabía que él los conocía a los noruegos, porque cualquier empresa que iba a Perupetro con intención de invertir era conocida por los directores.
¿Con Petro-Tech corriendo solos en exploración de zócalo la competencia era bienvenida?
–Claro, sobre todo de empresas que tuvieran una especialidad off shore y que pudieran ir más adentro. Petro-Tech está costa afuera pero muy cerca. Allí se sabe ya cuál es el potencial. A nosotros nos interesa saber cómo tiene Brasil, por ejemplo, qué es lo que hay adentro. No olvidemos que Discovery se adjudica áreas de las que no se tiene ninguna información. Con el nivel de conocimientos actuales lo más probable es que no haya nada y la inversión que se tiene que hacer en pozos profundos es enorme. No es un negocio seguro de ninguna manera.
¿Cuál ha sido el impacto de los “petroaudios” en el negocio?
–La empresa Perupetro quedó destrozada. Nadie quiso firmar un informe, ningún documento, un nivel de desmoralización terrible, y eso era algo que a empresas del tipo de Petro-Tech les convenía, porque ya no se fiscaliza. El trabajo que se ha tenido que hacer para recuperar la empresa ha sido muy arduo. Por eso que este lanzamiento de la licitación 2010 es todo un acontecimiento. No se lanza licitación en el 2009 porque la empresa estaba como estaba. No había quien quisiera formar una comisión.
¿Qué se va a licitar este año?
–23 lotes en la selva y uno en la costa.
¿En que quedó la licitación de los petroaudios?
–En punto muerto. Ellos (Savia, ex PetroTech, ahora propiedad de las estatales de Corea del Sur y Colombia) no han renunciado. Inclusive ahora que estuve en Corea me preguntaron cuándo les iban a dar los dos lotes que ganaron. Los noruegos siguen pagando su fianza de cumplimiento de palabra. Tampoco se puede disponer de esos lotes.
¿El que sigan pagando su fianza significa que tampoco quieren ir al choque?
–Por lo que ha trascendido en el juzgado estarían dispuestos a hacerle juicio al Estado. No sé si será una bravata, pero supongo que estarían más contentos si se les devuelven sus lotes. Es una decisión política muy difícil y la pelota está en la cancha de Palacio.
¿Es usted amigo del Presidente?
–Lo de amigo del Presidente es un exceso, tengo una relación con García de mucho respeto pero nunca hemos sido amigos. Ahora está circulando la versión de que somos amigos de niños y que hemos estudiado en el mismo colegio. Recién lo conocí en el 2001. Cuando llegó de Colombia reunió a un grupo de tres o cuatro personas para enterarse cómo estaba la situación del país y después no lo volví a ver hasta que me llamó. La amistad no existe.
Con los últimos audios se ha dado entender que hay un tráfico de influencias donde se beneficia el amigo del entonces primer ministro y usted fue presionado para ello.
–No hubo ninguna presión de ningún tipo y el informe legal y técnico, necesario para que esto entre a directorio, fue anterior a las llamadas de Quimper. No hay ninguna relación directa entre las llamadas y que esto entre a directorio; iba a entrar de todas maneras. Para que tenga efecto la aplicación de esta ley se necesita la aprobación del directorio de Perupetro y un decreto supremo. Solo así el beneficio podía entrar en vigencia para la empresa, en este caso Petrolera Monterrico.
¿Entonces el lobby se tenía qué hacer en el Ministerio de Energía y Minas?
–Por supuesto, pues.
Pero se puede pensar que después se haría el lobby con el MEM.
–¿Entonces por qué no lo hicieron y el tema se quedó muerto? (el MEM rechazó el informe de Perupetro que recién lo volvió a enviar al ministerio en junio de este año. El beneficio no se aprueba hasta hoy). ¿Allí había un aprista (Juan Valdivia) y Vera Gutiérrez le da un departamento de Del Castillo porque su trámite fue aprobado por el directorio de Perupetro? ¿Es una satisfacción orgásmica el haber aprobado en Perupetro? No entiendo, no tiene sentido. Tampoco quiero aparecer como abogado de Del Castillo porque no lo soy y con él tengo menos amistad que con García. No sé por qué han hecho la permuta pero no tiene relación con este caso. ¿Si por esto le dan un departamento entonces cuando salga el Decreto Supremo qué le darán? ¿Un avión?
¿Cuáles con las características del pozo de Vera Gutiérrez?
–17 barriles diarios. Ahora ha subido un barril, están en 18. Por ese pozo no vale la pena ni tomarse un café. Para que un pozo sea decente, digamos, tendría que tener mil a mil 500 barriles.
¿Cuánto podría ganar este señor con el beneficio de la ley?
–160 dólares diarios de regalías.
