La llamada del diablo

Por Ricardo Uceda- Diario La República.
El 3 de enero, El Comercio reveló que dos de los siete seleccionados para integrar la Junta Nacional de Justicia hablaron por teléfono con el prófugo César Hinostroza. Eran María Zavala y Julio César Falconí. Ya se había objetado una bonificación de puntaje a Falconí por ser licenciado del Ejército. Un sector cívico exigió que se suspendiera la juramentación de todos, aunque cinco no tenían cuestionamientos. Su candidato, el abogado Abraham Siles, había quedado en noveno puesto. Debían rodar dos cabezas para meterlo a la JNJ.
El lunes 3 la Comisión Especial decidió suspender la designación de Zavala y Falconí y juramentar al resto. Se opusieron la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, y la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Ellas no fueron a la juramentación. El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, le pidió a Ledesma que se quedara, como un gesto institucional:
–Solo perdiste una votación. Cuando le ganaste a Eloy Espinosa en el TC ¿acaso no fue a tu juramentación?
Había una fuerte presión. Uno de los comisionados dijo que un abogado vinculado a una ONG anticorrupción le pidió paralizar el proceso. Le contestó que era inviable. El mismo abogado le envió un mensaje al presidente de la comisión, Walter Gutiérrez, advirtiéndole que si continuaban el principal atacado sería él. Gutiérrez lo tomó como un chantaje e iba a denunciarlo pero la intermediaria lo detuvo. No quería verse involucrada.
–Entonces que se atreva a decírmelo –repuso Gutiérrez.
La comisión decidió entrevistar el miércoles 8 a los supuestos contaminados –Zavala y Falconí–, y a un tercero, Abraham Siles. Este debía esclarecer si representaba a un grupo, como pareció insinuarlo en RPP su fogoso defensor, Walter Albán. Una parte de la comisión creía que los promotores de Siles estaban concertados con los filtradores de los registros de llamadas.
El martes 7 apareció en El Comercio que el Defensor del Pueblo también había hablado por teléfono con Hinostroza. En un comunicado, Gutiérrez negó cualquier conversación impropia. Podía ocurrir que alguien lo impugnara pero en la sesión del miércoles lo imprevisto fue otra cosa. Marianella Ledesma dijo:
–Yo fui tutora de una tesis de Hinostroza.

Un viaje juntos

Se produjo un silencio. Ledesma añadió que solo había sido una tutora formal. Gutiérrez dijo que el término formal podía sugerir que aparecía como tutora de una tesis que no revisó. El tema no quedó muy aclarado, ni tampoco si ambos hablaron por teléfono. Ledesma anunció que había “otra cosa más”. Nuevo silencio.
–Hemos viajado juntos –reveló.
Y contó que ambos integraron una delegación de magistrados que viajó al extranjero. Compartieron el avión, el destino, el evento.
–¿Durmieron en el mismo hotel? –preguntó alguien.
Ledesma dijo no recordar (Hinostroza confirmó que el viaje fue a Brasilia, a una reunión de UNASUR. Durmieron en el mismo hotel. Respecto de la tesis, dijo que Ledesma aprobó un esquema cuando él hizo una maestría en Ciencias Penales en San Martín de Porres).
Gutiérrez pidió registrar lo dicho en un acta y la magistrada se opuso. Hubo un intercambio de opiniones sobre la transparencia, pero Ledesma no dio su brazo a torcer. Conclusión: ella es muy transparente en los discursos pero no siempre en los hechos. Hasta ahora no dice quién la presionó para que votara por la libertad de Keiko Fujimori, uno de los sucesos detonantes del cierre del Congreso, según Martín Vizcarra.

Reuniones de promoción

En otro momento Gutiérrez se volvió a la Fiscal de la Nación para preguntarle si tenía llamadas con Hinostroza.
–No –dijo–. Pero se demoró en responder.
Avalos no contó que era compañera de estudios de Hinostroza, de la promoción 1974 de Derecho, en San Marcos, cuyos integrantes se reunían cada año en un restaurante para recordar los viejos tiempos. Hinostroza habría ido hasta el 2016. De modo que Ávalos tuvo más contactos con Hinostroza que todos los de la comisión.
El viernes 10, Perú 21 publicó el registro de llamadas entre Hinostroza y el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, miembro de la comisión, quien antes había descartado esa posibilidad. Ante la noticia dijo que no recordaba llamadas y que, en todo caso, eran inocuas. Respecto de otro miembro, el Contralor Nelson Shack, Hinostroza dijo: “Conversamos en algunas oportunidades dentro de Palacio de Justicia sobre temas institucionales durante el año 2016 o 2017, pero no tengo llamadas con él”.

“Debe ser la policía”

En sus entrevistas, los sospechosos Zavala y Falconí fueron convincentes sobre su desvinculación con Hinostroza. Falconí podría quedar fuera si se le retira la bonificación, en cuyo caso subirá el octavo, Guillermo Thornberry. En la entrevista con Siles, Lecaros le preguntó qué pensaba de la filtración de material reservado de un proceso para atacar a los miembros de la Comisión Especial. Siles no dio su opinión sobre el punto. En cambio dijo que a un hombre cien por ciento honesto como él nunca le encontrarían llamadas con Hinostroza.
Aludido, Walter Gutiérrez le dijo que no le permitía la insinuación de deshonestidad. Cuando Siles se retiró, propuso mantenerlo en su lugar en la lista de espera, lo que fue votado por unanimidad.
Así pues, un clima de fariseísmo afectó las entrevistas del miércoles. Considerando el contexto, un concursante público y sus evaluadores están prácticamente obligados a revelar, antes del escrutinio, si hablaron o no con Hinostroza, y cuál fue el contexto. Pero los registros de llamadas no indican la honestidad de alguien y está claro que su filtración buscaba favorecer a determinados candidatos. Seguirán apareciendo mientras alguien adverso a los filtradores quiera optar un cargo en el Estado. Con mayor razón tratándose de la JNJ, que nombrará jueces y fiscales. Lamentablemente no existe un mecanismo legal para publicar los registros de todos los funcionarios públicos que hablaron con Hinostroza, tanto de los supuestamente corruptos como de quienes tienen el pedigrí del doctor Siles. En algún momento Lecaros le preguntó a Ávalos por qué no investigaba el problema de las filtraciones.
–Los registros no salen del Ministerio Público –dijo la Fiscal de la Nación–. Debe ser la policía.