Por Daniel Córdova y Oscar Sumar– Diario ABC de Madrid.
Los autores, próximos a la plataforma que apoya a Keiko Fujimori, denuncian el recuento de votos –la candidata ha pedido la anulación de 200,000–, así como las interferencias en el proceso.
El proceso electoral en el Perú se ha visto empañado por una serie de acciones irregulares de parte del Partido Perú Libre, afín al Foro de Sao Paulo y a partidos fachada de la organización terrorista Sendero Luminoso. Estas acciones estuvieron destinadas a favorecer indebidamente a su candidato Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori, del partido de derecha Fuerza Popular, quien recibió el apoyo explícito de la mayoría de fuerzas democráticas, incluido el otrora eterno rival del fujimorismo, Mario Vargas Llosa.
El pasado 6 de junio, el sondeo a pie de urna de las más prestigiosas encuestadoras dio un resultado ajustado a favor de Fujimori. Pero, sorpresivamente, a las pocas horas, el conteo rápido determinó un resultado inverso. La explicación, según Patricia Rojas, directora de asuntos públicos de Ipsos en el Perú, sería porque las actas impugnadas en Mesa no fueron consideradas (la gran mayoría se dio sistemáticamente en Mesas donde se sabía Keiko iba a ganar holgadamente, Lima y el Norte del Perú). También, podemos agregar, porque se habría considerado muestras de actas fraguadas, sobre todo de las regiones del Sur Andino, controladas por la extrema izquierda y en donde la candidata de la derecha no pudo poner personeros en Mesa, ya que la intimidación violenta era muy fuerte.
A partir del lunes 7 de junio, las redes sociales permitieron ir haciendo públicas las denuncias de lo que quienes apoyamos a Keiko Fujimori llamamos «fraude en Mesa». Es decir, no fraude de las autoridades, con excepción de algunos funcionarios cómplices de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en «zonas rojas» y hasta de algún cónsul en Canadá, si no de los personeros y miembros de partidarios de Castillo y Vladimir Cerrón (líder del partido que había sido impedido de participar como candidato a la segunda vicepresidencia debido a que estaba sentenciado por corrupción cuando fue gobernador de la región Junín).
A raíz de lo numerosas que eran las denuncias, desde el mismo lunes, decenas de abogados se ofrecieron a revisar con sus equipos divididos por regiones, las actas de cada Mesa de votación (en el Perú no se puede hacer un reconteo de votos, ya que estos se destruyen, por lo que lo único que puede revisarse son las actas que resumen el resultado de cada Mesa). En ese proceso, se fue descubriendo un patrón de falsificación de firmas, de miembros de Mesa que no eran los nombrados (circuló un video de ‘capacitación’ en el que sin empacho llamaban a «ocupar» las Mesas desde las 6 de la mañana para que «los votos sean nuestros»), de falsas identidades, etc. También Mesas en las que Keiko Fujimori no tenía ningún voto registrado, a pesar de que en primera vuelta había ganado en ellas.
El domingo 13 de junio, la diferencia de votos contabilizada por la ONPE era de 44,109 a favor de Castillo, esto es una diferencia de 50.1% versus 49.9% de los votos considerados válidos. El número de actas para las que Fuerza Popular ha pedido nulidad, con pruebas sólidas de fraude en Mesa, es superior a las 800, lo que representa aproximadamente 240,000 votos. De manera paralela, estadísticos como Ragi Y. Burhum (quien se ha hecho conocido por sus cálculos durante la pandemia) se han volcado a hacer números para determinar que «hay irregularidades potenciales en estas elecciones que se pueden detectar con datos».
Hasta ahí todo bien. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería revisar las demandas de nulidad, evaluando acta por acta hasta determinar al ganador de las elecciones. No obstante, sobre la base de un reglamento infra-legal que fija un plazo para la presentación de nulidades, los partidarios del señor Castillo (y parte de la izquierda que, erradamente, cree poder acomodarse) pretenden impedir que el JNE realice dicha revisión. Así, en un hecho sin precedentes, el 10 de junio por la mañana, el JNE por unanimidad decidió ampliar dicho plazo en base a la importancia que tiene el poder esclarecer las irregularidades del proceso para luego, por la tarde, retroceder –anulando la prórroga del plazo– después una serie de manifestaciones hostiles por parte de partidarios de Castillo.