Dice que los técnicos habían aprobado ya el pase al directorio el tema de Monterrico. ¿Cuándo fue eso?
–En marzo del 2007 se nombra a la comisión y el 1 de abril del 2008 dan su informe. Las llamadas de Quimper son del 14 de abril de ese año. Yo particularmente estoy en contra de dar incentivos con precios altos pero la ley es la ley. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos para no cumplir una ley?
Se llama Ley de campos marginales porque los lotes del noreste estaban produciendo ya muy poco. El espíritu de esa ley era incentivar a los contratistas para que inviertan más y produzcan más en los lotes que prácticamente ya estaban agotados. Eso tiene sentido en un contexto de precios mucho más bajos, no tiene sentido en el contexto de precios más altos.
¿Usted estaba de acuerdo con el proyecto de ley presentado por José Carrasco Távara para extender los beneficios?
–No estoy de acuerdo con ese ni con el otro proyecto que está ahora en el Congreso que se llama Segunda aplicación de la 28109, y nosotros allí hemos opinado en el Congreso que no. Con el precio a US$ 85 el contratista no necesita mayores incentivos para seguir trabajando.
¿Esta ley debería derogarse?
–Ya se aplicó a todas las que podían beneficiarse. Era aplicable solo en los campos marginales de Talara.
¿Qué opinión le merece la secuencia de publicación de los audios?
–El objetivo sigo siendo yo. No es solo la secuencia sino la manera como los presentan. Esto es un psicosocial que no es asunto de amateurs sino de profesionales. Primero el audio donde se escuchan las voces de los supuestos delincuentes, después música de Wagner de fondo que ya da qué pensar, y después termina y el locutor arremete diciendo “esto es un delito”. Al pobre televidente no le queda más que pensar que todos son unos delincuentes. Todo fue planificado por profesionales.
PetroTech (I)
Por Cecilia Valenzuela
Hace poco más de seis meses, la publicación de varias conversaciones entre Alberto Quimper, desde entonces conocido como “Don Bieto” o “Faenón”, y el antiguo ministro aprista, Rómulo León Alegría; tuvieron la resonancia de una bomba y provocaron la caída del gabinete Del Castillo, una contundente baja de popularidad del Presidente en las encuestas, los titulares de primera plana de casi todos los diarios de Lima denunciando el hecho y la remoción de dos periodistas destacados como Fernando Ampuero y Augusto Álvarez Rodrich (digo remoción y no despido porque ambos salieron de El Comercio muy bien indemnizados).
Sin embargo, ahora que la Comisión que ha investigado la reciente venta de la concesionaria petrolera Petro Tech Peruana S.A. a una empresa de capitales colombianos y coreanos y, ha llegado a conclusiones realmente insospechadas; ahora, que los documentos que se han descubierto detallan y revelan delitos de corrupción de funcionarios, evasión tributaria y colusión; ahora, la mayoría de los periódicos de ayer guardan un sospechoso pero escandaloso silencio.
Cuando la denuncia la hicieron Rospigliosi, José Ugaz, América Televisión -donde trabaja la esposa de uno de los acusados por la Comisión Investigadora- y el Perú 21 de Álvarez Rodrich, la unanimidad de la colegada fue rotunda. Entonces, el tema merecía toda la atención. Pero cuando se descubre que quienes habrían pagado para que se chuponee a Don Bieto y a Don Rómulo no lo hicieron por un afán moralizador, sino porque ese par pretendía entrometerse en sus acostumbrados paseos por las leyes del Estado y sus recursos naturales, en sus increíbles estilos de evadir impuestos y en su abierta política de corromper funcionarios de Petroperú y Perupetro. Ahora, insisto, la gripe porcina o Manuel Burga son más importantes.
Aparentemente todo comenzó cuando Petro Tech se enfrentó a una competidora llamada Discovery por la adjudicación de los lotes petroleros de los que hablaban precisamente “Don Bieto” y “Don Rómulo” cuándo fueron “chuponeados” por la empresa Bussines Track, de propiedad de los ex almirantes Ponce Feijoo y Tomasio Lambarri. Sin embargo, todo indica que la razón que realmente motivó el espionaje industrial no habría sido el interés por la adjudicación de esos lotes, sino por una vieja arruga tributaria que una empresa “burbuja” de Petro Tech creada por su dueño, William Kallop y su gerente general Alberto Varillas Cueto, llamada PGP, le tenía al Estado.
