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Por Andrés Beltramo Álvarez
La visita apostólica ordenada por El Vaticano a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) terminó con un fracaso. No bastó la disposición al diálogo mostrada por el cardenal Peter Erdö, enviado personal del Papa para mediar en un añejo conflicto. Las autoridades de la casa de estudios se mostraron inflexibles: no piensan aceptar la legítima autoridad de la Iglesia. Ahora la Santa Sede se verá obligada a intervenir, y no tendrá más remedio que hacerlo drásticamente.
La auditoría era la última oportunidad para solucionar un problema que debió estar cerrado al menos 10 años atrás. El arzobispo de Esztergom-Budapest viajó a Lima con el objetivo de lograr acuerdos para que la universidad normalice su situación eclesiástica adecuando sus estatutos a la constitución apostólica “Ex corde ecclesiae”, emanada por Juan Pablo II en 2001 y que rige a todas las instituciones de educación superior católicas del mundo.
Originalmente el purpurado tenía previsto permanecer en el país dos semanas: la primera para escuchar y dialogar, la segunda para negociar y alcanzar acuerdos concretos de cara a una solución definitiva. Sin embargo los planes de Erdö cambiaron repentinamente. Tras reunirse por primera vez con las autoridades de la PUCP decidió limitar su estancia a sólo ocho días.
El purpurado, que había aterrizado en la capital peruana el 4 de diciembre por la noche, partió el domingo 11 tras haber sostenido reuniones con los principales actores involucrados. Ante todo con el cardenal arzobispo de Lima y gran canciller de la universidad, Juan Luis Cipriani Thorne. También con el rector Marcial Rubio y sus principales colaboradores.
Consultó a otros personajes como el ex rector Salomón Lerner Febres, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana Miguel Cabrejos Vidarte así como los abogados Natale Amprimo (civil) y Luis Gaspar (eclesiástico). Sostuvo además reuniones protocolares con el presidente del Congreso de la República, Daniel Abugattás, y con el canciller del Perú, Rafael Roncagliolo.
Acompañado por dos peritos de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el visitador apostólico pudo constatar que la cúpula de la universidad desconoce a la Iglesia católica como su ente fundador y, por lo tanto, no está dispuesta a someterse a la legislación eclesiástica vigente, como ya lo recomendó de manera formal la congregación vaticana para la Educación Católica.
Y comprobó que, tanto el rector como sus principales asesores, lejos están de considerar a la fe y a la espiritualidad como una de las prioridades de su labor. Ante el enviado del Papa ellos se presentaron como simples funcionarios académicos en medio de una disputa legal. Nada más. El carácter católico de la institución que guían quedó en segundo plano, sin mayor importancia.
Con todos los elementos que recogió en sus entrevistas el visitador apostólico dedicó parte del sábado 10 y del domingo 11 de diciembre a redactar un informe de la situación. El documento, de 14 páginas y con 12 anexos, se envió vía valija diplomática al Vaticano donde será analizado con detenimiento. Su contenido es confidencial y reservado, pero incluye recomendaciones concretas del cardenal Erdö.
Ese mismo domingo el purpurado dejó Lima con destino a París y de allí a Budapest, donde retomó sus actividades pastorales. Por su parte los peritos se dirigieron a Roma vía Madrid. A último momento se decidió no emitir comunicado de prensa alguno, como inicialmente se había previsto. Considerando la falta de acuerdo, una nota –aunque breve- habría podido entorpecer la decisión final.
Determinación que deberá ser comunicada en las próximas semanas, ya iniciado el próximo año. El Vaticano no tiene demasiado margen de maniobra. Podrían dejar todo como hasta ahora, permitiendo que la institución peruana mantenga su abierta rebeldía y su independencia de las estructuras de la Iglesia. Eso establecería un negativo antecedente de impacto mundial.
La otra alternativa sería extrema: quitar a la universidad sus títulos de “pontificia” y “católica”, desconociéndola de hecho. Así perdería su personalidad pública eclesiástica. Una opción que implicaría graves problemas para los alumnos, especialmente en cuanto a los títulos de grado. Abriría una disputa por los bienes, los cuales deberían ser transferidos al arzobispado de Lima obligado a fundar una nueva universidad.
En este contencioso no están descartadas sanciones contra el mismo rector Marcial Rubio, quien pudiera fácilmente ser sometido a un proceso canónico por desobediencia y contumacia. Un juicio que considera penas como el entredicho o la misma excomunión.
Un delicado problema que tocará gestionar al nuevo nuncio apostólico en Lima, James Patrick Green. El diplomático llegará a la capital peruana en los próximos días luego de haber sido recibido en audiencia por el Papa Benedicto XVI el 15 de diciembre pasado.
