Presidente Olaechea
Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Con 76 votos de sus pares de 126 presentes, Pedro Olaechea Álvarez-Calderón fue elegido como nuevo presidente del Congreso de la República en un momento crucial para la democracia. Convocó a fujimoristas que le dieron el sólido respaldo de su bancada mayoritaria, sumándose a la primera vicepresidencia, y tuvo la habilidad de unir en su proyecto a la facción disidente de Fuerza Popular (Cambio 21) así como a la exbancada del gobierno de PPK, hoy denominada Contigo.
El presidente del Congreso delineó su plan de acción para el período anual 2019-2020 con un discurso corto pero sustantivo de los problemas del país, de lo que se debe esperar del Parlamento en ese contexto y de defensa de la Constitución de 1993 como factor de progreso así como de la separación de poderes, enfatizando el hecho de que defenderá el fuero parlamentario ante cualquier desvarío. Quien escuchara el mensaje de Olaechea tranquilamente hubiera podido confundir al presidente del Congreso con un presidente de la república, pues su discurso tenía el tenor del de un jefe de Estado.
Así las cosas, el mensaje a la nación de Vizcarra –un político sin luces intelectuales ni objetivos a largo plazo a no ser los de la ambición– tiene bastante chance de quedar opacado por el de Olaechea que, además, ha tomado la iniciativa política proponiendo una “agenda de emergencia nacional” para poner al Perú a caminar con ejemplos y números simples para el entendimiento de cualquiera. Es decir, ha puesto la pelota en la cancha del presidente de la República en lo que se refiere a los problemas concretos del país, más allá de aquellos que no le interesan más que a una minoría elitista y snob de caviares (“a los que nadie ha elegido y no responden más que a los que los financian”) amantes de las “reformas” políticas y judiciales de escritorio.
En síntesis: Olaechea le ha dicho al país que colaborará con el presidente de la República, pero no se dejará avasallar ni dominar por el chantaje, las amenazas o el miedo.
En cuanto a la agenda propia del Congreso como administración, el flamante presidente no tocó el tema; muy pronto, sin embargo, tendrá que enfrentar una estructura paralizada por la tramitología y por el enorme desatino que fue ceder ante la histeria de los pasquines para meter a la Contraloría General de la República a buscarle cinco pies al gato, lo que ha hecho que nadie quiera comprarse ninguna solución ejecutiva a los problemas del día a día. En otras palabras, todos se tiran la pelota para no firmar nada.
Y ya que el flamante presidente es amigo de los números y los ejemplos, va el de que la Contraloría tiene una estadística de 25 mil funcionarios sancionados del Estado en un lapso ridículo, lo que demuestra que el sentido común indica que no son los funcionarios el problema, sino la Contraloría.
Veremos mañana cómo responde el presidente al desafío patriótico y programático del presidente del Congreso, al que hay que desearle la mejor de las suertes porque de él y de la institución que preside depende en buena cuenta el equilibrio de poderes.
COMISIÓN RESPONSABILIZA A 6 EXMINISTROS DE EDUCACIÓN POR MALOS TEXTOS ESCOLARES
Grupo de trabajo presidido por Milagros Salazar encontró irregularidades en elaboración de material educativo, incluyendo la colocación de contenidos “porno” en los libros para niños.
Seis exministros del sector Educación, nueve exviceministros, y más de una decena de funcionarios de ese sector, han sido considerados presuntamente responsables políticos, administrativos y de presuntos delitos penales en las irregularidades cometidos en la elaboración de material educativo para la educación básica.
Esto es expresado en el informe final de la Comisión de Educación del Congreso, que bajo la presidencia de la congresista Milagros Salazatr señala que entre los ministros involucrados están Patricia Salas, Jaime Saavedra Chanduví, Marilú Martens Cortés, Idel Vexler Talledo, Daniel Alfaro Paredes y Flor Pablo Medina, y sus respectivos viceministros y directores generales de gestión.
