‘Los chiclayanos’ repartieron obras por S/82.7 millones
En la sombra. El exasesor del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo Alcántara; el alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero; y los empresarios y amigos del jefe del Estado Segundo Sánchez Sánchez y Jenín Cabrera Fernández participaron en la definición de los proyectos que fueron financiados por decreto del presidente Castillo.
Por Ángel Páez,Piero Espíritu– Diario La República.
Cuando ejercía como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción, durante la gestión de su íntimo amigo y entonces titular del despacho Geiner Alvarado López, el abogado Salatiel Marrufo Alcántara consiguió que el presidente Pedro Castillo financiara mediante el Decreto de Urgencia 102-2021 cuatro proyectos de obras públicas en Cumba, un distrito de la provincia de Utcubamba, región Amazonas.
Cumba es el amado pueblo de Marrufo que lo vio nacer el 20 de julio de 1979.
Son cuatro proyectos de agua potable y saneamiento por 5 millones 338 mil 826 soles, los que fueron adjudicados con sorpresiva celeridad el 19, 23 y 29 de noviembre del 2021.
De acuerdo con una investigación del dominical ‘Cuarto poder’, el viernes 30 de agosto del 2021, Salatiel Marrufo, junto con la viceministra Elizabeth Añaños Vega, y la jefa de Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Jacqueline Castañeda del Castillo, por disposición del presidente Castillo, se dirigieron a una reunión con un “gabinete de asesores en la sombra” que los esperaba en la cuadra dos de la calle Palo Blanco, en Surquillo.
La agenda era discutir la aprobación de los distritos que serían seleccionados para recibir financiamiento de obras públicas mediante el Decreto de Urgencia 102-2021.
Para Añaños y Castañeda fue toda una sorpresa, pero no para Salatiel Marrufo.
Estaban el empresario Jenín Cabrera Fernández, compañero de Salatiel Marrufo en la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, de Chiclayo, quien a su vez también es condiscípulo del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado. También estuvo presente el alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, para quien Marrufo trabajó como asesor legal.
Y completaba el grupo el empresario Segundo Sánchez Sánchez, dueño de la famosa casa de Sarratea donde el jefe del Estado mantuvo reuniones clandestinas.
Dos colaboradores eficaces de los Fiscales contra la Corrupción del Poder han señalado que Salatiel Marrufo, Nenil Medina, Jenín Cabrera y Alejandro Sánchez eran conocidos en Palacio de Gobierno como ‘Los Chiclayanos’.
No porque eran nacidos en la ciudad del norte, sino porque la mayoría se conoció en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y fueron parte del Frente Amplio Estudiantil Democrático (FAED), que lideraba Salatiel Marrufo (quien cuenta con estudio de abogados en Chiclayo).
Y todos tienen un amigo en común: el presidente Pedro Castillo.
Paquete de proyectos
En la reunión que sostuvieron Marrufo, Medina, Sánchez y Cabrera, se discutió el financiamiento de un paquete de obras públicas, que luego se aprobó mediante el Decreto de Urgencia 102-2021, publicado el 29 de octubre del 2021. Salieron los cuatro proyectos que Salatiel Marrufo recomendó por 5 millones 338 mil 826 millones de soles.
También se dio visto bueno a los cinco proyectos que planteó el alcalde de Anguía, Nenil Medina, por 9 millones 234 mil 081 soles. Como informó La República, uno de estos proyectos le fue adjudicado a una empresa de fachada de Hugo Espino Lucana, amigo y empleador de la cuñada del presidente, Yenifer Paredes Navarro.
Fuentes relacionadas con la investigación de los Fiscales contra la Corrupción del Poder sospechan que ‘Los Chiclayanos’ podrían haber influido no solo en la inclusión de proyectos de su interés en el paquete aprobado por el Decreto de Urgencia 102-2021. También podrían haber interferido en la adjudicación de la ejecución de las obras públicas.
Esto es lo que sucedió con el alcalde Nenil Medina, quien adjudicó dos obras públicas a sus conocidos: un proyecto de agua potable y saneamiento por 3 millones de soles que recayó en la constructora de Hugo Espino Lucana, y la construcción de un camino comunal por 19,5 millones (que tuvo otro financiamiento presidencial), que entregó sin licitación al Grupo Constructor Parasol, de Rocío Pintado Cruz.