El JNE en Perú tiene dos facetas. Por un lado, es una especie de ente administrativo que dirige las elecciones junto con la ONPE. Por otro lado, es un órgano jurisdiccional que administra Justicia en el ámbito electoral, con un poder y atribuciones semejantes a las de un Tribunal Constitucional. Como ente encargado de administrar justicia, el JNE tiene el deber de llegar a la verdad sobre la voluntad popular plasmada en las urnas. Por esto, es inadmisible que rechace impugnaciones contra actas o votos en base a argumentos formalistas como no pagar una tasa a tiempo (lo cual es inconstitucional), presentarla fuera del horario de atención (cuando la ventanilla es virtual) o presentarla fuera de un plazo que no está claramente establecido en las normas (y cuya constitucionalidad también es debatible), de acuerdo al propio informe preliminar de la OEA. La responsabilidad del JNE es demasiado grande como para anteponer formalidades a la búsqueda de la verdad, que nos permita darle legitimidad a la elección y preservar la democracia en Perú.
Adicionalmente, tenemos un proceso electoral con muchas interferencias y ruido desde el Ejecutivo, en la forma de conversaciones poco transparentes con personas cercanas a los candidatos; del Poder Judicial, anulando la sentencia de Vladimir Cerrón días después de la elección; y, de la Fiscalía, pidiendo que Keiko Fujimori regrese a la cárcel, todo esto cuando está en pleno debate el resultado de la elección.
Quienes hemos defendido a Keiko Fujimori para, a su vez, defender la democracia en el Perú, solo reclamamos que el JNE, presidido por un magistrado cuestionado que además posee voto dirimente por estar incompleto el Pleno, haga su trabajo de manera transparente y sin interferencias indebidas. Y que una vez revisadas las actas públicamente, como ha ofrecido, se declare ganador a quien tenga más votos.
De lo contrario, a la imagen de lo sucedido en Austria en 2016 –país de donde se inspiró el Tribunal Constitucional peruano–, se podrá demandar la nulidad de las elecciones y la convocatoria a una nueva segunda vuelta con los mismos candidatos.
*Daniel Córdova, exministro de la Producción con Martín Vizcarra, y miembro de la plataforma ciudadana que apoya a Keiko Fujimori.
**Oscar Sumar, Decano de Derecho de la Universidad Científica del Sur.

Domingo García Belaunde anuncia que Fuerza Popular presentará hábeas data para pedir listas electorales a la ONPE

El jurista Domingo García Belaunde se sumó a la defensa legal de Fuerza Popular. Anunció que se presentará un hábeas data contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que la agrupación de Keiko Fujimori tenga acceso a las listas de electores.
“Esta lista de electores de mesa que están en la ONPE tenemos que confirmarlas y se niegan. ¿Por qué se niegan si hay una ley de transparencia? (…) Entonces, ante esto hemos pensando en un proceso constitucional o acción constitucional que se llama hábeas data”, manifestó.
En esa misma línea, afirma que la ONPE comunicó que no puede entregar dichas listas por lo que, deslizó, se estaría faltando a la “transparencia” y “honestidad” en el proceso electoral.
“La ONPE simplemente cree que debemos confiar alegremente en ella y que esto es como una iglesia en la cual el sumo sacerdote dice la última palabra, pero en la vía democrática no es así. La vía democrática se caracteriza por la transparencia porque implica la honestidad en el proceder”, agregó.
Durante su exposición, García Belaunde remarcó que el hábeas data “protege el acceso a la información” y que es una acción “para defender la información a la cual tienen acceso los ciudadanos”. Añadió que esto se encuentra consagrado en la actual Constitución de 1993.
Asimismo, señaló que esta demanda debería ser revisada con rapidez por el sistema de justicia porque, subrayó, no se pueden realizar reclamos sin el acceso a las fuentes.
