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Está pendiente de resolverse en la Corte Suprema si se aplica prisión efectiva a Cerrón

Más de 20 casos contra Cerrón están detenidos en Junín

Por CARLOS NEYRA y GIOVANNA CASTAÑEDA- Diario El Comercio
Advertencia
Coordinador de las fiscalías anticorrupción reconoce que existen jueces y fiscales “que deberían apartarse” de los procesos porque trabajaron para el exgobernador regional.
Líder de Perú Libre Vladimir Cerrón Rojas Gobernador regional de Junín (2011-2014 y 2019) registra 20 investigaciones o procesos judiciales que se encuentran paralizados en la Fiscalía Anticorrupción y Corte Superior de Justicia de Junín.
Situación
Todos los incidentes giran sobre delitos de corrupción, salvo uno por lavado de activos. Pese a que se iniciaron hace seis o cinco años, a la fecha no existen avances concretos. Nexos. Dos fiscales del despacho anticorrupción han sido sindicados como muy cercanos al exgobernador. También un juez, que laboró como asesor legal del gobierno regional.
Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, tiene actualmente veinte investigaciones en curso en la fiscalía de Junín. La mayoría de estos casos se iniciaron hace seis o cinco años y algunos continúan sin una acusación concreta, otros siguen en período de investigación y algunos no registran avance.
El Comercio viajó a Junín y accedió a documentación que demuestra quiénes son los magistrados que han resuelto a favor de la exautoridad del Gobierno Regional de Junín (GRJ) y cómo un juez y fiscales han sido vinculados a su primera gestión.
—Fallos favorables en el pasado—
Cerrón asumió la administración del GRJ entre los años 2011 y 2014. En el 2019 fue elegido para un segundo mandato, pero solo permaneció siete meses luego de ser sentenciado en dos instancias por el delito de negociación incompatible. Desde el 2015, tras concluir el primer período, la fiscalía abrió distintas investigaciones por delitos contra la administración pública y otros como querellas por difamación.
La prensa local hizo públicas una serie de irregularidades de la gestión de Cerrón. Tras ello, empezaron los ataques a la prensa que investigaba, como lo ha detallado antes este Diario. En total, el exgobernador y sus funcionarios presentaron cinco querellas y todas llegaron al Quinto Juzgado Penal de Huancayo, que en ese entonces estaba a cargo del juez William Cisneros, según ha podido confirmar El Comercio.
El abogado Luis Torres Garay, quien estuvo a cargo de la defensa legal de los periodistas querellados, señaló que consiguieron el archivo de todas las denuncias en segunda instancia. En primera fueron declaradas fundadas por Cisneros. “En el caso de Edvan Ríos, la Corte Suprema le da la razón a Cerrón”, dijo. Ríos fue el periodista cuya vivienda fue destruida parcialmente con explosivos en el 2013.
Una de las querellas que llegaron al magistrado Cisneros fue la del director de “Correo” de Huancayo, Héctor Mayhuire. Esta fue contra Cerrón. En una conferencia de prensa, del 27 de abril del 2011 en la sede del GRJ, Cerrón llamó a Mayhuire “asesino de neonato, chantajista, extorsionador, terrorista, corruptor y mentiroso”. Lo que dijo fue publicado por el diario “Primicia” y difundido en radio Revolución en Satipo y a través de Internet. El caso fue rechazado por el juez: absolvió a Cerrón.
Luego siguió otra querella por difamación, pero esta vez de Cerrón contra los periodistas Ríos y Mayhuire. Este proceso también fue derivado al despacho del juez Cisneros. La historia se repitió y le dio la razón a Cerrón. Ambos fueron condenados a prisión suspendida y al pago de una reparación civil. Cisneros actualmente es juez en la Corte Superior de Pasco.
El abogado Torres apeló las dos querellas. Sin embargo, corrieron la misma suerte en segunda instancia. En el caso de Mayhuire contra el exgobernador, la Sala Penal de Apelaciones (SPA) confirmó la absolución; en el otro contra Ríos y el exdirector de “Correo” también fue un fallo a favor de Cerrón. Esta vez fue la Segunda Sala Penal de Junín la que emitió una sentencia, pero excluyó a Mayhuire y rebajó la pena así como la reparación civil. Sin embargo, en un voto singular, el magistrado Carlos Carvo Castro insistió en que se cumpla lo declarado por el juez Cisneros.
En la sentencia que tiene Cerrón por corrupción –la que ahora busca anular a través de un hábeas corpus– el magistrado Carvo Castro también participó. En segunda instancia, fue presidente de la SPA, la que le rebajó la pena de 4 años y 8 meses a 4 años, lo que permitió que la pena sea suspendida y deje la cárcel.
En un voto singular, Carvo Castro se pronunció a favor de revocar la condena por negociación incompatible contra Cerrón “por falta de medios probatorios”.
Estas mismas querellas llegaron a la Corte Suprema. Por el lado de Ríos, la Sala Penal Permanente confirmó la sentencia en su contra y a favor de Cerrón. En tanto, el caso de Mayhuire fue declarado inadmisible por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. No se pronunció sobre el fondo debido a que el querellante no pagó el íntegro de la tasa que correspondía y la Sala Superior de Junín no lo advirtió.
El abogado Torres, defensa legal de Mayhuire, sostuvo que “la sala [superior] le dio trámite porque ha cumplido con todos los requisitos. La Corte Suprema no debatió el fondo, sino la forma. En el caso de Edván [Ríos] la [Corte] Suprema le dio trámite rápido y lo sentenció”.
Uno de los jueces que declararon inadmisible el recurso de Mayhuire en la querella presentada contra Cerrón fue el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas. En respuesta este Diario, el magistrado indicó que el tribunal no se pronunció sobre el fondo porque no cumplió con la formalidad del pago de la tasa. “Yo soy uno de los jueces, no me estoy negando. Pero se declaró inadmisible porque no se podía mirar el fondo. Lo que pasó aquí es que lamentablemente el querellante no pagó la tasa. La sala superior tendría que haber dicho que no
Corte de Ayacucho declaró improcedente un hábeas corpus que buscaba anular una orden de detención y allanamiento contra Cerrón y 17 exfuncionarios procesados por corrupción en el Caso Los Dinámicos del Centro.
Uno de los fiscales vinculados a Cerrón pidió el archivo de un caso. El coordinador de las fiscalías indicó que solicitarán su cambio.