No es casual. Rocío Pintado es dueña de Parasol, y a su lado vive el empresario Daniel Príncipe, amigo del alcalde de Anguía.
El mismo patrón
Como se ha informado, el Equipo Especial que coordina el coronel PNP Harvey Colchado Huamaní, cuando capturó al alcalde de Anguía, Nenil Medina, este se desplazaba en un vehículo conducido por su amigo el empresario Daniel Príncipe Collazos. Esta persona es amigo y vecino de la dueña del Grupo Parasol, Rocío Pintado, a quien el alcalde Medina le concedió el proyecto de 19.5 millones de soles.
En el seguimiento al alcalde Nenil Medina, se identificó que lo protegía el empresario Daniel Príncipe Collazos, vinculado con Rocío Pintado, que ganó obra de 19.5 millones en Anguía. Foto: La República.
Esta repartición de obras públicas a las amistades parece repetirse en el caso de la Municipalidad Distrital de Cumba, el pueblo de Salatiel Marrufo.
Un proyecto de 2 millones 776 mil 699 soles le fue entregado al consorcio compuesto por las empresas Consultores y Constructores Ribab y Konfab. Sin embargo, Konfab nunca contrató con el Estado. Es la misma figura que en el caso del alcalde de Anguía, Nenil Medina, que concedió una obra de 3 millones de soles a la empresa de fachada de su amigo Hugo Espino, Destcon Ingenieros & Arquitectos, que no tenía ninguna experiencia en obras públicas.
Dos contratos más, uno de 1 millón 277 mil 931 soles, y otro de 555 mil 219 soles, el municipio de Cumba los adjudicó a las empresas Marrufo Ingeniería y Construcción y Rois Obras Civiles, ambas representadas por Henry Marrufo Delgado. Coincidentemente, el contratista tiene el mismo apellido de Salatiel Marrufo Alcántara, uno de los integrantes de ‘Los Chiclayanos’, quien abogó por los proyectos del distrito de Cumba, su pueblo.
Merece especial mención que alcalde distrital de Cumba, Elvis Ramos Guevara, visitó a su paisano, el jefe de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, hasta en tres ocasiones: el 17 de febrero, el 5 de mayo y el 14 de junio de este año. Esta información confirma la relación de amistad entre ambos funcionarios.
La investigación todavía no ha terminado. ¿Qué proyectos promovieron Segundo Sánchez y Jenín Cabrera? Ellos también estuvieron en la reunión de ‘Los Chiclayanos’.
¿Qué se le encontró a Nenil?
Durante la detención del alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, la policía intervino dos teléfonos celulares que contienen información valiosa sobre las contrataciones bajo sospecha.
A sabiendas que estaba bajo vigilancia, Medina denunció el supuesto robo de sus teléfonos, creyendo que así se perdería la información que contienen ambos aparatos.
Fuentes relacionadas con el caso informaron que en los celulares se ha encontrado material relevante sobre el caso que se investiga, como correos electrónicos, chats por WhatsApp, fotografías, audios y fotografías, que han permitido identificar a los personajes más cercanos al burgomaestre del municipio de Anguía.
Elaboración: Diario Perú21.
Pedro Castillo usó helicópteros del Ejército los fines de semana para visitas personales
Perú21 revela los reportes del Ejército que dan cuenta de la serie de vuelos realizados por aeronaves hacia y desde San Luis de Puña, donde se construyó un helipuerto para el jefe del Estado. Especialistas advierten que mandatario vulneró la ley e hizo perder horas de vuelo.
Por ALEXANDER VILLARROEL ZURITA– Diario Perú21.
Los recursos del Estado al servicio de los intereses particulares del presidente. A pedido del despacho de Pedro Castillo, el Ejército del Perú ha invertido en lo que va del año más de diez horas de vuelo para traslados –vía helicóptero– a la comunidad de San Luis de Puña (Tacabamba, Chota, Cajamarca), en donde viven los padres del mandatario y en donde hace unos meses se construyó un helipuerto informal.