“Resulta que hemos descubierto que se están siguiendo procesos penales contra algunos especialistas del MINEDU, sin involucrar a altos funcionarios, en la clásica costumbre la pita se rompe por la parte más débil, por lo cual recomendamos que la Fiscalía disponga la intervención del ministerio”, indicó la legisladora.
Parlamentaria Milagros Salazar estuvo al frente de la investigación.
Salazar indicó que hay irregularidades en los materiales educativos que se han cometido desde la gestión de Patricia Salas hasta la de Daniel Alfaro, las que abarcan desde errores tipográficos y pedagógicos hasta contenidos inapropiados de naturaleza sexual e ideológica.
Señaló que la situación más delicada es la de los exministros Patricia Salas, Jaime Saavedra y Daniel Alfaro, “pero su situación legal tendrá decidirla el Ministerio Público; nosotros solo cumplimos con la labor fiscalizadora de informar a la institución que se encargará de procesar”, añadió.
Entre estos contenidos, dijo, encontramos la distorsión conceptual de género, la férrea promoción de educación sexual integral sin la debida autorización de los padres de familia y la inclinación por el desprestigio general de las Fuerzas Armadas en la época del terrorismo.
La legisladora dijo que la aplicación del enfoque de igualdad de género en la educación y en los diferentes estamentos como única política de Estado en materia sexual, es abiertamente inconstitucional, ya que vulnera la libertad de expresión, conciencia y religión de los ciudadanos y viola la libertad de enseñanza.
Respecto al terrorismo, dijo que en los textos escolares de nivel secundario, el terrorismo en el Perú ha sido ignorado deliberadamente y se buscaría distorsionar la historia de nuestro país con el propósito de desprestigiar el sistema político instaurado desde 1990 al 2000, a las Fuerzas Armadas y PNP en su conjunto.Fuente: www.manifiestoperu.com
DELITOS Y MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA EN EL MINEDU: INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Hace unos meses un escándalo remeció el escenario político. Se trataba de un tema que venía de años atrás, pero que llegó a su culmen cuando se denunció contenidos inadecuados en los textos escolares. Se puso en evidencia que estos contenidos respondían a planteamientos de la llamada ideología de género, tergiversaban nuestra historia y estaban sesgados ideológicamente.
Es decir, deliberadamente se corrompía a los niños peruanos. Los textos tenían información sexual absolutamente inadecuada, desde incitaciones a la masturbación, hasta la desnaturalización de los más elementales conceptos de sexualidad, manuales de lubricación anal y la normalización de las más aberrantes conductas.
Por otro lado se mostraba la historia con anteojeras marxistas, se injuriaba a las fuerzas armadas, y se les culpaba de todo tipo de excesos, incluyendo información calumniosa contra los héroes de la operación Chavín de Huántar. Obviamente no se habla de terrorismo, ni se dice la realidad de lo que fueron Sendero Luminoso y el MRTA. Se habla de conflicto armado interno, poniendo al mismo nivel a las fuerzas del orden con las organizaciones terroristas.
Es ante esta aciaga realidad que el Congreso de la República otorga facultades investigadoras a la Comisión de Educación que preside la Congresista Milagros Salazar, para que investigue este asunto. El encargo se ha cumplido con acuciosidad y seriedad. El informe final fue aprobado por mayoría y ha encontrado irregularidades en los textos escolares desde la gestión de la ex ministra Patricia Salas, hasta la del ex ministro Daniel Alfaro, más recordado por su vergonzosa incursión en el cancionero infantil bastardeando el clásico Arroz con leche que por su desastrosa gestión.
Algo muy serio es que el informe de la Comisión da cuenta de serias evidencias que estos deplorables contenidos estarían claramente relacionados con el perfil y posiciones personales de algunos funcionarios del más alto nivel dentro del MINEDU, que al permitir contenidos inapropiados en los textos escolares, han incurrido en graves vulneraciones a los derechos constitucionales de padres, madres y estudiantes en general. Más aún al impartir una educación sexual que inculca a los menores que vivan su sexualidad libremente, de forma prematura sin considerar su desarrollo natural, planteándoles la “solución” de los anticonceptivos y el aborto, pasando por alto el derecho de sus padres a educarlos conforme a sus convicciones y creencias.