La visita apostólica ordenada por El Vaticano a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) terminó con un fracaso. No bastó la disposición al diálogo mostrada por el cardenal Peter Erdö, enviado personal del Papa para mediar en un añejo conflicto. Las autoridades de la casa de estudios se mostraron inflexibles: no piensan aceptar la legítima autoridad de la Iglesia. Ahora la Santa Sede se verá obligada a intervenir, y no tendrá más remedio que hacerlo drásticamente.
La auditoría era la última oportunidad para solucionar un problema que debió estar cerrado al menos 10 años atrás. El arzobispo de Esztergom-Budapest viajó a Lima con el objetivo de lograr acuerdos para que la universidad normalice su situación eclesiástica adecuando sus estatutos a la constitución apostólica “Ex corde ecclesiae”, emanada por Juan Pablo II en 2001 y que rige a todas las instituciones de educación superior católicas del mundo.
Originalmente el purpurado tenía previsto permanecer en el país dos semanas: la primera para escuchar y dialogar, la segunda para negociar y alcanzar acuerdos concretos de cara a una solución definitiva. Sin embargo los planes de Erdö cambiaron repentinamente. Tras reunirse por primera vez con las autoridades de la PUCP decidió limitar su estancia a sólo ocho días.
El purpurado, que había aterrizado en la capital peruana el 4 de diciembre por la noche, partió el domingo 11 tras haber sostenido reuniones con los principales actores involucrados. Ante todo con el cardenal arzobispo de Lima y gran canciller de la universidad, Juan Luis Cipriani Thorne. También con el rector Marcial Rubio y sus principales colaboradores.
Consultó a otros personajes como el ex rector Salomón Lerner Febres, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana Miguel Cabrejos Vidarte así como los abogados Natale Amprimo (civil) y Luis Gaspar (eclesiástico). Sostuvo además reuniones protocolares con el presidente del Congreso de la República, Daniel Abugattás, y con el canciller del Perú, Rafael Roncagliolo.
Acompañado por dos peritos de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el visitador apostólico pudo constatar que la cúpula de la universidad desconoce a la Iglesia católica como su ente fundador y, por lo tanto, no está dispuesta a someterse a la legislación eclesiástica vigente, como ya lo recomendó de manera formal la congregación vaticana para la Educación Católica.
Y comprobó que, tanto el rector como sus principales asesores, lejos están de considerar a la fe y a la espiritualidad como una de las prioridades de su labor. Ante el enviado del Papa ellos se presentaron como simples funcionarios académicos en medio de una disputa legal. Nada más. El carácter católico de la institución que guían quedó en segundo plano, sin mayor importancia.
Con todos los elementos que recogió en sus entrevistas el visitador apostólico dedicó parte del sábado 10 y del domingo 11 de diciembre a redactar un informe de la situación. El documento, de 14 páginas y con 12 anexos, se envió vía valija diplomática al Vaticano donde será analizado con detenimiento. Su contenido es confidencial y reservado, pero incluye recomendaciones concretas del cardenal Erdö.
Ese mismo domingo el purpurado dejó Lima con destino a París y de allí a Budapest, donde retomó sus actividades pastorales. Por su parte los peritos se dirigieron a Roma vía Madrid. A último momento se decidió no emitir comunicado de prensa alguno, como inicialmente se había previsto. Considerando la falta de acuerdo, una nota –aunque breve- habría podido entorpecer la decisión final.
Determinación que deberá ser comunicada en las próximas semanas, ya iniciado el próximo año. El Vaticano no tiene demasiado margen de maniobra. Podrían dejar todo como hasta ahora, permitiendo que la institución peruana mantenga su abierta rebeldía y su independencia de las estructuras de la Iglesia. Eso establecería un negativo antecedente de impacto mundial.
La otra alternativa sería extrema: quitar a la universidad sus títulos de “pontificia” y “católica”, desconociéndola de hecho. Así perdería su personalidad pública eclesiástica. Una opción que implicaría graves problemas para los alumnos, especialmente en cuanto a los títulos de grado. Abriría una disputa por los bienes, los cuales deberían ser transferidos al arzobispado de Lima obligado a fundar una nueva universidad.
En este contencioso no están descartadas sanciones contra el mismo rector Marcial Rubio, quien pudiera fácilmente ser sometido a un proceso canónico por desobediencia y contumacia. Un juicio que considera penas como el entredicho o la misma excomunión.
Un delicado problema que tocará gestionar al nuevo nuncio apostólico en Lima, James Patrick Green. El diplomático llegará a la capital peruana en los próximos días luego de haber sido recibido en audiencia por el Papa Benedicto XVI el 15 de diciembre pasado.