La leyenda urbana refiere que Alberto Quimper, reputado experto tanto en la ley como en la trampa, fue contratado por Petro Tech para solucionar el problema de PGP y, que lo habría hecho en menos de lo que canta un gallo. Que cobró cinco mil dólares por la faena pero que en el camino -en realidad en la piscina del Club Nacional- se enteró que Petro Tech les pagaba a sus abogados de cabecera entre diez y dieciocho mil dólares mensuales. Cuentan las lenguas viperinas de ese otrora recinto aristocrático, que herido en lo más hondo de su vanidad, el viejo Quimper montó en cólera y buscó a Kallop y a Varillas para exigirles un “Honorario de Éxito”. La mismas voces profieren que Kallop mandó sacar con elementos de su seguridad al añejo abogado de sus oficinas y, usted ya podrá imaginar lo que le dijo sobre su “Honorario de Éxito”.
La venganza es un plato que se come frío, debe haber pensado Don Bieto mientras se acomodaba el saco tironeado. Y así fue, cuando terminó el gobierno de Alejandro Toledo -conocido protector de Kallop, consuetudinario veraneante en las casas de verano de Petro Tech en Punta Sal y gran compañero náutico del gringo vivo- Quimper obtuvo una designación en el directorio de Perupetro y se encargó de que los detalles que él había arreglado para Kallop un año atrás, se conocieran en el cogollo de la empresa estatal.
Daniel Saba, quien desde hacía años tenía a Petro Tech entre ceja y oreja desde que se fundó con la privatización de Petromar en 1992, le puso la mira. Un par de meses antes de que se convocara a la licitación para las nuevas exploraciones, Saba logró que la SUNAT acotara a la empresa de Kallop por doce millones de dólares; cobrándole, así una parte de los impuestos que no había pagado por explotar el gas natural que su otra empresa PGP comercializaba a partir del lote Z-2B que explotaba en Talara hacía 15 años.
La Comisión Peralta ha encontrado pasajes, recibos de alquiler y gastos de hospedaje pagados por Petro Tech, a favor de altos funcionarios de Perupetro y de Petroperú hasta el año 2008. Lo más complicado, pero no menos rastrero es que también ha hallado pagos de pasajes y de hoteles en Piura a favor de Fernández y Gianotti, dos de los empleados de Bussines Track, la empresa chuponeadora. Dos agentes de una empresa dedicada al espionaje industrial, que usaba de fachada la seguridad, eran invitados en el 2008 por Petro Tech, léase Kallop y Varillas Cueto, a la zona más caliente del Perú ¡Azúcar!
Cómo usted habrá podido observar, uno de los dramas de Lima y los limeños es el paterío: ¿cómo vamos a desconfiar de tal doctor si es un destacado jurista? Le he escuchado decir al abogado de Kallop. En otras palabras ¡cómo se les ocurre acusar a gente conocida! Sin embargo, lo cierto es que después de leer el informe de la Comisión Peralta, una se queda boca abierta. El cuajo con el que el gringo vivo y sus empleados peruanos manosearon una concesión rica en bienes naturales es repudiable. También la forma cómo han corrompido funcionarios de los gobiernos de Fujimori, Paniagua, Toledo y García hasta que ellos mismos, engrandecidos por el poder que otorga el manejo de la prensa, desataron el escándalo.
La manera cómo evadieron impuestos y abusaron de las normas tributarias es infame. Petro Tech tenía un acuerdo con el Estado para que sea él quién pague el IGV de todo lo que la empresa inversora importara para la exploración de nuevos pozos petroleros. Y así se cumplió durante 15 años, se importó tecnología por un monto millonario. Lo que los ciudadanos no sabíamos era que Petro Tech se adjudicaba el monto de ese IGV y lo utilizaba como crédito fiscal para beneficio de su empresa ¿La prensa va a seguir quedándose callada?
Hay demasiados intereses de por medio, el tema comenzó durante el gobierno de Alberto Fujimori; Germán Kruger, el que financió el jet en el voló Fujimori Tokio- Santiago-Lima, está metido hasta el pescuezo, por eso la congresista Cecilia Chacón se ha comido el sapo de pasar por mentirosa para poder negarse a firmar. Ha tenido que decir que en realidad ella no había leído el informe que ella misma avaló con su presencia durante su presentación.
La historia de Petro Tech está cargada de irregularidades que pasaron por alto por la amistad y las relaciones en el gabinete de 1993, que siguieron pasando por alto durante el gobierno de Toledo. El momento histórico dónde William, Eliane, Cristhi y Alex se hicieron íntimos ocurrió en el yate de los Kallop frente a las playas de Punta Sal y desde entonces a Petro Tech “nadie me lo toca”; hasta que salió el “cholo” y William Kallop olvidó ese adagio que dice que no hay enemigo chico (ni débil, ni envejecido) y le cobraron los impuestos que por años no había pagado.
