Por Diana Seminario– Diario El Comercio.
El discurso anticorrupción de Martín Vizcarra hace agua cada vez que las sospechas alcanzan a alguien de su confianza. Ya vimos su reacción ante la información de que César Villanueva –su ex primer ministro y coordinador de la moción de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski– recibió dinero de Odebrecht. El último protegido de Vizcarra Cornejo fue el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, sindicado de haber recomendado a la madre de su hijo para que trabaje en la Comisión de Ética del Congreso.
En conversación con este Diario, Vizcarra respondió sobre el caso de Meléndez alegando: “No hay ninguna denuncia formal. Nosotros somos muy drásticos cuando hay una denuncia que tenga algún sustento. Hasta ahora, no vemos que haya el sustento correspondiente”, respondió.
Fácil es echar mano al formalismo de decir que “no hay denuncia”. Y cómo la va a haber si la Comisión de Ética del Congreso –donde correspondería investigar a Meléndez en primera instancia– ha sido disuelta junto con el Parlamento. ¿Quién podría denunciar al ahora ministro Meléndez? No subestime nuestra inteligencia, ingeniero.
Janet Sánchez, quien hasta el 30 de setiembre era la presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, ha asegurado que Meléndez sí recomendó a su expareja.
Si bien anoche se supo de la renuncia de Meléndez al Midis, eso no borra de modo alguno las declaraciones del mandatario.
Vizcarra no solo acude a la indignación selectiva, sino que afirma que –por ejemplo– en el caso del exministro Salvador Heresi, retirado del Gabinete tras la difusión de un inocuo audio con César Hinostroza, sí había una denuncia formal.
Recordemos que el año pasado Heresi fue “renunciado” vía Twitter tras la difusión de una conversación suya con Hinostroza. Lo cierto es que el Ministerio Público no abrió investigación alguna a Heresi por no haber mérito.
Así, mientras Vizcarra tiene varas distintas para medir la corrupción, su primer ministro lanza groseras amenazas a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso, sin que a nadie se le mueva una ceja.
Según Zeballos, la decisión de la Comisión Permanente de aprobar la elaboración de un informe legal externo sobre las atribuciones de esta instancia del Legislativo, específicamente sobre la reactivación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es un tema delicado.
“Porque es un exceso de atribuciones y podría generar no solamente responsabilidades de índole administrativa, sino responsabilidades hasta de orden penal”, dice el primer ministro.
Zeballos amenaza con cárcel a los miembros de la Comisión Permanente que buscan cumplir las funciones y no ser una mesa de partes o un elemento que sirva para calmar la conciencia del Ejecutivo.
En el universo de la dupla Vizcarra-Zeballos, que la Comisión Permanente busque cumplir a cabalidad sus funciones es un exceso de atribuciones que merecería incluso la cárcel, pero que un ministro que en su calidad de congresista influyó para que contraten a su expareja, es un asunto que hay que tolerar porque no hay “denuncia formal”.
Sin Congreso que fiscalice, Vizcarra y sus amigos podrán seguir usando el término “anticorrupción” para su conveniencia, sin medir que de tanto usarlo terminará por romperse.
Sunedu deniega la licencia institucional a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
El Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ha resuelto denegar la solicitud de licencia institucional presentada por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), debido a que dicha casa de estudios no reúne las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.
Con esta decisión, la UNICA se convierte en la primera universidad pública que no supera satisfactoriamente la evaluación por parte de la Sunedu. Es importante resaltar que el cumplimiento de las CBC es obligatorio para todas las instituciones de educación superior universitarias en el Perú, sean públicas o privadas.
La UNICA opera desde 1970. Cuenta con cuatro locales en Ica (donde se encuentra su sede central) y tres filiales en Chincha, Nasca y Pisco. Actualmente cuenta con 19,400 estudiantes, 897 docentes y 99 programas de estudio vigentes. Durante el proceso de licenciamiento se desistió de 68 programas.
Incumplimientos y ejecución insuficiente
Sunedu informó que durante el proceso de licenciamiento, la UNICA no logró demostrar el cumplimiento de ninguna de las ocho condiciones que le eran exigidas. Asimismo, evidenció una ejecución insuficiente de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que incluía recursos asignados por el Estado Peruano para que la casa de estudios pudiera cumplir con las exigencias de la Ley Universitaria.
El proceso de cese
Como consecuencia de esta denegatoria, la UNICA deberá presentar a la Sunedu un plan detallado y orientado a garantizar un proceso ordenado de cese de sus actividades académicas. De inmediato, la universidad queda impedida de convocar nuevos procesos de admisión y de captar nuevos alumnos mediante cualquier modalidad.
Además, la UNICA está obligada a mantener los indicadores que durante el proceso de evaluación de CBC fueron calificados de manera favorable. Los grados y títulos que la universidad emita durante su proceso de cese seguirán siendo válidos y serán reconocidos y registrados por la Sunedu.
La Sunedu ha remitido al Ministerio de Educación toda la documentación acerca del proceso de licenciamiento de la UNICA. Esto, con la finalidad de que el MINEDU, en su condición de ente rector del Sistema de Educación Universitaria, adopte las medidas necesarias para tutelar el derecho a la educación y garantizar la continuidad de los servicios, en el marco de las medidas fijadas por el Reglamento de Cese.
Fuente: Radio Programas del Perú.