Así da cuenta un reporte de la Comandancia General de la Aviación del Ejército al que accedió Perú21. Se trata de por lo menos diez traslados –que incluyen ida y retorno– realizados a requerimiento del jefe de la Casa de la Militar de Palacio de Gobierno, con una ruta que inicia casi siempre en Chiclayo y que tenía como destino San Luis de Puña.
Los vuelos hacia esta comunidad se realizaron los fines de semana en los meses de febrero, abril, mayo y junio.
Y cada hora de vuelo del MI-171 SHP, el helicóptero de fabricación rusa usado para estos traslados requeridos por Palacio, puede llegar a superar los S/20 mil, según detallaron ayer fuentes militares.
A eso habría que sumarle los gastos que generó trasladar y recoger al jefe del Estado de Lima a Chiclayo, a fin de que pueda abordar el helicóptero que se puso a su disposición hasta su tierra natal.
CASTILLO USÓ AL EJÉRCITO
A inicios de julio, y luego de que Cuarto Poder informó de la existencia de un helipuerto informal cerca a la casa de los padres del presidente, con una aeronave captada en video despegando de la zona, este diario solicitó información a las Fuerzas Armadas –al amparo de la Ley de Transparencia– de los vuelos realizados hacia esta comunidad de Chota.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.) respondió primero y dijo Perú21 de forma oficial que tiene asignado presupuesto para horas de vuelo “solo para operaciones militares en zonas de emergencia”, negando así haber realizado vuelos a la tierra del mandatario.
Por su parte, el Comando del Grupo Aéreo N°03 confirmó que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) “no ha efectuado operaciones aéreas” hacia Chota. Similar respuesta se emitió desde la Comandancia General de Operaciones del Pacífico de la Marina de Guerra.
Pero en el caso del Ejército la historia es otra. La institución, tras un silencio sepulcral, remitió finalmente ayer la relación de vuelos realizados por helicópteros hacia Cajamarca en “apoyo” a la Presidencia de la República para el “transporte de personal”. También se incluyó en esta la lista un vuelo solicitado por la Presidencia del Consejo de Ministros y otros dos por el Ministerio de Defensa.
Sin embargo, en la relación hay al menos diez traslados en donde en el plan de vuelo del helicóptero se deja constancia formal del arribo y/o recojo en la comunidad de San Luis de Puña, en donde queda la casa de los padres de Castillo.
VAMOS A PUÑA
El sábado 19 de abril, se registró un vuelo desde Chiclayo, en Lambayeque, hacia San Luis de Puña (Chota), previa parada en Cutervo, también en Cajamarca. Al día siguiente, la misma aeronave registró su salida desde el mismo San Luis de Puña para ir directamente al aeropuerto de Cajamarca.
El viernes 15 de abril, ya en Semana Santa, un helicóptero se tuvo que trasladar desde el distrito de El Milagro (Amazonas) hasta Chiclayo (Lambayeque), para recoger al mandatario. Desde allí, la aeronave fue directo hasta la comunidad de Puña (Cajamarca), retornando a Chiclayo luego de pasar un feriado largo, dos días después.
El sábado 7 de mayo, Castillo tuvo diversas reuniones desde temprano en la Casa de Pizarro, una de ellas con Manuel Céspedes Correa, exsubgerente de la Policía Municipal de Cajamarca y militante de Perú Libre. Por la tarde no registra mayores encuentros.
Ese día, el Ejército ya había dispuesto que un helicóptero saliera de Piura a Chiclayo, y desde ahí partir a la ya conocida comunidad de Puña. Pero el vuelo se registró como “frustrado”, por lo que la aeronave tuvo que retornar a Chiclayo. El mal tiempo no habría permitido aterrizar al jefe del Estado. Eso no impidió que Castillo llegue a Chota. Al día siguiente, el domingo 8 de mayo, el helicóptero volvió a partir de Chiclayo rumbo a Puña, ahora con éxito, retornando ese mismo día a la ciudad.
El último viaje registrado de forma oficial a Puña, a pedido de la Presidencia, fue el domingo 26 de junio. Ese día se hizo la ya conocida ruta de Chiclayo a Puña, y de Puña a Chiclayo. En aquella fecha, el mandatario recién registró actividades en Palacio por la tarde.