Bussines Track tuvo entonces que entrar en acción y se encontró con algo que podía sonar bastante incriminatorio para Quimper: los “petroaudios”. Se empezaron a trabajar y le fueron ofrecidos a la entonces Unidad de Investigación de El Comercio, concretamente a Pablo O’Brien. Pero como la simple publicación del tema del petróleo podía dirigir todas las miradas a Petro Tech se falsificaron correos electrónicos para darle, de paso, gusto a otro cliente de Bussines Track, interesado en unas tierras ricas en caña de azúcar en el norte y en la posibilidad de impedir que entre cemento importado al Perú. Todo eso, según la propia Fiscalía especializada, gracias a una rubia apellidada Gianotti.
Lo que vino después es fácil recordarlo. Por eso no deja de llamarme la atención que Rosa María Palacios pretenda decir que la acusación contra su esposo esté dirigida contra ella. Alberto Varillas Cueto, el gerente general de Petro Tech y el fundador de la evasora PGP, la empresa que no respetó el contrato y que no pagó impuestos por el gas natural que explotaba (cosa probada, de lo contrario en noviembre del año pasado PGP no se hubiera vista obligada a pagar más de doce millones de dólares por ese concepto), resulta ahora ser un perseguido político porque su esposa es una lideresa de opinión, que no se calla nada. Una valiente periodista que durante la dictadura de Fujimori se enfrentó a la corrupción sin miedo, que durante el gobierno de Toledo fue tan crítica que le dieron chamba en su canal y que ahora que hay un gobierno democrático, pero débil, se ha declarado una humalista sin tapujos ¿Quizá porque sabe que va a necesitar el apoyo de Abugattás y los suyos?
¿Qué complicidades más desconocemos? Quién estuvo detrás de los correos electrónicos falsificados que José Ugáz me insistía que eran ciertos con el cinismo más abierto, mientras afirmaba que yo lo contradecía por envidiosa porque la noche de la publicación de los petroaudios, es cierto, yo había llamado a Rospigliosi -ingenua frente a una persona que consideraba realmente honesta- y antes de felicitarlo, le reclamé como cualquier amiga, le reclama a un viejo amigo y ex jefe ¡Después vamos a arreglar por qué no me los diste a mí! le dije, en tono cariñoso y, pasé a pedirle que le de a mi reportera una copia de los audios para ponerlos al día siguiente. Si él decía que le habían llegado en un sobre cerrado y eran suyos, porqué no podía darle una copia al medio que quisiera. No, no los dio. La Ventana Indiscreta hizo un reportaje con una copia grabada del aire de “Cuarto Poder”. Tampoco le dio una entrevista a la reportera que estaba a cargo del informe. No me contestó el teléfono durante todo el lunes y cuando, finalmente habló con Gilberto Hume, le dijo que habláramos con O’Brien, que él tenía toda la información.
Claro que Ugaz no contó todo eso en la entrevista que tuvo conmigo en la TV, arteramente, solo dijo que yo había llamado a Rospigliosi para reclamarle y yo dije que era cierto, pero debo reconocer que debí enrostrarle entonces que en ese momento yo creía en ellos, que llamé como cualquier periodista que tenía programa al día siguiente y que antes del “reclamo” -que él utilizaba como una debilidad de mi trabajo para validar los correos falsos- felicité al “suertudo” al que le cayó una super primicia, en este caso del subsuelo. Aparte de esta investigación que todavía esta pendiente, hay que reconocer que Ugáz es un buen abogado penalista especializado en impuestos no pagados, tanto que ahora la pasa muy bien yendo y viniendo de Costa Rica, donde defiende a Baruch Ivcher contra el Estado Peruano, para que el broadcaster no pague los 57 millones de soles que Frecuencia Latina le debe a la SUNAT.
Algún día sabremos quién y qué estaba detrás del plan que buscaba implicar a todo el gobierno en una escándalo político, quizá sin retorno, por los aranceles del cemento y los celulares rebajados, cosa a la que Fernando Ampuero llamó la “Conexión Mexicana”. Todo eso está pendiente. Hoy solo sé que después de leer el informe Peralta, lo que me queda claro es que el “faenón” que Don Rómulo y don Bieto hicieron para Discovery y Cannan es un chicle de bolita comparado con lo que hizo, durante cuatro gobiernos, Petro Tech, la IPC del siglo 21.
PetroTech hizo perder 482 millones al Estado
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¿Con tanta investigación el gobierno de turno no a podido meter preso a ese delincuente que nos a robado descaradamente? y ¿por qué no siguen investigando y expropian todo lo que compró haciendo usufructo del dinero de todos los peruanos?: invirtiendo en pisco Portón, Los Cóndores, La Caravedo así como otras empresas y propiedades en Los Robles 3 mansiones en dos cuadras siguen gozando sus testaferros quienes viven allí. Y hasta cuando no existirá justicia en Perú.