La Comisión también ha concluido que el Currículo Nacional de Educación Básica del 2016 establece un equivocado “Enfoque de igualdad de género”, que busca homogeneizar a los sexos bajo un enfoque ideológico buscando imponer un pensamiento único, que es inconstitucional, ya que vulnera la libertad (expresión, conciencia y religión) de los ciudadanos y viola la libertad de enseñanza.
Todo esto en el aspecto sexual, pero se ha establecido también que el actual Currículo Nacional omite definir la violencia terrorista, sus líderes y cómo estos atentaron y atentan contra los derechos de las personas y la seguridad ciudadana. Tampoco se plantea una posición a favor del respeto de la institucionalidad democrática frente a la violencia terrorista. El tratamiento del terrorismo en el país, desde la gestión de la ex ministra Patricia Salas hasta la fecha, es lamentable y deliberadamente sesgado, desconociendo el derecho de los niños y jóvenes a conocer la verdad.
Se busca desprestigiar el sistema político instaurado en los años 1990 al 2000, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en su conjunto, y someter a los estudiantes a un lavado de cerebro de carácter ideológico imponiendo una visión izquierdista de la vida y la sociedad.
A todo esto se suman diversas y muy serias irregularidades en las adquisiciones y distribución de los materiales educativos. Errores graves en libros de matemáticas, errores ortográficos y verdaderos desastres en los textos de inglés, entre otros.
Otro aspecto a tener en consideración es la presencia de oenegés que actúan al margen del Estado y usufructúan recursos, a través de consultorías muchas veces como se ha visto con claridad incluso contra el interés de los estudiantes y sus padres. El financiamiento de estas oenegés proviene de entidades cooperantes, generalmente en función a sus propios intereses y no a los del país, para alentar políticas, como el nuevo orden mundial, los postulados de género e imponer el pensamiento único.
Como consecuencia de todo esto la Comisión ha encontrado diversos grados de responsabilidad. Responsabilidad política en el caso de los exministros Patricia Salas O’Brien, Jaime Saavedra Chanduvi, Marilú Doris Martens Cortés, Idel Vexler Talledo, Daniel Alfaro Paredes y la actual ministro Flor Pablo Medina. Así como responsabilidad política y administrativa en el caso de los ex viceministros José Martín Vegas Torres, Flavio Felipe Figallo Rivadeneyra, Liliana Miranda Molina, Guillermo Manuel Molinari Palomino, Susana Carola Helfer Llerena, y la actual viceministro Patricia Andrade Pacora.
Se ha encontrado también evidencia de la vulneración de diversos derechos, tales como los derechos de los padres en la educación de sus hijos y también diversas normas constitucionales. También se ha detectado la vulneración de la Ley General de Educación y la Política Educativa y los contenidos curriculares desarrollados en el Proyecto Educativo Nacional. Y tal vez lo más grave: la vulneración la libertad de enseñanza en la aplicación del errado concepto de género y al derecho a una información adecuada en el caso del terrorismo en el Perú.
La Comisión ha encontrado también evidencias de delitos contra la administración pública y violación de las normas de contrataciones del estado.
Son muchos más aspectos dignos de mención, sin embargo un informe de más de mil quinientas páginas sin duda no puede ser condensado en el breve espacio que permite un artículo periodístico como este. Sin embargo cabe destacar que el trabajo de la Comisión de Educación es merecedor de encomio y reconocimiento. La congresista Milagros Salazar ha cerrado brillantemente su gestión, asumiendo la defensa de los educandos, la educación libre y democrática y los derechos de los padres. Estaremos atentos a la puesta en práctica de las recomendaciones de la Comisión y a su próxima aprobación en el pleno del Congreso de la República.