“Este es un hecho fundamental el acceso a la información, que la ONPE lo está negando. Esto va a originar que interpongamos un proceso rápido de hábeas data que, incluso, tiene una medida cautelar. Si los jueces son garantistas, que esperamos que lo sean y no se coludan con otros intereses, esto debe ir muy rápido. Cómo se puede hacer un reclamo si no se tienen las fuentes y las fuentes el Estado las niega. Eso es un absurdo y parecería ajeno a todo sistema democrático”, alegó.
Fuente: Revista CARETAS.

Cerronistas sindicados de integrar red criminal de Junín

Por Álvaro Reyes y Natalia Lizama- Diario Perú21.
Entre los 37 investigados por el caso Los Dinámicos del Centro, en Junín, dos nombres han pasado casi desapercibidos: Eduardo Bendezú Gutarra y Arturo Cárdenas. No solo son dos militantes de Perú Libre, sino también activos miembros de la campaña presidencial de Pedro Castillo. Sobre ambos pesa una orden judicial de detención por 15 días.
La organización criminal, según la Fiscalía, se había enquistado en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín y desde allí operaba realizando trámites ilegales para brindar licencias de conducir.
De acuerdo a la investigación, Bendezú Gutarra habría aprovechado su cargo de director de la entidad en el 2020, así como el de gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, para influenciar en la permanencia de otros miembros de la organización en áreas claves.
Arturo Cárdenas al lado de Pedro Castillo (Facebook Arturo Cárdenas)
El exfuncionario postuló este año al Congreso por Perú Libre, pero no alcanzó una curul. Sin embargo, eso no lo alejó de la campaña. Todo lo contrario, al ser de confianza del dueño del partido, Vladimir Cerrón, su función fue el de asesor en los debates.
Bendezú, alias ‘Esperan cito’, fue uno de los encargados de frustrar la programación de debates con Fuerza Popular cuando las encuestas mostraban que la popularidad de Castillo caía a medida que se acercaba la segunda vuelta electoral.
Hasta el cierre de esta edición, el militante cerronista seguía como no habido.
Huancayo: Se realiza operativo en contra de ‘Los Dinámicos del Centro’
Arturo Cárdenas, en tanto, es el secretario nacional de organización de Perú Libre. Su participación en la red criminal, según la fiscal Bonnie Bautista, consistía en “colaborar” en la colocación y remoción de personas en la dirección regional, “a fin de continuar sosteniendo la ilícita actividad que viene desplegando la organización”.
A través de su cuenta de Facebook, Cárdenas dijo que se allanaba a las investigaciones pero condicionó esa postura al solicitar que se deje sin efecto la detención en su contra.
“Me pongo a derecho y me allano a todas las investigaciones del Ministerio Público frente a esta persecución política en mi contra”, expresó.
El pasado martes, día de los allanamientos y detenciones en Junín, la Diviac incautó S/803,811 en efectivo tras intervenir 35 inmuebles, dos de ellos eran locales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
¿De dónde salió ese dinero? Es lo que deberán explicar los investigados, sobre todo las siete personas que militan en Perú Libre.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se excusó de acudir ayer a la Comisión de Justicia del Congreso para responder sobre la demora en la ejecución del operativo en Junín. Indicó que solo la fiscal a cargo del caso puede entregar información.
El abogado de Arturo Cárdenas, Wilder Romero, no quiso declarar a Perú21.

Militante del lápiz que facturó más de 650 mil soles de la MPH y GRJ apoya a Pedro Castillo

El militante activo de Perú Libre, Jhim Alfredo Unsihuay Seguil, es gerente general de las empresas Kamaken S.A.C (RUC N°20568903782) y Tawa Wanka S.A.C (RUC N°20603911726), dedicadas al rubro de la arquitectura e ingeniería. Con estas dos empresas activas desde hace poco más de 2 años, Unsihuay ha conseguido contrataciones con el Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad de Huancayo por 658 mil 956 soles según el Organismo de Contrataciones con el Estado (OSCE).