VIOLÓ LA LEY
El abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló a Perú21 que Pedro Castillo no solamente estaría cometiendo un acto “ilegal” y que se le debería “abrir un proceso de investigación”. A su juicio, los recursos de las FF.AA. tienen una función exclusiva y que el mandatario podría usar estos “eventualmente”, siempre que se trate de labores “estrictamente funcionales” y relacionadas con su cargo.
Utilizarlas para fines familiares, agregó Lamas Puccio, podría “tener connotaciones penales como el posible delito de peculado”.
Por su parte, el excontralor general Fuad Khoury hizo incidencia en que “es ilegal usar los bienes del estado para beneficio propio”. “Eso está en las normas de la función pública (…) siendo presidente, tiene que cumplir las leyes, él no puede violar las normas”, subrayó.
Fuentes de la Contraloría confirmaron que se continúa indagando sobre el caso del helipuerto informal en Tacabamba (Chota).
En julio, el contralor Nelson Shack indicó que se habilitó una comisión en la zona para que investigue el hecho.
“Tenemos que recopilar información a ver qué es lo que ha sucedido. Al parecer es propiedad privada de los padres, pero interesa saber quién ha hecho la obra y cómo la ha financiado”, dijo Shack.
¿Detrás del Colectivo Dignidad está Palacio de Gobierno?
En su hoja de vida de LinkedIn, Pomalaya registra trabajar en Colectivo Dignidad, donde se denigra a periodistas de manera tendenciosa y, en varios casos, difamatoria. Este comunicador manejaría las redes del presidente mientras este cumple con sus actividades en Estados Unidos y México, porque figura en la comitiva listada en una resolución de la PCM.
Un incidente de agresión contra una reportera de RPP puso en los medios el nombre de Franco Pomalaya Neyra, asistente de comunicaciones del despacho presidencial. Pomalaya se disculpó como correspondía con la periodista Hellen Meniz y dijo que se trató de un “reflejo” por un tema de seguridad del presidente Pedro Castillo.
El diario Correo reveló que Pomalaya fue contratado en agosto en el mencionado despacho presidencial por S/34 mil soles bajo el concepto de “servicio de asistencia para la redacción y revisión de contenidos en redes sociales por el plazo de 140 días”.
Pomalaya manejaría las redes del presidente mientras este cumple con sus actividades en Estados Unidos y México, porque figura en la comitiva listada en una resolución de la PCM.
Pero en su hoja de vida de LinkedIn, Pomalaya registra trabajar en Colectivo Dignidad desde el 2012 a la fecha. En los últimos días, Colectivo Dignidad se ha dedicado a denigrar a periodistas de manera tendenciosa y, en varios casos, difamatoria. Aquí se muestran algunas capturas de los posts publicados.
En la publicidad de un curso ofrecido por algunos periodistas y el excongresista Daniel Olivares se advierte, entre otras expresiones racistas y condenables, que “el curso no surte efecto sino eres blankito ni hijito de…”.
Las publicaciones en las redes personales de Pomalaya solían caer en excesos como los que ya se conocen de otros personajes del actual Gobierno, incluso el primer ministro Guido Bellido.
Franco Pomalaya, prensa del presidente Pedro Castillo, forcejeó de manera agresiva en contra de la reportera de RPP, Hellen Meniz.
En enero del año pasado atacó a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a la que calificó de “asquerosamente selectiva” por no defender a dos detenidos que habían dado positivo por Covid en el Operativo Olimpo de diciembre de 2020, en el que fueron capturados 72 presuntos miembros de Sendero Luminoso, incluidos miembros del Movadef que, según las autoridades, completaban “la actual estructura de esta organización terrorista”.
En otros pasquines de reciente aparición y desde los cuales se pretende, aparentemente, “articular” una política comunicacional achorada y “faite” a favor de Castillo y Perú Libre, se repiten los ataques contra periodistas de casi todas las tendencias. Como si la estrategia no fuera obvia.
Si en el Gobierno buscan construir una senda de gobernabilidad, para empezar, se equivocan al hostilizar el trabajo de la prensa, lo que puede llegar eventualmente incluso a llamar la atención de la comunidad internacional.
Fuente: Revista CARETAS.