Elvia Barrios aseguró que se mantienen neutrales ante el proceso electoral pero que no permitirá que se “instrumentalice” al Poder Judicial

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, explicó que la resolución que favorece a Vladimir Cerrón (emitida en la víspera que anula la condena de corrupción) no podría ejecutarse en la práctica ya que se encuentra pendiente de resolver un recurso de casación en la Corte Suprema.
Recordó que el Código Procesal Constitucional establece que cuando se trata de hábeas corpus contra resoluciones judiciales “el requisito es que el proceso esté finalizado y en este caso no ha finalizado”.
“Esta resolución judicial -la emitida a favor de Cerrón- se encuentra pendiente de resolver ante la Corte Suprema porque hay un recurso de casación. El Código Procesal Constitucional señala que cuando se trata de hábeas corpus contra resoluciones judiciales el requisito es que el proceso este finalizado. En este caso el proceso no ha finalizado, por lo que el Procurador está interponiendo denuncia penal”, explicó en RPP.
“Es un proceso que no ha concluido porque hay un recurso de casación que está pendiente de resolver en la Corte Suprema que ha sido interpuesto por el fiscal superior en el que solicita que la pena sea efectiva. Eso está pendiente de resolver en la Sala Penal Transitoria”, reiteró.
La reciente resolución -que ordena la nulidad de la sentencia del exgobernador- dijo que será revisada por una Sala Superior.
-Cómo se aplica la sentencia de hábeas corpus-
La presidenta del Poder Judicial dijo que la sentencias de garantías (hábeas corpus) -como la emitida anoche a favor de Cerrón- se ejecutan de manera inmediata, pero como en este caso hay un recurso de casación en marcha que se encuentra pendiente de resolver en la Corte Suprema, no podría ejecutarse.
“No se cumple con las condiciones según la ley para la presentación de acciones de garantías”.
“Las sentencias de garantía se ejecutan de manera inmediata. Esta (resolución a favor de Vladimir Cerrón) tendría que ejecutarse de manera inmediata. Lógicamente, en la medida de que haya una resolución que la confirme, sería definitiva. Si la instancia superior varía esta resolución, deja sin efecto la resolución emitida por el juez de primera instancia”, explicó.
El juez de Investigación Preparatoria de Acobamba, en Huancavelica, Alain Salas, declaró fundado en parte el hábeas corpus que fue presentado por Randy Félix de la Cruz sobre una supuesta vulneración en el derecho a la motivación en las resoluciones que, en primera y segunda instancia, sentenciaron a Vladimir Cerrón por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado, en el caso de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de la Oroya”
Entre los argumentos del magistrado para declarar fundado el hábeas corpus a favor de Cerrón, las resoluciones judiciales “no desarrollan los hechos que supuestamente habría realizado” el exgobernador regional de Junín. Por lo tanto, asegura, la conclusión de las sentencias sería “de una presunción de culpabilidad, que colisiona con derecho a la presunción de inocencia”.
Ante esta resolución, Elvia Barrios aseguró que respeta la independencia de los jueces cuando ve que hay una “racionalidad” en las decisiones.
“Pero cuando veo indicios de otra naturaleza, debemos accionar y lo estamos haciendo […] Nosotros estamos saliendo a hablar defendiendo el principio de neutralidad que tiene que haber en este proceso electoral. Pero no queremos que se instrumentalice al Poder Judicial por algún tipo de medida judicial porque no lo vamos a permitir”, comentó.
En ese sentido, la jueza suprema recordó que se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra el juez de Huancavelica a través de la OCMA, mientras que el procurador del Poder Judicial ha apelado la decisión a favor de Vladimir Cerrón y, al mismo tiempo, ha acusado al magistrado por presunto prevaricato.
“Esta resolución judicial es una que se encuentra pendiente de resolver ante la Corte Suprema porque hay un recurso de casación. ¿Qué cosa señala el Código Procesal Constitucional? Que cuando se trata de resoluciones de hábeas corpus contra resoluciones judiciales, el requisito es que el proceso esté finalizado y este proceso no ha finalizado. Por eso el procurador está interponiendo denuncia penal”, precisó Barrios.
-¿Qué dijo Vladimir Cerrón?-
A través de su cuenta de Twitter, el exgobernador regional de Junín cuestionó a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrio.
“(La) Presidenta del Poder Judicial opina que el habeas corpus a mi favor sea revocado. ¿No hay que respetar los fallos? El Habeas Corpus toma en cuenta el voto singular del Presidente de la Sala que concluye que me absuelve y refiere que no hay pruebas para la condena”, se lee en el mensaje.
Fuente: Diario Gestión.

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