Portal Central accedió a la Resolución N°012-2019-COEN-PPNPL del 29 de octubre del 2019, donde se designa a Jhim Unsihuay Seguil como presidente del Comité Electoral Descentralizado Región Junín de Perú Libre. En el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Unsihuay Seguil aparece con afiliación activa al partido desde el 2020, pero ya desde el 2014, aparecía junto a Henry López Cantorín quien sería sentenciado por corrupción meses después de ser elegido alcalde de Huancayo.
Desde joven, Unsihuay Seguil perseguía su sueño de tener mucho dinero.
La empresa Kamaken S.A.C tiene como accionistas a su hermana Etty Gessila Unsihuay Seguil y Jessica Rudy Rondón Osorio, siendo su gerente general desde el 2013 Jhim Unsihuay Seguil. Esta empresa ha contratado con la Municipalidad de Huancayo por el valor de 566 mil 56 soles desde el 9 de mayo del 2019 hasta el 11 de noviembre del 2020.
Kamaken SAC inició actividades en el 2018, un año antes de que Perú Libre entre al poder.
El contrato más costoso de Kamaken S.A.C con la MPH, fue como proveedora de arcilla para la impermeabilización de las áreas degradadas por residuos sólidos de los botaderos de Cajas Chico, El Edén y el relleno sanitario de Paccha por el valor de 106 mil 964 soles. Esta empresa también brindó servicios de alquiler de maquinaria pesada, adquisición de material agregado, elaboración y modificación de expedientes técnicos y otros servicios, firmando incluso durante el 2019 dos a más contratos por mes.
Pero Kamaken S.A.C no fue la única empresa beneficiada, sino también Tawa Wanka S.A.C, cuyo gerente general y accionista mayoritario es Jhim Unsihuay, y a través de la cual logró otro contrato por 19 mil 500 soles con la MPH por la elaboración de expedientes técnicos para el mantenimiento de caminos vecinales.
Tawa Wanka S.A.C. es otra empresa que Jhim Unsihuay creó y obtuvo beneficios en pocos meses.
La otra empresa
Con el GRJ, Tawa Wanka S.A.C contrató por 73 mil 400 soles durante el 2019 y 2020, para elaborar el plan de reactivación del programa Psicólogo por Colegio virtual (10 mil soles); servicios para elaborar el plan de reactivación del programa Psicólogo por Colegio virtual (30 mil soles) y Contratación de servicio de elaboración del expediente técnico del mantenimiento periódico ruta departamental JU-117 (33 mil 400). Mientras Kamaken S.A.C logró un contrato en noviembre del año pasado por 34 mil soles.
Con todos estos beneficios obtenidos, es sencillo colegir que Unsihuay Seguil no es un simple militante de Perú Libre. No solo por sus fotografías al lado de Vladimir Cerrón, Henry López Cantorín y otros asiduos dirigentes del lápiz, sino también por su cercanía a Juan Carlos Quispe Ledesma, alcalde de Huancayo, a quien le dedicó una publicación en sus redes sociales agradeciéndole por haberle permitido ser parte de la colocación de la primera piedra de una obra a ejecutarse en el barrio de Quillispata, en Huayucachi.
Además, Portal Central registró el vehículo de Unsihuay Seguil a las afueras del local donde el candidato presidencial de este partido, Pedro Castillo Terrones realizaba su conferencia de prensa al llegar a Huancayo, el pasado 28 de marzo. Es la camioneta de placa A5S-169.
La camioneta de Jhim Unsihuay en la caravana de Pedro Castillo. ¿Devolviendo favores?
Finalmente hay que destacar que de los treinta contratos acumulados por bienes y servicios brindados a estados dos entidades públicas, solo uno registra documentos en OSCE; los demás procesos también deberían ser incluidos a la plataforma por transparencia.
Algo más que nos puede indicar el favoritismo hacia Jhim Unsihuay es que su pareja sentimental, Elizabeth Susan Núñez Capcha, fue designada por el alcalde Juan Carlos Quispe Ledesma, como administradora del Zoológico Municipal. Ella es militante de Perú Libre y ostenta ese cargo solo con grado académico de bachiller en Administración. Su afortunada pareja, no tiene estudios registrados en SUNEDU.
Fuente: Portalcentral.pe